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El movimiento social por la paz, o la sociedad civil

Tres realidades marcan la situación sociopolítica del país y el quehacer de la izquierda legal en el periodo 1998-2002. La de mayor resonancia, el inicio de una mesa de diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (farc-ep), frente al clamor de paz y como cumplimiento de la principal promesa de campaña por parte del presidente Andrés Pastrana Arango; la más funesta, la consolidación de una estructura paramilitar de orden nacional. Luego de convenida la agenda de trabajo entre el Gobierno y la mayor guerrilla con ideología —sistema de representaciones e ideas de un grupo particular de la sociedad, dirá Marx— de izquierda en Colombia, numerosas organizaciones sociales van a participar en los espacios de debate que las dos partes acordaron. De inmediato, como una réplica premeditada, ante la eventualidad de cederles espacios a las farc, el paramilitarismo, del que un tiempo atrás se hacían denuncias, dejó de estar disperso y amorfo, convirtiéndose, en un primer momento en una suerte de ejército regular, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y luego, a partir de 1997, en un proyecto con claros fines por el poder, bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (auc). La ineficacia, la permisividad o el designio de una parte de las elites nacionales al dejar actuar a estos grupos de mercenarios iba a tono con el raciocinio de un proyecto de “para-Estado” que buscaba a toda costa evitar el fortalecimiento de la izquierda ilegal, clandestina o armada, y de paso restringir las pretensiones de la izquierda legal o de sus expresiones organizativas. La tercera realidad, yuxtapuesta a las dos anteriores, la aplicación del Plan Colombia. Destinado a atajar el narcotráfico y sus consecuencias sociopolíticas a nivel nacional e internacional, terminó reorientándose a combatir a las guerrillas, y en menor grado los paramilitares, dada su implicación en este mercado. Pero ello desentrañó la injerencia de Estados Unidos, que pese a estar presididos por Bill Clinton, no alteró la política internacional fijada por el tándem demócrata-republicano.

Las elecciones de 1994, nueva decepción en el campo de la izquierda

Tabla 3.1 Elecciones parlamentarias de 1991 y 1994

	1991	1994
Partido	ls	Votación	nc	lc	Votación	nc	ls	nc	lc	Votación	nc
Partido Liberal	90	2 489 647	50	337	2 425 304	84	138	56	293	2 621 201	88
Partido Conservador	25	507 501	9	64	792 153	25	40	20	113	1 099 436	41
Alianza Democrática m-19	1	454 467	9	1	483 382	13	12	0	22	153 185	1

Listas al Senado (ls) y a la Cámara (lc), número de curules (nc) y votación de las tres principales formaciones.

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.1

La tabla 3.2 da cuenta de la mella en el seno de la Alianza Democrática m-19 (ad m-19); al fárrago de doce listas, se suma el hecho de que varias de sus cabezas pertenecían a una mismo movimiento o corriente.

Tabla 3.2 Votación por candidatos de izquierda al Senado el 13 de marzo de 1994

Cabeza de lista	Procedencia	Votación nacional	Mayor votación	Curul
Manuel Cepeda Vargas	Partido Comunista Colombiano	51 032	9178 en Antioquia	Sí
Samuel Moreno Rojas	Alianza Nacional Popular	49 732	20 885 en Bogotá	Sí
Jaime Dussán Calderón	Educación, Trabajo y Cambio Social	33 175	4550 en Bogotá	Sí
Jorge Santos Núñez	Movimiento Obrero Independiente Revolucionario – Bloque Democrático Regional	24 065	9014 en Santander	Sí
Vera Grabe Loewenherz	Alianza Democrática m-19 (m-19)	18 916	7627 en Bogotá	No
Eduardo Chávez López	Alianza Democrática m-19 (m-19)	15 489	6076 en el Valle	No
Gloria Cecilia Quiceno	Alianza Democrática m-19 (m-19)	14 071	8724 en Antioquia	No
Aníbal Palacio	Alianza Democrática m-19 (epl)	13 555	4177 en Antioquia	No
Gustavo Petro Urrego	Alianza Democrática m-19 (m-19)	12 676	3019 en Bogotá	No
Adalberto Carvajal Salcedo	Alianza Democrática m-19 (epl)	12 094	6374 en Santander	No
Angelino Garzón	Alianza Democrática m-19 (pcc-up)	11 532	5898 en Atlántico	No
Everth Bustamante García	Alianza Democrática m-19 (m-19)	11 507	2115 en Bogotá	No
Enrique Flórez Romero	Alianza Democrática m-19 (prt)	11 468	4601 en Atlántico	No
Rósemberg Pabón Pabón	Alianza Democrática m-19 (m-19)	9250	2596 en el Valle	No
Rafael Vergara Navarro	Alianza Democrática m-19 (pcc-ml)	8794	2907 en Bolívar	No
Álvaro Cardona	Izquierda Nueva	1912	833 en Antioquia	No
Mariano Barbosa Lozano	Alianza Democrática m-19 (m-19)	1466	377 en Bogotá	No

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En 1994 el residuo para el Senado fue de 21 861 votos. La ad m-19 conservó el tercer lugar, a leguas de lo conseguido por liberales y conservadores. De no ser por su fragmentación y errada estrategia electoral, con la sumatoria en votos hubiese conseguido unos cinco escaños.2 Fue en Bogotá, con 21 809 votos, así como Atlántico y Antioquia, con 18 405 y 15 568 votos respectivamente, donde mejor le fue. Hubo otras fuerzas que por su trabajo disciplinado tuvieron una votación menor pero más efectiva, pues pesó su historial o la ascendencia sobre un determinado gremio, por ejemplo, el de los educadores. En sus listas hubo figuras que tenían o ganaban notoriedad; fue el caso de Manuel Cepeda, quien pasó de la Cámara de Representantes (por Bogotá) al Senado como uno de los pocos dirigentes de peso en el pcc y la up aún con vida, inmolada pocos meses después de las elecciones.3 El dirigente tuvo un aumento de cerca de 40 000 votos;4 y fue en Bogotá (6456 votos), en Antioquia (9178 votos) y en Arauca (6037 votos) donde más apoyo tuvo. No lejos de su votación estuvo Samuel Moreno, reelegido esta vez a nombre de la Alianza Nacional Popular (Anapo). Tradicionalmente el grueso del electorado de este movimiento se hallaba en la capital y en el departamento de Santander, pero esta vez fue en el Quindío donde sacó su segundo mejor resultado.5 Dado que en 1991 Moreno integró la lista de la ad m-19, es difícil ver su progresión electoral, pero esa experiencia y la votación de 1994 lo acreditaron y además remozaron la organización iniciada por el general Rojas Pinilla, su abuelo, y continuada por la capitana María Eugenia Rojas, su madre. Los otros dos senadores fueron Jaime Dussán, regente del movimiento Educación, Trabajo y Cambio Social, surgido en el seno de la gran confederación de educadores Fecode, recogiendo su principal votación entre el profesorado de secundaria de todo el país; y Jorge Núñez, expresidente de la Unión Sindical Obrera (uso), coadyuvado por un movimiento regional con base en Barrancabermeja,6 y que le permitió al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (moir) retornar al Congreso cuando casi había desaparecido de la carta electoral regional y local.7

Las elecciones de 1994, más que las de 1991, pusieron a prueba los avances políticos debidos a la Constitución. Uno de estos era la presencia de organizaciones identificadas al territorio, una ideología religiosa o en representación de un grupo poblacional determinado, y de líderes carismáticos ajenos a organizaciones partidistas pero que consideraron tener la capacidad, la atribución y las garantías para forcejear por una diputación al Congreso. En este caso en específico, fuese una respuesta al coro de mayor implicación ciudadana dada la crisis de representación y el cambio del sistema político, fuese la búsqueda de ascender los peldaños de la política a nombre de corrientes plenamente constituidas, fuese un simple anhelo caudillista o una ambición limitada al orden local, se crearon las condiciones para la aparición del dirigente outsider. Por igual, el certamen parlamentario de ese año dejó claro que participación no es sinónimo de organización, inexcusablemente de aquella se requería para inmovilizar al bipartidismo adyacente al régimen.

Elegido el Parlamento, quedó comprobado que 20 % no llegó escudado en el bipartidismo. La ad m-19 en particular obtuvo el mayor margen, solo que intrascendente. Bastaba de un periodo sin la pasable presencia de la izquierda legal y reformista para que esta perdiese el brío y el reconocimiento ganado durante el cuatrienio que venía de acabar. El 80 % quedaba en manos de los partidos Liberal, pese a su fragmentación y como el que más se recuperaba, y el Conservador, que resistía. De 13 formaciones políticas en 1991, se pasó a 36. La profusión de listas fue lo que captó la atención de los analistas, no solo las 12 a nombre de las comunidades afrocolombianas, que ahora contaban con una circunscripción especial, ni las 4 de las organizaciones indígenas.8 De 141 listas contabilizadas por Juan Carlos Rodríguez Raga y Francisco Gutiérrez Sanín, se pasó a 254 para el Senado (Eduardo Pizarro establece 251) y 674 para la Cámara (628 según Pizarro).9 Si con la Constitución se esperaba cambiar el sistema “bipartidista moderado”, según la tipificación de Fernando Giraldo,10 o “imperfecto”, como lo propone Jean Blondel,11 por uno multipartidista, quedó en evidencia el fraccionamiento descomunal de los dos partidos históricos, y la exigua posibilidad de un bloque alternativo liderado por la ad m-19 o cualquier otra fuerza.

Pasadas las elecciones parlamentarias de 1991, Eduardo Pizarro Leongómez diría en un tono optimista que observaba un gradual enriquecimiento del sistema político ante la aparición de nuevas fuerzas partidistas, y pese a que el bipartidismo seguía en pie.12 Luego, refiriéndose a 1994, sugería que la Constitución había sentado las bases de una ampliación en la representatividad sin que necesariamente implicara que los partidos plenamente constituidos fueran más capaces de asumirla, por lo cual el resultado fue la aparición de numerosas fuerzas que pretendieron cumplir un papel de mediadoras sin verdaderamente lograrlo.13 Pero tras la reforma política, en 1997, declararía que esta “tendió a favorecer el fraccionamiento y la atomización de los partidos, así como la fragmentación de los movimientos emergentes”.14 Otra opinión frente a esa parcelación tendría Francisco Gutiérrez Sanín: “ya en 1982 existían poderosas fuerzas centrífugas que presionaban la explosión de listas”,15 lo que momentáneamente fue controlado en las elecciones de 1986.

A la ad m-19 aún le faltaba el veredicto de las urnas en las elecciones territoriales de octubre de 1994, y lo poco que consiguió fue gracias a alianzas y al llamado a apoyar nombres u organizaciones políticas con mejores opciones; como sucedió en Barranquilla, donde fue elegido alcalde el exsacerdote Bernardo Hoyos, típico outsider o líder “antipartido”, a quien favoreció el cambio constitucional.16 Lega en estrategia, la ad m-19 no aprovechó una transformación que venía observándose culminando los ochenta y que llega a su máximum en 1994 cuando en el nivel regional, tal como lo expone Diana Hoyos, pese al bipartidismo o la hegemonía de uno de sus dos partidos, el Liberal, hubo “un aumento de los sistemas con tendencia al multipartidismo”.17 Además, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (crs) ese mismo año no se tradujo para la ad m-19 o para el conjunto de la izquierda legal y reformista en mejores dividendos en alguna de las tres elecciones que hubo; su respaldo a la ad m-19 no fue ni programático ni ideológico, y se dio en los municipios en los que actuó en tanto guerrilla, sin muchas adhesiones, lo que en nada afectó el mapa electoral.

Valga precisar que desde la Constituyente la autorreferencia ser de izquierda produjo un dilema en la ad m-19. Mientras un sector invitó a conectarse con las dinámicas de reconciliación, las reformas y las transiciones democráticas en otros países, aceptando la supremacía del capitalismo, otro insistió en que ello no impedía proseguir buscando un nuevo modelo socialista, emulando la socialdemocracia europea. Un punto de debate fue que algunos sectores consideraron que ni Navarro ni el m-19 eran los exponentes más fidedignos de los axiomas distintivos de la izquierda. Y esto lo advirtieron Ramírez y Restrepo una vez que dicho grupo se desmovilizó, puesto que Carlos Pizarro, en un primer momento, y Antonio Navarro, tras la muerte de aquel, “pretendieron construir una organización que se diferenciara claramente de la izquierda. Aunque Pizarro inició su militancia política en la Juventud Comunista y su experiencia militar en las farc, había roto con la tradición de izquierda; Navarro por su parte no venía de la izquierda. Los dos dirigentes coincidían en esta oportunidad en el afán por diferenciarse de la izquierda y frecuentemente afirmaban: ‘No somos de izquierda’”.18 Si su análisis es irrebatible, también lo es que para entonces Navarro y la ad m-19 fueron considerados por sus contradictores, por la opinión y por muchos simpatizantes de izquierda los referentes de esta gama, amplia y difusa.

Otras formaciones tuvieron resultados más aceptables en 1994, por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano-Unión Patriótica (pcc-up). Producto de un fuerte anclaje en las bases y de alianzas sostenidas con otras fuerzas de izquierda o pertenecientes a las alas progresistas de los partidos tradicionales, desde 1986 venía siendo el proyecto político que mejor lograba fortalecerse en el nivel municipal y regional; prueba de que las derivaciones de la intimidación verbal y la ofensiva criminal de que era víctima no constriñeron totalmente su proyección ideológica ni el trabajo orgánico.

El cambio de Constitución significó la extensión de la oferta política, y en respuesta el artículo 105 permitió la consolidación o creación de “partidos” y de “movimientos políticos”; sin embargo, las elecciones de 1991 y 1994 dejaron en mora la pretensión de transformar el sistema de partidos. Una fuente de críticas fue precisamente el hecho de equiparar ambas formas organizativas, lo que era contraproducente y poco sólido para un sistema de por sí en crisis, a juicio de Hernando Yepes Arcila, Javier Sanín Fonnegra y Jaime Calderón Brugés.19 Estos se preguntaron: ¿qué habría pasado sin la elaboración de una nueva legislación que permitió el reintegro a la vida civil de organizaciones que hacían la política por otros medios, y a sabiendas de que ya en 1989 había fracasado una reforma del sistema político? Pero la dificultad de equiparar un movimiento y un partido radica, por un lado, en la importancia que el primero le otorga al elemento social y la apatía respecto a la verticalidad y las redes clientelares propias de la organización netamente partidista y tradicional, y el ejemplo lo daban las fuerzas que participaron en la redacción de la Constitución, como la ad m-19, que no fue un partido en un sentido estricto sino una alianza variopinta; por otro lado, hay que contar las disidencias en los partidos tradicionales, tal como el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado.20 Si solo se trató de “disfraces o enmascaramiento de los procesos clientelitas”, según estimaba Yepes Arcila, el problema era la misma configuración del Estado, y por ende en las dos colectividades históricas con su ejercicio de mediación.

Aunque estos autores aciertan en que la Constitución quedó corta para reordenar el sistema de partidos, soslayan un inconveniente que enfrenta cualquier reforma democrática: todo acuerdo o la lucha entre fuerzas antagónicas es mediado por el voto; luego son la correlación de fuerzas o el arreglo al que llegue con sus concurrentes lo que tercia en el resultado final, ya que la buena intención no basta para reformar un sistema donde los principales beneficiados pueden perder sus privilegios. De hecho, como pasó en el proceso Constituyente con la participación de quienes representaban los intereses reivindicados por la izquierda legal, la reforma política de 1985, que permitió la elección popular de alcaldes y gobernadores, no hubiese prosperado sin el concurso de organizaciones con una tipología más próxima al movimiento político que al partido; si junto, y en coherencia, con un puñado de progresistas liberales y conservadores no hubiera existido esa exigencia de cambio por parte de la up para sentarse a negociar. Y ese constante objetivo de reformar el sistema político es el que da origen en 1994 a la Ley 130, no sin trabas, y que se pondría a prueba en las elecciones de 1997.

Uno de los aspectos más relevantes entre la elección de la Asamblea Constituyente y las elecciones de 1994, pese al desvanecimiento de un proceso innovador y abierto hasta la indeterminación como la ad m-19 o el aislamiento al que sometió la maquinaria tradicional a formaciones como la up, es la emergencia de un grupo de dirigentes que conformarían la elite parlamentaria y profesional de la izquierda legal y reformista. En esto fue acertado el vaticinio de Carlos Pizarro Leongómez, quien exaltando la desmovilización dijo que se podían “identificar y formar nuevos dirigentes políticos nacionales”.21 Es a partir de 1991 que la opinión, en particular el segmento joven, comenzará a reconocer ciertos liderazgos, comenzando por Antonio Navarro. Con todo, de él y otros dirigentes se dijo que sus intenciones se suspendieron en la cuestión de la competencia burocrática. En la mayoría de casos la participación en el Gobierno o el acceso a un cargo de poder se debió a un logro individual, y fue así como algunos ganaron reconocimiento nacional. Pero el papel de la izquierda no se circunscribe exclusivamente a la competencia política, y es a partir de 1994, producto de su descalabro electoral, que su acción va a concentrarse en el terreno de lo social.

La izquierda legal y reformista frente a nuevas exigencias

Se mencionó que la Asamblea Constituyente, y la Constitución de 1991, no fue del gusto de todos los dirigentes y fuerzas políticas. Si bien su representatividad quedaba en tela de juicio dado que apenas una cuarta parte del electorado votó para elegir los asambleístas, es innegable su importancia para la política colombiana en las recientes décadas. Sus propios mentores, de todo borde ideológico-político, fueron deslumbrados a tal punto que ni se percataron de los límites y las tareas que implicaba promocionar este nuevo contrato; la sola cosa que al parecer tenían clara era que la construcción del Estado moderno (ver Max Weber) se hallaba estancada. Registraban la ausencia de instituciones estatales en varios puntos de la geografía nacional, el aislamiento de comunidades enteras por falta de vías de comunicación, la penuria de instalaciones y personal en las áreas de la salud, la educación y la justicia, la pésima calidad y falta de expansión de los servicios públicos. Además, compartían que, primero, el monopolio y uso de las armas debía ser exclusivo del Estado, pese a que guerrillas, paramilitares, bandas delincuenciales y redes del narcotráfico le disputasen tal franquicia; segundo, que era de la potestad del Estado la recaudación de impuestos, aun si estas, bajo apelativos tales como tributación al proceso revolucionario, servicios de seguridad, cobro de peajes, cuotas para el comercio y el uso de la tierra, la extorsión, se la arrebataban. Con todo, unos y otros veían la Constitución como la mejor herramienta de la que disponía el Estado para remediar estos problemas, así como otros inaplazables como la elevada tasa de homicidios22 y la corrupción.

Un factor que turbó las proyecciones de la izquierda legal y reformista fue la persistencia de las guerrillas, que no vieron en la Constitución una prenda de garantía para adelantar la defensa democrática de esa población que dicen amparar. Estas y los emisarios de diferentes Gobiernos dialogaron numerosas veces, pero fueron frecuentes los traspiés, incluso el mismo día en que se sancionó la Carta Magna, el 9 de diciembre de 1990, con el bombardeo a Casa Verde, sede del Estado Mayor de las farc. Si en la introducción de su plan de gobierno La Revolución Pacífica, que incorporaba la teoría desarrollista que se abría camino, Gaviria destacaba: “el reto de los años 90 consiste en sentar por fin las bases para el establecimiento de un sistema democrático, que permita la resolución amplia y pacífica de los conflictos y las controversias y que sea el campo fértil para el crecimiento económico, la equidad social y la realización de la dignidad humana”,23 con el codo había borrado lo que hiciera con la mano, pues ese ataque inauguraba su propuesta de “guerra integral”, a la que respondieron con furor los grupos armados. Aunque hubo luego nuevos acercamientos,24 las circunstancias e intransigencias de cada lado fueron más eficaces que los anhelos de paz. Así evaluó ese periodo presidencial un exalcalde de Bogotá, Augusto Ramírez Ocampo:25

[…] en el momento en que comenzó su mandato, dentro de la geografía de la guerra había 178 municipios que de manera directa estaban contaminados de la guerra. Y después de la “guerra integral”, entrega el presidente Gaviria su mandato, lo hace dejando 560 municipio con influencia directa o indirecta de la contaminación de la guerra.26

Si bien Gaviria acarrea al país a la era de la globalización y, apoyado en la Constitución, afianza levemente la democracia, es también quien más ahonda la fractura entre el Estado y unos grupos que, aunque no podían derrotarlo, tenían capacidad de ponerle trabas. Su sucesor, el también liberal Ernesto Samper, fue más solícito al clamor de paz que hicieran numerosas organizaciones sociales, afines a la izquierda. Estas, fuesen corporaciones o fundaciones, y en su mayoría surgidas paralelamente con el cambio constitucional o las desmovilizaciones, se ocuparon de regular el retorno de los combatientes a la vida civil y verificar el cumplimiento de los acuerdos. Pero su primordial trabajo fue promover la Constitución, la organización ciudadana bajo la idea de la democracia participativa y la construcción de un movimiento social por la paz. Es en esa labor que al mismo tiempo van a nutrir el debate político y de orden teórico de la izquierda, hasta entonces monopolizado por la extrema izquierda y sus fuerzas tradicionales. Los casos de la Fundación Progresar, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), respectivamente, producto de los acuerdos con el epl, la crs y las milicias urbanas de Medellín, o de la Corporación Viva la Ciudadanía, cercana al proceso de reinserción del m-19, son ejemplos típicos. Catalogadas en el vasto universo de las organizaciones no gubernamentales (ong), ellas, junto con procesos más antiguos o que apenas asomaban, serán cardinales en el restablecimiento de los lazos entre diversas posturas de izquierda.

De manera sintética hay que decir que en el marco de la redacción de la Constitución se presentó una relación entreverada acerca del trabajo de diferentes organizaciones sociales y populares, algunas claramente de izquierda, y otras vistas como progresistas o radicalmente demócratas. Al respecto puede hablarse de cuatro modalidades, no sin antes precisar, primero, que una buena parte tuvieron en sus orígenes reivindicaciones diferentes a las que van a permitirles ganar acreditación, así, las causas de su respectiva transformación fueron los cambios en las demandas y problemáticas sociales, las contradicciones ideológicas, los tire o afloje de la política; segundo, que sus líderes, tratando de responder a coyunturas internas o externas, debieron fusionar tradición y pragmatismo.

Una primera modalidad de organización aparece con el crecimiento de las ciudades hacia mediados del siglo xx. Su característica esencial será la demanda por el mejoramiento de la calidad de vida, a través de mayor presencia del Estado en los barrios populares, y dada la carencia de establecimientos educativos y de salud, de la pésima cobertura de las redes de servicios públicos, de espacios para el ocio y el deporte. Esto hará que se estrechen los lazos de solidaridad y germinen sus propios líderes. Entre las organizaciones que en el caso colombiano responden a estos criterios están, por una parte, las Juntas de Acción Comunal. Promovidas por el Estado en 1958 con la pretensión de permitir la participación (inicialmente en las zonas marginales hasta expandirse a los barrios adinerados), sirvieron a la cooptación de las bases, beneficiando principalmente al bipartidismo y la contención de ideologías de izquierda. Lo que resultó infructuoso. Además, recibieron el aval de un Camilo Torres, un Orlado Fals Borda y un Luis Sandoval. Su fuerza actual dista de la que tuvieron décadas atrás,27 y si hace tiempo dejaron de ser el tipo de organización asociativa y no partidista con mayor fuerza en el país, fue hasta hace poco, “al menos formalmente, valga destacarlo, la organización de mayor presencia, la más extendida y a su vez, por las mismas razones, la más polémica, la más llena de contradicciones”, según Beatriz López de Mesa.28 Por otra parte, en esta primera modalidad, encontramos las organizaciones que surgen al margen de la institucionalidad en las postrimerías de los años setenta, en un contexto fértil a la promulgación de ideas y la preparación de cuadros de izquierda. De las cuales algunas cederán a los esfuerzos del Estado por atraerlas con programas sociales, o terminarán absorbidas por la mismas Juntas de Acción Comunal.

Una segunda modalidad es producto de la conjunción, en la década del ochenta, de algunas de las organizaciones destacadas anteriormente con otras que aparecerán motivadas por nuevas incidencias. Con un proceso de formación más complejo, con una autonomía y cobertura mayores, sus objetivos superarán las meras demandas de infraestructura. Si al inicio sus objetivos no apuntaron al trabajo por la paz, su quehacer sí fue una respuesta a la violencia contra dirigentes sindicales, líderes barriales y militantes de izquierda, proveniente del consorcio elites locales, narcotráfico y paramilitares. Unas serán presididas por intelectuales, personalidades tildadas de demócratas y defensores de derechos humanos, otras aparecerán en los barrios populares o en procesos interbarriales29 y comúnmente denominadas “organizaciones comunitarias”; con una labor que en principio estuvo dirigida al segmento juvenil, con la puesta en marcha de programas para hacer frente a la drogadicción, prevenir la delincuencia, crear espacios de autoestima, lúdicos y deportivos. El ejemplo más concreto va a darse quizás en Medellín.30 A esta sazón, con un mejor conocimiento de causa, Martha Lucía Peña y Gerardo Holguín van a sostener:

Si bien la historia de la organización comunitaria está unida a la conformación misma de los barrios populares de Medellín […], nos atrevemos a afirmar que solo podemos hablar de procesos de desarrollo organizacional en lo comunitario a partir de finales de la década del ochenta cuando, y en contraposición a la muerte, a la marginalidad, a los modelos de vida impuestos por el narcotráfico, se impone la tendencia de darle permanencia en el tiempo a expresiones organizativas de la comunidad, como propuesta para la construcción del tejido social y como posibilidad de hacerse escuchar en una ciudad acostumbrada a hacerse la loca ante las problemáticas de los sectores más pobres de la población.31

Buscando paliar esta situación, fundaciones, la Iglesia católica y la Alcaldía de Medellín promovieron la creación de grupos juveniles, culturales, deportivos.32

La tercera modalidad de organizaciones surge alrededor de la Constituyente. Estas van a sumarse a las ya existentes, adhiriendo a la convocatoria realizada por los dos movimientos universitarios y al llamado de una apertura democrática y participativa, aunque manteniendo su autonomía para buscar protagonismo. Otras resultarían de la desmovilización de las guerrillas y de procesos anexos a la izquierda, pero con la novedad del interés por los temas étnicos, los de la mujer, el feminismo y la perspectiva de género, los de la juventud, los de la ecología y los de orden territorial, intereses a partir de los que algunas construirán la simiente de los movimientos políticos regionales.

La cuarta y última categoría aparece entre la declaratoria de “guerra integral” de Gaviria y las negociaciones entre el Gobierno Pastrana y las farc de 1998; su distintivo, el tesón en la búsqueda de la paz. No es que entre las organizaciones que se cuentan en las tres primeras modalidades no lo hayan hecho; su labor reforzó precisamente las que pertenecen a esta cuarta categoría. La hora era de una confluencia de múltiples violencias: la “guerra del o contra el narcotráfico”, el aumento de estructuras urbanas armadas (milicias y bandas), el avance del paramilitarismo, el desplazamiento forzado, el cambio en la estrategia de las farc, que pasaba de una guerra de guerrillas a una de posiciones. La Constitución no resolvió los problemas estructurales, y algunos del tipo coyuntural se volverían endémicos. Es en medio de la crisis social y la incredulidad en la cosa política que emergen unas organizaciones que exigirán del Estado y la sociedad comprometerse de lleno con la paz. Su vastedad va a entrañar cercanías ideológicas, geográficas, estratégicas, económicas; luego, en unas u otras será notoria la influencia de la Iglesia católica, el Gobierno, la izquierda, el empresariado, las mancomunidades étnicas, etc. Como la Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) (creada en 1994), la Comisión de Conciliación Nacional (en 1995), la Ruta Pacífica de las Mujeres (en 1996), la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (en 1998),33 o como un compromiso del sector empresarial,34 al conjunto de estos procesos va indistintamente a conocérsele como el movimiento social por la paz, o de manera genérica, la sociedad civil.

Llamando a la sociedad civil, convergencia social y política

La paz fue la prioridad del plan de gobierno El Salto Social de Ernesto Samper, quien determinó que los objetivos sociales y económicos debían regirse por el anhelo de reconciliación del país, evocó la llamada sociedad civil invitándola a contribuir “al desarrollo de una cultura de paz, basada en la tolerancia y el respeto por la diferencia, así como una justicia moderna y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad”.35 Aunque la propuesta de paz de Samper no entrañaba nada de excepcional frente a la que en su momento hiciera Betancur, ni la adecuación economía-inversión social difería en el fondo de la que aplicara Gaviria, sí contenía dos elementos; por un lado, el uso precisamente de la noción de sociedad civil, y que venía siendo utilizada desde el proceso Constituyente por parte de algunos intelectuales y grupos con filiaciones de izquierda; por el otro, a la par de su objetivo de la paz y otros que estimaba prioritarios para el país, despojó, en parte, a los partidos y movimientos políticos de una de sus principales privativas, la mediación y la contribución a la consecución de fines generales. Así, ya que a raíz de la Constitución se exteriorizaron mucho más las facciones, fracciones, corrientes o agrupaciones políticas a todo nivel, consideró atender los puntos de vista de otras formas de organización políticas y cívicas fueran o no de izquierda, como fundaciones, corporaciones, o del amplio universo de las ong.

El uso cada vez más recurrente del concepto “sociedad civil”, y en diversos países, que aparece promediando los años ochenta no se ajustaba inexorablemente a lo que acuñaron Locke, Rousseau, Hegel, ni tampoco a la interpretación menos depurada de Marx;36 de pronto, la mayor cercanía se daba con las reflexiones de un Gramsci. Tal evocación será ante todo análoga al desarrollo teórico en torno a los que venían denominándose los nuevos movimientos sociales (feminista, ecologista, juvenil, pacifista), para distinguirlos del movimiento campesino, obrero o estudiantil. Además, estaba la relación con hechos específicos como la caída del muro de Berlín o el fin de las dictaduras del América Latina. De esta simultaneidad daban cuenta dos de los autores que serían la referencia respecto a la noción de sociedad civil, Jean L. Cohen y Andrew Arato: “nuestra tesis es que los movimientos sociales constituyen un elemento dinámico en los procesos tendientes a movilizar el potencial de las sociedades civiles modernas. Nosotros sostenemos igualmente que nuestra teoría reconstituida de la sociedad civil es indispensable para una comprensión más indicada de las lógicas, los tratamientos y las potencialidades de los movimientos sociales contemporáneos”.37 A tono con la época, el análisis de las clases sociales, la crítica al capitalismo o el mejor sistema político perderán su jerarquía, pues la sociedad civil de la que hablaban ambos analistas no corresponde meramente al lugar de las disputas sociales en las que el Estado aparece como el gran mediador, tal como lo pensaba Hegel, ni tampoco, según la crítica de su propio discípulo Marx, al lugar donde están representados los intereses de la burguesía, sino que comprendía un campo más vasto, e inacabado:

Entendemos “sociedad civil” como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, que descansa sobre la esfera íntima (especialmente la familia), la esfera de las asociaciones (particularmente aquellas sin ánimo de lucro), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea cuando se erige y se moviliza de manera autónoma. Ella se institucionaliza y generaliza a través de las leyes, y especialmente en referencia a los derechos individuales, lo cual pone de presente una diferenciación social.38

Considerando los análisis y los casos de algunos países de América Latina, Cohen y Arato ligaron las reformas y cambios de régimen a “la resurrección de la sociedad civil. Que comprende en ese contexto una red de grupos y asociaciones situados entre (o que abarcan por momentos) las familias y los grupos proselitistas, por un lado, y las organizaciones francamente proestatales, por el otro, garantizando de esta manera una mediación entre el individuo y el Estado, entre las esferas privada y pública”.39 Una formulación más al caso fue luego dada por Norbert Lechner:

La invocación de la sociedad civil tiene una clara connotación antiautoritaria. Denuncia a un Estado que viola los derechos humanos, reprime la participación ciudadana y desmantela las organizaciones sociales. Expresa una autodefensa, que da voz a un cuerpo social violentado, pero también traza el clivaje principal de la lucha política. La referencia a la sociedad civil permite no solo llamar a la resistencia, sino dar nombre al nosotros que se convoca. Alude a la ciudadanía en un lenguaje no político y al margen del sistema de partidos.40

Lechner, igual que Cohen y Arato, fundaba su análisis en las experiencias de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, y claramente Chile. De allí la diferencia de talla respecto a los países donde se puso punto final a una confrontación entre diferentes bandos, el caso centroamericano, o donde el conflicto armado continuaba pese a la reducción del número de actores, como en Colombia.

Tiempos o usos de la sociedad civil en Colombia

En Colombia el uso del vocablo “sociedad civil” no estará exento de polémicas e irregularidades. En un menor grado en su temprana evocación en el interregno que va de la convocatoria a la Asamblea Constituyente a los primeros meses de la Constitución. Sin que aún se propagara esa idea en la opinión, hubo al respecto menciones restrictas en uno que otro texto.41 Quizás por lo mismo María Teresa Uribe va a anotar de manera perspicaz que en Colombia las separaciones entre el Estado y la sociedad civil existían “solo como formulaciones abstractas que no logran instalarse en las mentalidades, en las cosmovisiones, en los imaginarios colectivos; no hacen parte del ethos42 sociocultural y por eso carecemos de representaciones acordes con el mundo de hoy”.43 Mencionar la sociedad civil no será otra cosa que el prurito acabado con el que se creerá franquear, aunque tardíamente, las barreras que le impiden al país su modernidad mental, aun cuando se complaciese de haber implementado la modernización de algunas de sus estructuras físicas. De manera más precisa, la sociedad civil en Colombia no va a ser otra cosa que la consecuencia de dos aspectos aun con mayor relevancia para entrar en la modernidad, el primero: la democracia.

Al indagar por las más importantes exigencias que hicieron los grupos guerrilleros antes de desmovilizarse, y que no distaba del reclamo de otras organizaciones políticas que no tomaron las armas, se concluye que más que la toma del poder o las reformas revolucionarias estaba la cuestión de la democracia, el cómo alcanzarla. Para la izquierda legal la democracia va a adquirir una connotación menos condicionada a sus propios valores y más conveniente a su idea, circunstancial, de adecuar el régimen; es con ese objeto, en momentos en que sus fuerzas carecen de un proyecto emancipador, que extiende el llamado a otras fuerzas externas a su campo político-ideológico, e incluye en su léxico términos cuyo uso se iría haciendo cada vez más frecuente, como sociedad civil y ciudadanía. Esto lo dice de una manera general la propia María Teresa Uribe, quien años más tarde observó:

La demanda por la ciudadanía y por el fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia es también la demanda por la consolidación del Estado de derecho, de sus instituciones y reglas; por la vigencia y el respeto a los derechos individuales y las garantías sociales. Es, en fin, la demanda por la instauración de la República para volver previsibles y confiables a las instituciones gubernamentales y esperar, con un grado razonable de certeza, la transparencia en la acción de las autoridades y en la aplicación de las leyes.44

Sobra decir que el acceso a la ciudadanía es el fundamento mínimo para una democracia plena, tan reivindicado por la izquierda.

Ligado con la petitoria de democracia, el segundo aspecto que caracteriza de manera concreta el recurso a la sociedad civil, que al mismo tiempo corresponde con el segundo momento donde esta expresión tiene un uso más álgido, es el de la movilización por la paz. Independientemente de las variantes que por lugar y espacio se presentan en alusión a este absoluto, es indudable que en su búsqueda los movimientos sociales y la denominada sociedad civil colombiana —contrario a la solicitud de desmantelamiento de las prácticas dictatoriales vividas en América Latina— van a exigir de los grupos guerrilleros y el Gobierno el sentar las bases para restablecer los diálogos, al mismo tiempo que les manifestaban su sostén, como sociedad civil, y en tanto una tercera fuerza pero neutra. De esta manera la izquierda va a aprovechar ese enorme espacio de participación que va a abrirse en la construcción de la paz, solo que al ir dándole contenido y significado a dicha palabra van a emerger los contrastes entre las diferentes organizaciones, reflejo de sus reivindicaciones históricas y de sus particularidades. Siendo quizás uno de los pocos elementos de consenso el que para ponerle coto al conflicto había que parar una confrontación militar de la que no saldría ningún ganador,45 cuya dilación y exacerbación postergaban las transformaciones requeridas y dejaban, según su propia expresión, al pueblo como único perdedor.

Innegablemente el conflicto alcanzaba a toda la población; ninguno de los seis estratos sociales, fórmula para dividir y denominar las clases en Colombia, quedaba indemne. Ante la grave situación, va a aflorar la opinión de que el país soportaba o estaba ad portas de la “guerra civil”. Frente al uso de esta expresión que procedía desde la academia, Daniel Pécaut va a argüir, sin por tanto recurrir a una expresión menos radical, que “solo una minoría acepta esta perspectiva —una minoría aún más ínfima quiere en realidad el triunfo de uno u otro bando—, porque la gran mayoría solo aspira al restablecimiento de la paz”;46 por cuanto habría que hablar de una “guerra contra la sociedad”, declarada por los actores armados. De su parte, sin extirpar el enunciado guerra, María Teresa Uribe tomaba distancia de lo dicho por Pécaut, exponiendo que de lo que se trata es “de una guerra por la sociedad, y no contra esta”.47 La investigadora destaca cómo “el estado de guerra en Colombia se caracteriza por la competencia de soberanías; por la existencia de poderes enfrentados donde ninguno de los contendientes le infringe derrotas definitivas al enemigo pero tampoco acepta poder distinto del suyo”.48 Un tal recurso a la expresión “guerra” era desproporcionado, aunque respondía a una coyuntura crítica en la que los actores armados medían fuerzas, y allí, en medio del fuego, un fragmento de la misma sociedad pretendía interferir buscando posibilidades más sensatas, sin armas, y ante una confrontación sin salida en el inmediato plazo.

La impronta de la paz en los comicios de 1997 y 1998

Pese al interés de Samper por la paz, que al tiempo impulsó la acción de diferentes organizaciones sociales y de movimientos políticos que la asumieron como blasón en sus campañas, pudieron más los hilos del narcotráfico que embastaron las esferas de poder central e interrumpieron todo avance en la materia, pues el mismo presidente y varios de sus colaboradores terminaron atrapados por el proceso 8000, que los inculpaba de haberse subsidiado de sendas sumas de dinero provenientes del Cartel de Cali para su campaña presidencial. Esta situación desestabilizadora para el régimen opacó la voluntad gubernamental por la paz, la cual en su egregio sentido y ante la crudeza del conflicto resultó sin embargo crucial en las campañas electorales de 1997 y 1998. Así, la paz fue contingente en las elecciones territoriales, pues movilizó al electorado y, como se verá, quienes aspiraron a puestos de control, de administración o de representación de los entes territoriales la prefirieron frente a aspectos como la descentralización, la democracia participativa y la independencia frente a los poderes tradicionales. Además, la paz fue moderada, toda vez que en las elecciones parlamentarias de 1998 las cabezas de lista y un gran número de organizaciones apéndices o avaladas por los partidos Liberal y Conservador49 promocionaron la paz para evitar ser aislados por parte de la opinión. Lo que hizo que ninguna fuerza política tuviera la batuta de la paz y atribulara a la izquierda legal y reformista que muy a pesar de su compromiso y trabajo al respecto nada pudo frente al bipartidismo incólume. Finalmente, la paz fue preponderante, pues sería en la contienda presidencial donde se materializó el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad,50 promovido por el movimiento por la paz o la sociedad civil.

Las elecciones territoriales de 1997 mostraron la incapacidad de la izquierda legal y reformista para afrontar los intríngulis de contiendas a este nivel, donde los poderes tradicionales y reaccionarios tenían preeminencia. Su papel más activo fue disimularse en procesos con cierta aceptación como eran las iniciativas por la paz, y por lo general, a vista del imaginario corriente, distanciadas de una etiqueta marcadamente de izquierda, también, participar en movimientos cívicos o autoproclamados decepcionados y ajenos al bipartidismo. Para subsistir en los planos local o regional, sus fuerzas aprovecharon los espacios que se abrieron alrededor del combate a la corrupción, contra la política tradicional, por un aumento de los poderes territoriales. Por lo mismo fueron presas de las reyertas entre las posiciones proclives al mantenimiento de la ortodoxia ideológica y las que propugnaban por el pragmatismo, como era la movilización por la paz, que, pese a una amplia aprobación, dio para que algunos la consideraran falta de contenido, determinando en parte las discusiones subsecuentes. En definitiva, pocos logros pueden atribuírsele a la izquierda en aquellas elecciones; su aporte vino por fuera, como lo hiciera ocho años atrás en la movilización por la Asamblea Constituyente, en esta oportunidad, con la ingente movilización a favor del Mandato Ciudadano por la Paz.

A nombre de las fuerzas de la izquierda legal hubo tres candidaturas al llamado comúnmente segundo cargo más importante del país, la Alcaldía de Bogotá. Siendo ciertamente una excepción en aquellas elecciones, aunque no específicamente para el caso de una urbe que ella sola concentra más del 14 % de la población nacional, la presencia de estos tres aspirantes nada tuvo que ver con el resto de capitales importantes en las que, con la excepción de Barranquilla, los principales partidos rivalizaron entre sí. Pero ni siquiera la suma de la votación que recogieran esos tres candidatos fue motivo de regocijo en el seno del propio campo político-ideológico al que se adscribían, a no ser el hecho de haberlo intentado. La distancia fue abismal entre los 619 086 votos obtenidos por Enrique Peñalosa51 y los 7084 (equivalentes al 0.56 %) por Gustavo Petro, a quien mejor le fue. Tras su intentona por llegar al Senado en 1994, el ex-m-19, a nombre de una coalición, daría un salto agigantado, no medido, pues ello le va a servir de pasarela para otro cargo representativo en las elecciones del año siguiente. Los otros dos candidatos fueron Néstor García Buitrago, por el m-19, quien obtuvo 2286 votos (0.18 %), y Édgar Montenegro, por el movimiento Convergencia Popular, con 2119 votos (0.17 %). Al Concejo capitalino el único representante elegido en nombre de la izquierda pertenecía a la up, se trata de Mario Upegui Hurtado, quien consiguió 8578 votos. La ad m-19 presentó a Daniel Segundo Álvarez Sosa, quien obtuvo 537 votos. De señalar, la elección del otrora actor Bruno Díaz, quien con 24 737 votos fue elegido concejal por Bogotá, a nombre del Partido Liberal, y quien años más tarde va a engrosar las filas de los movimientos políticos de izquierda.

De las elecciones al Congreso en 1998 se dijo que la paz tuvo un papel ponderado. La regla general, antecedente en el mantenimiento de nichos regionales por los partidos tradicionales, era entretener las relaciones de clientelismo y caciquismo que median los procesos electorales. De ahí que la paz, pese a las excepciones,52 fuera un aderezo adicional promovido por las cabezas de lista, en vista de la lasitud del sistema político colombiano. No hay que olvidar el incentivo constitucional de una democracia más asequible, que hizo que muchas personas sin carrera política buscaran hacerse elegir. Esa jornada electoral, más marcada que la de 1991 y 1994 por lo que Rodríguez Raga denominara “personalización política” o Pizarro Leongómez “empresas individuales”, no entusiasmó a las fuerzas de la izquierda legal,53 cuya votación pasaba de 500 000 sufragios, sumando los 450 000 de la ad m-19 y los 70 000 del pcc-up, en las elecciones que renovaron el Congreso en 1991 a 129 249 votos,54 que ahora sacaban las organizaciones que surgieron de la rotura de la ad m-19, el diezmado pcc-up, el moir o la crs.

Dos curules evidenciaban el fiasco. Para el Senado, según Pizarro Leon­gómez,55 se trata de una sola obtenida por el excomandante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt), José Matías Ortiz, elegido por el Movimiento Ciudadano, dirigido por el cura Bernardo Hoyos.56 Señala el mismo autor que el pcc-up y el moir perdieron cada uno la curul que consiguieran en las elecciones de 1994. Pero hay otro escaño para considerar, aunque los autores consultados no lo registran entre el abanico de la izquierda, el de Samuel Moreno, quien en nombre de la Anapo obtuvo la quinta mayor votación con 111 531 votos.57 Para estas elecciones ninguna de las ocho listas estaría liderada por los doce dirigentes que encabezaron el mismo número de listas a nombre de la ad m-19 en 1994.58 Hubo sin embargo dos candidatos que lideraron; el uno, Fabio Rodríguez Villa,59 una lista bajo la sigla ad m-19, el otro, Carlos Franco, una lista conjunta entre la ad m-19, Convergencia Ciudadana60 y el Frente Independiente Cívico y Popular; sacando respectivamente 13 166 y 13 708 votos. Un grupo que mantuvo fidelidad al m-19 propuso a Germán Rojas Niño, quien sacó 5459 votos; el resultado más bajo de las ocho listas pero que no le impidió a este exconstituyente buscar la Presidencia del país dos meses después. El listado lo completan Jorge Santos y Jorge Robledo, por el moir. El primero, con 35 956 votos, logró la mayor votación entre los aspirantes aquí citados, por algo más de 1000 votos no alcanzó el residuo menor;61 el segundo, con 15 641 votos, presidió una lista de coalición con el movimiento regional Convergencia Cívica Agraria.62 Además de Édgar Ortiz, por el pcc-up, segunda lista más votada con 23 613 votos; Adolfo Bula, por el Movimiento de Integración Democrática, con 8472 papeletas, y León Valencia Agudelo,63 máximo dirigente de la crs, con 13 254 votos.

En cuanto a la Cámara de Representantes, los resultados tenidos en cuenta son los de Bogotá (véase tabla 3.3).64

Tabla 3.3 Votación por candidatos de izquierda a la Cámara por Bogotá en 1998

Candidatos	Partido o movimiento	Votación	%
Antonio Navarro Wolff – Gustavo Petro Urrego	Vía Alterna “otros partidos”	117 919	8.92
Sergio Cabrera	Otros – Corriente de Renovación Socialista	28 452	2.15
Germán Navas Talero	Coalición	20 336	1.54
Wilson Alfonso Borja Díaz	Partido Comunista Colombiano “coalición”	10 487	0.79
Carlos Arturo Romero Jiménez	Educación, Trabajo y Cambio Social	8123	0.61
Hernando Jiménez	Movimiento Alternativa Democrática	2330	0.18
Jorge Alexánder Ortiz	Corriente de Renovación Socialista	1319	0.1
Eduardo Duplat Sanjuán	Movimiento 19 de Abril	1200	0.09
Total votación de la izquierda	190 166	14.38

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El tándem Antonio Navarro-Gustavo Petro logró la más alta votación alcanzada hasta entonces por aspirante alguno a la Cámara de Representantes por Bogotá. En lo que incumbe a Navarro, el haber sido alcalde de Pasto, donde él y personas muy cercanas han tenido un considerable influjo,65 no le bastaba para recuperar visibilidad a nivel nacional, lo que sí le posibilitaba el ser candidato en la capital del país. Ante la falta de consensos entre algunos dirigentes de la izquierda legal para proponer su nombre al Senado, el dirigente mantuvo su pragmatismo y lideró un movimiento limitado a Bogotá, creado con la recolección de 80 000 firmas.66 En cuanto al también exdirigente del m-19 Gustavo Petro, era claro que no necesitó de su correligionario para hacerse a un nombre, apenas a cinco meses de su tentativa a la Alcaldía capitalina.

En momentos en los que ser candidato en representación de la izquierda presentaba riesgos, todo aquel que lo hacía era claramente un valiente. Además, estaba la desidia del régimen para crear la representación proporcional, lo que frenaba el espíritu pluripartidista de la Constitución. Pese a lo inocuo que podía ser el trabajo de un imperceptible grupo de parlamentarios en un Congreso dominado por el bipartidismo, era algo preferible que privarles de la personería jurídica, como le sucediera al pcc-up al no haber conseguido un solo escaño, según lo establece la ley.67 La votación que para el Senado recogieron sus diferentes organizaciones no descolló 2 % del resultado global, siendo incluso superadas por los llamados movimientos cívicos y “cristianos”. Ninguna de sus listas supo canalizar la proclama de la paz y atraer otras fuerzas sociales, lo que pondría en evidencia el quiebre entre una izquierda enraizada en las bases y la organización de masas y otra que se descubría mediante la organización partidista. Y precisamente la paz marcó la pugna presidencial acaparando el interés nacional, solo que la izquierda no tendría candidato.

En las elecciones territoriales de 1997 y en menor medida en las parlamentarias de 1998, las acciones de la guerrilla impidieron la votación en algunos municipios. Tras conocerse el respaldo al Mandato Ciudadano por la Paz, estas bajaron significativamente. Quienes aspiraron al Ejecutivo se exhibieron como los más implicados en la búsqueda de la paz, y por esto, parafraseando a Pierre Bourdieu,68 para quien la opinión y el acto de votar puede ser en ocasiones el resultado de una decisión moral y no exclusivamente política, bajo el guion del fin de la confrontación y la violencia las elecciones estuvieron circunscritas al pretendido absoluto de la paz. En la primera vuelta ningún candidato logró aglutinar o al menos representar a una de las fuerzas con relativo peso en el campo de izquierda. En su solitaria empresa, y pese a triplicar su votación con respecto a la que había sacado al Senado, Germán Rojas ni siquiera recibió el apoyo del grueso de su antigua camaradería, empezando por algunos dirigentes que crearon nuevas colectividades o avalaron las candidaturas representativas del régimen. Sin una consigna general, excepto la de votar por quien tuviese mayor aquiescencia con el tema de la paz, los militantes y los simpatizantes de la izquierda legal repartieron su arbitraje entre el apoyo a una de las tres candidaturas con mayor opción, como lo hizo la crs respaldando al liberal Horacio Serpa Uribe,69 la promoción de la abstención, o el voto en blanco. Si en 1990 y 1994 el candidato por la izquierda obtuvo un tercer lugar, en 1998 su votación no le dio siquiera para pesar en el veredicto (véase tabla 3.4).

Tabla 3.4 Elecciones presidenciales de 1998 (primera vuelta)

Candidato(a)	Filiación política o corriente	Votación	%
Horacio Serpa	Partido Liberal	3 696 334	34.78
Andrés Pastrana Arango	Partido Conservador – Coalición	3 653 048	34.37
Noemí Sanín	Movimiento Opción Vida	2 845 750	26.77
Germán Rojas Niño	Movimiento 19 de Abril	16 072	0.15
Votos en blanco		122 431	1.15
Votos nulos		79 396
Total votación		10 751 465

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.70

La segunda vuelta presidencial reprodujo un poco la dinámica de las elecciones de 1983 cuando en la campaña que enfrentó al liberal Alfonso López Michelsen y al conservador Belisario Betancur71 el pulso lo ganó quien tuvo el discurso que mejor respondió a los anhelos de paz. Ahora en 1998, pese a que los tres candidatos coincidían en este tema, Horacio Serpa comenzaba con ventaja gracias a su visibilidad, en la primera vuelta;72 pero igual que quince años atrás le sucediese a López Michelsen, a quien sus contradictores le imputaran malos dictámenes, a Serpa habría de sancionarlo la opinión por haber hecho parte de un gobierno éticamente cuestionado. Mientras, de la misma manera que Betancur ofertó una reconciliación de envergadura nacional a través de un movimiento que traspasaba su propio partido, Andrés Pastrana hizo alarde de un preacuerdo de diálogos con las farc. Lo que le trajo el respaldo de Noemí Sanín, del grueso del empresariado, de la jerarquía católica, logrando además la adhesión de grupos políticos independientes y de un sector de la izquierda. El propio Horacio Serpa mantuvo contactos con el eln,73 pero para su desgracia se presentó la muerte de Manuel Pérez, allanando la designación de un delfín.74

Sin excepción a la regla, la elección presidencial, y claramente la segunda vuelta, convocaba más que las elecciones parlamentarias y territoriales.75 Con 6 114 752 votos (el 50.34 %), Pastrana superó a Serpa, quien sin embargo consiguió 5 658 518 votos (el 46.58 %). Un ejemplo visible de que la decisión del electorado excedió la adscripción netamente partidista, manifiesta en el caso de nuevo presidente, fue que su votación estuvo muy por encima de la que tres meses atrás consiguieran los partidos y movimientos conexos de un conservatismo rebasado cada vez más por el Partido Liberal.76 Las urnas también indicaron que los votos se inclinaron por Serpa en zonas con fuerte presencia del eln y por Pastrana en el caso de las farc. En señal de apertura y reconocimiento al sostén que le diera un sector de la izquierda, Pastrana designó ministro del Trabajo y la Seguridad Social a Angelino Garzón, exsecretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (cut), exdirigente del pcc-up y excandidato al Senado en 1994 por la ad m-19; fuese una designación estratégica o una oportunidad que le daba Pastrana, en adelante toda decisión de Garzón pasaría por un atento escrutinio tanto de la izquierda como de la derecha.