Читать книгу Desde la universidad a la sociedad - Patricio Donoso Ibáñez, Ignacio Sánchez Díaz - Страница 65

La necesidad de una superintendencia

Los recientes problemas sucedidos en la Universidad del Mar y la constatación de que varios de ellos no son únicos en el sistema requieren un análisis en detalle de cuáles son las soluciones más urgentes de abordar.

La primera es poner en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior (SES), cuyo proyecto está en el Parlamento desde hace más de un año, sin que se conozcan avances en el tema. Sin una institución de esta naturaleza: autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación y cuyas autoridades se elijan por el sistema de Alta Dirección Pública, parece difícil lograr una adecuada fiscalización del sistema. Hay, además, cuatro áreas imprescindibles de abordar en ella: fiscalización económica y financiera; recopilación, organización y publicación de información de interés público; recepción de reclamos y sugerencias de las familias y estudiantes, y fiscalización de aspectos relacionados con la calidad de las instituciones de enseñanza superior.

En primer lugar, es imperioso que la entidad fiscalice los aspectos financieros y de gestión de las instituciones, sin lo cual es imposible hacer cumplir la normativa vigente que prohíbe el lucro en las universidades, y –por supuesto– que la SES pueda contar con los instrumentos y mecanismos adecuados para hacer cumplir la ley. En el proyecto que está en el Parlamento se requiere, por ejemplo, modificar la autorización de realizar contratos con empresas relacionadas. Las actuales condiciones exigidas, como son definir precios de mercado, con transacciones autorizadas por la mayoría de los directores y el rol fiscalizador de la futura SES, no representan una real garantía para evitar el lucro en las universidades. Se hace necesario, además, velar por la correcta utilización de recursos públicos y traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.

Se hace necesario velar por la correcta utilización de los recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.

Desde la perspectiva de reunir y publicar la información relativa a las instituciones de educación superior, es necesario realizar una integración de las diversas fuentes disponibles (SIES, Mi Futuro, Índices, Valor Futuro), con verificación de los datos que se obtienen de los reportes autónomos. Junto con recopilar la información existente, es necesario reunir datos y antecedentes que hoy no están disponibles. A modo de ejemplo, en materia de empleabilidad y remuneraciones la información es agregada, y no por institución, lo que resulta insuficiente para la toma de decisiones por el estudiante. La información acumulada tendría que tener un modo explícito de ponerla a disposición del público.

El rol de la SES de recibir, evaluar y sancionar –si así lo ameritan– los reclamos realizados por los estudiantes y sus familias contra instituciones de educación superior, es un cambio significativo respecto de la situación actual, en que esta función está a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. La SES está llamada a colaborar con la Comisión Nacional de Acreditación en el sistema de aseguramiento de la calidad, por lo que esta información contribuye a resguardar que los proyectos educativos cumplan con estándares de seriedad y confiabilidad. A su vez, esta calidad se puede resguardar a través de la fiscalización de las agencias privadas de acreditación de programas (nacionales y extranjeras), del registro de la creación de nuevas sedes y carreras y de la supervisión del cumplimiento de las exigencias, aumentando así la transparencia del sistema.

Todo lo anterior avala la urgencia de avanzar en esta iniciativa legal, la que está muy relacionada con la propuesta de una nueva ley de Acreditación de la Educación Superior. Es importante reiniciar el debate en el Parlamento, con el aporte de todos los actores, para perfeccionar la ley. Es la manera de iniciar un año de compromiso con un trabajo conjunto, destinado a avanzar en la calidad y equidad de la educación superior que el país es capaz de entregar a sus estudiantes. Este es un factor decisivo para un desarrollo integral y sustentable de nuestra sociedad. Son miles de jóvenes y sus familias los que esperan nuestro aporte.

Publicado en el diario La Segunda el 3 de enero de 2013.