Читать книгу Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece? - Amanda Alvarado Cortés - Страница 37

Este escenario podría denominarse “someter a los violentos”. A juicio de los opinadores, este es el escenario más probable. De acuerdo con esto, en el horizonte temporal a 2026, no se habrán logrado las hipótesis de RRI ni de finalización del conflicto. Ello implica que la pobreza rural extrema no habrá sido erradicada y que no se cumplirá con la meta de disminuir la pobreza en el campo en un 50 %. También implica que no se reactivaron las actividades productivas en el campo y mucho menos las actividades campesinas y familiares, que siguen siendo de subsistencia. Por los mismos motivos, tampoco sería posible el fortalecimiento del pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad, con garantías para su participación e inclusión política.

En estas condiciones, tampoco se lograría la reducción de los cultivos de uso ilegal ni su erradicación; de modo que las hostilidades y el uso de la fuerza se mantendrían. Como consecuencia, grupos armados de distintas orientaciones hacen presencia en diversos territorios, en especial, en las zonas de producción y canales de distribución de cultivos ilícitos. Sumado a esto, resultaría que la reforma rural tampoco pudo implementarse de manera efectiva o que fracasó por falta de voluntad política de los gobernantes y por nuevas presiones de grupos ilegales armados en búsqueda de dominación territorial.

Más aún, se tendría también que la reparación a las víctimas tuvo alcances limitados y muchos procesos ni siquiera lograron esclarecer la verdad. Por ello, tampoco lograron las mínimas satisfacciones para ofrecer a las víctimas. Todo esto conduciría a que el país siga contando con una estructuración muy concentrada en lo social y político, sin progreso real en materia de pobreza ni igualdad en las zonas rurales.

Desde otra perspectiva, podría pensarse que las fuerzas armadas colombianas logran desarmar, desarticular, encarcelar o eliminar a los actores violentos. No obstante, la historia reciente de nuestro país muestra que esto es improbable (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015).

Así pues, en este escenario, existe una fractura importante entre los procesos locales y nacionales, mientras que los gobiernos locales quedan por fuera de muchos procesos, en particular, en la ejecución de la inversión pública con recursos nacionales, mientras los alcaldes operan presupuestos locales. De modo que el país puede, eventualmente, confrontar situaciones incluso más negativas que las anteriores a la firma del Acuerdo Final.