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Acuerdos de paz en medio de la confrontación bélica

Dos situaciones marcan el cierre de los ochenta: la desmovilización y transformación de algunas guerrillas en organizaciones partidistas y la llamada guerra al narcotráfico a partir del gobierno Virgilio Barco (1986-1990). Esta segunda situación abre un periodo de violencia que afecta a toda una nación cautivada, y en parte con su propia anuencia, por las ansias del dinero a cualquier costo y el cinismo de esa “pequeña casta oligárquica [que] ha dominado históricamente la política colombiana”,1 a la que con categórica puntualidad se refiriera David Bushnell. Como era de esperarse, los únicos beneficiados serían los señores de la guerra sucia. La introspección de este segmento de la fatalidad colombiana, cuya fascinación hala a nacionales y foráneos, resulta bien difícil dado que pululan las argumentaciones acerca de las causas estructurales o coyunturales que engendraron esa situación conflictiva. De hacerlo se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora. Sin hacer gala de una novedad, aquí se ha escogido el grifo de la recapitulación de esos procesos de reinserción a la vida civil de algunas guerrillas. Son muchas las ocasiones en las que estas y el Estado se sentaron en la mesa buscando ponerles fin a sus diferencias; y cuando las negociaciones no funcionaron, la arremetida fue aún peor, llevándose por delante vidas y esperanzas, al tiempo que avivaban la confrontación hasta ­épocas recientes. Si la paz ha estado siempre en el horizonte común, cada bando la ha concebido diferentemente. Casi replicando en la distinción que de una paz negativa y otra positiva hicieran Bobbio y Matteucci, es la primera la que más añora todo Gobierno cuando solo desea la simple ausencia de la guerra, mientras que la segunda es la de las organizaciones del tipo guerrilla, para las cuales el fin de las hostilidades debe ir acompañado del reconocimiento a las demandas que las llevaron a alzarse en armas.2

El Movimiento 19 de Abril, su ascendencia en la Colombia de la década del ochenta

Al finalizar los años setenta y comenzar los ochenta, el Movimiento 19 de Abril (m-19) fue el grupo guerrillero con mayor retumbo, debido a la envergadura de sus acciones contra el establecimiento y a su capacidad para obtener simpatías entre las clases populares. Un decenio más tarde, en el marco de unas nuevas negociaciones de paz este grupo va a acaparar de nuevo toda la atención; por un lado, por las simpatías que recogía entre una porción de la clase media en las principales aglomeraciones urbanas, claramente próxima al mundo académico y la cultura; por el otro lado, por ser el primero en decirle adiós a la guerra. Al respecto explicaba Jaime Zuluaga Nieto: “no era la guerrilla más numerosa, ni la más fuerte militarmente. Pero, sin duda alguna, era la que había abierto el camino de la recuperación de la política para el movimiento insurgente y la que más había contribuido a romper su carácter marginal”.3 Y algo más, la decisión del m-19 se acompañaba de la expectativa de una nueva alternativa política que quebraría el bipartidismo, lo cual no habían logrado otros procesos previos de izquierda ni otros ajenos a ella.

La negociación final con el m-19 tuvo lugar en el caserío de Santo Domingo, Cauca, principal centro de sus operaciones. Tras una última “conferencia” o serie de diez encuentros el 5 de octubre de 1989, el turno le correspondió al Gobierno, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y a algunos emisarios de diferentes instituciones políticas y sociales, quienes firmaron el 2 de noviembre el que llamaron Pacto Político por la Paz y la Democracia.4 Este pacto luego va a materializarse el 9 de marzo de 1990 con el desarme en la población de Caloto (también en el Cauca). Refiriéndose a este acontecimiento, Jaime Rafael Nieto encontraba una importancia en dos sentidos:

Histórico, pues con la desmovilización del m-19 era la primera vez que una guerrilla surgida en el contexto del Frente Nacional, y cuya estrategia se orientaba a derrocar al Estado, renunciaba a la continuidad de la guerra como estrategia de lucha por el poder y aceptaba incorporarse a las instituciones básicas del régimen político, convirtiéndose en movimiento político legal. Sin embargo, la mayor importancia se revelaba en el contexto inmediato de la política nacional. Con la dejación de las armas y la desmovilización de sus destacamentos, el m-19 lograba capitalizar a su favor el sentimiento nacional por la paz y, en buena medida, encarnarlo, en un momento en el que la violencia polivalente y múltiple se exacerbaba.5

Un argumento esgrimido por las guerrillas cada vez que han negociado es el de no estar débiles militarmente. El m-19 no pensaba lo contrario, solo que una vez en la legalidad deberían superar la praxis militar y darle paso a la deliberación ideológica. No es que omitiera el aspecto político, pues este subsiste en el imaginario estimulado en los programas y los discursos de la subversión, es en últimas el leitmotiv de su accionar. En el caso específico del m-19, la predominancia de lo militar tuvo lugar durante el mandato de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien aplicó un proyecto arbitrario, y al que adhirieron el bipartidismo, la cúpula militar y los gremios económicos. Es luego, con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) y su estrategia de paz, que el m-19 le bajó a su rebeldía, con excepción de una acción con muy altos costos a finales de 1985 —y respecto a lo cual ya habrá oportunidad de hablar—. Al promulgar una Ley de Amnistía (Ley 35 del 19 de noviembre de 1982), y con la premisa de que el clima de violencia deterioraba las instituciones políticas y frenaba el desarrollo socioeconómico, dicho gobierno recogió un apoyo entusiasta en el comienzo, lo que el propio comandante del m-19 para la época, Jaime Bateman Cayón, reconoció: “El pueblo, entre el m-19 y Belisario Betancur, escogió a Betancur […] porque hasta cuando [él] apareció […] la alternativa éramos nosotros”.6 Precisamente la amnistía estuvo dirigida al m-19 en tanto la había reclamado, pero fue este mismo grupo el que la rechazó en 1983, frenando así las adhesiones de una parte del establecimiento al plan de paz del Gobierno, y de la población, que no perdía la esperanza y continuaba pintando palomas blancas en los muros. Falto de tacto, el m-19 perdió la ventaja política y estratégica que recogiera frente al resto de guerrillas. Así lo advirtieron con precisión Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo: “[…] no supo diferenciar entre la estrechez habitual del régimen político colombiano y la amplitud coyuntural del gobierno Betancur”.7

Por su postura, al m-19 solo le quedó seguir la lucha armada, sin certeza de si esa vía le daría réditos políticos. “Que la política estuviera en una relación táctica de subordinación frente a la guerra, no quería decir que el m-19 la desestimara; de hecho, le era muy importante y, en algunas circunstancias, decisiva. Es por ello que luego de la amnistía, haría esfuerzos desesperados por reinsertarse en el campo de la política. Pero otra vez, claramente desde la guerra”,8 estimaba Nieto. A esta organización se le cerraron los espacios político y militar; por un lado, se convirtió en la prioridad a combatir por parte de las fuerzas militares; por el otro, otras guerrillas aceleraron su expansión territorial, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (farc-ep), salvo que estas comenzaban acercamientos con el Gobierno. Pese a todo, el m-19 mantuvo comunicación con representantes del Ejecutivo, que a pesar de tener la opinión en su contra no clausuró las puertas de entendimiento. Es así como en 1984, nuevamente con el respaldado de la jerarquía de la Iglesia católica y de algunas personalidades, Betancur aprobó la Comisión de Paz,9 que tuvo a su cargo promover el cese al fuego y los diálogos con las farc, el Ejército Popular de Liberación (epl) y el m-19. Sin que parasen los enfrentamientos entre este último y el ejército, en agosto del mismo año llegaría a un acuerdo con el Gobierno. Reiterando con Nieto, “el mayor triunfo político se lo anotó el m-19 al incorporar como eje central del acuerdo la propuesta del Diálogo Nacional, la cual se había convertido en la principal bandera política del movimiento luego de la experiencia de la amnistía”.10

El grupo aprovechó la pausa para ajustar su estrategia militar y desacreditar la estrechez e inercia del sistema político. Enterado de las dificultades de ­Betancur para lograr la paz, convidó a las fuerzas vivas del país a su Diálogo Nacional, tanteando así la disponibilidad del Gobierno y la facultad del mandatario de darle vía libre, en palabras de Patricia Lara, a “ese gran debate político que tendrá por temas centrales: la discusión y desarrollo democrático de las reformas políticas, económicas y sociales que requiere y demanda el país”.11 Aunque según Ramírez y Restrepo: “buscaba, más bien, llevar a Betancur hacia la ruptura con la oligarquía, el bipartidismo y las Fuerzas Armadas. De no lograrlo, lo desgastaría y lo obligaría a replegarse a estas mismas fuerzas. Dentro de esta perspectiva, después de cada concesión gubernamental, el m-19 proponía nuevas metas, siempre más arduas. Quizás, de acuerdo con su concepción, el propósito no era tanto el de consolidar la paz cuanto desenmascarar a Betancur o ganar un nuevo espacio de legitimidad política para la lucha armada”.12

En la segunda mitad de su mandato Betancur no controlaba toda la situación. Esto lo observa Daniel Pécaut, pues si tras el acuerdo con el m-19 esperaba recuperar su imagen y avanzar en la extensión del régimen, “por el contrario, todo parece detenerse […], Betancur mismo parece vacilar, como si se sintiera amenazado por fuerzas opuestas. Por un lado, las de algunas elites civiles que manifiestan una hostilidad sin matices a los acuerdos: Belisario Betancur los acusa de incitar secretamente a los militares al golpe de Estado. Por el otro, la de las guerrillas que parecen utilizar el cese al fuego para acrecentar su potencial militar y político”.13 Además, en materia legislativa la situación no era del todo mejor, puesto que el Partido Liberal controlaba el Congreso.

La toma del Palacio de Justicia, fiasco y punto de no retorno

El promocionado Diálogo Nacional fue un descalabro. Primero, el bipartidismo desatendió la invitación estimando que se le daba al m-19 mucho espacio político; aunque se sabe que la razón principal no era otra que impedirle a una nueva fuerza ingresar a un sistema engendrado y mantenido por dos partidos. Segundo, según lo sugiere Pécaut: “el m-19 revelaba su incapacidad para desencadenar un movimiento político nacional de masas alternativo al sistema político tradicional […]. Las simpatías y expectativas producidas por las hazañas de la guerra no se traducían en nuevas formas de participación y acción políticas, tanto por el papel secundario que la estrategia les asignaba a estas como por la fragilidad misma de tales simpatías”.14 Lo mismo propone Marco Palacio: el m-19 “perdió perfil político y demostró incompetencia intelectual en las pocas mesas de trabajo del Diálogo Nacional”.15 Tal situación llevó al grupo a buscar apoyo en las barriadas de Bogotá, Cali o Popayán, nutriendo de paso su estructura armada, al convencerse de que con Betancur no se daría la paz. Fiel a sus golpes de opinión, selló la tregua con la acción más nefasta en su existencia e indistintamente aciaga para la historia del país: la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, bajo el pretexto de enjuiciar simbólicamente al presidente por incumplir los acuerdos un año atrás. Esa operación eufemísticamente nombrada “Antonio Nariño”, realizada por la compañía Iván Marino Ospina16 y que el ejército repelió con todo su poderío alegando preservar la democracia, se saldó en una masacre cuyo ­estruendo repercute todavía hoy. Al m-19 le fue difícil restablecerse de su aventura y se vio obligado a dar el primer paso en pos de un diálogo para salir del aislamiento al que quedó confinado.

Si camino a su desmovilización una primera etapa comprende los primeros acercamientos con el gobierno Betancur y el rechazo a la amnistía y una segunda etapa va del Diálogo Nacional a la toma del Palacio de Justicia, convendría incluir una tercera y definitiva que inicia, como perpetuando su estampa, con el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado17 en mayo de 1988. Al liberarlo, le envió un comunicado al nuevo gobierno del liberal Virgilio Barco Vargas (1986-1990), manifestándole su deseo de firmar la paz y pidiéndole garantías. Al mismo tiempo, como una prueba de sinceridad declaró unilateralmente un cese al fuego. Lamentablemente el problema era de otra horma; un nuevo cáncer, el narcotráfico comenzaba a hacer metástasis en la sociedad colombiana. En adelante a la pesquisa de la paz se yuxtaponía la búsqueda de soluciones para un fenómeno suplementario y respecto al cual ni el Gobierno, ni las elites, ni las demás guerrillas, ni tampoco la denominada comunidad internacional tenían medidas eficaces. Además, como cada nuevo presidente con su respectiva prioridad, lo que iba a primar era el crecimiento económico. Sin desarmar los esfuerzos de Betancur en materia de paz, para Barco toda negociación debía contenerse en su Plan de Economía Social.18

Tecnócrata y devoto del liberalismo de Robert Solow y de John Rawls, Barco encontró en la negligencia frente a la erradicación de la pobreza, al fomento al desarrollo de las zonas marginales y a la atención al campesinado la causa de la expansión guerrillera. También, buscando encauzar el sistema político, quebró la distribución equitativa de cargos entre los partidos Liberal y Conservador heredada del Frente Nacional e instauró un “esquema Gobierno-partido de oposición”.19 Fue a su gobierno al que le correspondió aplicar en 1988 uno de los acuerdos convenidos entre su antecesor y las farc, la elección popular de alcaldes. Pero, como se dijo, el problema era la violencia incontrolable, que paradójicamente coincide con la dinamización de la economía. Y esa violencia no era el producto exclusivo de las acciones de la frágil unidad de las guerrillas o mejor conocida como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (cgsb),20 sino también de la reaparición de los paramilitares y de la alianza gamonales-narcotraficantes-terratenientes.

El giro de posición del m-19 se dio en una reunión de comandantes denominada “Encuentro de la Esperanza” finalizando 1987 y principiando 1988. Tal como lo relató un participante: “allí se definieron nuevas reglas y se concluyó que la guerra no era contra las Fuerzas Armadas sino contra la oligarquía. Fue así que se preparó el secuestro de Gómez Hurtado”.21 Dirigente que tras recobrar su libertad convocó a un encuentro por la “Salvación Nacional”.22 Pese a la desconfianza del bipartidismo y del sector productivo, en septiembre de 1988 y tras la labor de la Comisión de Convivencia Democrática, creada en agosto, Barco expuso un Plan de Paz, constituido por cuatro fases: la distensión, la transición, la incorporación definitiva a la vida civil y los diálogos regionales que posibilitasen la cohabitación.23 En un principio el m-19 no acogió el grueso de ese plan, pero fue el único que mantuvo la tregua, ya que las farc y el epl la zanjaron. En remplazo de Jaime Bateman Cayón,24 Carlos Pizarro Leongómez va a declarar: “la paz es el espacio donde se pueden perfilar y construir los nuevos liderazgos nacionales. Lo fundamental hoy es ganar la concertación [para] avanzar hacia una sociedad democrática más fácilmente que una victoria revolucionaria, que por la polarización del conflicto conduce a negar al otro y prolongar la confrontación aun después de la toma del poder. El objetivo es ese: concertar para ampliar la presencia de nuevas fuerzas en la nación”.25

El 16 de diciembre, Barco autorizó el inicio de los diálogos, para los que ya estaba dispuesto el m-19, lo que se explica tanto por las situaciones descritas como por las particularidades del mismo grupo. Dicho por Nieto: “el perfil reformista, nacionalista y populista que desde un principio caracterizó la plataforma programática del Movimiento 19 de Abril, así como la heterodoxia ideológica de la cual hacía gala desde su fundación, le imprimían al proyecto proyecto político una gran flexibilidad, así mismo, a desarrollar una mayor sensibilidad frente a los cambios que se sucedían en la coyuntura política e ideológica nacional e internacional, los cuales eran asimilados rápidamente por este”.26 Según Nieto, la razón que primó sobre las demás fue la voluntad del m-19 de ponerle fin a la lucha armada, y recoge un pronunciamiento de Pizarro Leongómez que corrobora su tesis: “para uno poder negociar tiene que haber preparado históricamente a su organización para negociar. Y creo que la única organización preparada históricamente para negociar es el m-19”.27

El compromiso con la democracia

Con el proceso de paz con el m-19, que duró más de un año, Barco se jugó su reputación. De allí que, firmada la paz, fuera él quien obtuviera los mayores dividendos. Lógicamente de lado y lado los objetivos eran disímiles; si para el Ejecutivo la finalidad del proceso era la desmovilización, para el m-19 el objetivo era transformarse en un movimiento partidista legal. En el marco del Segundo Encuentro por la Paz28 convocado por diferentes sectores, el Gobierno y el m-19 llamaron a la participación de otros grupos políticos al proceso de paz. Paralelamente y mediante una serie de declaraciones, invitaron también a las demás guerrillas a constituir mesas de diálogos, sin eludir el rechazo a los asesinatos políticos.29 Fue precisamente en la cuarta declaración, del 17 de marzo, y pese a la caótica situación, que el Gobierno y el m-19 convinieron como superada la fase de distensión y anunciaron los preparativos hacia la desmovilización. Para esta fase Barco aprobó el 3 de abril las Mesas de Trabajo por la Paz y la Reconciliación. Fue allí donde el m-19 dio a conocer los que fueron sus tres principales puntos: la elaboración de una nueva Constitución, un plan de desarrollo social y económico concertado con cada región y la puesta en marcha de una política de cohabitación fundada en la unidad nacional y la soberanía. A estas mesas les siguieron las Mesas de Análisis y Concertación, en las que otros sectores del país debatieron dichos puntos y otros más.30

Aunque las “mesas” produjeron mejores frutos que el Diálogo Nacional, hay un escollo mayor al cual se refirió un dirigente que participó en estas:

Expresaban el acierto de querer vincular, mediante los partidos y organizaciones sociales, a la sociedad civil como parte activa en la busca de la paz. La debilidad de este proceso, que partía de la propia debilidad del m-19 de entonces, se expresaba en que los acuerdos de las referidas mesas y los mismos acuerdos Gobierno/m-19 estaban sometidos a la aprobación del Congreso de la República, máxima expresión del viejo bipartidismo y de la democracia restringida que se pretendía superar.31

Claramente el Gobierno no podía ofrecerle al grupo cosa distinta a la logística y las garantías para su desmovilización, ya que solo el Congreso tenía potestad para validar las reformas. Como lo sugiere William Ramírez “las salvedades a la reforma se escondían, sin duda, tras una hábil evasiva procedimental. Dejarle al Congreso el estudio sobre la conveniencia de eventuales demandas económicas, sociales y políticas era librarlas al tamiz de unos intereses cuya inmediatez y credo personalista y de grupo la desfigurarían o pospondrían indefinidamente. Mientras tanto el Gobierno habría hecho pública prueba de atención a lo que en sí mismo le competía dentro del proceso, y de su respecto a la división constitucional de los tres poderes”.32 Las armas no le habían dado el poder al m-19, y el desarme, si tal era su intención, constituía la antesala para buscar conquistarlo legalmente, y entre lo uno y lo otro el trecho era gigante. De mayo a octubre de 1989 las partes lograron un consenso que sellaron con la firma del ya mencionado Pacto Político por la Paz y la Democracia.

Finalizando ese mismo año el Congreso cedió y debatió un proyecto de ley presentado por el Gobierno que incluía puntos acordados con el m-19; dos cobraban un alto significado: la creación de una “circunscripción electoral” exclusiva para los grupos que abandonaran la lucha armada y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que sepultara la aún vigente Constitución de 1886. Otros puntos hablaban de reformas económicas, de la justicia, y de las garantías a los reinsertados. Sin embargo, por divergencias entre parlamentarios y representantes del Gobierno en torno a algunos puntos acordados, el Ejecutivo debió retirar la propuesta, lo que casi estropea el ­proceso de paz. Pero el problema de fondo residió en una coyuntura: en aquellos momentos el Congreso tramitaba un proyecto difícil de asir, la extradición. En efecto, “los partidos Liberal y Conservador avalaron en las Mesas de Análisis y Concertación las propuestas de favorabilidad política como parte del acuerdo de desmovilización, pero se resistieron a su aprobación en el Congreso. Incluso sacrificaron la reforma constitucional que consagraba el acuerdo político con el m-19, con tal de no renunciar al artículo que prohibía la extradición de los colombianos, en una abierta concesión a los intereses de los narcotraficantes”.33 El golpe fue doble, para el m-19 que vio cómo el Legislativo renunció a reformar el sistema político, para Barco que quería a los narcotraficantes tras las rejas, pero en Estados Unidos.

A pesar de estar apocada, la dirigencia del m-19 permaneció en la mesa, “tal actitud política, le permitió […] no solo proyectar una imagen de movimiento serio y cabalmente comprometido con el proceso de paz, por contraste con las vacilaciones y discrepancias al interior del régimen político, sino, además, alzarse con la bandera de la paz y la reforma democrática”.34 Reconciliado con la opinión nacional recuperó respaldos y buscó pesar en el escenario político, pese a las zancadillas que le pusiesen Gobierno y Congreso. El 22 de diciembre de 1989 el Gobierno concedió el “derecho de gracia” a los combatientes, pero por clausura de la legislatura la sanción de la ley fue aplazada hasta el 22 de enero de 1990. Algunos comandantes aprovecharon ese lapso para presentarse en público, principalmente Bogotá, sensibilizando a la población del inminente desarme y allanando el terreno para las elecciones locales venideras donde estarían presentes.

La desmovilización del m-19 tuvo un efecto adicional. En medio de una violencia generalizada y de la desconfianza de una clase política preocupada por el cómo no perder sus privilegios, el Pacto Político por la Paz y la Democracia determinó los debates de meses y años subsecuentes en el seno del sistema político. Del decálogo que comprendió dicho pacto, los cuatro últimos puntos atañían a las garantías de seguridad y al cumplimento de los acuerdos, los seis primeros eran: la búsqueda de mecanismos para realizar reformas constitucionales o el llamado al pueblo soberano para una Asamblea Constituyente; la apertura política a otras fuerzas; la consolidación del Fondo Nacional de Paz; la reforma en el procedimiento electoral que incluya un tarjetón y un cubículo de votación; la creación de una comisión para reformar la justicia; la conformación de un grupo de investigación y no gubernamental que aborde la problemática del narcotráfico. Así, el m-19 entraba de lleno en la carrera electoral del 11 de marzo en alianza con movimientos políticos, ese fue el germen de la Alianza Democrática m-19 (ad m-19).

El Ejército Popular de Liberación: una Constituyente en el corazón del maoísmo

De las organizaciones guerrilleras que se desmovilizaron comenzando los años noventa, el epl era la más sólida. Creada en 1968, y a diferencia del m-19, era el brazo armado del clandestino Partido Comunista de Colombia – ­Marxista-Leninista (pcc-ml), fundado en 1965 tras la escisión prosoviéticos versus prochinos, y conformado principalmente por exmilitantes de la Juventud Comunista (juco) expulsados del Partido Comunista Colombiano (pcc).35 Como parte de los grupos que acogieron la propuesta de paz de Betancur, le dio vida al Frente Popular,36 movimiento que integraron sindicatos, asociaciones campesinas y organizaciones locales. Como con el m-19 o el Movimiento Armado Quintín Lame (maql), cuando el epl inicia su proceso hacia la desmovilización, su capacidad no está en duda, y esto fue confirmado por el exgeneral Tovar Sánchez: “para abril de 1990 el epl podía considerarse la segunda organización armada del país: superaba en el número de hombres al Ejército de Liberación Nacional (eln), en los últimos seis años había incrementado su número de frentes de cuatro a diecisiete, y hacía presencia en Antioquia, Bolívar, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y Córdoba, donde llevaba un año dedicado a fortalecerse”.37 Fue quizás por su capacidad y presencia que no solo afrontó la ofensiva del Ejército, sino también la de los grupos paramilitares que le disputaban el territorio.

En la historia del movimiento guerrillero colombiano, el epl encarnaba una de sus versiones más radicales. Su filiación a un partido clandestino —el pcc-ml—38 originaba el vínculo teoría y práctica revolucionarias; hasta el punto de que hacia 1990, cuando sus representantes discutieron con emisarios de los Gobiernos sucesivos de Barco y de César Gaviria Trujillo, el tema de la entrega de armas no fue tratado. Sin embargo, frente a lo que adujera el exgeneral Tovar Sánchez, o el exministro de Defensa Pardo Rueda, para quien los grupos desmovilizados que sufrieron “reveses de carácter estratégico en el campo militar, el m-19 en el Cauca entre 1985 y 1989, y el epl en Córdoba en 1990, [y] han recibido todo el peso de las acciones militares por periodos prolongados”,39 deben considerarse otras causas. Es cierto que el epl fue casi exterminado, pero una década atrás, pues para la segunda mitad de la del ochenta fue el grupo que mayores golpes le propinó al Ejército. Fueron ante todo las divisiones internas, lo que Pardo Rueda no desconoce pero apenas menciona, generadas por el tire-afloje del proceso de paz las que lo llevaron a renunciar a su proyecto bélico y a las doctrinas que lo guiaron.

Acatar la línea ideológica o adaptarse al contexto, la disyuntiva

El epl, y en consecuencia el pcc-ml, sacó provecho de la tregua durante la era Betancur. Primero, apareciendo en público, rompiendo con veinte años en la clandestinidad. Por su concepción maoísta, el grueso de sus acciones estuvo destinado a enraizar su línea y su estrategia militar en torno al campesinado de zonas apartadas; paradójicamente, con ello se marginó de los espacios de controversia ideológica, y cuyo centro eran las áreas urbanas, aunque al tiempo lo guareció de las embestidas del Ejército. Segundo, emprendió una serie de debates tocantes a la verticalidad y la falta de democracia presentes en las estructuras partidista y armada; lo cual lo situaba, y muy en contra de las reprensiones hechas por los detractores de izquierda, a la vanguardia incluso de los partidos del régimen que poco habían ahondado en ello. Tercero, elemento sustancial, exhortó a realizar una Asamblea Nacional Constituyente. La estructura político-militar que izase las oriflamas del bolchevismo, del maoísmo e incluso de la causa albanesa, buscando siempre aparecer como la más genuina revolucionaria, generó pasmo con una propuesta que apenas unos años atrás habría llevado a que se la tildase de revisionista y de concierto con la oligarquía colombiana.40

Aunque la propuesta constitucional no fue exclusiva del epl, excedió las ambiciones de su campo donde no era una prerrogativa41 y del bipartidismo donde se contaban las voces en ese sentido.42 La decisión de hacerla pública surgió en el Decimosegundo Congreso del pcc-ml en 1984, caracterizado por una autocrítica al sectarismo, el fomento al acercamiento con el proletariado agrícola43 sin limitarse al campesino raso y los llamados a apartarse del maoísmo y acoger un proyecto de corte socialista. Si bien ese viraje coincide con la llamada transición democrática que tenía lugar en América Latina, es principalmente por los lados de España que se encuentra la explicación, como va a confirmarlo Álvaro Villarraga,44 dados los intercambios con su homólogo, el Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), que lo acercaron a los aspectos de la tradición republicana defendidos por este en su lucha contra las ideas monárquicas y el franquismo, cuya página venía de cerrarse.45 Incidieron también la relación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), de El Salvador, y una relectura del marxismo en su versión gramsciana.

Tras el Decimosegundo Congreso del pcc-ml y un cese al fuego por cerca de un año, algunos de sus dirigentes recorrieron varias regiones del país. Fue la ocasión ideal para dar a conocer su faceta política y promocionar sus cuadros, como Óscar William Calvo46 quien se convertiría en uno de sus jefes ­eminentes. Sin negar un cierto utopismo respecto a la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, el joven dirigente insistiría en su vigencia:

La práctica está demostrando que no puede haber apertura democrática si no hay un organismo legislativo que sea distinto al actual Parlamento burgués; donde pueda participar y decidir el pueblo. Ustedes me dirán que si eso se lograra, ¿entonces estarían dadas las condiciones para la revolución? No, nosotros no estamos proponiendo una constituyente socialista, sino una constituyente democrática. Ahora, que este proceso se encadene con nuestra propuesta y nuestro programa socialista, evidentemente que sí, porque este es solo un elemento parcial a nuestras propuestas de lucha, porque no las agota; porque anhelamos y aspiramos al socialismo.47

Con su proyecto de reforma constitucional el epl hacía uso de un mecanismo típicamente burgués, aun cuando explicara que se trataba de un paso en sus pretensiones políticas a mediano y largo plazo. Fuese por mera estrategia o por pura convicción, la aparición ante la opinión de algunos de sus dirigentes le permitiría también medir su capacidad de convocatoria de cara a las otras fuerzas de izquierda y a sus antagonistas ideológico-políticos. Como se dijo, la tregua de Betancur incluyó al m-19 y a las farc, con quienes buscó acuerdos políticos, en especial con las farc, con las que históricamente las relaciones eran tensas. Sin descuidar el plano militar, estableció lazos con tres organizaciones opuestas al cese del fuego; el eln (que se restablecía de la operación Anorí), el Movimiento de Integración Revolucionaria – Patria Libre (mir-Patria Libre) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt). Pero su ambivalencia de afirmar una ideología con el amparo de las armas y promover un debate abierto no le permitió robustecer la unidad con otras fuerzas políticas de la izquierda, y en momentos de un auge de la movilización social. Cada guerrilla, así como cada partido o movimiento de este campo, valoraba diferentemente la contestación popular, y en el caso de las que acordaron la tregua, la hora no estaba para llamar a un cambio radical; además, si de las alianzas políticas y militares una u otras podían sacar frutos, ninguna estaba dispuesta a ceder la vanguardia que pensaba tener respecto a las demás.

Muy seguramente por la lucha entre egos la propuesta de la Constituyente no tuvo acogida en el seno de la izquierda, fuera esta legal o no. “Al m-19 […] le parecía demasiado programática. Consideraban que al pueblo había que sensibilizarlo con cosas más concretas. En realidad, subestimaron las posibilidades del proceso político. El Partido Comunista se distanció y más bien esperó el surgimiento de la Unión Patriótica para desplegar ideas. La izquierda más radical hizo un frente contra la apertura democrática y la concertación, considerando que los acuerdos eran simplemente un engaño deliberado del sistema”.48 De la parte del Gobierno tampoco podía esperar apoyos, ya que aquel enfrentaba las críticas de quienes juzgaban que su Plan de Paz comprometía la institucionalidad; si hubo quienes estuvieron a favor de una Asamblea Constituyente, era sistemática su oposición a toda iniciativa procedente de la izquierda. En definitiva, para el epl su idea era apenas el mínimo para consolidar la democracia, para efectuar “unas negociaciones firmes con la guerrilla, la eliminación del autoritarismo presidencialista y la corrupción del Parlamento y, finalmente, el protagonismo popular en las decisiones y cambios requeridos”.49

El rompimiento de la tregua entre el epl y el Gobierno, y que coincide con la toma del Palacio de Justicia por parte del m-19, se debió inicialmente a las arremetidas del Ejército en otras zonas donde la organización actuaba, por lo que decide tomarse el municipio de Urrao, Antioquia; pero causa principal fue el asesinato de Óscar William Calvo, el 20 de noviembre de 1985, atribuido a la Brigada N.º 20. Es menester precisar que para entonces la influencia del pcc-ml era determinante en las convenciones colectivas de los sindicatos bananeros y del magisterio, de las que se destaca la jornada de ocho horas. Paralelamente, el Frente Popular gozaba de amplias simpatías entre los movimientos sociales. Es en aquel momento que emergen tres perspectivas en el seno de la tríada epl-pcc-ml-Frente Popular, respectivamente: afianzar la unidad con el resto de guerrillas, mantener la afiliación al maoísmo, dejar abierta la puerta de la negociación; solo que el contexto favoreció a la estructura militar. La paz no fue convidada a las elecciones de 1986, con excepción de las farc y la Autodefensa Obrera (ado) —que participaron a través de la up—, el epl y otras agrupaciones llamaron a la abstención y al saboteo, soportando la ofensiva del Ejército que por ende se les vino. Pero ya en el pcc-ml y el Frente Popular eran inocultables las divergencias que los minaban y cuyo trasfondo era el tema de los medios para conquistar el poder.

Contrastes del partido rígido y el movimiento político flexible

Finalizando 1986, Barco puso fin a los diálogos. Los combates radicalizaron las posiciones, acelerando una nueva unidad guerrillera que se concreta en 1987.50 Para la izquierda radical el nuevo presidente era un autócrata más. Por el contrario, algunos movimientos regionales y locales se entusiasmaron con el Plan Nacional de Rehabilitación, a través del cual el Gobierno realizó acciones sociales y logísticas en zonas con fuerte presencia guerrillera, buscando que las comunidades ganaran en autonomía y participación. Solo que Barco no previó que el clientelismo, la corrupción y la flema burocrática frenarían un “plan” que también se encaminaba a la descentralización administrativa.

1987 fue decisivo para un epl, que sin ceder en su credo revolucionario se proponía dinamizar la movilización social. En enero, el Frente Popular, junto con el movimiento ¡A Luchar!, propusieron un frente de oposición al Gobierno, a este se sumaron algunos movimientos sociales de carácter regional y unos cuantos dirigentes liberales preciados de progresistas. Esta unión propuso la creación del Congreso de Unidad por una Alternativa Popular y Democrática, que en últimas no se concretó. Un mes después, en febrero, caía asesinado su máximo comandante, Ernesto Rojas, cuyo verdadero nombre era Jairo de Jesús Rojas, lo que generó una crisis en el conjunto de la organización partidista y militar, que en un corto lapso había perdido a dos de sus mejores hombres. Los hermanos Calvo sintetizaban no solamente destreza militar y tacto político, sino también audacia al ser quienes iniciaron el debate democrático y la autocrítica en el seno de esta estructura maoísta. Es así como en su homenaje el Pleno del Comité Central del pcc-ml, reunido a mediados de aquel año, decidió reiterar la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y consolidar el Frente Popular, añadiendo, rompiendo con su tradición abstencionista, que el movimiento político participaría en las elecciones de 1988. Aun así, un sector dirigido por Francisco Caraballo, quien se convirtió en el nuevo secretario general del pcc-ml, apuntó: “preparar la insurrección desechando cualquier ilusión en un periodo de lucha pacífica”.51 Debido a la importancia que adquirió el Frente Popular, surgieron dos posturas: la una recalcó que la convergencia con otros sectores no podía hacerse a expensas de la defensa del proletariado ni del descuido a los designios partidistas; la otra, liderada por otro dirigente que emergía, Bernardo Gutiérrez, se distanció del entusiasmo electoral. Mientras toda esta estructura resolvía sus propias contradicciones, las farc, que habían respetado la tregua, dieron marcha atrás a raíz de las balas que comenzaban a empecinarse contra la up.

Para el Gobierno la situación no era mejor, incapaz de responder a dos situaciones que se entrelazaron: la movilización social y la “guerra sucia”. La primera había llegado a su cúspide tal como lo prueba Mauricio Archila sobre el “subperiodo 1980-1990”.52 Las reclamaciones principales fueron la violación de los derechos humanos, atribuida a grupos de extrema derecha, el respeto a las conquistas de los trabajadores y la salvaguarda de la actividad sindical. Relativo a la “guerra sucia”, tímidos fueron los llamados del Gobierno para detener la ola de crímenes. En vano, el entonces ministro del Interior, César Gaviria Trujillo, convidó a las guerrillas a restablecer los contactos; al mismo tiempo, exhortó a las organizaciones sociales a no dejarse infiltrar por aquellas. La respuesta de algunos sindicatos de izquierda al hostigamiento, la violencia y la crisis de su gremio, en parte por las privatizaciones, fue la creación de la Central Unitaria de Trabajadores (cut), que devino la más grande del país. Como era de esperarse, no estaría exenta de rivalidades entre sectores que comulgaban con el reformismo y aquellos que pretendían darle un carácter revolucionario. El ejemplo precursor era que “los poderosos sindicatos bananeros de Urabá se distribuían milimétricamente entre el epl-Frente Popular y las farc-up. [Mientras que] en los sindicatos de los sectores energéticos y de empresas de servicios públicos […], en particular el eln”.53 La influencia de la izquierda se extendió también a otros sindicatos que habían estado bajo la tutela del Partido Liberal.

La irrupción del Frente Popular en las elecciones de 1988 tuvo lugar en las zonas de proyección del epl y el pcc-ml. En otras partes construyó alianzas, por ejemplo en Santander con el movimiento ¡A Luchar! y en el Valle con la up. Al dialogar con organizaciones ajenas al marxismo-leninismo o de corte comunista, el Frente Popular recibió los reproches del resto de la estructura político-armada,54 que, asegurando haber pasado del maoísmo al socialismo, mantenía intacto su empeño revolucionario. Lo peor vino cuando la “guerra sucia” arremetió contra todo el proceso y algunos sindicatos cercanos, provocando “el regreso de muchos cuadros a la clandestinidad, los traslados a distintas regiones y otras medidas de seguridad que incluían, en algunos casos, la vinculación definitiva al epl”.55 En febrero de 1989 la Novena Plenaria del Comité Central del pcc-ml le propuso al epl contactar al Gobierno con el mensaje de que la guerra no impedía llegar a acuerdos. El debate iniciado por los hermanos Calvo echaba anclas.56 A la plenaria le siguió una reunión de los dirigentes de los tres proyectos. En ella “se plantearon, de forma oficial, las posiciones que defendían la solución política negociada e incluso la posibilidad del desarme, la legalización del partido y la reformulación de la línea política”.57 Además “se abordaron discusiones sobre temas que estaban al orden del día en el movimiento social: crisis sindical, el carácter hegemonista de los partidos, las peculiaridades y cambios en la composición social de los trabajadores, el peso del llamado ‘sector informal’ y de las clases medias en el país, los nuevos sujetos históricos y los profundos cambios que se producían en materia internacional”.58

El epl hizo un alto al fuego en mayo de 1989, que fue respaldado por el dirigente conservador Álvaro Leyva y por el liberal Jorge Dussán. Varios de quienes se refugiaron en las montañas por la “guerra sucia” regresaron al Frente Popular con ánimos de amplificarlo. La organización les propuso a las demás guerrillas sumarse a la tregua y discutir sobre los derechos humanos, sin resultado. Pero aquel renovado interés por el diálogo no significó la renuncia a la creación de un ejército popular.59 La tregua unilateral no duró nada. El epl responsabilizó al Gobierno de cerrarle el camino a la paz y de las operaciones encubiertas del Ejército.60

Abandonar la lucha clandestina, los riesgos de la decisión

Enterada del avance del proceso de paz entre el m-19 y el Gobierno, en enero de 1990 la dirigencia del epl concluyó “que la izquierda no había logrado configurar una alternativa y que el movimiento armado perdía incidencia política”.61 Consciente de que había que ganarse la opinión, propuso la realización de una consulta popular para elegir una Asamblea Constituyente, idea que ya estaba en el aire, al tiempo que rechazó la extradición de nacionales. Por su parte, el Frente Popular trató de apartarse de los dictados del pcc-ml estableciendo una dirección paralela, lo cual fue motivo de pendencias y de dicotomía toda vez que gran parte de sus militantes lo eran igualmente del partido clandestino. Las controversias tocaron otros grupos de izquierda cuestionados por los cambios internacionales y las expectativas de reforma política. Adicionalmente, se dio el hecho de que el “club de los expresidentes”,62 junto con algunos parlamentarios, emplazó a Barco a realizar cambios en conformidad con la época. Antes de concluir su mandato, Barco buscó el diálogo con todas las guerrillas condicionando que las reformas pasarían por la decisión del Legislativo; elegido democráticamente y sin influjo de las armas. A decir de Mauricio García, al Gobierno la desmovilización le importaba “solo de manera tangencial, y de ninguna forma como contenido de las negociaciones, consideraba la discusión sobre los temas políticos y sociales. Estos aspectos no se negociaban con la guerrilla; se partía de considerar que la reforma constitucional que hacía trámite en el Congreso lograba superar las estrecheces del régimen político colombiano y por consiguiente bastaba con dicha reforma para ofrecer un marco político adecuado a la paz”.63

La reanudación de los diálogos, ahora con el gobierno Gaviria, tuvo simbólicamente lugar en los Llanos del Tigre, límites de Córdoba y Antioquia, donde veinticinco años atrás el pcc-ml implantara la primera división armada del epl. Desgraciadamente el país acababa de inhumar a Carlos Pizarro Leongómez y a Bernardo Jaramillo Ossa. Situación que en el seno del epl parceló a quienes optaban por la paz y quienes se oponían; de aquella opción fueron gregarios varios de los jefes militares de entonces, de la segunda, minoritaria, eran partidarios cercanos a Francisco Caraballo.64 El epl tuvo que manejar el tema de las relaciones con los frentes y unidades de otras guerrillas que actuaban en la zona donde se restablecieron los diálogos y las aprensiones de su base, que no discernía la tensión en la cúpula. Por otra parte, estaba la ascensión del paramilitarismo,65 que, se dijo, llegó a coparle zonas donde tenía mayor influencia. Para completar, estaba el inconveniente adicional, común en la mayoría de procesos de paz, de que con cada nuevo gobierno había cambio de intermediarios y de tono en la negociación. Ello incidía en el avance o estancamiento de los diálogos, ya que algunos negociadores eran más versados en política y otros meros tecnócratas; unos pocos contaban con la capacidad de tomar decisiones, mientras que la mayoría era simples voceros; unos daban mayor importancia a los acuerdos de fondo y otros estrictamente al desarme; algunos conocían o provenían de la izquierda, en contraste con quienes eran nominados por dádivas políticas.

En la fase final de las negociaciones el sector mayoritario se acantonó en diez zonas, luego en seis y finalmente en dos. Con presencia en Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y en la región Caribe, se escogieron las poblaciones de San José de Urabá y Pueblo Nuevo, nuevamente en límites de Antioquia y Córdoba. Sus negociadores fueron seleccionados de acuerdo con el peso de los frentes regionales, lo que era una paradoja; adscrito a un partido y con un movimiento político, el epl no tuvo una estrategia unificada de negociación. Pese a su bagaje teórico, su agenda se redujo a las garantías para la desmovilización, la supresión de los factores de violencia y la protección de la población de los territorios en donde estuvo presente. Más todavía, su estandarte de la Asamblea Constituyente resultó desteñido, sin contenido. Las pocas proposiciones se ciñeron a temas locales o acaso regionales, pero desarticulados del nivel nacional. Visto agudamente por Jesús Antonio Bejarano: “más que plantear el real alcance de los temas, se remitían a discutir los problemas. Además, advertimos un estilo de negociación como si se tratara de un pliego sindical, con ese esquema de cuánto tengo, cuánto me da. Lo otro era que no había, ni por parte de ellos ni por parte nuestra, una comprensión de lo que significaba el proceso de reinserción”.66

Si en el Decimosegundo Congreso del pcc-ml en 1983 los hermanos Calvo descollaron con sus propuestas reformistas, en el Decimotercer Congreso en 1989, y que por primera vez no fue clandestino, quienes ganaron encomio, por encima de la jerarquía partidista, fueron los jefes militares. En la apertura de ese congreso uno de estos, Jaime Fajardo, declaró: “el país ha cambiado y la mentalidad de muchos comunistas y sectores de la izquierda ha quedado atrás […], estamos planteando una nueva escuela política en Colombia; hay que derrotar aquellas posiciones que consideran las formas de lucha como fines en sí mismas”.67 El dirigente convidó a deponer las armas a discreción de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, defender la soberanía nacional, reformar las Fuerzas Armadas oficiales, reconocer la relación directa entre socialismo y democracia, e invitó a la comunidad internacional a acompañar el proceso de paz. El certamen fue sucedido por la cena por “la paz y la Constituyente”, el Gobierno, a través de un delegado, envió el documento intitulado “Reflexiones para una nueva Constitución”. Visto igualmente por Fajardo:

Con él cobra altura el debate que estaba enrarecido por las bajezas electorales de los veteranos de siempre que empezaron a ver fantasmas. Su contenido posibilita importantes coincidencias con quienes venimos levantando las banderas de una nueva Constitución para la soberanía popular, la democracia participativa, el federalismo moderno, llena de derechos para los ciudadanos, con una nueva justicia, una Asamblea legislativa libre de corruptelas y un régimen pluripartidista. Una Constitución para la apertura democrática y la paz duradera.68

De manera inédita aparecían las expresiones “ciudadanos” en lugar de pueblo (y que la polisemia partidista diese al campesinado y el proletariado); “federalismo moderno”, estrechamente ligado al plan de descentralización iniciado por Betancur; y “democracia participativa”, reafirmando un cambio frente a las posiciones verticales que en el pasado primaran.

Al congreso le siguió la Cuarta Conferencia Nacional de Combatientes, también en enero de 1990. Dos fueron los objetivos principales: precisar los aspectos logísticos de la desmovilización y elegir mediante el voto secreto dos delegados a la Asamblea Constituyente. Esto segundo fue lo más expedito, saliendo elegidos Jaime Fajardo y Darío Mejía. El meollo estuvo en el desmonte de una estructura en la que hicieron osmosis un partido por largo tiempo clandestino, un movimiento político que era una suerte de coalición y un aparato armado a cuyos combatientes rasos les faltaba la claridad política de sus jefes, ya que su referente inmediato era el combate y no la vida partidista legal. La dificultad que enfrentó su jerarquía fue decirles a sus subalternos que una vez entregadas las armas no debían lealtad alguna a un comandante y que en adelante no habría ni ejército ni partido que les brindara protección, pues esta quedaba en manos del Estado. En un principio florecieron las particularidades de los frentes regionales y la ascendencia de sus comandantes, frenando la negociación, luego el turno fue para quienes provenían de las ciudades; si los primeros contaban con pericia militar y erudición política, en los segundos se mezclaban la formación universitaria y el conocimiento sobre el estado de la movilización social. En otros términos, y parafraseando respectivamente a Robert Michels y Daniel Gaxie, se impuso la visión de los “jefes profesionales” sobre la de los “profanos”.69 En cuanto al caso particular del pcc-ml, el dilema fue ceder a veinticinco años de preceptos maoístas, que subsistieron en el alma de algunos militantes que no se inmutaron con las transformaciones internacionales ni la Constituyente. Para estos, el abrigarse bajo la idea de girar hacia el socialismo significaba una conversión menos aparatosa. Fue ante todo por el Frente Popular, dados su leve independencia y las relaciones con otras fuerzas, que predominó la conclusión del proceso de paz; de ahí que no fue sorpresa que los dos representantes que el epl envió a la Asamblea Constituyente salieran de allí.

Notándolo dubitativo, el Gobierno presionó al epl a firmar la paz si quería participar en la Asamblea Constituyente, pero el grupo condicionó dicha firma a su presencia en el certamen. Mientras el m-19, ya acondicionado, vio en la Asamblea la oportunidad para recoger las simpatías nacionales, el epl estimó que debido a ella se fragmentaría aún más. Dos opiniones lo exponen. Tomás Concha, exdirigente de izquierda y director del Programa Presidencial de Reinserción, estimó que las negociaciones con el epl se desarrollaban a otro nivel en razón de su carácter ideológico, la confianza era una cuestión de tiempo. A su juicio, “las discusiones con el m-19 eran mucho más reducidas, en el tema y en el tiempo. Al fin y al cabo, con la comandancia, sin mucha relación con la gente, no había mucha discusión. En cambio con el epl tuvimos que esperar varias reuniones de comandancia y varias entre el aparato político y el aparato militar, o sea, un proceso mucho más democrático desde el punto de vista de ellos, pero también más lento y engorroso desde el punto de vista del Gobierno”.70 Por su parte, el exconsejero presidencial Jaime Pardo Rueda indicó que pese a lo rápido de la negociación, en comparación con lo tendida y ardua que fue la del m-19, la del epl:

Fue dura y difícil. Difícil porque la estructura de mando del grupo era difusa, a diferencia del m-19 donde Pizarro tenía, de lejos, una gran autoridad frente al resto de los dirigentes. En el epl la autoridad estaba dispersa. Bernardo Gutiérrez era la figura dominante y el comandante militar de la organización, pero los frentes, en especial los de Córdoba y Urabá, tenían mucha autonomía, y sus comandantes querían tener también una voz fuerte en el proceso. Además, los dirigentes de la organización política que había creado el epl desde la tregua de Betancur, el Frente Popular, querían tener un papel preponderante en la negociación.71

La firma de la paz tuvo lugar en Bogotá el 15 de febrero de 1991. El 1 de marzo, en Pueblo Nuevo, Córdoba, región en la que en sus orígenes el grupo recibiera la orden de acompañar las luchas del campesinado por la tierra, la disposición fue la desmovilización sin retorno. La disidencia regentada por Francisco Caraballo mantuvo la sigla epl hasta tiempos recientes, mientras que la mayoría que decidió reintegrarse a la vida civil aprobó la transición hacia un nuevo movimiento político, transformando ladinamente la vieja abreviatura por la de Esperanza, Paz y Libertad.

La Corriente de Renovación Socialista, el socialismo diferido

Con la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (crs) en 1994 concluyó un ciclo marcado por la opción que tomaron cinco organizaciones guerrilleras72 de optar por la vía civil como medio para obtener el poder. En su caso la decisión no fue concomitante con las motivaciones iniciales y el buen término del desmonte de sus pares sino con la nueva Constitución de 1991, que operó como el icono de la victoria de los sectores progresistas del país. Esta sirvió de marco para que aquellos en quienes en el seno de la Unión Camilista – Ejército de Liberación Nacional (uc-eln) la intención de participar en la competencia democrática era latente dieran el paso. En otros términos, la decisión de la crs, a menudo vista como el fruto de una secesión en la uc-eln, no fue otra cosa que el fin del componente armado de una estructura autónoma en el seno de otra mayor.

Las guerrillas no están exentas de facciones, y esta fue una diferencia mayor entre la crs y el m-19, o el epl cuando firma la paz. La bibliografía consultada respecto al m-19 no da cuenta de numerosas tendencias. Las entrevistas permitieron avistar filiaciones menores, por lo general sujetas a un determinado contexto o a la posición de un comandante, como sucedió tras el ajuste de su estrategia militar con la creación de frentes, o por el descalabro de la operación del Cantón Norte;73 y que condujo a un dirigente a plantear una demanda de asilo colectivo y a un sector a cambiarle el nombre m-19. En cuanto al epl, y como se viene de explicar, la tríada junto con el partido clandestino y el movimiento político produjeron reposicionamientos, que se saldaron con el abandono al precepto ideológico, o la tacha de traidores al pueblo a quienes se desmovilizaron. A la postre sus militantes siempre tuvieron claro que el pcc-ml era el que regía el quehacer. En la crs, en cambio, las afinidades dependieron de peculiaridades regionales, de intercambios con una organización popular campesina o urbana, o de la adscripción a una determinada estrategia. Las tendencias precedieron a su creación; y para quienes la integraron, el elemento que primó en el momento de constituirse fue impulsar un movimiento de masas legal y autónomo frente al enfoque armado pregonado como la mejor senda hacia al poder. En definitiva, su reinserción, más que una maquinación para agotar la uc-eln, fue la infalibilidad de que uno de los dos sectores de ese acuerdo sintió no tener nada más para acreditar.

Unión y ruptura de la tríada Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional-¡A Luchar!

Se dijo que el eln rechazó dialogar con Betancur porque alentaba el reformismo y traicionaba la revolución popular. Su particularidad, así como la de los procesos cercanos, excepto algunos grupos cristianos o populares sin una doctrina de izquierda definible, fue su afiliación al “campo marxista-leninista”. Igual que el pcc-ml, surgirían con la fractura chino-soviética, con la diferencia de que rechazaron la creación de un órgano jerárquico y autoproclamado de vanguardia. Además, exaltaron la revolución cubana, la búsqueda de un modelo ajustado a las condiciones latinoamericanas y nacionales y las posiciones agitadoras del sociólogo y presbítero Camilo Torres Restrepo. En ese contexto surge en 1977 el Comité por la Unidad, con el propósito de ofrecerles al campesinado, al estudiantado y al profesorado un proyecto de lucha legal y sin armas. Al Comité por la Unidad llegaron tres corrientes nacidas en el pcc-ml. La Liga Marxista-Leninista de Colombia, creada en 1971, próxima al movimiento campesino en Nariño, en Antioquia y en los Santanderes. Desligada de la acción armada, no fue renuente a participar en elecciones. La Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta, que surge hacia 1974 en respuesta a la desidia del pcc-ml por presidir los movimientos sociales. Tuvo presencia en Antioquia, en Cundinamarca, en los dos Santanderes y en la Costa Atlántica, y se dividió en dos grupos, “la mayoría” y la “minoría”, que respectivamente generaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) e importantes cuadros para la crs. Su papel fue decisivo en la unidad del campo marxista-leninista. La tercera fue la Tendencia Línea Proletaria, que fiel a su nombre participó y fomentó la organización sindical y política de los obreros. Creada alrededor de 1975, actuó en el Eje Cafetero, donde el pcc-ml tuvo una de sus subestructuras más fuertes. El Comité por la Unidad fue reforzado con la llegada del Movimiento de Unificación Revolucionaria Marxista-Leninista (mur-ml). Fundado en doctrinas cristianas y con un fuerte trabajo en grupos juveniles y de estudiantes del Suroeste antioqueño, fue clave en la creación, en 1982, junto con las tres corrientes, del llamado Nuevo mur, que combinó estrategia armada y organización de las poblaciones, con la que cada una se identificaba.

El campo marxista-leninista también incluyó al Movimiento de Integración Revolucionaria Marxista-Leninista (mir-ml), que glorificó los logros de la Revolución cubana. Su propuesta fue inusitada, al trabajar por mejorar las condiciones de las comunidades originarias y de ascendencia africana de la Costa Atlántica, su cuna comenzados los años setenta. Con un brazo armado sin resonancia, El Especialito, y una leve presencia en Bogotá, alcanzó su apogeo en los años ochenta cuando instigó a la población a apostarle a la transformación socialista vía la insurrección. Esto le permitió atraer simpatizantes del Nuevo mur, que a cambio recibió a quienes no comulgaron con la exhortación sediciosa de aquel, y que replicó en 1983, denominándose Nuevo mir; aunque continuó llamándoseles el mur y el mir. Hostiles ambos del cortoplacismo, que estimaron reinaba en la mayoría de las guerrillas, convergieron en que a Colombia le faltaba un partido al servicio de los sectores populares, pero difirieron entre la vía negociada o armada. Lo que le generó más problema al mur, dada la coexistencia de una tendencia proclive a la oferta de Betancur y otra que evocando las secuelas dejadas por el gobierno Turbay objetaba cualquier concesión.

Si bien el mur y el mir exhortaron a la revolución socialista, aquel la concibió ponderada y con acento en la democracia, prefiriendo la ciudad para la acción y estimando decisivo participar en los diálogos, mientras este exaltó la vía armada, refutando todo acercamiento con el Establecimiento y centrando su trabajo en el campo. Disposición esta última producto de un cálculo social y político: acompañar un sector marginado, poco representado por los partidos y actor del crecimiento urbano. Empero, las raíces marxistas-leninistas pesaron más que las diferencias en el modus operandi, y el respaldo del mur a la creación del movimiento político Pan y Libertad, propuesto por el mir en 1984, fue el germen de una nueva combinación de armas y política: el mir-Patria Libre; que contó con la asesoría del eln, generando, en coordinación también con el prt, la Trilateral. Siguiendo con esta dispersión, a este breve acuerdo le siguió, en 1986, pero sin participación del prt: la uc-eln. De esta forma, el mir afinó el aspecto militar, mejoró su solvencia económica y aumentó su presencia en zonas urbanas, afirmando su objetivo de una estructura nacional a partir de su experiencia en el norte del país. El eln se nutrió del conocimiento de la organización social y la cualificación política del mir, pudiendo al fin contar con un movimiento político para proyectarse, pues su distintivo, de “guerrilla militar”, según Pizarro Leongómez, fue el producto de su débil articulación con los movimientos sociales, y dado su encomio al elemento armado e idea de vanguardia lúcida.74

Cabe destacar que, en 1985, previamente al pacto uc-eln, algunos sectores cercanos, pero inclinados a fortalecer el movimiento social, crearon el movimiento ¡A Luchar! Ideado en el marco del Encuentro Obrero, Campesino y Popular y en memoria del bicentenario del suplicio del jefe comunero José Antonio Galán, su postulado fue idéntico al de la Trilateral: un Acuerdo Político Sindical de las fuerzas opuestas a la tregua del gobierno Betancur y a sus reformas económicas. De allí que su primera acción fuera convocar al Paro Cívico Nacional de junio de ese año.

Convergencia con la base y divergencia estratégica, la unidad fisurada

Entre el colofón del gobierno Betancur y el arribo de Barco, ¡A Luchar! expandió su proyecto. Su Primera Convención Nacional (28, 29 y 30 de junio de 1986), a la que asistieron unas mil quinientas personas, contó con la presencia de todo el campo marxista-leninista: el eln, por medio de los Colectivos de Trabajo Sindical (cst) y el Frente Estudiantil Revolucionario (fer-Sin Permiso); el prt, a través de la Corriente de Integración Sindical (cis); el mir-Patria Libre, con el movimiento Pan y Libertad. También asistieron el Partido Socialista de los Trabajadores (pst), el Comité de Activistas Creditarios (cac), un sector de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc) y un grupo cristiano. Con el lema “¡A luchar! Por la unidad revolucionaria”, designando al gobierno Barco como el más emparentado al gran capital y a los “intereses norteamericanos”, declaró:

¡A Luchar! es una experiencia unitaria, ligada a las luchas sociales y políticas del pueblo colombiano, con un punto de vista ajeno a la conciliación y al pacto social […]. En ¡A Luchar! estamos dando pasos en procura de la unidad. Hoy se gestan elementos de unidad en el campo popular […], en el movimiento obrero […], [y trabajamos en] […] el proceso de unidad sindical y en la posibilidad de construir una Central Clasista, Democrática y Revolucionaria.75

En cierto grado ¡A Luchar! compitió directamente contra la Unión Patriótica (up), pero su oposición al diálogo y a participar en elecciones lo obligaron a tener que actuar clandestinamente, favoreciendo el peso del sector armado. En ese embrollo podían caracterizarse varias tendencias —así como en el eln, que revivía como el fénix—.76 Concerniente a la uc-eln se destacaron tres posiciones: una que lideró el máximo comandante del eln, Manuel Pérez, para quien había que preservar la unidad, yuxtaponiendo lucha política y armada; otra provino del Frente Domingo Laín, el más aguerrido, que quizás por ello reclamó ceñirse a la ortodoxia; la tercera autodenominada “los Renovadores”, que, consciente de la urbanización del país, privilegió los acuerdos humanitarios y el cese de hostilidades, en suma, dialogar con el Gobierno. Aunque esta última posición recogió las mayores simpatías entre las bases de ¡A Luchar!, la comandancia del mir-Patria Libre le puso traba, estimándola de pura lasitud. En cuanto a las tendencias que asomaron en ¡A Luchar!, una buscó construir un partido de masas, dirigido exclusivamente por el proletariado; una segunda preconizó la organización, la disciplina y la centralización; otra, ligada a la uc-eln, estimó que la vanguardia político-armada existente suplía la estructura partidista; y una cuarta, afín a la visión pregonada por los Renovadores, vio urgente construir un movimiento de masas y revolucionario pero liderado autónomamente por ¡A Luchar!, y en el que se disolvieran las demás fuerzas. Grosso modo, por mero ejercicio de asimilación con algunos de los credos de la izquierda, dichas tendencias y posiciones tuvieron criterios, esencialmente, la primera, trotskistas; la segunda, leninistas; la tercera, la combinación de ambos; mientras que la cuarta, guardando la distancia debida, del corte de lo que fue el ala izquierda del Partido del Socialismo Democrático (psd) alemán de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht antes de la revolución fallida de noviembre del 1918, pero descartando su aversión al centralismo.77

En definitiva, los enfoques de una elite revolucionaria —propio del partido de cuadros—, en la uc-eln, y de construir un partido de masas, en ¡A Luchar!, acapararon las mayores deferencias. Solo que no es fácil dicha distinción, pues como lo expuso Duverger, depende de la estructura que asuma cada organización.78 Si en un comienzo el primer enfoque tuvo más proyección, fue el segundo el que finalmente se impuso; revelando dudas o fatigas respecto al triunfo militar. Además, la izquierda colombiana no fue impermeable a vientos externos. Tal como lo constata León Valencia: “la experiencia salvadoreña fue invariablemente reproducida en cuanto a la construcción de un proyecto de masas, es decir a partir de cinco variables: una política, desarrollar un frente democrático muy grande; una unitaria, buscar la unidad de todo movimiento insurgente y de todo el movimiento social; otra militar, configurar un solo ejército y, finalmente una internacional, basada en acuerdo con otros movimientos regionales”.79 A pesar del lazo, el Comité Ejecutivo de ¡A Luchar! y el Comando Central80 de la uc-eln debieron responder a situaciones distintas y por momentos incompatibles.

A ¡A Luchar! le faltó estrategia, pese a que sus directivas advirtieran, no sin aguardo, que la revolución estaba lejos, y una menor hostilidad frente a su participación en la contienda electoral. En la Segunda Convención Nacional, en julio de 1988, la consigna “¡A luchar! Por el poder popular” remplazó la de “¡A luchar! Por la unidad revolucionaria”. Las conclusiones confirmaron el cambio: “[…] no oponerse a ninguna reforma de derecho que tienda a posibilitar espacios de participación […]. ¡A Luchar! es una organización autónoma que cuenta con su propia dinámica […], asumirá un comportamiento de respeto a las dinámicas, formas organizativas y decisiones de las organizaciones naturales de masas”.81 Implícitamente ¡A Luchar! respaldó las iniciativas de paz y la idea de una reforma política. En febrero de 1989 fue más explícito al respaldar la convocatoria al Segundo Encuentro por la Paz, en Ibagué. De ello habló Pablo Emilio Angarita: “un escenario privilegiado para que los partidos y movimientos políticos, las guerrillas, los sectores de la sociedad civil y el propio Gobierno dieran a conocer sus posiciones sobre el proceso de paz en Colombia y sus perspectivas”.82 Públicamente y previo a las elecciones, ¡A Luchar! mantuvo su objetivo de ser el corneta de las masas en el camino a la toma del poder popular y el socialismo. Como era de esperarse, todo cambio de orientación o exceso de autonomía le ocasionaría forcejeos con el grueso de la uc-eln, donde ¡A Luchar!, y lo mismo pensaba la opinión, era asumido como su vocero dentro del movimiento social, cosa cierta mientras durase la unidad. En muchos militantes más interesados en el proyecto social y político que en la afirmación del ejército revolucionario preexistió la certidumbre de que las intenciones de ¡A Luchar! afectarían aquella alianza.

La persuasión de la Constitución

La campaña por la Asamblea Constituyente produjo en ¡A Luchar! y el conjunto de la uc-eln posiciones divididas. Algunos sectores en ¡A Luchar! plantearon en vano una Asamblea popular y abierta a otras fuerzas. El movimiento, a disgusto del mando de la uc-eln, sostuvo la iniciativa constitucional, aunque furtivamente. Según Alfredo Aguirre, el interés no fue “necesariamente una reforma constitucional, sino ante todo transformaciones tajantes en lo laboral, en lo financiero y en el agro; y no hay que olvidar que en Colombia no ha habido nunca una reforma agraria”.83 La coyuntura de la Constitución abrió el debate respecto de la estrategia político-militar y la evocación de la coexistencia de dos procesos en el seno de la uc-eln. En mayo de 1991, en la Tercera Convención Nacional de ¡A Luchar!, y que la jefatura de la uc-eln impugnó, la cuestión fue vincularse o no a la ad m-19. La decisión fue el apoyo extrínseco para evitar diluirse en esta.

Valga recordar que en el eln irrumpió en 1990 otra facción que disintió de la manera en que la jefatura interpretaba la realidad social. Conocida como “el Parche”, e integrada por mandos de columnas que actuaban entre Antioquia y Valle del Cauca, suscribió el comunicado “la coyuntura debe ser mirada con anteojos de largo alcance”, criticando la inacción del eln en el proceso pre-Constituyente. El Parche buscó acercarse a los Renovadores, pero el Comando Central de la uc-eln se interpuso, sujeto a lo que dijera el Frente Domingo Laín.84 Fueron los Renovadores los que pusieron el dedo en la llaga al convocar en mayo de 1991 al seminario Socialismo: Realidad, Vigencia y Utopía, que dejó entre sus conclusiones: la no vigencia de la lucha armada, la búsqueda de la paz y la necesidad de democratizar la vida nacional; junto con la consigna: “Por una Corriente de Renovación Socialista”. En agosto del mismo año la decisión de la crs85 de abandonar la uc-eln fue validada, obteniendo sucesivamente el visto bueno de la mayoría de los asistentes a la Tercera Convención Nacional de ¡A Luchar! La sigla uc-eln se mantuvo por un tiempo, aunque de tácito correspondía solo al eln.

El fin de la uc-eln no debe endosársele al movimiento donde el leninismo, el trotskismo y el cristianismo hicieron simbiosis, ni a la guerrilla que escrupulosamente aplicó el patrón “castrista-guevarista”. Como fuese, ni ¡A Luchar! se desintegró, ni el eln se resquebró en lo inmediato.86 Además, dicha guerrilla nunca renegó por la decisión de la crs ni arremetió contra sus miembros, el Comando Central seguramente siempre tuvo presente que la uc-eln era una unidad estratégica y temporal. Esa incompatibilidad, declara León Valencia, la advirtió el propio Manuel Pérez, que “nos aconsejó sabiamente: ‘miren muchachos, nosotros somos dos tendencias muy distintas, esto no va así para ninguna parte, mejor separémonos, cortemos’. Para muchos de nosotros la propuesta resultaba antidemocrática, pero era sensata”.87

Es claro que la crs congregó a los más moderados dentro del campo marxista-leninista, y si el resto de la izquierda tildó de intransigentes a quienes de allí procedían, no todos fueron entusiastas de las armas ni discreparon sin razón de la democracia. Una menor preponderancia del aparato partidista, una estrategia ligada a las condiciones del país, un interés por asociar las diversas reivindicaciones y los movimientos sociales en un único proyecto, la exhortación a no imitar el comportamiento autocrático de las elites nacionales, fueron algunas de esas prioridades que indujeron al cambio. Sin descontar el contexto, como lo exponen Andrés Restrepo y Marly Contreras:

Para un número importante de ellos [los miembros de la crs], creyentes al extremo del proyecto histórico que encarnaban los países socialistas, todos los supuestos y las ilusiones se vinieron abajo. El fin de la Guerra Fría cambiaba radicalmente la correlación de fuerzas en el mundo. No habría más apoyo diplomático ni más “retaguardia internacional”, no habría más “internacionalismo proletario”; los Estados Unidos empezaban a ser hegemónicos y el mundo a ser unipolar.88

Pero tampoco renunciaban al ideal socialista y, por ende, a “una formulación de la teoría revolucionaria entendiendo al socialismo como la democracia más radical”.89

Como ocurrió con las otras guerrillas que se desmovilizaron, las transiciones a la democracia en los países latinoamericanos que padecieron dictaduras, el armisticio de 1991 en El Salvador en favor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) y los efectos de la perestroika avivaron en la crs la idea de hacer política por medios legales, su propio nombre es un derivado de ello. Pero los dos factores decisivos fueron la proclamación de la nueva Constitución y la ocurrencia de la ad m-19.90 En el momento en que aquella se proclama, la crs no había comenzado a negociar. Ello no le impidió instar a sus simpatizantes a apoyar los nombres o las listas de la izquierda legal y reformista a las elecciones parlamentarias de 1991; de hecho, la tendencia los Renovadores, y dado que ¡A Luchar!91 no pudo enviar alguno de sus representantes, había hecho el mismo llamado similar un año antes, en pro de las siete listas que por este campo político-ideológico se postularon para la Asamblea Nacional Constituyente.

El proceso de paz de la crs no se salvó ni de las amenazas ni de las importunaciones ni de los homicidios: “entre agosto de 1991, cuando salimos de la uc-eln, y abril de 1992, nuestra organización perdió 112 militantes”,92 va a calcular Fernando Hernández. Esto incluyó a ¡A Luchar!, que perdió a dos dirigentes.93 Lo que obligó a su dirigencia a guardar la vida de quienes adelantaban labores sociales o políticas, la mayoría.94 Igual fue la decisión de la jefatura de la crs con respecto a sus militantes no armados y simpatizantes. Un problema adicional fue que una parte de la opinión, que ni se enteró de aquel proceso de paz, vinculaba a ¡A Luchar! con el eln. Lo peor es que lo mismo estimaron personas del establecimiento, quienes consideraron la creación de la crs y la manumisión de ¡A Luchar! meras estratagemas del eln.95 A pesar de los obstáculos, en la crs surtió más efecto la confianza en el cambio constitucional y la movilización social que lo cortejaba.

Es prosiguiendo esa dinámica que en diciembre de 1991 tuvo lugar en el Urabá antioqueño la Primera Conferencia Nacional de la crs.96 Sin perder su proyección por el socialismo, la discusión giró alrededor de los llamados nuevos movimientos sociales en auge en el país y en el resto de América Latina; el juvenil, el de mujeres, el ambientalista, el de asuntos étnicos. Asimismo, fue evocada la importancia de la sociedad civil; aspecto ineludible para comprender el discurso de la izquierda en los años siguientes. Estos nuevos planteamientos fueron tanto un autoexamen de los postulados que rigieron a la crs como la puesta en práctica del espíritu de la Constitución. Así como lo habían pregonado los Renovadores en el Primer Congreso de la uc-eln en 1987, el asunto de la urbanización del país adquirió gran importancia. Y la crs lo corroboraba en uno de los documentos de su Primera Conferencia: “urbanizar la propuesta revolucionaria significa reconocer que las transformaciones que requiere Colombia están en la sociedad urbana de este país de ciudades y regiones y superar el esquematismo del análisis de clase que reducía el trabajo revolucionario a la clase obrera, el campesino pobre, la pequeña burguesía estudiantil y los pobladores de los barrios populares urbanos”.97 En Colombia su propuesta era concomitante con un contexto en el que se hablaba de un cambio social, debido a un vertiginoso crecimiento urbano (1950-1990),98 fruto de la expansión y la crisis del café, el desarrollo de la industria textil, y, primordial, la multiplicidad de violencias.

Producto de su Primera Conferencia, en febrero de 1992 la crs dio a conocer una declaración de diez puntos. Respondiendo a las expectativas de la izquierda legal y de los sectores progresistas, el primer punto concernía a su disponibilidad a negociar. Mientras el resto del decálogo coincidió con los anatemas estipulados en las agendas guerrilleras o en el discurso de este campo y de los movimientos sociales colombianos: un Estado que no vela por los derechos humanos y es inerte frente al paramilitarismo, una exclusión social durable, los yerros de la apertura económica, el cierre de la democracia, la desidia para atacar la corrupción, la búsqueda de la paz.99 La declaración presentaba además puntos innovadores, sin ser de su exclusividad. El número diez, por ejemplo:

La Corriente de Renovación Socialista convoca a las fuerzas democráticas y revolucionarias, al pueblo y a los sectores sociales con anhelos de paz, de cambio y dispuestos a construir el nuevo país del pan para todos y de la democracia popular, a conformar una profunda movilización política organizada que encabece un Amplio Frente de Oposición y encarne los sueños nacionales de una sociedad nueva, justa, democrática y pluralista.100

Aquí se advertía, de un lado, la instrucción de construir una oposición a las políticas de Gaviria, pero dentro de los confines institucionales. Del otro, la adjetivación de la democracia en tanto popular; antes que una oda a los regímenes socialistas donde es el partido de gobierno el que fija los mecanismos de participación, fue el deseo de emular la idea de la “democracia participativa” que comenzaba a coger fuerza en América Latina, tras la experiencia de Puerto Alegre, Brasil.

En otro de los puntos la crs recurrió a un concepto derivado de la ola de cambios en América Latina y Europa Oriental. Al rechazar la connotación militar dada a las denominadas zonas de distensión,101 propuso el concurso de “una concertación global, con definida participación de la sociedad civil en cada región”.102 Dada la importancia que se daba al elemento regional, tomó fuerza la tesis de Orlando Fals Borda de que en Colombia la noción de región siempre ha sido más valuada que la de nación. Que mediara o no en las determinaciones de la crs la tasación sociológica del creador de la investigación-acción participativa (iap), nada tenía de extrínseca esa variación en la interpretación del conflicto fundada en las particularidades regionales, ni tampoco el que se superase la connotación usualmente militarista de “zonas de distensión”. En su caso, la crs se consolidó en la región Atlántica y en algunas zonas de Antioquia y Santander, regiones muy diferentes, lo que le sirvió para encomiar la pluralidad de grupos poblacionales y prácticas culturales coexistentes que menciona la Constitución. Con lo anterior hubo dos aspectos relevantes en su declaración, que como se ha insistido va a moldear el debate y el discurso de la izquierda en los años consiguientes. Uno es la sociedad civil. Emplazándola a actuar con integridad en los diálogos que sostenían el gobierno Gaviria y la cgsb, su solo uso fue un indiscutible salto dentro de la fraseología de la izquierda, ya que hasta entonces fue estimado propio del ideario burgués. El otro aspecto, tomando el ejemplo de El Salvador,103 fue llamar a la guerrilla y al Gobierno a “abandonar la ilusión de un triunfo militar”, visiblemente sin respuesta.

Aumento de la oferta política y merma de la fe en la Alianza Democrática m-19

La Primera Conferencia Nacional de la crs se pensó para abordar temas de la estructura, pero finalmente trató el tema de la negociación, para la cual fueron designados Fernando Hernández y José Aristizábal,104 respectivos representantes del ala moderada y radical. La actitud conciliadora de Hernández seguramente va a moldearla su labor de dirigente internacional del eln, cargo al que renunció para fomentar ¡A Luchar!105 Por su parte, Aristizábal encarnó a un sector hostil a la negociación, que entendía como una estrategia para fortalecer la crs, con lo que ganó respeto entre la militancia.106 Una tercera perspectiva manó, aunque sin resultado, convidando a dejar que el proceso político-militar rescindiera silenciosamente, ahorrándose los diálogos y diluyéndose en la ad m-19. La posición mayoritaria fue no mostrar debilidad, ni dejar la sensación de abdicación a los postulados revolucionarios; debate que caldeó los ánimos durante todo el año 1992 hasta que el 16 de noviembre se le dio un sí al diálogo, exigiendo el cese al fuego y la inexequibilidad del estatuto de conmoción interior.

En el documento que la crs les entregó a los portavoces del Gobierno, el primer pedido fue el desembolso de dineros para sacar adelante programas locales en zonas de su influencia. En estas por lo general las gentes del común no se opusieron a los diálogos, lo que sí sucedió con ganaderos y empresarios agroindustriales, de quienes al fin de cuentas dependía el buen curso de los diálogos, al ser quienes aportarían o financiarían los programas, y además podían terciar en el tema de orden público. La crs fue consciente de su estrecho margen comparado con los grupos desmovilizados o frente a las farc y el eln, y quizás por lo mismo, consciente del peso que habían ganado los medios de comunicación oficiales en la generación de opinión, se refirió en su misiva a “la reglamentación democrática de la Constitución […], la aplicación de favorabilidades políticas en lo electoral y en las instituciones representativas […], el acceso a los medios de comunicación”.107 A diferencia de las otras negociaciones, a la crs siempre le tocó ceder y tomar la iniciativa de negociar con un Gobierno interesado solamente en la entrega de armas, no en concesiones políticas.

El 16 de marzo de 1993, tras una crisis entre las tendencias encabezadas por Hernández y Aristizábal,108 y que casi condujo a la división, la crs envió, por medio del representante a la Cámara de la ad m-19, Gustavo Petro, un documento con los temas ejes del proceso de paz. Recogiendo apartes de la Declaración Pública de febrero de 1992, hizo énfasis en la creación de “un movimiento político y social de origen popular, que supere al conformado para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente”.109 El documento tuvo el respaldo de lo que aún quedaba de la uc-eln, atenta a que en el futuro se dieran nuevas negociaciones, pues venían de fracasar las que el Gobierno sostuvo con la cgsb. Dos semanas más tarde, en un nuevo oficio, la crs solicitó la mediación de la Iglesia católica.110 El encabezado contenía apartes de la encíclica Centesimus Annus111 de Karol Wojtyla: “[…] Nunca más la guerra. No. Nunca más la guerra que destruye la vida de los inocentes, que enseña a matar, trastorna igualmente la vida de los que matan, que deja tras de sí una secuela de rencores y odios y hace más difícil la justa solución de los mismos problemas que la han provocado”.112 Lo pasmoso no fue la parte de lo religioso de la organización en que los cimientos católicos y el heroísmo cristiano irradiaron, sino hacerle venia a un texto suscrito por un acérrimo opositor a la teología de la liberación, tan encumbrada por parte de su militancia.

Los ánimos de paz se anestesiaban tras cada negativa del Gobierno, que primero expuso que la crs no quería acantonarse en un solo lugar, pues esta pensó en Barranquilla en la óptica de fortalecerse en zonas urbanas y vincular otras fuerzas sociales; y luego con su desidia ante el asesinato de Enrique Buendía (alias Carlos Prada) y Ricardo González (alias Evelio Bolaños) el 25 de septiembre de 1992, y presentados como miembros del eln muertos en combate.113 Tras un alto, el 20 de julio de 1993 se inició la recta final de las conversaciones, que cogieron fuerza en octubre gracias a los oficios de la Internacional Socialista, el Gobierno holandés y el clero colombiano, además por la vinculación al proceso de seiscientos integrantes de las Milicias Populares del Valle de Aburrá, de Medellín.114 El arribo de estos jóvenes, muchos menores, y algunos procedentes de otras partes del país, significó para la crs poder ostentar capacidad organizativa y militar, así como presencia urbana; del lado de los jefes de las milicias, significó la oportunidad de lograr beneficios judiciales e inversión en los barrios marginales donde actuaban. Acantonada finalmente en el corregimiento de Flor del Monte, municipio de Ovejas, Sucre, la crs expidió el comunicado “Queremos contribuir a la formación de una nueva cultura política en Colombia”. Confirmando la lucha por la transformación social de manera pacífica, insistiendo en la importancia tanto del aspecto local como del papel de la sociedad civil, machacando los temas de soberanía, pluralidad, igualdad entre los sexos, protección del medio ambiente y la ética pública, la crs propuso “construir una fuerza política moderna y democrática, unitaria y muy latinoamericana”.115 Ante lo avanzado del proceso, el Gobierno autorizó el establecimiento de tres sedes, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, para que esta ventilara su propuesta política.116

El presidente Gaviria no quería perder la oportunidad de lograr la desmovilización de otro grupo de guerrilla antes de concluir su mandato. Mientras que la ad m-19, ya en crisis, no escatimó esfuerzos por vincular a la crs a sus planes electorales. Sin haberse aún desmovilizado y sin la autorización del Gobierno y el Congreso, esta no pudo inscribir candidatos a las elecciones de 1994, por lo que respaldó principalmente listas locales o regionales, y una que otra nacional. Consecuente con sus postulados, invitó a sus simpatizantes a trabajar por la candidatura a la Cámara de Representantes de Zulia Mena, a nombre de las poblaciones afrocolombianas. Para el Senado apoyó la lista de la ad m-19, encabezada por su gran aliado en el proceso de paz, Gustavo Petro. En dicha lista buscó incluir a uno de sus voceros, Óscar Manduca Bayter, pero el Gobierno se opuso.

Un último traspiés se dio con la expedición de la Ley Antisecuestro, que separó dicho delito del de tipo político y solo eximió a los grupos que firmaron la paz hasta 1991. La crs apeló al indulto, justificando que de lo contrario saldrían “de Flor del Monte para la cárcel, o algunos saldríamos para la lucha política y dejaríamos a otros militantes […] en las cárceles, acusados de secuestro”.117 Superado el impase, la crs celebró del 31 de marzo al 2 de abril de 1994 su Segunda Conferencia Nacional, con un homenaje a Enrique Buendía, y en la que participaron ciento cuarenta delegados elegidos por dos mil ochocientos militantes, distribuidos en Bogotá, y en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Nariño, Atlántico, Córdoba y Valle del Cauca. Allí se comprometió a velar por la Constitución, abandonando su idea de ajustarla. En el tema internacional sostuvo que la caída del bloque socialista dejó a “Estados Unidos en un gendarme militar de los intereses del capital imperial, combinando acuerdos regionales, que reducen la presión sobre su déficit fiscal, con intervenciones abiertas directas o a través de terceros países”.118 Al respecto, propuso un frente de izquierda latinoamericano y cerrar lazos con Europa, diferenciándose del m-19 y de la ad m-19, que no criticaron la cooperación y las relaciones con la superpotencia. También fue abordado un tema que se dijo fue intocable en las sesiones de la Asamblea Constituyente, el fuero militar. La crs exhortó el impulsar o respaldar proyectos de ley que acabaran las prebendas de que gozaba la institución castrense. Aunque fue un llamado cándido, dejó constancia de tratar un punto que evadieron los procesos de paz precedentes. Respecto a las elecciones su estrategia fue ambigua, instó a votar por candidaturas de su campo al Congreso, pero llamó a “un voto de protesta o en blanco por la dignidad de la nación colombiana” para la elección presidencial. El éxito de su Segunda Conferencia fue la “reorganización y articulación de la Corriente de Renovación Socialista como una fuerza nacional”,119 con fondos económicos y una personería jurídica una vez desmovilizada.120

La negociación final inició un 20 de julio de 1994, y en otra fecha de enorme carga histórica, el 9 de abril de ese mismo año, sus 438 combatientes entregaron las armas, que se fundieron y sirvieron a la fabricación de las campanas de las iglesias de la Peña, San Rafael, y Flor del Monte, corregimiento este último donde se refrendaron los acuerdos.121 Ahondando en simbolismos, clausuró el acto con una misa que ofició el obispo Beltrán, a quien elogiaron por su papel en esa negociación.

1 Bushnell, David. Colombia: Una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos a nuestros días. Bogotá: Planeta, 2002, p. 228.

2 Ver Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola. Dizionario di politica. Turín: utet, 1976, pp. 685-690.

3 Zuluaga Nieto, Jaime. De guerrillas a movimientos políticos (Análisis de la experiencia colombiana: el caso del m-19), p. 31. En Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero (comps.), De las armas a la política (pp. 1-73). Bogotá: Tercer Mundo e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional, 1999.

4 Ver Programa para la Reinserción y Red de Solidaridad Social. Acuerdos de Paz. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia, 1995, pp. 12-16.

5 Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19 y la crisis del sistema bipartidista en Colombia. Maestría en Ciencia Política. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, 1995, p. 173.

6 Jaime Bateman, citado en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 103.

7 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, citados en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 113.

8 Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 110.

9 Por medio del Decreto 2711 del 19 de septiembre de 1982 se instaló la Comisión de Paz, que restableció los diálogos entre representantes del Gobierno Betancur y el m-19. En 1984 se creó la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo para los diálogos con el epl. Turbay también había aprobado una comisión, Decreto Transitorio 2761 del 8 octubre de 1981, la cual nunca se conformó.

10 Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 120.

11 Patricia Lara, citada en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., pp. 120-121.

12 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, citados en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 122.

13 Daniel Pécaut (Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988, 1989), citado en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 125.

14 Ibid., p. 129.

15 Palacios, Marco. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994. Bogotá: Norma, 2003, p. 283.

16 Este era un comandante del m-19 que murió en un operativo del Ejército en agosto de 1985.

17 Dirigente conservador y excandidato presidencial en 1974 y en 1986, hijo del expresidente Laureano Gómez Castro (1950-1951), fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en las afueras de una universidad, presuntamente por sectores de la extrema derecha.

18 Ver Barco, Virgilio. Plan de Economía Social. Plan de Desarrollo Económico y Social 1986-1990. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 1987, p. 9.

19 Entre otros, ver Zapata, Juan Guillermo. Despolitización del bipartidismo y nuevas violencias. Consecuencias del Frente Nacional. Kabái, 9, noviembre del 2001, pp. 93-101.

20 En 1987, a raíz de un encuentro denominado Primera Conferencia Bolivariana, fue creada la cgsb, que agrupó al m-19, al eln, a las farc, al epl, al Movimiento Armado Quintín Lame (maql) y al Movimiento de Integración Revolucionaria – Patria Libre (mir-Patria Libre). Dos años antes, había sido conformada la Coordinadora Nacional Guerrillera (cng), en la que no participaron las farc.

21 Entrevista al comandante Nicolás, el 20 de marzo de 1990 (en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 144).

22 Muy poco tiempo después Gómez Hurtado creó el Movimiento de Salvación Nacional.

23 La Iniciativa para la Paz estaba dirigida a erradicar la violencia de la subversión armada, y las diferentes modalidades de violencia con presencia regional (ver Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. El camino de la paz. Historia de un proceso. Bogotá: Presidencia de la República e Imprenta Nacional, 1989, vol. 2).

24 Quien fuera el primer comandante del m-19, exdirigente de la Juventud Comunista (juco) y militante de las farc, murió en un accidente aéreo el 28 de abril de 1983 cuando se dirigía a Panamá para discutir con emisarios del gobierno de Betancur.

25 Carlos Pizarro Leongómez, citado en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., pp. 148-149.

26 Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 152.

27 Carlos Pizarro Leongómez (Superar la crisis de las armas es apostarle a la paz, 1990), citado en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 154.

28 El Segundo Encuentro por la Paz se realizó en Ibagué, capital del departamento de Tolima, el 17 de febrero de 1989.

29 Tres días después de publicada esta carta, fue asesinado el dirigente de la Unión Patriótica (up), José Antequera, en el aeropuerto El Dorado. Allí resultó herido Ernesto Samper Pizano. La up se retiró de las mesas, las farc mantuvieron el cese al fuego convenido un mes antes.

30 En las conversaciones del Caguán se programaron dos mesas de ese estilo; en una participaban los partidos políticos, mientras en la otra los representantes de los movimientos y organizaciones sociales.

31 Jacinto Ruiz, citado en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 166.

32 William Ramírez Tobón (Las fértiles cenizas de la izquierda, 1990), citado en Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 163.

33 Zuluaga Nieto, Jaime. De guerrillas a movimientos políticos…, op. cit., p. 57.

34 Nieto, Jaime Rafael. La Alianza Democrática m-19…, op. cit., p. 170.

35 A su cabeza estuvieron Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda. En 1959 se había producido una división en el pcc que dio inicio al Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (moec), liderado por Antonio Larrota. Dicho movimiento se proclamó revolucionario y en contra del pcc, al que estimó de revisionista y reformista. En 1968 una disidencia creó de manera legal el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (moir).

36 La idea, tomada del Frente Popular Antifascista en España, que congregó sindicatos y partidos de izquierda durante la Segunda República, en 1936, la propusieron dos dirigentes del epl provenientes de ese país, Fausto y Sergio Cabrera (padre e hijo, respectivamente). Sergio militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (frap), creado al inicio de los años setenta por el Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) en plena dictadura de Franco.

37 Tovar Sánchez, Hugo. Operación final contra el epl, p. 194. En Glenda Martínez (comp.), Hablan los generales. Las grandes batallas del conflicto colombiano contadas por sus protagonistas (pp. 190-201). Bogotá: Norma, 2006.

38 Mirando de cerca la historia del epl, se observa que, cuando el contexto fue propicio al diálogo, fue el pcc-ml el que asumió la situación, mientras que, en los momentos tendidos, el epl tomó el relevo; lo que a menudo les creó problemas.

39 Pardo Rueda, Rafael. De primera mano: Colombia 1986-1994, entre conflictos y esperanzas. Bogotá: Norma y Fondo Editorial Cerec, 1996, p. 377.

40 En concordancia con el movimiento maoísta internacional, el pcc-ml y el epl consideraron a las farc revisionistas, al pcc como promotor de la farsa democrática, al eln sin ninguna claridad programática y al m-19 como una organización de la que había que desconfiar. La lucha armada, para la mayoría de las corrientes que en Colombia se conocieran como el campo marxista-leninista, era lo que distinguía a los verdaderos de los falsos revolucionarios.

41 En entrevistas a antiguos militantes de organizaciones de izquierda, algunos afirmaron que efectivamente el epl entre 1982 y 1984 comenzó a hablar de manera imprevista de una Asamblea Constituyente, mientras que los otros grupos estaban en otra tónica y eso les parecía descabellado. Hay que indicar que las farc y la up, en una carta que le enviaron a Betancur en octubre de 1984, reclaman reformas constitucionales, tal como lo establece el numeral 14 de su programa político, pero sin llegar hasta una Asamblea Constituyente (ver Los grupos guerrilleros y el Estatuto de Oposición. 2: Plataforma política de las farc-up. La reforma política [1984], pp. 138-142. En Patricia Pinzón de Lewin (comp.), La oposición en Colombia, algunas bases para su discusión (cap. 8, pp. 135-142). Bogotá: Centro de Estudios Internacionales Universidad de los Andes y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, 1986).

42 Por ejemplo, Álvaro Leyva Durán, del Partido Conservador, y Orlando Vásquez Velásquez, del Partido Liberal.

43 Con ese fin el epl y el pcc-ml iniciaron una labor de aproximación a los trabajadores de las plantaciones de palma en la región del Catatumbo, Norte de Santander, y en los ingenios de azúcar en el departamento del Valle del Cauca.

44 Entrevista a Álvaro Villarraga, exdirigente del epl, Fundación Progresar, el 7 de febrero del 2008, Bogotá.

45 No sorprende la actitud del Partido Comunista de España. Desde los inicios del socialismo en el país ibérico y su oposición a los borbones, tanto con el grupo socialista que se constituyó hacia 1860 dentro del Partido Republicano Español como luego con el Partido Socialista Obrero Español, antes de 1914, el régimen constitucionalista fue parte de sus programas (ver Cole, George Douglas Howard. Historia del pensamiento socialista. México: Fondo de Cultura Económica, 1974. Tomo ii: Marxismo y anarquismo (1850-1890), cap. 8, pp. 168-202; y tomo iv: La Segunda Internacional (1889-1914), segunda parte, cap. 20, pp. 205-231).

46 Óscar William Calvo, asesinado el 20 de noviembre de 1985, perteneció a una generación de militantes y combatientes que emergió al comenzar los años ochenta, más versada en el campo político que en el de batalla, y que llamó a abrir el debate frente a las posiciones intransigentes en el epl. Como en otras guerrillas (las farc, por ejemplo), los principales dirigentes políticos provenían de la ciudad, mientras que los jefes de talla en el aparato armado pertenecían al medio rural.

47 Intervención de Óscar Calvo en Montería, Córdoba, en octubre de 1985 (en Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños: Una historia del epl. Bogotá: Fondo Editorial para la Paz y Fundación Cultura Democrática, 1994, p. 177).

48 Ibid., p. 179.

49 Ibid., pp. 176-177.

50 Ver nota n.º 20 de este capítulo.

51 Francisco Caraballo, citado en Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 216.

52 Archila Neira, Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990. Bogotá: icanh y Cinep, 2005, p. 155. Archila establece que 1975 registró el pico más alto de movilizaciones, mientras que para Álvaro Villarraga fue 1988, ya que tuvieron lugar entre otras una huelga general de quince días de las bananeras de Urabá, así como la acción del epl en Turbo, a la que se opuso las farc, y que llevó a la retirada momentánea del ejército (entrevista a Álvaro Villarraga, exdirigente del epl, Fundación Progresar, el 7 de febrero del 2008, Bogotá).

53 Pardo Rueda, Rafael. De primera mano…, op. cit., p. 107.

54 Comenzando los años ochenta, el epl creó la Unión Democrática Revolucionaria (udr), movimiento que le permitió contar con nuevos cuadros y que fue la pasarela al escenario nacional de Óscar William Calvo, su coordinador. Pero el pcc-ml desistió rápidamente del proyecto considerándolo en contra de sus luchas, como promover la abstención (ver Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., pp. 158-159).

55 Ibid., p. 221.

56 Está pendiente un trabajo que trate del lazo familiar en las jerarquías de los grupos armados. En las guerrillas, con los hermanos Calvo Ocampo, en el epl; los hermanos Vásquez Castaño, en el eln; los hermanos Pizarro Leongómez (Carlos y Hernando), en el m-19 y el Frente Ricardo Franco; los hermanos Briceño, en las farc. En el paramilitarismo, con los Castaño, los “mellizos” Mejía Múnera. Y claramente en los carteles, tal las mafias italianas, con los Escobar, los Rodríguez Orejuela, los Ochoa o los Galeano.

57 Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 287.

58 Ibid., p. 288.

59 A propósito de la utilidad o la finalidad de las huelgas y el cese al fuego, retomar la reflexión de Daniel Pécaut relativa a la nota n.º 13 de este capítulo. Por su parte, Villarraga y Plazas interpretaron que el Gobierno se sirvió de la tregua militar para atrasar la negociación política (ver Para reconstruir los sueños…, op. cit., pp. 280-281).

60 El epl cuestionó el trabajo del consejero presidencial para los Derechos Humanos Álvaro Tirado Mejía, a quien estimaron negligente a la realidad de los hechos que ese grupo denunciaba (ver Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 282). Lo que más suspicacia generó es que el historiador fue dirigente del pcc-ml años atrás, y el epl lo veía ahora como un traidor.

61 Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 289.

62 Según Eduardo Pizarro, el club de los expresidentes “constituía uno de los ejes centrales en la organización de partido”, influencia que se perdió tras la Constitución (ver Pizarro Leongómez, Eduardo. La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales. En Francisco Gutiérrez (comp.), Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano (pp. 357-401). Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y Norma, 2002). Sin embargo, los hechos muestran su permanencia, aunque cierto que menor; a los expresidentes se les ve aconsejando o respaldando un Gobierno, incluso en temas a los que no hubieran cedido en sus mandatos. Sin olvidar las conferencias que dictan, sus llamados al orden o el papel de medidores cuando sus partidos se dividen.

63 Mauricio García Durán (De La Uribe a Tlaxcala: procesos de paz, 1992), citado en Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 263.

64 Caraballo se alejó del epl y junto con un grupo de combatientes buscó protección de las farc. En 1994 fue capturado y juzgado por el secuestro y asesinato del exministro de Obras Públicas Argelino Durán. En el 2008 recobró su libertad, ya que su pena, inicialmente a veintinueve años, fue reducida a catorce años por buena conducta y por haber cumplido parte de su condena. Se presume que una fracción del epl con cerca de cien combatientes actuó bajo su mando en Risaralda hasta el 2010.

65 Los paramilitares asesinaron militantes del epl y masacraron cuarenta y dos habitantes de Pueblo Bello, Urabá (Antioquia). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) condenó al Estado en el 2006 por su negligencia. El periódico francés Le Monde cita a un huérfano de esta masacre, quien dice que aquella se debió a un robo de ganado por parte de la guerrilla (7 de febrero del 2007, sección internacional, p. 4). Según la versión de un excombatiente del epl, fue por represalias por la muerte de un hombre de confianza de un jefe paramilitar de la región.

66 Entrevista a Jesús Antonio Bejarano, exconsejero de paz, en septiembre de 1993 (en Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., pp. 347-348).

67 Jaime Fajardo, citado en Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 360.

68 Ibid., 362.

69 Michels, Robert. Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties. Bruselas: Editions de L’Université de Bruxelles, 2009 (1.ª edition 1911), pp. 59-64. Y Gaxie, Daniel. La démocratie représentative. París: Montchrestien, 2003, pp. 22-24 [todas las versiones españolas de las citas en francés son traducción propia].

70 Entrevista a Tomás Concha, en abril de 1994 (en Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. Para reconstruir los sueños…, op. cit., p. 345).

71 Pardo Rueda, Rafael. De primera mano…, op. cit., p. 233.

72 Otras dos fueron el maql y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt).

73 Robo de un numeroso armamento en esa escuela militar y que el ejército recuperó de inmediato.

74 Pizarro Leongómez, Eduardo. Elementos para una sociología de la guerrilla. Análisis Político, 12, enero-abril de 1991, pp. 10-11.

75 Declaración Política Primera Convención Nacional ¡A luchar! Por la unidad revolucionaria, 1986 (citada en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril: la Corriente de Renovación Socialista. De las armas a la lucha política legal. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, 2000, p. 46).

76 El eln fue casi exterminado en una serie de operaciones del Ejército en 1973. Cerca del municipio de Anorí recibió el más duro golpe al perder a dos de sus principales comandantes y fundadores, los hermanos Antonio y Manuel Vásquez Castaño; un tercer hermano, Fabio, eludió el cerco y huyó a Cuba, evitando un juicio revolucionario que le haría el eln por el fiasco del cual se le responsabilizó.

77 Para profundizar, ver Cole, George Douglas Howard. Historia del pensamiento socialista…, op. cit., particularmente: tomo iii: La Segunda Internacional (1889-1914), cap. 6 (“Alemania después de la controversia revisionista: apariencia y realidad”), pp. 282-303; y tomo v: Comunismo y socialdemocracia (1914-1931), cap. 5 (“Revolución y Contrarrevolución en Alemania, 1918-1921”), pp. 126-159. Ver también: Luxemburgo, Rosa. Reforma o revolución. Madrid: Akal, 2015.

78 Duverger conviene que entre un partido de masas y uno de cuadros la “distinción no es a menudo fácil”, pues esta no reposa en la “cantidad [de adherentes] sino en su estructura” (Duverger, Maurice. Les partis politiques. París: Seuil, 1981, pp. 120-121).

79 Entrevista a León Valencia, en noviembre de 1998, Bogotá (citada en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 55). León Valencia fue director de la Corporación Nuevo Arco Iris, ong creada tras la desmovilización de la crs. Miembro de la comandancia nacional, encabezó el grupo cristiano que confluyó en el mur. La idea de un movimiento regional recogía a las guerrillas integrantes de la cgsb, al movimiento Sandinista, a Cuba, a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng).

80 El apelativo de las comandancias varía según su concepción ideológica, tipología de guerrilla o estrategia militar. “Estado Mayor Central” en el epl, “Comando Superior” en el m-19, “Secretariado” en las farc y “Comando Central” en el eln.

81 Conclusiones de la Segunda Convención Nacional ¡A Luchar! Por el Poder Popular, 1988 (citadas en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., pp. 51-52).

82 Angarita Cañas, Pablo Emilio. Movimientos sociales y políticos alternativos. Medellín, 1991-1995. Maestría en Ciencias Políticas. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, 1996, p. 159.

83 Entrevista a Alfredo Aguirre, exmilitante de ¡A Luchar! y de la Corriente de Renovación Socialista (crs), miembro de la Dirección Nacional de la Corporación Nuevo Arco Iris.

84 Este frente, otrora considerado uno de los más aguerridos del eln, lleva el nombre de un sacerdote de Aragón, España, quien se vinculó al grupo finalizando la década del sesenta y que suscribe un comunicado en 1970 donde justifica las razones de su decisión. En 1974 murió en combates contra el ejército. También es conocido como el Frente de Guerra Oriental, dada su presencia en la región de Arauca, donde el eln ha tenido su mayor retaguardia, en parte por la extorsión a las compañías petroleras.

85 Una columna del eln, la Astulfo González, decidió irse con la crs (una columna la conforman entre veinte y cincuenta combatientes).

86 Hay que tener presente, independientemente de que ello corresponda a una etapa posterior en la existencia del eln, que en su debilitamiento militar, social y político es el paramilitarismo lo que más ha incidido, en menor grado que las farc, su base social fue más fácilmente dinamitada. Cabe preguntarse cómo se habría dado tratamiento a las divisiones en el eln en periodos previos, por ejemplo, durante las conversaciones de Caracas, en 1991, y luego en Tlaxcala, México, en 1992. Es previsible que este grupo aprovechó la negociación para ganar terreno político sin descuidar lo militar, por algo no tomó la misma decisión que la crs.

87 Entrevista a León Valencia, en noviembre de 1998, Bogotá (citada en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 74).

88 Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 88.

89 Ibid., p. 89.

90 Se les atribuye también una influencia a los intelectuales reunidos alrededor de la revista Opción, y Fernando Hernández (alias Jacinto Ruiz), citado en el texto del epl, y que fuera el jefe de relaciones internacionales de la uc-eln.

91 En particular la lista de la up fue una de las que se promocionaron.

92 Entrevista a Fernando Hernández, miembro de la Junta Nacional de la crs, en noviembre de 1999, Bogotá (citada en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 85). Los datos son de la Corporación Nuevo Arco Iris, pero con respecto a los años siguientes hablan de un número de setenta y siete combatientes y simpatizantes asesinados o desaparecidos. La mayoría de casos se les ha imputado a los paramilitares y a algunos miembros de la fuerza pública.

93 Entre siete militantes asesinados en Cali, se encontraba Carmen Elisa Pereira (alias Silvia), ficha del eln en ¡A luchar!, pero que abogaba por el diálogo.

94 No faltará el cinismo de quienes atribuyen tales asesinatos a la persistencia de la combinación de todas las formas de lucha. Negando la pugna en el seno de una misma agrupación entre quienes optan por la lucha política y quienes prefieren la vía armada, el contexto también pesa en favor de una u otra posición. Para los primeros a veces la única manera de no ser blanco de las balas es una renuncia total al proyecto; lo que no es fácil, pues quedan con la sensación de no haber hecho valer su posición, y lo que es peor, su renuncia puede ser vista como traición a la causa revolucionaria, llegando a ser víctimas del hostigamiento y la eliminación.

95 En octubre de 1991 la crs rechazó actos dinamiteros del eln contra la infraestructura energética y petrolera del país.

96 Prueba de que las relaciones entre la crs y el eln no se deterioraron es que esta última proporcionó corredores de seguridad de combatientes que se desplazaron a esa Primera Conferencia.

97 Fernando Hernández (La izquierda colombiana en la transición de la guerrilla a la lucha política, julio de 1992), citado en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 80.

98 Ver Flórez, Carmen Elisa. Las transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo xx. Bogotá: Tercer Mundo, 2000. El acelerado crecimiento puede ya notarse finalizando la década del setenta cuando más de la mitad de la población colombiana se encontraba en las zonas urbanas.

99 En la Declaración Pública de la crs del 10 de febrero de 1992, expresiones como “paz” y “solución negociada del conflicto social y político” aparecerán en más de cinco ocasiones.

100 Declaración Pública de la crs, 10 de febrero de 1992 (citada en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 84).

101 Con estas zonas las farc buscaban promover en sus combatientes el ejercicio político legal y de trabajo con la ciudadanía.

102 Declaración Pública de la crs…, op. cit., p. 83.

103 La guerra civil de El Salvador fue concluida con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en enero de 1992.

104 Sus seudónimos respectivos fueron Jacinto Ruiz y Gabriel Borja.

105 Otros dirigentes que apoyaron la negociación fueron Alejandro Suárez y Antonio López, procedentes del mir-Patria Libre, así como Fernando Patiño y Daniel Libreros, cercanos al trotskismo.

106 Otros dirigentes de esta posición eran León Valencia, Enrique Buendía y Adolfo Bula.

107 Conclusiones de la Reunión de Dirección Nacional de la crs, noviembre de 1992 (citadas en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., pp. 90-91).

108 La tendencia encabezada por Hernández anunció el inicio de los diálogos sin el consentimiento pleno de la mayoría, esto casi le cuesta la expulsión, lo cual hubiera llevado inmediatamente a una división fatal. Gracias a la gestión de Enrique Buendía, miembro del ala militar, se mantuvo la unidad de cara al proceso de paz que se iniciaba.

109 Comunicado de la crs, marzo de 1993 (citado en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 92).

110 La crs propuso al arzobispo de Barranquilla Félix María Torres, quien la rechazó. La aceptación fue de Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo.

111 En esta, Juan Pablo II insistió acerca de la doctrina social de la Iglesia católica y criticó tímidamente el neoliberalismo.

112 Comunicado de la crs, abril de 1993 (citado en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 93).

113 Buendía y González eran los responsables del traslado de combatientes del Frente Astulfo González desde Antioquia hasta Sucre para el acantonamiento. Las denuncias señalan a miembros del Batallón Voltígeros con sede en Urabá. En 1993 la Procuraduría General de la Nación conminó al Estado a sancionar a los responsables de las muertes de estos dos dirigentes.

114 Medellín fue quizás donde el experimento de milicias urbanas tuvo más auge. Compuestas por jóvenes de sectores populares, algunas se convirtieron en un problema para las propias guerrillas, otras fueron combatidas con crudeza por bandas criminales o al servicio del narcotráfico y otras se transformaron en meros grupos delincuenciales. Aquellas que pactaron la paz tuvieron algunos logros, pese al costo de vidas que siguió a su desmovilización, o precisamente por no abandonar completamente la propuesta guerrillera. Se destacan las Milicias Populares del Valle de Aburra, del eln; las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, de tendencia maoísta, las Milicias Bolivarianas, de las farc. El epl fue el primer grupo en implementar este tipo de estrategia.

115 Comunicado de la crs, octubre de 1993 (citado en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 117).

116 La crs creó una vocería a cinco, tres a nivel nacional, Norma Lucía Bermúdez, Carlos Eduardo Caicedo y Franklin Alberto Donado; y dos del orden local, Óscar Manduca Bayter, por Barranquilla, y Alberto Cabezas Espinel, por Bucaramanga.

117 Entrevista a Fernando Hernández, miembro de la Junta Nacional de la crs, el 20 febrero de 1994 (en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 132).

118 Conclusiones de la Segunda Conferencia Nacional de la crs, 1994 (citadas en Restrepo, Andrés y Contreras, Marly. Flor de Abril…, op. cit., p. 140).

119 Ibid., p. 141.

120 Fue así como surgió la Corporación Nuevo Arco Iris, ong creada, entre otros propósitos, para el fomento de la propuesta política de la crs.

121 Firmados, en nombre del Gobierno, por Horacio Serpa Uribe (ministro del Interior), Carlos Eduardo Jaramillo (alto comisionado para la Paz), así como por los asesores Eduardo Díaz Uribe y Tomás E. Concha; por la crs, lo hicieron Adolfo Bula, León Valencia, así como José Aristizábal y Fernando Hernández, sus dos representantes a la Cámara, en razón de la favorabilidad política.