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1. NOTAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

1. Los orígenes de la noción de representación se remontan al derecho privado romano y luego ella emigra al derecho público, siendo ambigua y polisémica. En su significado central alude a ciertas situaciones en las que se pretende traer a la presencia algo que permanece, por definición, ausente. Se entiende como poner algo frente a los ojos de alguien o llamar o evocar algo, así como imitar o reproducir. En sus orígenes la representación no fue democrática, sino un instrumento a través del cual gobiernos no democráticos lograron hacerse de ingresos provenientes de la clase aristocrática y propietaria para, por ejemplo, hacer la guerra67. Pero una evolución posterior hizo posible que los reformistas democráticos en Inglaterra la utilicen y amplíen para el logro de sus propuestas de carácter igualitario. Así, pues, puede haber representación sin democracia, afirma Greppi, pero no democracia sin representación68. Hoy se entiende que hay representación democrática cuando esta tiene la capacidad para trasladar la voluntad o el interés de los representados al proceso político. Todo ello, actualmente, en un ambiente de aguda individualización de la base social y de fragmentación del espacio público, pues en varios aspectos las instituciones representativas han dejado parcialmente de ser soberanas.

2. Representación significa actuar en interés de los representados, independientemente, pero sin alejarse de sus intereses. La representación política suele versar sobre la acción, sobre lo que debería hacerse. Dice Pitkin:

en consecuencia, implica a la vez compromisos de hechos y de valores, fines y medios. Y característicamente, los juicios de hechos, los compromisos de valor, los fines y los medios, están inextricablemente entrelazados en la vida política. Con frecuencia, los compromisos con respecto a los valores políticos son profundos y significantes, a diferencia de las triviales preferencias de gusto69.

Por tanto, la representación no es necesaria donde existen soluciones científicamente verdaderas, cuando no están presentes compromisos de valor ni juicios, o cuando se produce una elección arbitraria y la deliberación es irrelevante.

Entonces, y ello es de especial interés para nosotros en el Perú, si hay en la sociedad divisiones asentadas en compromisos de valor, es importante que esas divergencias sean atendidas, pero sin olvidar que el Gobierno está obligado a perseguir el interés nacional; en otras palabras, estar atento a los intereses locales y parciales no debe tener preponderancia sobre las necesidades e intereses de la nación. Si bien es reconocido que una de las características más importantes del gobierno representativo es su capacidad para resolver las conflictivas pretensiones de las partes sobre la base de su común interés, ello no debe llevar a pensar que en ocasiones es necesario no posponer el bienestar de alguna de ellas. El representante está obligado a perseguir al mismo tiempo el interés nacional y el interés local; no tiene con sus electores una simple relación bilateral, pues en la realidad se presentan muchos intermediarios de intereses disímiles.

De otro lado, cuando un gobernante, autoritario o populista, manipula a sus seguidores mediante, por lo común, una maquinaria electoral bien montada, y en más de una ocasión utilizando con frecuencia modalidades de la democracia directa, debemos dudar si nos encontramos frente a un gobierno representativo, aunque se hayan cumplido determinadas formalidades. Un gobierno representativo no es el que controla a sus electores o súbditos, sino, muy por el contrario, aquel en el cual son los electores los que tienen el control mediante actos electorales frecuentes en los que eligen a sus representantes.

3. Los dos pilares organizativos básicos del sistema democrático son los principios de representación y la separación de poderes. Nos referiremos a continuación al primero. En palabras de Andrea Greppi, es «en la relación entre representación, separación de poderes y opinión pública donde radica el elemento específicamente democrático de esa forma de gobierno compleja que es la democracia constitucional»70. Sin las reglas que instituyen mecanismos de representación y separación de poderes es improbable que pueda constituirse una esfera pública democrática. Para formarse una opinión propia sobre cuestiones de dominio público los ciudadanos requieren pautas estables que organicen el flujo de comunicación y el debate; sin ellas el sistema entraría en un inexorable declive71. Sería un error, sin embargo, creer que hubo alguna vez un instante en el que esos ingredientes de la democracia moderna estuvieron en perfecto equilibrio.

4. La presente desconfianza en el sistema representativo y, en general, en el Derecho y el Estado, no debe hacer suponer que en el pasado ambos hayan gozado de una mayor legitimidad; es preciso, pues, relativizar esa extendida creencia72. Lo que ha ocurrido es que en la actualidad las exigencias para gobernar y legislar son mayores, debido al más alto nivel educativo, la mejor información y las demandas ciudadanas para participar en los asuntos públicos, manifestadas ya no mediante partidos políticos cerrados e ideologizados, sino desde una amplia variedad de iniciativas y organizaciones civiles. No puede olvidarse, entonces, la extensa legitimidad que tiene la aceptación del principio democrático que implica la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre asuntos de interés general.

5. Hay en nuestros días una corriente de opinión que combate la política representativa, pero que al mismo tiempo destruye aquellos espacios donde se pueda deliberar, esto es, hacer vida política. Esa corriente suele reivindicar la democracia directa, pero se desplaza hacia el terreno de la autopolítica, olvidando que la representación garantiza el pluralismo en una sociedad como la peruana, multicultural y pluriétnica, lo que no puede lograrse haciendo uso continuo de las modalidades de la democracia directa, una forma de democracia asamblearia que nunca ha dado buenos resultados.

En general, la democracia directa es atractiva para el ciudadano pasivo, para aquellos que prefieren no opinar ni intervenir en el espacio público; personas a las que les parecen mejores formas plebiscitarias de decisión, que no pueden reemplazar a los debates y al intercambio de opiniones, porque reducen los procedimientos de decisión a posibilidades binarias, alegando que así hay más transparencia y menos ideología, cuando en realidad éstas impiden la creatividad política y el uso con matices de la libertad de opinión.

La predominancia de los mercados globalizados y las exigencias contradictorias y disfuncionales tanto en los llamados grupos de derecha como de izquierda son dos obstáculos para que la representación política pueda cumplir a cabalidad su cometido, sin atreverse a reconocer que es el sistema más adecuado para proteger a la ciudadanía contra su inmadurez e ineficiencia.

Los malentendidos frecuentes entre la ciudadanía y sus representantes han dado lugar a que se proponga como remedio la proximidad, la cercanía entre el representante y sus representados, en parte tomando como modelo la forma en que operan las redes sociales. En otras palabras, hay una extendida y fomentada desconfianza en las mediaciones, una búsqueda de que todo sea transparente y se castigue a los intermediarios. Dice Innerarity: «La nueva figura del ciudadano es la de un amateur que se informa por sí mismo, expresa abiertamente su opinión y desarrolla nuevas formas de compromiso; por eso desconfía tanto de los expertos como de los representantes»73. Este sueño de la espontaneidad, de la transparencia ilimitada, del considerar como realidad absoluta lo que resulta de las encuestas —en otras palabras, la ausencia de límites— resulta un peligro que puede poner en duda nuestros derechos y los procedimientos que dificultan la arbitrariedad y frenan el populismo. No es que la transparencia y la proximidad no sean importantes, lo son, pero hay una imparcialidad democrática igualmente relevante y necesaria. Para funcionar bien, la representación política necesita, al igual que los mercados, límites adecuados y legítimos.

Si bien la proximidad, sobre todo en el ámbito local, se presenta como uno de los medios para hacer frente al descrédito de la política, no puede olvidarse que la distancia ha sido considerada necesaria para el ejercicio de la imparcialidad y para combatir el favoritismo. Esa exigencia de proximidad se entiende además por la preponderancia que ha adquirido la figura del consumidor en las sociedades modernas, por la inmediatez del corto plazo, por la influencia de la televisión. Pero las políticas de largo plazo que protegen el desarrollo continuo y sólido se hacen generalmente desde la distancia y la reflexión, y para tal tarea los representantes políticos son esenciales.

Ahora bien, reconozcamos que la lejanía elitista es un problema tan grave como la cercanía oportunista inclinada a halagar malos instintos, deseos cambiantes y mal definidos. Son muchos los problemas políticos que no pueden resolverse bajo las presiones que exigen inmediatez, sobre todo aquellos que son impopulares pero que es necesario enfrentar, como ocurre con muchos casos de contaminación ambiental. Si no existiera una cierta distancia frente a los electores, los gobiernos no podrían decir lo que deben hacer. Si criticamos ese necesario distanciamiento caeremos en un populismo plebiscitario, que puede surgir tanto de posiciones de derecha como de izquierda. Así, pues, «equilibrar proximidad y lejanía, lo local y lo global, la inmediatez y la prospectiva, es una de las grandes tareas que aguardan a la política, una tarea que no puede ser llevada a cabo privilegiando uno de sus términos»74.

7. En una democracia representativa los ciudadanos no gobiernan: son gobernados por otros. Y ello es aceptable porque existe la alternancia en el poder, porque los gobiernos son provisionales, reemplazables por otros mediante elecciones libres. Es esta realidad la que hace aceptable la ficción de que nos gobernamos a nosotros mismos. La representación es un proceso en el que compromisos diversos se articulan y conjugan y que hace posible actuar eficazmente sin olvidar la pluralidad constitutiva. «La representación es una relación autorizada, que en ocasiones decepciona y que, bajo determinadas condiciones, puede revocarse. Pero la representación no es nunca prescindible salvo al precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción»75. Hay que recordar que son los representantes los que, al tomar decisiones, acertadas o no, asumen la responsabilidad por sus actos y deben tener el coraje para hacerlo, y no buscar escabullirse mediante el uso de plebiscitos o referéndums. No es tarea del ciudadano analizar los costos y beneficios de toda política pública o de una decisión gubernamental compleja por la real imposibilidad de conocer los fundamentos y detalles de gran importancia. Nada de ello impide opinar, cuestionar y exigir razones y resultados. Pero acudir a las modalidades de la democracia directa para superar emotivamente ese desconocimiento es peligroso y no suele construir institucionalidad.

8. Por democracia representativa se entiende entonces aquella en la que los ciudadanos no ejercen directamente el gobierno, sino que lo hacen a través de representantes a quienes eligen periódicamente, representantes que no están sujetos a mandato imperativo, es decir, toman sus decisiones con libertad, debiendo tener presente el interés general. Aunque, como veremos en el punto siguiente, en la práctica no siempre es así. Dice Bobbio: «en términos generales la expresión democracia representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, aquellas que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para ese fin»76. Y si bien el término o concepto de representación puede utilizarse en muchos contextos distintos, el que nos interesa aquí es el vinculado a aquellos que han sido designados por elección popular, de modo que la idea de representación queda vinculada a la de elección77.

9. En la actualidad, en el mundo occidental la inmensa mayoría de las sociedades se gobiernan por medio de representantes que son los que deliberan y votan de acuerdo con sus propias convicciones o conveniencias. Ello se origina en la libertad entendida como independencia, y es así como se ha extendido la convicción de que la mejor forma de gobierno es la representativa. El órgano más representativo de esta clase de democracia es el parlamento, lugar donde en teoría se toman decisiones de gran importancia. El control sobre los representantes tiene lugar en cada proceso electoral, momento en el cual los ciudadanos manifiestan su parecer sobre la actuación o conducta desplegada durante el período en que tales representantes estuvieron en el cargo. La democracia representativa es, en la actualidad, en buena medida, una democracia «de partidos políticos»78.

Hay que recordar que la concepción liberal de la representación se caracteriza por considerar que los ciudadanos no tienen más participación que el uso del derecho de sufragio durante las elecciones; y que ello en estos días se considera una visión limitada que debe superarse dando lugar a una mayor participación a través de varios mecanismos, pero sin alterar el núcleo del sistema representativo tradicional. En este proceso, que podríamos calificar de contemporáneo, están presentes los temas de hasta dónde alcanza la independencia del representante tanto en relación con sus votantes cuanto frente al partido al que pertenece, y hasta dónde la representación parlamentaria interpreta correctamente el interés general.

En síntesis:

la representación política tiene en cuenta […] no las voluntades de personas, particulares, o de determinados grupos de las mismas, sino más bien intereses generales de toda la colectividad popular tal como vienen a resultar de las fuerzas sociales y políticas que en ella se mueven, de las corrientes de pensamiento que en ellas se determinan y de los variados programas de gobierno que se formulan y sostienen79.

10. Como bien señala Ángel Garrorena:

dentro de la triada democracia-participación-representación, el elemento fundamental es el concepto de representación. Es verdad que las otras dos categorías, participación y democracia, tienen una mayor carga ideal y casi mística, pero, visto el tema desde una perspectiva estrictamente instrumental, la clave está en el concepto de representación porque es a esta a quien le corresponde organizar la representación y realizar la democracia80.

Por su parte, Adela Cortina afirma que:

la democracia comunicativa es representativa, sabe que el mejor modelo entre los que hemos ideado consiste en la participación del pueblo en los asuntos públicos a través de representantes elegidos, a los que pueden exigirse competencia y responsabilidades. Pero exige llevar a cabo al menos cuatro reformas: tratar de asegurar a todos al menos unos mínimos económicos, sociales y políticos, perfeccionar los mecanismos de representación para que sea autentica, dar mayor protagonismo a los ciudadanos, y propiciar el desarrollo de una ciudadanía activa, dispuesta a asumir con responsabilidad su protagonismo81.

El fomento de una sociedad activa y alerta a los intereses generales no es posible si se la mantiene en la ignorancia o si se fomenta el odio frente a los demás, estrategia común en los partidos totalitarios cuando no pueden aplicar la fuerza para imponerse y prevalecer abusivamente. Nace entonces la inmensa importancia de la docencia que enseña a pensar bien y a expresarse libremente, que es estar libre de prejuicios y manipulación.

2. CRISIS Y SOBREVIVENCIA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

1. La crisis de representación política tiene su origen en un creciente distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones, lo que se manifiesta en apatía y desconfianza, así como en el debilitamiento de los partidos políticos y la instauración de otros cauces de representación de intereses como las corporaciones multinacionales. Los medios de comunicación han multiplicado el efecto de estos cambios en beneficio de intereses privilegiados y minoritarios. Así, muchas de las críticas al funcionamiento de la democracia representativa tienen carácter plural. Determinados sectores han afirmado que si bien lo que está presente es la democracia representativa, el Estado ideal es aquel que se basa en las modalidades de la democracia directa y semidirecta, por lo que es preciso implantarlas y ampliar los mecanismos propios de la democracia participativa. Olvidan, sin embargo, que el indispensable pluralismo político tiene una expresión más acabada con la democracia representativa, pues el pueblo soberano, en un referéndum, por ejemplo, responde a lo que le preguntan, no a otra cosa; en otros términos, quien plantea la pregunta influye directamente en la respuesta final, como un debate recortado, simplificado. Más coherente es afirmar que tanto la democracia participativa como la deliberativa solo tienen consistencia y viabilidad en la democracia representativa, pues son actores secundarios, aunque complementarios solo en ciertos temas y ocasiones.

La contraposición entre las llamadas «representación-mandato» y «representación-independencia» ha puesto de manifiesto, una vez más, el tema del mandato imperativo. A ello se agregan las críticas por no haber sabido responder adecuadamente a los estragos causados por la crisis financiera reciente ¿CUÁL?, al aumento de la desigualdad social, la percepción de una clase política autónoma desconectada de los votantes y la extendida corrupción descubierta, en un ambiente de cambio por la globalización de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías.

Los críticos más agudos argumentan que el poder se encuentra donde están los ciudadanos y no en las instituciones llamadas a representar la voluntad general. Retomar ese control, afirman, es retomar la soberanía, y se apoyan en el constitucionalismo clásico que afirma que hay que controlar el poder poniéndolo al lado de los ciudadanos, para volver a utilizar su fuerza inclusiva. La soberanía se convierte así en la clave para interpretar la crisis que ya anunciaba el proceso de globalización, en virtud del cual el poder de las corporaciones trasnacionales supera el poder de los Estados de tamaño medio. Esta crisis ha hecho, dicen esos críticos, que tanto los ciudadanos como las instituciones que los representan hayan perdido el poder que hoy detentan los mercados financieros, lo que desafía al constitucionalismo democrático que se construye teniendo como base la dignidad humana, constitucionalismo que ha combatido y triunfado en el terreno de los principios. La crisis de legitimidad se deriva, según esa argumentación, de la incapacidad de las instituciones para defender justamente los postulados alcanzados por el constitucionalismo democrático, porque sus estructuras jurídico-políticas no pueden contener la brecha entre lo que postulan los principios y la realidad. «La crisis —dice Guillén— es la brecha entre la sociedad y el Estado, la expresión de la fuerza normativa de lo fáctico, la muestra de la incapacidad del Estado de integrar el conflicto social aportando soluciones satisfactorias a los titulares de la soberanía»82.

Otros críticos consideran que uno de los problemas más graves en las sociedades modernas se encuentra en la falta de lealtad política de los dirigentes, en la adulteración de los derechos y en su falta de transparencia y su conducta corrupta. Ello se refleja en el clientelismo político y la crisis de los partidos tradicionales, pues se ha extendido su financiamiento ilegal y la falta de publicidad, control y rendición de cuentas. También, por cierto, en la delegación de una autoridad enorme en representantes que gozan de una discrecionalidad casi absoluta de la que no suelen dar cuenta a sus representados, lo que se agrava cuando ese poder se otorga a quienes actúan en organismos internacionales de gran impacto en materias de gran importancia, lo cual hace poco «democrático» su accionar83.

2. Otro tema vinculado a la crisis de representación es la constatación de que la división de poderes desarrollada en el siglo XVIII e incorporada en prácticamente todos los textos constitucionales —es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— ha sufrido en la realidad una alteración radical por el surgimiento de potentes contrapoderes, formales e informales, tales como los medios de comunicación, las empresas trasnacionales, el mercado financiero y gobiernos de ámbito regional representativos no solo de intereses materiales sino también de composición étnica, cultural o religiosa distinta a la de la población mayoritaria. «Por lo tanto —afirma Ramón Adell—, la idea rousseauniana que parte de que un pueblo es una unidad histórica de costumbres y hábitos de vida en común, cuyos integrantes acuerdan formar un Estado para gobernarse mejor, estableciendo equilibrios entre tres poderes, se aleja de la realidad»84. En un contexto de individualismo exacerbado y de quiebra de lo colectivo, la sociedad se atomiza en la soledad del propio individuo y se vuelve descreída tanto de las instituciones como de los proyectos colectivos, a lo que se suma la desigualdad y la corrupción, así como mayorías silenciosas conservadoras y poco participativas. Este es el contexto que da lugar a la crisis de representación.

3. El Perú no es ajeno a esa crisis, la que está asociada a la de los partidos políticos, pues casi todos ellos han perdido identidad y carecen de idearios y programas. De cierta forma, esto se ha extendido a otras importantes instituciones políticas fundamentales, como el Congreso, del cual la población tiene una opinión muy desfavorable85. Es preciso asimismo señalar que los procesos electorales son cada vez menos deliberativos y más dependientes de una propaganda audiovisual con poco contenido. Por ejemplo, la institucionalización de la conflictividad social, las continuas protestas en varias partes del territorio son parte de la escena política en el Perú y ello, afirma Carmen Ilizarde, es fruto de una crisis de representación, que ha sido incluso reconocida por el Estado, tal como lo ponen en evidencia los informes de la Defensoría del Pueblo. Quienes intervienen lo hacen reivindicando un mayor espacio. Esa conflictividad social, dice Ilizarde:

merece pensarse como una forma de participación política independiente del sistema de representación política que tiene en los partidos a su institución central. Más que frente a una forma alterna de representación, nos encontramos con formas diversas de ejercer la auto representación [sic] para afirmar el desacuerdo y lograr un cambio en el Estado a partir de acciones colectivas de incidencia directa. Este tipo de participación política ha ido consolidándose en el tiempo en el que los partidos políticos han ido desapareciendo y dándole paso, a su vez, a otras formas de organización para la competencia electoral, una suerte de emprendimientos políticos que no buscan ejercer la representación sino llegar al poder y enseñorearse en él86.

Resulta comprobable que después del colapso de los partidos políticos tradicionales durante el fujimorismo, el sistema fue remplazado por un modelo autoritario y vertical, que no ha podido superarse o recomponerse en los últimos años de gobiernos democráticos. Ello ha influido para que varios intentos de representación fueran en la práctica reemplazados por la prebenda y un clientelismo relacionado con intereses concretos lejanos de los mayoritarios y de las necesidades más apremiantes de la población. Uno de los efectos de la práctica fujimorista ha consistido en que la sociedad prescinda cada vez más del referente estatal y los partidos tengan dificultades para interpretar lo que ocurre en la sociedad, lo que favoreció la idea de emplear procedimientos plebiscitarios para consultar a la población, ya que los gobiernos autoritarios se muestran desconfiados y hasta hostiles respecto a las mediaciones políticas. En ese escenario, la idea de representación se asocia de modo más transparente con el Poder Ejecutivo que con el Parlamento. En efecto, no hay duda de que esa deslegitimación autoritaria de la política, en la que se pone en discusión la validez de los que la ejercen, restringe el espacio público como ámbito de participación y de deliberación87.

Lo que está en juego, en palabras de Greppi, es:

si en el futuro podrá establecerse todavía alguna clase de equivalencia entre lo que piensan, creen, dicen, sienten los representados y la actividad de quienes actúan en su nombre, entre las expectativas que unos cultivan y las prestaciones que los otros pueden razonablemente ofrecer. En términos clásicos, el problema que hoy corroe a la teoría de la representación está en saber si cabe la posibilidad de darle forma política a la multitud88.

Y ello es así, dice el autor citado, porque cada vez son mayores las demandas destinadas a migrar hacia esferas de acción que no están directamente involucradas con la política representativa, ya no son de carácter distributivo sino tienen una relación con la condición individual, apareciendo nuevos enclaves de poder, informales y ajenos a los cauces típicamente democráticos de agregación de preferencias, con lo cual se origina un vacío pues cada vez hay menos que representar89.

Para combatir esa crisis se persigue un mayor acercamiento con los electores como una forma de evitar que el representante esté sujeto a las órdenes del partido, a sus propios intereses o a los de aquellos que lo promocionan; es decir, se busca que sea un auténtico representante de los intereses generales. De otro lado, se afirma que el sistema ha contribuido a acentuar el carácter elitista de la clase política. El sistema, se señala, carece de transparencia, a lo que se suma el escaso interés de los ciudadanos en la deliberación política, desafección causada por el individualismo extremo de las sociedades capitalistas contemporáneas y por la preeminencia de intereses fácticos de oscuro origen. Todo lo cual debilita grandemente el sistema del que venimos tratando90. Los correctivos propuestos son muchos; entre otros, elecciones primarias en los partidos, financiamiento público a éstos para evitar el «blanqueo» de dinero y hasta la introducción de algunos mecanismos propios de la democracia directa.

4. A pesar de las sentencias pesimistas y la intensidad de las polémicas sobre esta materia, cabe señalar que la democracia representativa sigue teniendo muchas ventajas que mostrar y sigue siendo por ello profusamente utilizada como sistema de gobierno. Es difícil encontrar hoy a alguien que cuestione la necesidad de contar con instituciones representativas, y, «por tanto se ha renunciado a la utopía de que todos los ciudadanos puedan participar directamente en todos los procesos de toma de decisiones»91. En efecto, para J. L. Martí: «nadie ha cuestionado la idea de representación, que es considerada necesaria y hasta valiosa, ni defendido en su lugar un modelo de democracia directa»92. Las propuestas que veremos más adelante no buscan su desaparición sino el perfeccionamiento de la «democracia representativa».

El objetivo es mostrar que la representación debe poner a los ciudadanos en condiciones de elaborar y revisar las demandas que se proyectan sobre el espacio público. Si bien no existe sistema electoral que consiga reflejar las preferencias de todos, el proceso de representación es indispensable para que puedan proyectarse las demandas y para que el sistema tenga legitimidad; no suele haber solicitudes instantáneas: todas pasan necesariamente por mediaciones representativas, por el intercambio discursivo entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas de las instituciones. Hay, pues, que reinventar la representación, recordando la progresiva pérdida de centralidad de la política y de su fuerza legitimadora cuando la deliberación languidece. «La voz que expresa la voluntad soberana no está ni del lado de los representantes, como siempre han dicho los elitistas, ni del lado de los ciudadanos, como han pretendido los populistas, sino que emerge paulatinamente en el continuo intercambio entre los distintos niveles de formación de la opinión y la voluntad»93. Podemos entonces afirmar que sin representación no hay deliberación ni puede haber opinión.

En ese entendido, no puede olvidarse que la política debe ser un espacio de encuentro entre personas que se juntan en libertad para hablar de las ideas y asuntos que comparten; ha sido justamente el abandono del espacio común lo que ha llevado a la crisis que hay que superar. Y buscar ese encuentro es la primera tarea por desarrollar para lograr una representación cabal, pues la consecución del interés público debe ser liderada por alguien. No basta pues el acto electoral; la iniciativa grupal juega un rol determinante para seleccionar a quien debe representar los intereses comunes. En cierta medida, el desarrollo tecnológico y la información más precisa hacen que el acto electoral sea en nuestros días un acto plebiscitario que recobra parte del antiguo encanto de la decisión popular como acto de soberanía. No es que el principio de representación desaparezca; lo que sucede es que el principio de identidad está ahora más presente que antes, consecuencia de un mayor desarrollo educativo. Por ello, resulta innecesario buscar fórmulas clásicas de democracia directa, pues la manifestación de voluntad es expresada en los comicios. Lo contrario es poner en entredicho los logros democráticos que con tanto esfuerzo se ha logrado conseguir.

5. Para que la representación sea efectivamente útil es preciso recordar que es insensata la divinización del pueblo cuya expresión máxima, «vox populi, vox Dei», es —dice Zagrebelsky94— una forma de idolatría política, que persigue implantar formas autocráticas, pues corresponde a conceptos triunfalistas y acríticos. Si se confía en la decisión del pueblo es porque se acepta que pueda estar equivocada y revocarse. Y ello es así porque la democracia se basa en un hecho esencial que no puede soslayarse: los méritos y defectos de uno lo son también de todos; si no lo aceptamos, entonces no tendremos democracia, es decir, gobierno de todos sobre todos, sino autocracia. La autoridad del pueblo no depende pues de sus virtudes, sino de la ausencia de una alternativa mejor. En efecto, si continuamos confiando en la autoridad popular —afirma Zagrebelsky— es porque cualquier otra solución sería peor que esta última.

3. LAS PROPUESTAS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

1. Si bien hay un reconocimiento de que los problemas y dificultades del mundo moderno no se resolverán renunciando a la política sino más bien transformando su práctica, hay quienes creen que es preciso crear modelos alternativos para superar la desconfianza que genera la actual práctica política, aun cuando se suele aceptar que el atractivo de la democracia reside en que se trata de un modelo generado por el pueblo, con mecanismos que dan legitimidad a las decisiones porque se adhieren a principios, reglas y mecanismos adecuados de participación, representación y responsabilidad. Como señala Held, «la democracia debe contemplarse como la concepción privilegiada del bien político porque ofrece una forma de política y de vida en la que hay maneras justas de deliberar sobre valores y negociar valores y disputas»95. En palabras del mismo autor, si bien no constituye una panacea para todos los males e injusticias, «proporciona una base adecuada para la defensa de un proceso de diálogo público y toma de decisiones sobre asuntos de interés general y plantea vías institucionales para su desarrollo»96.

Algunos de los que persiguen reformas en la práctica política sustentan sus propuestas en el «principio de autonomía», entendido como una noción según la cual las personas podrían llevar adelante sus proyectos como agentes libres e iguales, sin interferencias, participando en los debates y en las deliberaciones sobre una base de igualdad y libertad, pero aceptando que es necesaria una «frontera de la libertad» que no debe ser nunca rebasada. Esta concepción propone la creación de instituciones democráticas diferentes de las que nos ofrece la práctica cotidiana en las democracias liberales capitalistas. En otras palabras, la aplicación del principio de autonomía lleva a repensar los límites de la acción del Estado y de la sociedad civil.

Son tan variadas las propuestas específicas que promueven esos movimientos de reforma que aquí es imposible enumerarlas; lo que sí se puede decir es que se caracterizan por amplios y ligados derechos sociales y económicos, preocupación por las cuestiones distributivas y de justicia social incompatibles con los derechos de las grandes corporaciones y los grupos de poder fáctico. Proponen, por ejemplo, un modelo de «autonomía democrática» que busca preservar el ideal del ciudadano informado y activo que tenga opinión y decisión sobre materias vinculadas a la vida económica y laboral, propiedad productiva y financiera, aliviando la condición de los menos favorecidos. Creen que «la precariedad del gobierno en las circunstancias actuales está ligada tanto a los límites del poder del Estado, en el contexto de condiciones nacionales e internacionales, como al carácter remoto, a la desconfianza y escepticismo que se expresan acerca de los arreglos institucionales existentes, incluyendo la eficacia de la democracia parlamentaria»97.

Pues bien, son parte de ese movimiento de reformas políticas las propuestas de democracia participativa y democracia deliberativa que resumimos a continuación y que se vinculan con los mecanismos de la democracia directa. Luego, se critica su viabilidad.

2. La llamada democracia participativa, cuyos más importantes promotores pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XX, es presentada como un avance y perfeccionamiento de la democracia representativa. Propone usualmente utilizar, para reforzarla, algunas de las modalidades de la democracia directa. Busca responder a las políticas agresivas neoliberales que debilitan el llamado Estado del bienestar, al plantear una mayor participación directa y un control más acusado a los representantes elegidos. Ramírez Nardiz cita a Sartori, para quien la democracia participativa es aquella forma de gobierno en la que «el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder»98. Más precisamente, consiste en la introducción de un conjunto de instrumentos que hagan posible ampliar la participación ciudadana en el gobierno, buscando que el ciudadano tome parte de la vida pública. Esos instrumentos, que no pretenden remplazar a la democracia representativa, son —entre otros— las iniciativas legislativas populares, los referendos y la revocatoria de mandatos.

Las propuestas de la democracia participativa buscan dotar de contenido al ideal democrático, sea ampliando los derechos, promoviendo la autogestión y el espíritu asambleístico, esto es, aumentar la presencia de los ciudadanos en la deliberación y en las decisiones de asuntos de interés público. Esas propuestas han sido reconocidas en varias Constituciones de países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Pero esta circunstancia no las libera de críticas varias, fundamentalmente asociadas a la afirmación de que el ciudadano no tiene la capacidad necesaria para decidir sobre asuntos complejos, pero también a que no participa con otros en la discusión de los temas públicos. Aquellos asuntos sometidos a votación son tratados principalmente en los medios de comunicación, donde en muchos casos se ejerce una manipulación evidente, de modo que no son los ciudadanos quienes suelen imponer los puntos o temas sobre los que deberán pronunciarse en referéndum. Quienes por su lado defienden las propuestas dan gran importancia al espacio público99 como lugar de privilegio para que los agentes sociales puedan obtener información y tomar decisiones adecuadas a los intereses de las mayorías.

Hay que anotar que esa participación se da con mayor frecuencia y facilidad en el ámbito local y tiene contenidos muy variables. Por ejemplo, puede estar dirigida al intercambio de información con el Gobierno o las autoridades sobre asuntos vinculados a determinadas tomas de decisiones sobre la atención preventiva de las enfermedades, o a buscar un consenso acerca de ciertos aspectos urbanísticos controvertidos para determinadas obras de infraestructura. Pero poca duda cabe de que la participación en estas materias no basta para sostener —y, menos, cuestionar— el edificio de la democracia representativa.

3. La llamada democracia deliberativa es un desarrollo de los postulados teóricos de la democracia participativa, pero más preocupada por la parte práctica vinculada al diseño institucional. A pesar de su reciente impulso, debe advertirse que la reivindicación de la deliberación es tan antigua como la democracia misma100. Dice Martí que «la democracia deliberativa es un modelo político normativo cuya propuesta básica es que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática»101, esto es, un modelo de toma de decisiones que persigue cómo debería ser la realidad política, un ideal regulativo hacia el que se debe tender en la medida de lo posible. En otras palabras, se trata de la utilización de un procedimiento deliberativo como precondición para que las decisiones políticas adquieran legitimidad.

Los promotores de la democracia deliberativa afirman que buscan mejorar la calidad de la democracia, abogando por un debate informado, el uso de la razón y la búsqueda de la verdad. Señala Held que «la idea fundamental de los demócratas deliberativos es desterrar cualquier noción de preferencias fijas y sustituirla con un proceso de aprendizaje en el cual y por el cual la gente acepte los asuntos que tienen que comprender para mantener un juicio político sensato y razonable»102. La legitimidad política ya no se basa tanto en los resultados de las votaciones en procesos electorales o en la regla de la mayoría cuanto en ofrecer argumentos defendibles de las decisiones públicas para mejorar la calidad de estas últimas, sustituyendo el lenguaje del interés por el lenguaje de la razón. En otras palabras, consideran que «el intercambio de razones públicas en la deliberación crea un nuevo principio de gobierno legítimo»103. Y para que su ideal político «sea eficaz los ciudadanos tienen que estar libres de las influencias tergiversadoras de la desigualdad del poder, riqueza, educación y otros recursos. Lo que importa es un acuerdo motivado racionalmente, no un resultado producido por la coerción, la manipulación o el pacto. Este modelo exige que los ciudadanos disfruten de una igualdad formal y sustancial»104.

Entre los principios democráticos para la toma de decisiones, la democracia deliberativa privilegia el de argumentación sobre los de negociación y del voto. Entienden el principio de argumentación como un intercambio desinteresado de razones a favor o en contra de una propuesta en condiciones de igualdad y con la disposición de ceder ante el mejor argumento105.

Aquí, los mecanismos más promocionados son el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular, las consultas y los referéndums deliberativos, la participación en asociaciones y consejos a nivel municipal y los presupuestos participativos106.

4. Las propuestas por una democracia tanto participativa como deliberativa, como es natural, han dado lugar a diversas críticas. Ellas se concentran, en primer término, en las dificultades de encontrar en las grandes urbes modernas, más que en pequeños poblados, condiciones que hagan posible un debate alturado, informado y respetuoso. Consideran que sus promotores parten de una premisa que desconoce en el ser humano común la ausencia de altruismo y de conocimiento general para enfrentar problemas complejos. Se afirma, creemos que, con razón, que «el ideal de imparcialidad expresa una ficción, ya que descansa en el supuesto de que la gente puede trascender sus peculiaridades cuando se dedica a deliberar»107. También se afirma que con la deliberación es imposible generar acuerdos o consensos y que más bien ella puede incrementar los conflictos en lugar de mitigarlos. Así mismo, que no hay garantía de que una mayor participación dé lugar a una de mayor calidad. Hay también firmes críticas a las propuestas de democracia directa por su fácil manipulación. Sus defensores, por su parte, replican que los desacuerdos persistentes y posteriores a la deliberación constituyen un paso firme para conocer mejor las diferencias y buscar superarlas108.

5. Pero el verdadero test para calibrar la conveniencia y viabilidad de los instrumentos que propone la democracia participativa, dice con razón Josep M.ª Castella:

consiste en examinar su origen, es decir, si van de abajo arriba. Esto significa que es algo impulsado y querido por los ciudadanos. Se participa si, cuando y para lo que interesa a la ciudadanía. En cambio, cuando la participación es organizada desde el vértice del poder hay que ponerla bajo sospecha, pues es muy probable que se pretenda o se utilice para afianzar y legitimar una determinada acción de gobierno, tendiendo a llamar a la participación a aquellas asociaciones que reciben subvenciones del poder o que son títeres de partidos y, por tanto, revisten el clientelismo de democracia109.

6. Finalmente, reconozcamos que la democracia no puede quedar librada a la deliberación, pero sin ésta no hay democracia. Se señala entonces que si bien la capacidad de delegación, sobre la que se asienta la representación, cede frente a las prácticas deliberativas, lo cierto es que para que funcionen grandes porciones de la política debe haber delegación, para, de esa forma, evitar caer en el espacio pantanoso de los plebiscitos. Solo una parte del trabajo político es discursivo. Es imposible, si se desea ser eficaz, remplazar la profesionalidad y la experiencia de los representantes para resolver intrincados asuntos de gobierno. La experiencia enseña que cuando prima lo deliberativo puede brillar la argumentación aguda y hasta original, pero que siempre se trata de momentos de escasa duración.

4. EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE DELIBERACIÓN

1. En las sociedades democráticas, la capacidad de la política para articular el espacio público se debía al procedimiento de la representación, gracias al cual se da forma a las opiniones, identidades e intereses. Lo contrario de todo ello es la inmediatez propugnada por el populismo, que busca —afirman— abolir la distancia entre gobernantes y gobernados, dando lugar a numerosas subvenciones improductivas y a fomentar el consumismo. «Para el populista, la democracia representativa, modestamente procedimental y prosaica, caracterizada por la lentitud y los compromisos, se presenta, por comparación con el ilusionismo sin límites, como insuficiente»110. En el horizonte de ese proceso se entiende la sociedad como un conjunto de minorías y el Gobierno como una ONG encargada de atender diversas demandas. En ese escenario aparecen con poder cada vez mayor las clientelas particulares y los derechos privados, lo que encaja con la lógica del mercado promovida por el neoliberalismo. Sabemos que la representación pasa por una crisis, porque quien es elegido en ocasiones solo representa al grupo que lo ha promovido y no a todos a su vez; por ello, solo la representación interesada en la acción pública podrá contrarrestar ese proceso. Y lo cierto es que una sociedad solo se conoce a sí misma si existe representación; de lo contrario conocerá tal vez detalles, tendrá proliferación de datos, pero no podrá concebirse colectiva y coherentemente. Es necesario respetar la lógica del espacio público.

2. Cualquier análisis de la práctica democrática actual no nos puede hacer olvidar la contradicción existente entre la convocatoria universal a participar en un espacio público y la fragmentación de los discursos y de los intereses en juego. Sea cual fuere el acercamiento al concepto de lo que es público nos remite a pensar que la práctica política tramite o convoque algo que sea integrador, común a todos. Ese espacio público ha sufrido una gran transformación, por razones culturales y tecnológicas, y por el diseño urbano de las grandes ciudades.

Ahora bien, el espacio público como el lugar en el que se delibera sobre lo común y donde se tramitan las diferencias no constituye una realidad compacta y cerrada, sino que obliga a una construcción laboriosa y variable que exige un trabajo de representación. Ese espacio acoge al conjunto de procedimientos mediante los cuales las decisiones políticas colectivas son formuladas y adoptadas con significativa influencia de las nuevas tecnologías de la información. Daniel Innerarity cree posible:

redefinir el ideal de la democratización a partir de la esfera pública, en la que se contiene la preeminencia de los valores constitutivos de la dimensión colectiva frente a los intereses particulares, de lo político sobre lo económico, de la comunicación sobre el mercado. No se me ocurre otro procedimiento mejor para hacer frente a la concepción de la política como mera gestión de los intereses y que tiene su origen en una idea de la sociedad como una colección atomista de individuos o grupos desvinculados entre sí111.

Sin espacio público el poder sería entendido como dominación y la opinión pública como lugar para las manipulaciones mediáticas. Y entonces se produciría una confrontación «donde el acontecimiento está por encima del argumento, el espectáculo sobre el debate, la dramaturgia sobre la comunicación, la imagen sobre la palabra»112. La pérdida del sentido de lo común es un elemento que sin duda dificulta la configuración del espacio público, que es en verdad el corazón de la acción política.

Los miembros de una sociedad no tienen solo derechos sino también deberes que van más allá del respeto a los derechos de los demás; en otras palabras, un compromiso con los intereses de la sociedad en su conjunto e inclusive más allá, porque el proceso de globalización implica ampliar el espacio público para gestionarlo adecuadamente, pues antes se entendía como un territorio propio del Estado nacional. En efecto, la soberanía del Estado ya no es indivisible, pues está diluida en un continuo flujo de interdependencias, tanto en el ámbito de lo económico como en el de lo financiero; es hoy un actor «semisoberano». Para articular políticamente a la sociedad, tendrá ahora que ser más cooperativo y concentrarse básicamente en los bienes colectivos esenciales, moderando los desarrollos sociales. Ello no hace que renuncie a su antigua pretensión de configurar el espacio social, pero ya no con el modelo jerárquico tradicional, que se ha debilitado sin remedio. En la actualidad debe contrapesar la dinámica centrífuga de los variados intereses y preferencias culturales, buscar la compatibilidad de los sistemas funcionales autónomos, con especial énfasis en sociedades heterogéneas, convirtiéndose en una instancia que asuma la responsabilidad por el sistema democrático en su conjunto. Como dice Innerarity, «tanta cooperación como sea posible, tanta jerarquía como sea necesaria, podría ser una máxima del buen gobierno y la buena administración»113.

3. El espacio deliberativo supone la práctica de un tipo de argumentación que intenta justificar las afirmaciones o juicios que se presentan, lo que puede llevar al ciudadano a cambiar su opinión o preferencias. El espacio público es justamente el lugar donde se dialoga, donde ese proceso se ejecuta. Entonces, cuando se desconoce la fuerza transformadora de la política, se sucumbe a la inmediatez y con frecuencia al uso de las modalidades de la democracia directa, insuficientes para una democracia de calidad.

Se olvida reiteradamente que la democracia no es un régimen de consulta, sino un régimen que articula diversos criterios a través del debate público. Por cierto, exige un trabajo para lograr una representación adecuada y utiliza para ello la consulta popular, pero ésta no es un sustituto de un procedimiento deliberativo. Y es justamente el sistema político representativo el que se encarga, con todos sus límites, de las tareas necesarias para el análisis y la discusión. La utilización frecuente del referéndum, por ejemplo, es un procedimiento inmejorable para no adelantar nada de lo esencial, porque no hay prácticamente ni diálogo ni discusión, y tampoco es posible un proceso deliberativo. La representación no puede tampoco ser sustituida por encuestas y sondeos en los que las mediaciones políticas son inexistentes y la expresión del pueblo queda sujeta a la inmediatez de los intereses. En efecto, «la representación es una relación autorizada, que en ocasiones decepciona y que, bajo determinadas condiciones, puede revocarse. Pero la representación no es nunca prescindible, salvo al precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción»114. La representación es una construcción, un espacio de creación.

4. Dice Innerarity:

Es una ilusión pensar que podemos controlar el espacio público sin instituciones que medien, canalicen y representen la opinión pública y el interés general. Lo que ocurre hoy en día es que el descrédito de alguna de esas mediaciones nos ha seducido con la idea [de] que democratizar es desintermediar; algunos —con una lógica similar a la empleada por los neoliberales para desmontar el espacio público en beneficio de un mercado transparente— se empeñan en criticar nuestras democracias imperfectas a partir del modelo de una democracia directa, articulada por los movimientos sociales espontáneos, desde el libre juego de la comunidad on line y más allá de las limitaciones de la democracia representativa. Se ha instalado el lugar común de que periodistas, gobiernos, parlamentos y políticos son prescindibles, cuando lo que son en realidad es mejorables115.

Este es uno de los propósitos para mejorar y conservar una nueva democracia representativa en nuestro país.

6. La crisis de representación en el Perú pudo haberse iniciado por el pobre desempeño de los partidos políticos y de las élites en la década que se inicia en 1980. Poco después, ello dio lugar a una alta volatilidad electoral. Sin embargo, Tanaka considera que el principal desafío de los partidos no fue enfrentar un problema de representación sino de gobernabilidad, en un contexto de diversos proyectos políticos, algunos excluyentes entre sí116. Posteriormente, en la década de 1990, el fujimorismo establece una dinámica política diferente, pues se opuso al conjunto de partidos políticos. Obtuvo así una importante aprobación y Fujimori logró imponer su liderazgo personalista y arbitrario, así como consolidar una coalición de poderosos intereses a su alrededor que combinaban el neoliberalismo con el neopopulismo117. Y como los partidos políticos fueron dejando un espacio vacío, se impuso la dinámica autoritaria de Fujimori con relativa facilidad, sin una oposición debidamente integrada y cohesionada. Afirma Tanaka que «el espacio público de deliberación ciudadana quedó seriamente menoscabado, lo que produjo, en el plano de las decisiones de gobierno, una centralidad excesiva»118, que —vale recordarlo— contó con el apoyo de organismos financieros e inversionistas extranjeros, con las Fuerzas Armadas, poderes nacionales empresariales y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Posteriormente, sin embargo, a partir del corto gobierno de Valentín Paniagua en el año 2001, la democracia peruana ha pasado por varios procesos electorales no cuestionados que han dado lugar a cuatro gobiernos democráticamente elegidos. Desde esta perspectiva se ha robustecido el aspecto procedimental, pero en otro sentido, como hemos visto, la representación se ha debilitado y alejado del interés de las mayorías. Poca duda cabe, sin embargo, de que en la actualidad la democracia electoral —con su inmensa importancia— no basta, y que es preciso aceptar diversos mecanismos de participación que permitan un diálogo fluido con las instituciones de la sociedad civil, más aún cuando nos enfrentamos a una crisis de partidos de difícil recomposición y a una realidad geográfica fragmentada y con dificultades comunicativas. A ello se suma el mayoritario trabajo informal, que torna particularmente difícil ubicar representantes de sus integrantes y entorno, lo que le ha dado un carácter usualmente episódico y cambiante. Se ha señalado, finalmente, que en el Perú hay una falta de equilibrio entre la función representativa y la gubernamental, pues mientras la primera está supeditada a enfrentar los problemas de corto plazo, la segunda está obligada a tomar opciones que la pueden separar de sus electores119.

5. PRESENCIA DE LA MULTICULTURALIDAD

1. La idea de multiculturalidad está sin duda presente en el actual orden democrático. Se la entiende no solo como un campo poblado por muchas culturas sino como un espacio de intercomunicación. Y las sociedades se hacen multiculturales independientemente de lo que opinen sus habitantes. Por cierto, es un tema conflictivo, aunque la ciudadanía actual suele aceptar las diferencias, siendo su límite que algún grupo cultural se arrogue el derecho de imponer sin titubeos sus preferencias sobre los demás. Saber vivir en democracia es saber vivir con diferencias que se manifiestan no solo en lo cultural sino también en las diferentes opciones electorales. Y el tema de las diferencias no puede separarse del de las minorías. No olvidamos que el ideal homogeneizador, que combate o busca olvidar las diferencias, ha estado presente entre nosotros con especial énfasis durante el siglo XIX, y aún no ha desaparecido del todo. Pero lo que busca imponerse en nuestra realidad es un radical pluralismo, pues sin duda conocemos mejor que en el pasado las diferencias culturales, la existencia de identidades abiertas y porosas.

Como señala Fernando Mires, si:

la autonomía de pueblos y culturas es el resultado del reconocimiento de diferencias, y este reconocimiento es condición de democracia, quiere decir que el reconocimiento de la autonomía de las minorías es también condición de la autonomía de las mayorías, pues no puede haber democracia sin seres autónomos. Esto quiere decir que la autonomía de culturas y pueblos no es, en sentido estricto, una concesión, sino mucho más, una garantía para el propio funcionamiento democrático120.

Nada de esto se opone a que en los momentos electivos prime la voluntad de las mayorías, pero convengamos en que ese no es el único criterio para definir un orden democrático, pues si así fuera el principio central de toda democracia no sería político sino puramente matemático, y ahí subyace el peligro de la dictadura de las mayorías121.

2. La cuestión es si disponemos en nuestras sociedades de una pedagogía del encuentro y del intercambio para superar los mundos cerrados de las creencias y costumbres. Creemos que ello es posible y necesario porque, finalmente, la tradición en los grupos se aproxima a una construcción social. La fragmentación cultural que vivimos hace inútil buscar una representación de la identidad como una totalidad sin disonancias, así como también creer que es posible un mosaico de culturas independientes. Tal como señala Innerarity:

es una ilusión pensar que el mundo se compone de unidades similares, como elementos de un puzle. La yuxtaposición de distintos modos de vida y de comunidades que no pueden ser tratadas de manera uniforme es una característica irrenunciable de la cultura contemporánea. El mundo de hoy se caracteriza por la paradoja de que una creciente globalización va acompañada de nuevas diferenciaciones, de que hay más relaciones entre un número mayor de elementos. El cosmopolitismo y la particularidad no son opuestos, sino que más bien se complementan y fortalecen mutuamente122.

Y concluye afirmando que «toda pretensión de identidad pura es asfixiante e incestuosa». Además, por supuesto, de que esa valorización de la diversidad no nos impide tener preferencias: nadie nos puede obligar a abandonar nuestro propio interés u opinión, ni a preferir nuestro propio país; lo que no podemos es atribuirle un significado absoluto, excluyente.

Es obvio para nosotros que las clasificaciones étnicas son cada vez más complicadas y los conceptos que tradicionalmente se han usado para ello no parecen acertados para describir y calificar el mundo plural y cambiante que vivimos. No se nos escapa que la folclorización, tan apoyada en ciertos medios de comunicación considerando cualquier identidad cultural como inmodificable, es un negocio cercano a la mendicidad y un obstáculo para el pluralismo que se oculta bajo un extremado respeto de las diferencias123. En efecto, ello neutraliza el diálogo intercultural y nos hace recordar que «la homogeneización y la peculiarización son estrategias que coinciden en su desinterés por relacionar y traducir»124. Es misión de la sociedad multicultural hacer que se caracterice por relacionar las distintas versiones del mundo que se hallan en una sociedad pluralista, no aceptando por tanto diferencias irreductibles, pues la vida cultural no es una unidad cerrada, comenzando por tener el coraje de relativizar la propia cultura. Cito otra vez a Innerarity: «nuestra pedagogía ha de ser capaz de presentar un muestrario de las diferencias, articular experiencias de contraste, señalar la arbitrariedad de las convenciones sociales, la contingencia de los hábitos y estilos de vida, ponerse en el lugar de otros. Aprender a valorar esa diversidad no equivale a una deserción, sino a un enriquecimiento de lo propio»125.

3. Hay que recordar que el menosprecio a otras culturas vivas dentro del territorio se sostuvo en aquella noción liberal del derecho según la cual ha de primar la autonomía individual sobre la de pueblos y culturas, aunque los teóricos actuales del liberalismo han buscado superar esa noción importante en el inicio de los procesos democráticos en Europa y en los Estados Unidos. Porque la protección de las culturas es en primer término la protección de las personas que las constituyen. Si bien el llamado «multiculturalismo» puede derivar en hacer difícil la convivencia en un mismo espacio social de personas que se identifican con culturas diversas, no es verdad absoluta que la existencia de muchas culturas sea fuente de conflictos; éstos se originan más bien cuando se busca imponer un proyecto estatal que elimine las diferencias en nombre de una nación única. Hoy día, al parecer, vamos a transitar por el camino de la asociación, siendo del todo ejemplar el iniciado por la Unión Europea.

En Latinoamérica se han producido muchos intentos de homogeneización, especialmente vinculados a lo económico, y los resultados han sido hasta ahora pobres y limitados. Los enemigos de una más amplia integración, en territorios que comparten elementos culturales comunes, idiomas mayoritarios similares y costumbres parecidas, se han encontrado y se encuentran tanto dentro como fuera del espacio latinoamericano o, si se prefiere, sudamericano. Contra lo que podría pensarse en una primera instancia, el proceso de globalización y la supremacía de las empresas multinacionales, sumados a la vigencia en muchas élites del pensamiento neoliberal, han sido obstáculos que han frenado los intentos integracionistas, anunciados y promovidos en todos los países por sus intelectuales y políticos de mayor visión. Pero en muchos casos han ganado los pobres nacionalismos, enquistados en poderes subalternos y de corto plazo.

4. ¿Qué debemos entender por cultura? Cortina propone la siguiente definición: «[cultura es] el conjunto de pautas de pensamiento y de conducta que dirigen y organizan las actividades y producciones materiales y mentales de un pueblo, en su intento de adaptar el medio en que vive a sus necesidades, y que puede diferenciarlo de cualquier otro»126. En América Latina tenemos Estados multinacionales, entendidos como la existencia de varias naciones, como Estados poliétnicos, en los que existen diversas etnias. Si bien es conveniente enfatizar que ninguna cultura tiene soluciones para todos los problemas vitales, sí conviene recordar que en los multinacionales los problemas son básicamente políticos y deben solucionarse mediante una distribución justa del poder (federales, autonomías, etcétera), mientras que en los poliétnicos el problema es más complejo, porque conviven diferentes cosmovisiones o modos de concebir el sentido de la vida, de la felicidad o de la justicia, siendo entonces los problemas más bien de tipo moral127. El diseño adecuado de un sistema de representación no puede dejar de reconocer estas variables que se dan en la realidad. Y si, como hemos señalado, en América Latina se presentan ambos tipos de retos por superar, el amplio mestizaje racial y la extensión educativa han servido para contrarrestar las creencias y manifestaciones culturales impuestas durante el período colonial, lo que hace de las sociedades latinoamericanas mucho más homogéneas que hace décadas atrás. Los problemas que surgen en nuestra sociedad poliétnica pueden también superarse con un buen sistema de representación en el ámbito político, respetando las diferentes cosmovisiones.

Pero en el caso del Perú debemos hacer un esfuerzo por alcanzar una visión de conjunto, pues si bien tenemos fotos espectaculares y hasta provocadoras, nos falta aún una buena película para saber bien cómo es el país que habitamos; de lo contrario, seguirán primando las estrategias de marketing o las protestas sin proyecto integrador.

67 Dahl, R., La democracia, op. cit., p. 120.

68 Greppi, A. «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 44.

69 Pitkin, H. F. El concepto de representación. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 235.

70 Greppi, A., La democracia sin enemigos, op. cit., p. 11.

71 Ibid., p. 12.

72 Sobre esta materia, cuando tiene lugar el nacimiento de las repúblicas andinas al inicio del siglo XIX, ver Marie-Danielle Demelas, La invención política (Lima: IFEA e INP, 2003), quien entre otros muchos temas trata de los límites de la democracia representativa, de los problemas del sufragio y del pueblo como soberano efímero (pp. 332 y ss.).

73 Innerarity, D., La política en tiempos de indignación, op. cit., p. 243.

74 Ibid., p. 250

75 Ibid., p. 265

76 Bobbio, N., El futuro de la democracia, op. cit., p. 34.

77 García Pelayo, M., op. cit., p. 180.

78 Hay que advertir el problema que se presenta por la ausencia de partidos sólidos y la invocación entonces a utilizar las vías de la democracia directa. Vid. este problema en Perú y Latinoamérica en C. Meléndez en su libro El mal menor (Lima: IEP, 2019).

79 Biscaretti di Ruffia, P., op. cit., p. 287.

80 Garrorena, A. «Democracia, participación y representación. La crisis actual de la democracia representativa. ¿Qué hacer?», en J. L. Cascajo C. y Augusto Martin de Vega (Coordinadores), Participación, representación y democracia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 67.

81 Cortina, A. ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2014, p. 156.

82 Guillén López, E., «Las enseñanzas del 15-M (El léxico constitucional frente a la crisis de legitimidad)», en La democracia indignada, op. cit., p. 10.

83 Dahl, R., La democracia, op. cit., pp. 131 y ss.

84 Adell, R. «El poder de los contrapoderes», en La democracia indignada, op. cit., p. 120.

85 En una reciente encuesta urbano-rural realizada por el INP en el mes de abril de 2019, el 84 % de los encuestados desaprueba al Congreso y el 70 % apoya que se cierre. Difícil es encontrar, en cualquier país, cifras que demuestren inequívocamente un rechazo tan marcado; se discute si ese rechazo es al sistema democrático o si es consecuencia de la conducta de los políticos en general y de los parlamentarios en particular. Lo único seguro es que se trata de una manifestación que no puede olvidarse o dejarse de lado.

86 Ilizarbe, C. «Autorrepresentación y desacuerdo: Estado y conflictividad social en el Perú», en R. Grompone (Editor), Incertidumbres y distancias. Lima: IEP, 2016, p. 390.

87 Grompone, R. Nuevos tiempos, nueva política. Lima: IEP, 1995, p. 19.

88 Greppi, A. «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 46.

89 Ibid., p. 47.

90 Una visión crítica de la representación política contemporánea y de las recomendaciones e influencia del neoliberalismo puede encontrarse en De Vega, P., Democracia, representación y partidos políticos, op. cit., pp. 11 y ss. Así, afirma, «seguir hablando, por ejemplo, de mandato representativo, cuando todos sabemos que los diputados obedecen las ordenes de los partidos, o continuar sosteniendo que los representantes representan a toda la nación y no intereses particulares concretos, equivaldría a seguir manteniendo un concepto de representación y de democracia representativa que […] hace ya tiempo que forma parte de la arqueología constitucional» (p. 20). Sin embargo, más adelante afirma que aquellos que preconizan a la democracia directa como única forma de democracia posible conducirá a la condena de la democracia representativa con nefastas consecuencias para la libertad de los ciudadanos. Finalmente dice «la crítica a la democracia representativa y la defensa de la democracia directa como único mecanismo de legitimidad, para lo que termina sirviendo es para construir la democracia plebiscitaria y para sustituir el Estado de partidos por la organización totalitaria del Estado-partido» (p. 21).

91 Martí, J. L. La república deliberativa. Madrid: Marcial Pons, 2006, p. 215.

92 Ibid.

93 Ibid., p. 79.

94 Zagrebelky, G. La crucifixión y la democracia. Barcelona: Ariel, 1996, pp. 105-106.

95 Held, D. Modelos de democracia, op. cit., p. 368.

96 Ibid.

97 Held, D., op. cit., p. 405.

98 Ramírez N., A. Democracia participativa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 126.

99 J. Habermas, citado por Ramírez N., A., op. cit., p. 133, señala que «el espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de posturas, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos».

100 Martí, J. L., op. cit., p. 17.

101 Martí, J. L., op. cit., p. 22.

102 Held, D., op. cit., p. 334.

103 Held, D., op. cit., p. 340.

104 Ibid.

105 Sobre este punto, ver Martí, J. L., op. cit., pp. 49 y ss.

106 Martí, J. L., op. cit., pp. 297 y ss.

107 Held, D., op. cit., p. 348.

108 En un interesante artículo, «Democracia y nuevas formas de participación», Luigi Bobbio ilustra tres mecanismos participativos: los presupuestos, el debate público francés y los mecanismos basados en el sorteo, y revela las dificultades y dilemas que enfrentan para su concreción. Afirma que, si bien son una respuesta no populista a la crisis de la democracia representativa, se enfrentan a problemas de participación con un siempre presente riesgo de manipulación (en La democracia en nueve lecciones. Madrid: Trotta, pp. 47 y ss.).

109 Castella, J. M. «Las enseñanzas del tiempo transcurrido, o de cómo la democracia representativa sigue siendo imprescindible», en La democracia indignada, op. cit., p. 151.

110 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 50.

111 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 18.

112 Ibid.

113 Ibid., p. 271.

114 Ibid., p. 68.

115 Innerarity, D. La política en tiempos de indignación, op. cit., p. 276.

116 Tanaka, M., «¿Crónica de una muerte anunciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú, 1980-2000», en Lecciones del final del fujimorismo. Lima: IEP, 2001, p. 71.

117 Ibid., p. 79.

118 Ibid., p. 80.

119 Grompone, R. «Modernidad, identidades políticas y representación», en El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 221.

120 Mires, F. Ciudadanía, op. cit., p. 123.

121 Ibid.

122 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 145.

123 Ibid., p. 147.

124 Ibid., p. 148.

125 Ibid., p. 152.

126 Cortina, A. Ciudadanos del mundo, op. cit., p. 188.

127 Ibid., pp. 190 y ss.