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PRÓLOGO

Poco a poco, el lenguaje claro está ganando espacio en la agenda pública iberoamericana. Aunque el proceso comenzó en los primeros años del siglo, su influencia adquirió mayor visibilidad en la última década. En distintos países de la región, se han desarrollado experiencias, más o menos sistemáticas, de clarificación de los documentos jurídicos y administrativos. Un grupo cada vez más numeroso de personas e instituciones, vinculadas en general al sector público, han comenzado a organizarse en redes de trabajo para intercambiar puntos de vista y antecedentes. Justamente en eso radica la importancia del libro Por el derecho a comprender. Lenguaje claro. Es una de las primeras obras colectivas, producidas por intelectuales de Iberoamérica, que ofrece una mirada integral acerca de la necesidad de esclarecer los textos legales.

En los siguientes capítulos de esta obra, el lector encontrará un análisis de las características centrales del lenguaje claro, un compendio de argumentos que explican la urgencia de introducir elementos de clarificación del lenguaje jurídico y administrativo, una descripción de las principales iniciativas puestas en marcha en la región, un pormenorizado catálogo de estrategias discursivas para alcanzar ese objetivo y una colección de herramientas concretas para poner en práctica estrategias de clarificación discursiva.

Otra riqueza del libro está relacionada con la pluralidad de puntos de vista. La argumentación jurídica se amalgama con el análisis lingüístico y con la descripción de contextos históricos, sociales, políticos e institucionales para elaborar un abordaje interdisciplinario de la cuestión.

Por todo ello, este volumen está llamado a convertirse en una herramienta vital para el desarrollo del movimiento del lenguaje claro en la región; cuyo objetivo es extirpar de la escritura jurídica y administrativa aquellos elementos que enrarecen innecesariamente los textos. Dicho de otra manera, el lenguaje claro supone remover los procedimientos y las costumbres que hacen más opaco al discurso legal y que amplían la distancia entre el enunciador legítimo y el resto de la comunidad. Solo así se podrá devolver a los textos legales su condición de dispositivos de comunicación, es decir, que puedan explicar a las personas aquellas decisiones que afectan sus vidas, sus bienes y su libertad.

En concordancia con lo anterior, el trabajo que llevan adelante las personas y las instituciones que promueven el esclarecimiento de la redacción jurídico-administrativa siempre supone, en una primera instancia, generar conciencia del problema; remarcar que si una persona no comprende la ley (y todos los textos que se desprenden de su aplicación) no puede ejercer sus derechos de forma integral y, por lo tanto, sufre una grave discriminación.

Durante años, las administraciones públicas y muchas organizaciones privadas han elaborado sus documentos sin considerar a sus destinatarios concretos. Ponían el énfasis en la creación de un efecto de imparcialidad en los textos, trataron de dotarlos de mayor precisión terminológica y buscaron vincularlos estilísticamente con los discursos fundadores. Sin embargo, en este proceso —que hasta cierto punto era razonable—, se perdió de vista al lector o, por lo menos, al destinatario lego de los documentos legales; aquel que no tiene una formación especializada en la materia, pero que debe soportar —para bien o para mal— las consecuencias de las decisiones judiciales o administrativas.

Para evitar que el lenguaje legal se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos, en lugar de posibilitar su divulgación, no queda más alternativa que poner nuevamente en el centro de las preocupaciones a la comunidad, a los ciudadanos comunes y corrientes, a las personas de carne y hueso. En esta tarea, los profesionales encargados de elaborar este tipo de textos tienen una función imprescindible: volver a pensar en los lectores específicos de los escritos legales, poner en práctica estrategias discursivas que faciliten la comprensión y dejar de lado de una vez por todas aquellos elementos que solo generan confusión y distancia.

Por supuesto, esto no significa que los documentos jurídicos y administrativos tengan que vulgarizarse ni que la imparcialidad y la precisión técnica deban considerarse batallas perdidas. Eso provocaría un daño tan severo como el que pretende subsanarse. La claridad no se opone a la precisión; por el contrario, la favorece. Tampoco pretende ocultar la dimensión institucional de los textos legales.

Busca incorporar elementos discursivos que faciliten la comprensión de aquellos lectores sin formación específica y, paralelamente, despojar a los enunciados legales de los rasgos que únicamente aportan opacidad como los arcaísmos, la sintaxis barroca, la alteración del orden natural de la oración, el empleo anárquico de marcas gráficas, entre otros procedimientos descritos con gran precisión en los artículos que conforman este volumen.

Insisto en que una de las principales virtudes del presente libro reside en la diversidad de perspectivas. No solo se desarrollan argumentos jurídicos para fundamentar el derecho a comprender que tienen todas las personas, también se proponen líneas de acción específicas para que los enunciadores legítimos puedan adecuar sus producciones a las competencias discursivas medias de la ciudadanía. Asimismo, se deja en claro que no solo hay que concretar un trabajo sobre el nivel lingüístico de los enunciados, sino sobre todas las materias significantes que componen los documentos e, incluso, sobre la forma en que los escritos llegan a la gente.

El desafío no es menor, porque dotar de mayor claridad a los documentos implica cambiar prácticas de escritura arraigadas durante muchos años, introducir criterios de diseño innovadores y replantear los modos de circulación de los mensajes. No obstante, a diferencia de otras reformas que están pendientes en la región, la clarificación del discurso legal no requiere grandes inversiones económicas, sino más bien un cambio en la actitud personal e institucional hacia los usuarios de los sistemas jurídicos.

Cada persona desde su espacio profesional y personal puede hacer algo para favorecer la comprensión mutua que, en definitiva, es la clave de una vida social pacífica, democrática y justa.

Leonardo Altamirano

Córdoba, Argentina

31 de enero de 2021