Читать книгу La democracia a prueba - Ciro Murayama - Страница 15

* Este capítulo fue escrito en coautoría con Farah Munayer Sandoval.

El 1° de julio de 2018 México vivió el ejercicio democrático más amplio de su historia: 56 611 000 ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio. La participación fue de 63.42%, la más alta en las últimas tres elecciones presidenciales. Así, de forma pacífica y libre, se eligió a un nuevo presidente, se conformaron las dos cámaras del Congreso de la Unión y fueron electos, además, 17 682 cargos locales. La votación se dio en más de 156 000 casillas que instaló el Instituto Nacional Electoral (INE) con la colaboración de casi un millón de ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla.

Se dice rápido, pero las elecciones en México son una auténtica movilización nacional en cada rincón del territorio. A pesar de los graves problemas de inseguridad en distintas zonas, no hubo un solo distrito, ni siquiera una sola sección electoral de las 68 436 que conforman la geografía electoral del país, donde no existiera una casilla dispuesta para recibir el voto. Y eso fue posible porque hubo 45 000 capacitadores contratados y preparados por el INE que recorrieron todo el país, tocaron puertas y conversaron con los habitantes en cada ciudad, pueblo, paraje o caserío para hacerles saber que la elección era suya y convocarlos a que ellos mismos instalaran las casillas, vigilaran la votación, contaran y cuidaran los sufragios. Y así fue: los ciudadanos se apropiaron de la elección.

Hacer una elección también implica asegurar la plena igualdad en el ejercicio del sufragio de cada mexicano en edad de votar. En cada célula básica de la votación –la casilla electoral– hay urnas transparentes, boletas impresas en papel seguridad, mamparas para votar en secrecía, tinta indeleble, cuadernillos con la lista nominal correspondiente. Y esos materiales son los mismos en todo lugar. Las casillas tuvieron idénticas características en los municipios más ricos del país (San Pedro Garza García, en Nuevo León; Corregidora, en Querétaro; Huixquilucan, en el Estado de México, o Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México) y en los más pobres (como San José Tenango, en Oaxaca; Cochoapa el Grande, en Guerrero; el Mezquital, en Durango, o Batopilas, en Chihuahua) y eso demuestra que por una vez en México los ciudadanos sí son iguales: el día de las elecciones.

México tiene un diseño electoral que se construyó a partir de los años noventa como respuesta a los abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos, que ocurrieron en la época del partido hegemónico. Es comprensible que a partir de ahí que se hayan establecido múltiples pasos complejos, que son verificados una y otra vez, para asegurar la legitimidad y la limpieza de los comicios.

El modelo electoral mexicano va de la existencia de una autoridad encargada de la organización de los comicios, autónoma al gobierno –que además incluye en los procesos electorales la conformación de órganos de decisión con la participación de ciudadanos ajenos al personal del INE– a la instalación de las casillas y el conteo de votos por ciudadanos seleccionados al azar para tal tarea, con el propósito de ofrecer certeza sobre la pulcritud del resultado electoral.

Este capítulo detalla cómo se organizó la elección de 2018 y muestra de qué forma desde un primer momento existieron múltiples garantías legales e institucionales para asegurar que sólo la libre voluntad de los electores definiera perdedores y ganadores. O, para decirlo en una nuez: por qué era imposible un fraude electoral.