Читать книгу La horrible noche - El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica - Forrest Hylton - Страница 16

Colombia estaba a la vanguardia de la revolución liberal en el mundo atlántico del siglo XIX y los líderes del Partido Liberal, confiados de su misión histórica, estaban comprometidos con las reformas radicales. La esclavitud y la pena de muerte fueron abolidas, el Estado y la Iglesia fueron separados, los fueros clericales fueron levantados, el divorcio fue legalizado, el Ejército fue reducido y comenzó el sufragio universal para los hombres. En este escenario, las comunidades indígenas, vistas como parte de un legado colonial pernicioso que debía ser superado, no hallaron cabida. La República debía estar fundada sobre las bases de pequeños propietarios minifundistas, una visión que echaba sus raíces en el pensamiento de Bolívar.

En el Cauca los afrocolombianos, indígenas y pobladores de la frontera provenientes de Antioquia presionaron por sus derechos y participaron activamente en política. Una cultura política radical y democrática de “regateo republicano” se desarrolló a partir de 1848. Los subalternos votaron en las elecciones y participaron en los concejos municipales, en las sociedades democráticas, en demostraciones, boicots, disturbios, motines y guerras civiles, haciendo de Colombia una de las democracias republicanas más participativas del mundo durante la era del capital (1848-1876). En ningún otro país del llamado mundo atlántico de 1850 y comienzos de 1860, los descendientes de esclavos africanos podían votar y unirse a sociedades democráticas. En ningún otro país, los miembros de las comunidades indígenas ejercieron su derecho al voto como ciudadanos.

En la década de 1850 ninguna facción de gobierno era lo suficientemente poderosa para implantar una hegemonía regional, mucho menos nacional. Cada sector que aspiraba al poder estatal tenía que, en diversos grados, forjar alianzas a nivel local y regional con grupos que habían sido anteriormente privados del derecho al voto y cuyas demandas incluían el fin de las desigualdades derivadas de los patrones de dominación y explotación coloniales. Las élites del Cauca tenían que lidiar con artesanos y trabajadores-ciudadanos-soldados rurales tanto indígenas, como afrocaucanos y colonizadores antioqueños. Los gobernantes y los gobernados en Colombia no tenían un entendimiento compartido de democracia republicana ni un compromiso conjunto por la igualdad. Mientras que para los conservadores y muchas élites regionales liberales la democracia no debía dar paso a una “república de iguales” en la cual la “anarquía” reinaría; para los afrocaucanos la igualdad significaba el final de la esclavitud y del dominio de los hacendados conservadores, así como el acceso a la propiedad de la tierra. Para los indígenas de Cauca, por su parte, la igualdad significaba el derecho a existir como colectividad a fin de ejercer la administración colectiva de la tierra y practicar el autogobierno de la comunidad. En el norte del Cauca, en los poblados de colonizadores antioqueños, la igualdad significaba protección contra los especuladores conservadores comerciantes de tierras.

El choque entre liberales y conservadores, entonces, no se basaba solamente en asuntos de educación, ni tampoco era un problema entre élites. La revolución liberal de 1849-1853 estuvo precedida y se profundizó con las sublevaciones (zurriagos) de insurgentes exesclavos afrocolombianos en su mayoría, contra los hacendados conservadores del Valle del Cauca, con saqueos, incendios, destrucción de cercas y ocupaciones de tierras en toda su extensión a partir de 1850. La hacienda del clan conservador líder, Japio, fue ocupada al final de la guerra en 1851, ya que los afrocaucanos ejercían la tenencia comunal de la tierra y el uso colectivo de los bosques y ríos. Estos sembraron para producir y comercializar tabaco y azúcar libres del dominio de los hacendados. En Bogotá, los artesanos radicales republicanos, estimulados por las barricadas parisienses de 1848 y los escritos de Proudhon y Louis Blanc, también se movilizaron. Como en Europa, los liberales colombianos abandonaron a sus artesanos partidarios a los rigores del libre comercio y comenzaron a disolver tierras indígenas. No prescindieron de sus aliados afrocaucanos, en vez de eso, fomentaron la propagación de las llamadas sociedades democráticas que supervisaban el desempeño de los funcionarios electos, presentaban peticiones al gobierno nacional y local sobre asuntos como educación primaria, derechos sufragistas, pensiones, distribución de tierras, acceso a la Cámara de los Comunes e impuestos sobre el aguardiente.

Las divisiones liberales, debido al miedo racial y al rechazo a los liberales insurgentes afrocaucanos, trajeron como consecuencia un resurgimiento de los conservadores en las elecciones de 1853, el cual estaba apoyado por una alianza efímera forjada con los indígenas que se oponían a la privatización de las tierras comunes que beneficiaba a los especuladores ávidos de corteza de quina (quinina). En 1854, José María Melo dirigió un levantamiento liberal que encontró apoyo entre los artesanos republicanos radicales de Bogotá, pero que causó que muchas élites liberales apoyaran dedicadamente a los conservadores. En el Cauca, los conservadores, redefiniendo la guerra civil como un estallido de vandalismo criminal, se vengaron de los recién acuñados ciudadanos-soldados-trabajadores afrocaucanos al hacer más estrictas las leyes de vagos y maleantes, reinstaurar la pena de muerte y tratar de vedar las sociedades democráticas. Aunque los derechos sufragistas no fueron abolidos, la meta era privar del derecho al voto a los exesclavos y para ello se usaron una variedad de medios, incluido el terror. Los liberales pagaron caro el haber subestimado el peso de las comunidades indígenas, pero los conservadores no fueron lo suficientemente astutos para diseñar una contraparte a las sociedades democráticas, a fin de cimentar una alianza con los resguardos indígenas.

A finales de la década de 1850, Tomás Cipriano de Mosquera, líder de los conservadores del Cauca antes de 1848 y descendiente de la “familia real de Nueva Granada”, guió con la insurgencia liberal. Junto al clan conservador de los Arboleda, con quienes tenían estrechos vínculos, los Mosquera eran los mayores terratenientes de la región. Mosquera luchó bajo el mando de Bolívar y ocupó importantes puestos bajo los gobiernos protoconservadores, pero en su puja para derrocar a Mariano Ospina desertó para irse al lado liberal y buscó aliados entre los afrocaucanos, indígenas y pobladores antioqueños. Los liberales pidieron revocar las leyes de vagancia, la pena de muerte, a la vez que demandaron detener la arremetida contra los resguardos indígenas. Reconocieron el autogobierno de las comunidades a través de la Ley 90 de 1859, protegieron a los pobladores antioqueños de los especuladores (con quienes el conservador Ospina tenía conexiones personales) en la zona montañosa de Quindío y congelaron, asimismo, los impuestos de consumo sobre el licor.

Como los conservadores no lograron forjar alianzas duraderas con las comunidades indígenas, los liberales le sacaron provecho a las masas de seguidores afrocaucanos para derrotar a sus rivales en una guerra civil (1860-1863) en la que, de acuerdo con un conservador, las tropas de Mosquera estaban “compuestas de negros, zambos y mulatos, asesinos y ladrones del Valle del Cauca”. Las fuerzas populares de piel oscura pelearon bajo el mando de Mosquera, aunque de los grupos indígenas, solo los Páez (Nasa) se pusieron abiertamente del lado de los liberales. Los conservadores alienaron a los antiguos aliados indígenas, al reclutar a hombres adultos y colgar a aquellos que se resistían. Contaban con una base de apoyo de parte de los minifundistas mestizos y de algunas veredas o pueblos antioqueños.

Una vez que Mosquera asumió la presidencia en 1863, el Cauca se convirtió en la región a la cabeza, ya que Mosquera le devolvió los derechos sufragistas a los estados (devolviendo así el derecho al voto de los afrocaucanos), embargó las tierras de la Iglesia, descentralizó la Constitución, abolió las leyes de vagos y la pena de muerte y reconoció tanto los resguardos indígenas como los derechos de los pobladores. Los magistrados y diputados en la legislatura estatal, así como los presidentes estatales y los concejos municipales, eran elegidos cada dos años. Los liberales controlaban los resultados de las elecciones estatales, pero los conservadores ganaron puestos en las legislaturas y compitieron en las elecciones locales.

La combinación de políticas liberales, supremacía electoral e irrupción de la democracia popular radical y participativa dentro del Partido Liberal obligó a que surgiera un conservadurismo más intransigente, clerical e internamente colonial. Con la división entre las élites liberales y sus aliados subalternos siguiendo líneas raciales y de clase, y con el aumento en los enfrentamientos sobre los significados de una democracia republicana a finales de la década de 1870, se había llegado a los límites de la alianza entre liberales y sectores subalternos.