Читать книгу La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991 - Jorge Eliécer Guerra Vélez - Страница 9

Introducción

Qué mejor momento que este libro sea publicado cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (farc-ep) se han transformado en partido político, y cuando un candidato de izquierda ha estado como nunca antes ad portas del solio presidencial. Sin duda en adelante los trabajos concernientes a la política y los partidos incluirán el acaecer de esta nueva fuerza. Lo que de pronto olvidan algunos lectores de estas páginas es que en la paz con esa antigua organización armada y el progresivo ensanche del sistema político fue decisiva la labor de la izquierda legal y reformista. La bibliografía al respecto es exigua —como de por sí lo es la del conjunto de las organizaciones partidistas colombianas—; los estudios al respecto se han dosificado en abordar las guerrillas, los movimientos sociales, los sindicatos y una que otra elaboración de tipo conceptual que casi ha derivado en programas políticos. Se percibe sin embargo un renovado interés en razón de la importancia que algunas organizaciones han tenido en la escena electoral reciente, aunque tales elaboraciones no superan las del tipo artículo, crónica periodística y capítulo de una obra colectiva. Los libros concluyentes son contados, y son la mayoría de las veces producto del empeño de las organizaciones por dar cuenta de sí mismas, o del interés particular y entusiasta de un dirigente o militante. Un ínfimo número se deriva de los resultados de un proyecto adscrito a un centro de investigación o en el marco de una maestría, un año sabático o un doctorado, siendo el tratamiento en los diferentes casos concomitante con las coyunturas; con los periodos electorales, comprensible dado que allí se tasa si no la existencia al menos la consolidación de toda organización partidista; con las olas de violencia, donde se enumeran sus víctimas, la descreencia de su fuerza, los riesgos que corren; y por fortuna, con la cotidianidad, en la que las crisis sociales o políticas, internas o externas, llevan a que sean transcritas las propuestas, réplicas o responsabilidades de los partidos o los movimientos de izquierda. Pero algo fehaciente es que no ha sido mucha, por no decir nula, la preocupación científica por el quehacer de estos procesos cuando no están en campaña electoral; es como si se olvidase que al siguiente día de los comicios se enfilan baterías para los venideros; de cuáles condiciones sociales, expresiones ciudadanas u objetivos alientan y modifican el itinerario partidista; del cómo el sistema de partidos, electoral, o de gobierno incide para que numerosas personas animadas por una voluntad o una propuesta de cambio o de continuidad decidan agruparse; de qué ambiciones mueven a sus dirigentes; del tipo de organizaciones inherentes a la sociedad colombiana.

En la década del noventa y entrado el presente siglo fue frecuente el apelativo “terceras fuerzas políticas” para referirse, tal como lo plantease Pizarro Leongómez, a las “que no han recibido el aval proveniente de los partidos tradicionales o de algunas de sus fracciones o facciones, que mantienen una total autonomía de las bancadas de uno y de otro de estos dos partidos y no participan en sus respectivas convenciones”.1 Reconocido por el mismo autor como el complejo universo de las terceras fuerzas, acto seguido propuso para mejor discernirlas cuatro categorías: “los partidos y movimientos políticos (como la Alianza Democrática m -19 y la Unión Patriótica), los partidos y movimientos de índole étnica o religiosa (tales como la Alianza Social Indígena o el Partido Nacional Cristiano), los partidos o movimientos cívicos regionales y, finalmente, los movimientos liderados por ‘líderes antipolíticos’ (como es el caso de Antanas Mockus o Bernardo Hoyos)”.2 Una quinta aparece en una nota al pie de página en alusión a las organizaciones corporativas (sindicatos…). Ese complejo universo, producto, claro está, del imperio que conservaba el sistema bipartidista, condujo a un gran número de analistas y comentaristas a ahorrarse la depuración necesaria para identificar política e ideológicamente formas colectivas diversas o disímiles. La proposición de Pizarro Leongómez tuvo una fuerte incidencia al respecto, pero a pesar de que el reconocido investigador apuntó a la ilación de la izquierda, en la primera de sus cuatro o cinco categorías prescindió de entrada de designar a esos “partidos y movimientos políticos” como de izquierda, llanamente, independiente de que el contexto les fuese adverso o no. Más recientemente, el apelativo “terceras fuerzas” terminó siendo desplazado por uno que lo supera por indeterminado; se trata de la “oposición”, comúnmente empleado para designar o reclamarse de aquellas fuerzas ajenas al partido o coalición que gobierna. Lo problemático es que los dos usos han contribuido a sortear la ubicación ideológico-política de las organizaciones de corte partidista, así como algo tan ostensible como el que los poderes Ejecutivo y Legislativo, pese al interregno de pronto momentáneo del bipartidismo, nunca han dejado de estar en manos de la derecha.

La connotada producción intelectual que se dio en otros países de América Latina en relación con las izquierdas y tras los vertiginosos cambios de índole social y político en un corto lapso no tuvo su corolario en Colombia. Por razones obvias, para la intelligentsia nacional o foránea la preocupación se ha centrado en estudiar las múltiples violencias y sus implicaciones en todas las esferas sociales, así como las crisis y las agitaciones de la tan ufanada más antigua y estable democracia de América. A propósito, es de exigir de quienes han profesado ese acervo argumentando la ausencia de dictaduras3 o la realización ininterrumpida de elecciones que no rehúyan a mencionar, por una parte, golpes como el de Rafael Urdaneta en 1830, quien a su vez recibe uno en abril de 1831 por parte del general Juan Nepomuceno Moreno; o el que José María Obando recibe de José María Melo en abril de 1854, quien a su vez tuvo uno el mismo año por parte de José de Obaldía (apoyado por José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera); o el del vicepresidente José Manuel Marroquín contra Manuel Antonio Sanclemente en julio de 1900; o ya en medio del siglo xx el ejemplo de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, y, por otra parte, la sangre que suele correr previamente a cada acto electivo. Hay que reclamarles que no dejen de lado algo tan capital como que el sufragio universal comienza en Colombia en 1936. Pero lo inmediatamente anterior no obedece a un paréntesis, pues a menudo lo que muchos popularizados analistas desatienden es precisamente que la demanda por una democracia más efectiva ha estado en el discurso y los objetivos de un sinnúmero de organizaciones de izquierda pese a que los sucesivos gobiernos le hayan cerrado el paso.

Con justeza debe precisarse el grado de responsabilidad o los errores en los que ha incurrido la izquierda colombiana en el momento de buscar consolidar un proyecto político y de envergadura. Se cuentan así las animadversiones en que han entrado algunas organizaciones que la encarnan cada vez que se congregan en una coalición electoral o coordinación política y las exaltaciones y las condiciones que condujeron a que un nutrido grupo de personas a ella afines optasen por tomar las armas, creyendo de esa manera acelerar las reformas o los cambios que estiman necesarios para transformar el estado de cosas. Es frente a esto último que los diferentes gobiernos no han titubeado respondiendo mediante el uso de la fuerza de la que tienen legal potestad, o acudiendo a la barbarie y las operaciones encubiertas. No es sesudo precaver la influencia de las escasas hazañas armadas que con un cierto éxito se han producido en el extranjero, solo que en regímenes democráticos, que muy a pesar de sus imperfecciones celebran el voto universal y secreto, que cuentan con un parlamento representativo de algunas de sus fuerzas sociales políticas, el triunfo de la izquierda revolucionaria es habitualmente quimérico. Asimismo, es desde afuera que han llegado ante grupos de intelectuales y de jóvenes y ante organizaciones partidistas, campesinas u obreras los argumentos y esos aires de transformación de los que se han valido para confrontar al establecimiento y a las elites criollas, para elaborar programas e interpretaciones de la realidad nacional. Sin embargo, investigar sobre todo lo anterior implicaría elaborar la historia de la izquierda colombiana, con todas sus variantes, lo cual sobrepasa los propósitos y límites de este libro.

Reanudando con la Carta Política, es menester transitar a uno de los interrogantes a los que aquí se intenta responder y que va en dos sentidos: ¿Acaso el hecho de que las organizaciones de la izquierda legal y reformista puedan contar con unas garantías mínimas sin las cuales su renacer y la posibilidad de desenvolverse con mayor soltura seguramente tambalearían no es uno de los efectos trascendentales de la Constitución Política de 1991? ¿No es en parte producto de la actividad, la presencia y las proyecciones de ciertas organizaciones que componen el campo en mención que la Constitución en su aspecto social, según la expresión de algunos, pero también en sus enunciados político y económico siga vigente? Nada novedoso hay en afirmar que el régimen político se edificó a imagen y semejanza de dos colectividades que funden su advenimiento en el nacimiento mismo de la República colombiana; empero, debe subrayarse que hasta el ocaso del siglo xx la izquierda debió aguardar para disponer de un maderamen jurídico y político que le facilitase su desenvolvimiento en igualdad de condiciones —por lo menos en el papel—, frente a los partidos del establecimiento. En relación con el segundo sentido de la pregunta, lo que incumbe aseverar es que, al contrario de lo que pareciera ser lo que piensa gran parte de la opinión, la izquierda legal y reformista en Colombia se caracteriza por emplazarse en la primera línea en el momento de defender el Estado social de derecho; asunto que apenas hace unos años habría dado pie a una asimilación propia de una desviación pequeñoburguesa. Observantes a las leyes y a la anuencia del constituyente primario, sus organizaciones más representativas dan preeminencia a la expansión de la democracia; y bajo ese designio aspiran a reformas que el statu quo estima radicales, y que en la antípoda son preciadas de paliativas por organizaciones que de su propio campo prefieren las vías de hecho o tienen miras aún más esencialistas.

Con izquierda legal y reformista se alude primeramente al conjunto de formaciones que cuentan con personería jurídica o con el reconocimiento del Estado para poder participar de la pugna por el poder, bajo el solo procedimiento de la disposición ciudadana, por decisión o por expresión, en las urnas. En segundo lugar, aquellas cuyos objetivos, al menos formulados de manera abierta a través de sus programas o proyecciones políticas, no tienen como primera medida alentar a una revolución ni sublevación popular para cambiar el modelo económico o el sistema político, que sí piensan adecuar mediante la aplicación de reformas que no generen división de la sociedad ni lleven la estampa de la violencia. Se ha preferido apartarse de una noción que ha hecho escuela en medios informativos, aquella de “izquierda democrática”. De por sí el concepto mismo de democracia tiene en tiempos presentes tanto de ancho como de largo; de incondicional y singular, su evocación se ha vuelto indeterminada, variante según los países, inacabada y plural. En el propio escenario político colombiano la enunciación izquierda democrática también ha ganado terreno; incluso en el seno de la izquierda sobran los grupos y las personas que se declaran ser democráticas en oposición a otros que consideran radicales. El cómo entienden la democracia algunas fuerzas de la izquierda legal y reformista será otra cuestión ineluctable.

Dejando de momento toda disquisición, es innegable que al amparo de un tal epíteto se circunscriben, entre otros, sociedades cooperativas, grupos intelectuales, asociaciones estudiantiles, sindicatos, líderes populares, colectivos clandestinos, personalidades políticas, organizaciones campesinas, fundaciones y corporaciones (organizaciones no gubernamentales), comités barriales, partidos o movimientos políticos regulados y, admítase o no, agrupaciones facciosas. Por lo anterior, resulta inapelable reconocer la deuda que se tendrá con numerosos agrupamientos que no serán reseñados, si acaso apenas evocados o sutilmente equilibrados. Como el mismo título lo deja entrever, el periodo trabajado abarca desde las coyunturas de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución que le es contigua y la desmovilización de algunas organizaciones guerrilleras hasta las elecciones regionales y locales del 2011. Las razones que llevaron a fijar como punto de partida el proceso constitucional y no comenzar a discurrir desde un acontecimiento preliminar como el de la creación de la Unión Patriótica (up), o desde las primeras elecciones populares de alcaldes en 1988 —producto de una de las exigencias que las farc hicieron en los diálogos con el gobierno Betancur Cuartas—, lo cual pesó en la descentralización del Estado, son principalmente cuatro. La primera, debido a la existencia tanto de textos destinados a tratar el tema de dicho movimiento político como de análisis sobre los mencionados comicios; enseguida, en tanto el caso de la up es digno de una investigación doctoral en exclusiva; una tercera razón, en cuanto ya para las elecciones de 1991, y por causas consabidas que no dejarán de mencionarse, su apogeo político o por lo menos electoral se encontraba en un franco declive; finalmente, cuidándose de hacer la historia de la izquierda colombiana a medias (pese a que aquí se plasman dos décadas), porque el mero certamen constitucional, así como la rendición de armas de algunos grupos guerrilleros, significan un punto de quiebre sociopolítico, y para el caso que aquí se aborda, de arranque.

Hecha la pertinente justificación, se trata de elucidar cuáles han sido los más palmarios obstáculos que en su itinerario por la consecución del poder se anteponen a las organizaciones representativas de la izquierda legal y reformista, por ejemplo, en qué medida el régimen político fluctúa entre una apertura que les ha permitido ganar en reconocimiento y credibilidad y un entretenimiento de prácticas y barreras que a ellas les cuesta franquear. Dada la multiplicidad de enfoques, conocer los puntos en que han logrado ponerse de acuerdo y los que no, cuáles nuevos contenidos hay en sus discursos, qué reivindicaciones conservan en relación con las experiencias que les anteceden. Por lo mismo es que se hace inexcusable la justipreciación de estas, determinar el nivel de participación y de representatividad en los planos nacional, regional, local y allende las fronteras del país, de allí que se aspira a dar cuenta de sus aportes en materia social y política, de sus potencialidades, y que de propósito o no aparece tasadamente en los análisis o por los grandes medios de información. Finalmente, se pretende caracterizarlas, es decir, determinar, en lo posible, un contenido de clase, generacional, de identidad sexual, o en correspondencia a un movimiento social en específico. Con ese fin se elaboraron cuatro hipótesis:

1. Si la Constitución de 1991 en términos formales abrió el camino a la participación de fuerzas políticas diferentes a las tradicionales, siendo las pertenecientes a la izquierda las más beneficiadas, la razón no se halla en la voluntad del régimen de cambiar las condiciones, sino en el combate político llevado a cabo por aquellas.

2. La izquierda legal y reformista suele ser vista por la opinión y por sus adversarios políticos con temor y desconfianza, de premoderna y ortodoxa, además con un pie en la montaña junto a las guerrillas. Dicho sentimiento y el discurso que lo acompaña disimulan la posición que tiene una parte de la sociedad colombiana, aquella que se resiste a aceptar que precisamente la izquierda mantiene un paso de ventaja en el proceso moderno, aporta a la consolidación democrática y pone en evidencia la esterilidad de la lucha armada.

3. La dificultad que ella ha tenido para instalarse en el paisaje político nacional tiene raíces en causas tanto endógenas (crisis, indeterminaciones) como exógenas (violencia, persecución, censura). Pero es evidente que ha logrado por fin disponer de una elite o grupo de profesionales de reconocimiento nacional, y notoriamente en Bogotá.

4. Si fue característico del pasado el que buena parte de los militantes y simpatizantes de la izquierda colombiana estuviesen más proclives a apoyar las demandas de las guerrillas, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, y a promover la abstención, se percibe que desde la Constitución de 1991 sus bases han adquirido conciencia del juego democrático, y esto se ha traducido en la aparición de una base electoral de izquierda, que, aunque no homogénea ni de afiliación partidista, sigue o identifica con mayor claridad a quienes representan dicho campo. Esto ha ido escoltado por un fenómeno más reciente y que tiene que ver con la designación de partidos o del campo de la izquierda, que supera aquello comentado en párrafos previos, de las terceras fuerzas o la oposición.

Es inocultable que a escala mundial los partidos y los movimientos políticos de izquierda tienen embolatada su base social; por ejemplo, uno de los llamados sujetos históricos, el proletariado, aparece desdibujado y no tiene referentes. Desprovistos de fundamentos teóricos, sin proposiciones que los distingan nítidamente de sus adversarios y cortos en el momento de ofertar alternativas a la crisis en curso del modo de producción capitalista, lo único de lo que declaran ser garantes es de la responsabilidad que tienen de cara a la opinión pública, y de paso para con los dueños del mercado y los reguladores de la política internacional. Readecuando sus discursos y estigma, son numerosos los que han terminado presos de la ideología imperante, mientras que aquellos que han querido reafirmar su pertenencia al campo en cuestión se han topado con un ambiente demasiado transformado para realizar lo que anteriormente pudieron anhelar. Para unos y otros el arriesgarse a trascender los límites de lo políticamente correcto puede acarrearles la pérdida de afirmación, o de espacios difícilmente ganados; incluso si ello obedece menos a su porfía que a las omisiones y los fraccionamientos circunstanciales de las derechas. A propósito, la segmentación pareciera ser una constante en las izquierdas, y ello resulta de las dicotomías a las que rutinariamente deben hacer frente, y que por lo general se originan en etapas que preceden su constitución.

Faltos de un trabajo previo en el caso colombiano que medianamente se asimile al que se presenta ante sus ojos, que se detenga exclusivamente en los resultados electorales de las organizaciones de la izquierda legal y reformista, del quehacer de estas antes y luego de los comicios, del papel y el perfil de sus dirigentes, de su composición, de sus programas, de las divergencias y las crisis, el primer paso por dar, en consecuencia, es poner de relieve lo que irónicamente interrogan algunos: ¿Partidos y movimientos políticos de izquierda en Colombia? Pero si tal como declaran algunos grupos feministas en su reclamo ante la invisibilidad en que se hallan las mujeres: lo que no se nombra no existe; de lo que se trata entonces es de traer a la luz lo que está oculto, tal un silogismo de Husserl. Desconocer o velar es también una práctica por parte de quienes militan en las organizaciones observadas, es considerable el grupo de quienes estiman que la historia de la izquierda colombiana debuta y concluye en la sigla o nombre de la colectividad a la que integran o a la que han concurrido en el pasado. Lo anterior es comprensible y no es nada exclusivo del caso colombiano o de la izquierda como tal, y es por lo mismo que debe insistirse en la necesidad de suscitar estudios sobre las organizaciones, en sus particularidades, o en un entramado más amplio, y ojalá desprovistas de toda propensión. Al mismo tiempo es perentorio abandonar el “macartismo” o los entornos análogos que todavía moran en las mentes de buena parte de quienes forman la opinión nacional; nada más lamentable que advertir que los libros sobre la izquierda brillan por su ausencia en los estantes de librerías y bibliotecas universitarias.

Entre observación participante y etnografía política, esta investigación se encuentra en la intersección de la ciencia política, la sociología y la historia. Por sus resultados responde tanto a una metodología explicativa como a una exploratoria y a una descriptiva; puesto que ordena una información dispersa que permite establecer cómo los procesos políticos de la izquierda colombiana en la actualidad son corolarios de otros iniciados veinte años atrás, pone en evidencia lo poco que ha sido abordado el tema de la izquierda en el país y descifra numerosos datos sin tratamiento, con los cuales el tema observado cobra relevancia. Es así como se lleva a cabo un estudio de casos, en particular del Polo Democrático Alternativo (pda), y se logra hilar los entramados que permiten exponer las cinco problemáticas que se presentan en la conclusión general. En cuanto a las fuentes primarias, baste decir que, allende la bibliografía consultada, son de dos tipos: por un lado, las publicaciones emitidas por las propias organizaciones, los archivos personales de dirigentes y militantes de izquierda, los documentos de circulación interna y los volantes distribuidos en manifestaciones u otros eventos y, por el otro lado, las versiones de sus protagonistas recogidas mediante entrevistas y cuestionarios.

Esta investigación no emana de ese vacío intelectual señalado, pero sí de un hecho colindante como el de la parva presencia de las organizaciones de la izquierda legal y democrática en el escenario político nacional y en un contexto específico, lo cual introduce otra coyuntura: la movilización por la paz que tuvo lugar en la segunda mitad de la década del noventa. La labor de los partidos y los movimientos políticos de la izquierda legal y reformista en torno a dicha dinámica fue imperceptible, por no decir una entelequia. Una de las causas principales fue que seguido al leve hálito de reorganización y convergencia que procede a la Constitución, la inexperiencia, la presura y los malos cálculos terminaron obstruyendo los conatos de darles vida a nuevas formaciones partidistas. Aunque algunas de las colectividades partidistas tradicionales de este campo presentaban una cierta actividad, su incidencia nacional, regional o local fue casi nula. Es esencialmente en la empresa que emerge por la solución del conflicto armado colombiano, o en el marco de lo que se denominó “movimiento social por la paz” o también “sociedad civil por la paz”, que la mayor parte de las iniciativas, los dirigentes y los simpatizantes de izquierda restablecieron los contactos y se mantuvieron diligentes, pero desde 1994 hasta 1999 no puede hablarse de un proyecto partidista que les contenga o que sea el canal por medio del cual se expresen. Ahí se distingue una de las falencias del mismo movimiento por la paz: el desacuerdo para construir una amplia estructura de tinte partidista y así materializar las múltiples demandas del sinnúmero de organizaciones que se reclamaban trabajar por la paz.

En el momento de la preparación de esta publicación, se percibe que hay una cierta opinión que manifiesta que la izquierda legal y reformista ha entrado en un nuevo desvanecimiento; de confirmarse, se trataría de una pésima noticia para la siempre imperfecta democracia colombiana. ¿Es una verdadera involución? Tal vez se trata de un aprieto pasajero o sencillamente de una transformación sustancial. De las mayores dificultades que al presente tiene la izquierda legal y reformista colombiana, representada particularmente por el pda y por el grupo creado bajo el nombre de Progresistas, pueden mencionarse cuatro.

Una primera es que en su antípoda no solo se sitúan fuerzas políticas y sociales reaccionarias que tradicionalmente la han embestido, sino un gobierno reformista de derecha, como lo es el de Juan Manuel Santos, que le ha escamoteado algunas de sus ideas bandera, aunque tergiversándolas, tales como el problema de la tierra, la reforma a la justicia, el estatuto de oposición, la cuestión de las víctimas del conflicto. No puede soslayarse que es bajo el gobierno precedente, el de Álvaro Uribe Vélez, que paradójicamente se da la reavivación de la izquierda legal y reformista; sin embargo, pese a los cuestionamientos que pesan sobre este o a los líos jurídicos en que se encuentran personas allegadas, ella no salió fortalecida. Prueba fehaciente que los dos cuatrienios de dicho gobierno, con su propia concepción de la democracia (la de la opinión), alcanzaron a enajenar ideológicamente a buena parte de la sociedad, sorda a las denuncias de corrupción y abuso, indiferente al estancamiento cultural, por no decir retroceso, en que cayó el país. El establecimiento ha hecho lo imposible por desacreditar a la izquierda legal y reformista, la cual disipó la mayor parte de su energía en sortear cada obstáculo que continuamente se le apostó, aunque cierto es también que le faltó la coherencia y la unidad que había profesado en su discurso.

Una segunda dificultad que viene enfrentando la izquierda legal y reformista en Colombia es que se ha visto desmembrada de dirigentes y sectores que hasta hace poco eran partes vitales de su recomposición. En otros términos, algunas personalidades y corrientes han abandonado sus organizaciones o han llegado incluso a romper toda atadura con este campo ideológico-político desplazándose, por lo general, a otro aun no muy delimitado, el del llamado centro; llevándose tras de sí a segmentos del electorado, principalmente de carácter urbano y las clases medias.

En tercer lugar y derivada de la anterior se tiene que parte de la militancia y de sus líderes designan a los tránsfugas en tanto enemigos, y de su parte estos arremeten contra su antigua camaradería o desorientan a los simpatizantes de izquierda, entreteniendo la idea de la inmutable división que reina en este campo.

Como cuarta dificultad está el hecho de que las principales fuerzas de la izquierda legal y reformista, sea por divergencias, purismos, garrafales egos, ausencia de una política nacional clara y aceptable tanto para las diversas tendencias como para con los procesos regionales y locales, sea por las controversias en el momento de establecer coaliciones electorales con fuerzas ideológico-políticas de otros campos pero ajenas al Gobierno central, han dilapidado situaciones que les hubieran permitido ganar terreno más allá del epicentro político-administrativo del país, Bogotá, que se ha convertido en su solo botín político, y precisamente con el concurso de alianzas o acuerdos hechos por arriba con dirigentes o sectores de los partidos tradicionales.

Lo inmediatamente anterior da pie a un elemento someramente desarrollado en esta investigación pese a que la recorre, el de las coaliciones y alianzas. Sean electorales, programáticas, gubernamentales, legislativas, extragubernamentales o de oposición a leyes y reformas, estas son inherentes a la historia de la izquierda colombiana tanto en su expresión legal y reformista como en la de cualquier otra índole. Pueden citarse como ejemplos la primera experiencia partidista y suerte de movimiento social hacia 1926, el Partido Socialista Revolucionario (psr), que congregó a liberales radicales, intelectuales de izquierda, sindicalistas, sectores campesinos, estudiantiles e indígenas.4 Luego viene la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (unir), entre 1933-1935; descarrío momentáneo de Jorge Eliécer Gaitán, quien al lado de Carlos Arango Vélez indujo a las bases rurales y urbanas a organizarse y exigir del establecimiento mayor atención a lo social, la realización de la reforma agraria y una posición nacionalista frente al imperialismo. En la segunda mitad del siglo xx, más precisamente en la década del setenta, y que por sobre todo fue cantera de alianzas que terminaron dando vida a proyectos armados o clandestinos, se cuentan los procesos que en representación de la izquierda concurrieron en la disputa por el poder Ejecutivo; tal fue el caso de Firmes (luego Frente Democrático), Uníos, la Unión Nacional de Oposición (uno) y el Frente por la Unidad del Pueblo (fup). Y promediando los años ochenta, el movimiento Colombia Unida y el trabajo coordinado de la up, el Frente Popular y ¡A Luchar! (cada una de por sí era una alianza) con miras a las primeras elecciones populares de alcaldes, en 1988, y que además sentó varios de los presupuestos de la Constitución de 1991.

En cuanto a la composición de dichas coaliciones, puede aseverarse que la heterogeneidad es la regla; no se encuentra una que haya sido netamente obrera, ni agraria, ni identificable a una única clase social, y cada vez que surgió una nueva, el abanico de fuerzas que la integraba se iba ampliando, soliviantado por las transformaciones nacionales o el contexto mundial. Sin embargo, multiplicidad no equivale a simetría de objetivos o posiciones, pues en la mayoría de ellas pesaron una tradición ideológica, la proyección de un partido o movimiento político, la voz de un tribuno o de puñado de líderes; es solo en las coaliciones más recientes donde no asoma un paradigma o enfoque que determine la orientación política de estas, ni una fuerza u organización que impere sobre las demás, ni un dirigente o camarilla de jefes que resulten imprescindibles para su preexistencia. El que una vez en marcha las diferentes fuerzas y carismas entren en pugilato por obtener el mando, adoctrinar las bases, ganar reputación, es algo que les es ingénito.

Precisamente con respecto a los procesos surgidos estos últimos veinte años, puede decirse que el tema de la paz fue la bisagra que unificó a la izquierda legal y reformista. Es apenas en fechas actuales que tanto por madurez como por estrategia esta ha ajustado su discurso. Enterada de que la decisión de pactar la paz pasa por el acuerdo Gobierno-grupos armados, sin por ello dejar de presionar para que se logren avances al respecto, pero además dada su presencia en el Parlamento y en las Administraciones locales, su ocupación primera viene siendo tanto la de dar respuestas como la de ser propositiva frente a temas de la agenda social, económica y política que no van a atender la entrega del último fusil. Aunque tampoco debe relegarse el hecho de que sus organizaciones, casi con acoso, han sido inducidas por fuerzas del régimen y ciertos generadores de opinión a asentar su rechazo a todo intento de la toma del poder por vías violentas, a impugnar la combinación de todas las formas de lucha y a certificar que no son un tapujo de la empresa de las guerrillas. Consintiendo las reglas del pacto democrático, la izquierda legal y reformista está lejos de pretenderse la vanguardia de una revolución que sus detractores creen tiene maquilada. Que organice y prepare a sus bases, militantes y cuadros para proponer una alternativa a las crisis que del orden nacional y mundial se presenten nada tiene de anormal. Que existan tendencias que proyecten al largo plazo un proyecto radical y convulsionado es algo independiente de los acuerdos que han dado sustento a las coaliciones del presente, cuya sola decisión es actuar por la vía legal, y por lo que se desprende de sus documentos y propuestas, la maniobra es el reformismo.

Por todas partes se ve que las jefaturas de los partidos y movimientos políticos de izquierda que han asumido la legalidad y la vía parlamentaria han debido postergar algunos axiomas o abandonarlos definitivamente; luego, son sus propias bases las que suelen evocarlos o algunos movimientos sociales los que los coligen. Está pendiente el balance de las izquierdas de gobierno en Colombia, al contrario, mucho puede proferirse de lo que estas han hecho por lo menos en los países de peso del mundo occidental. Ante el marasmo programático en que muchos procesos han entrado, varios son los grupos de intelectuales y consejeros (think tankers) que intentan recrear sus doctrinas. No es para menos, pues se les ve corresponsables de la profundización del capitalismo; sin escrúpulos para con la mano invisible del mercado, han favorecido el desmonte del Estado de bienestar, afianzado el sistema bancario en manos de particulares en quebranto de la banca estatal, privatizado empresas estratégicas. En primera línea aparecen los gobiernos “laborista” y de la tercera vía de los Anthony Blair y Giddens en el Reino Unido, de Mitterrand en Francia, de Schröder en Alemania, de González en España. Pero antes que aquellos llegaran a dirigir un Estado, sus formaciones habían prescindido de la instrucción kautskiana: el socialismo vendrá cuando el capitalismo se haya desarrollado completamente. Es inexcusable no destacar el advenimiento de líderes y partidos estimados de izquierda en los centros del poder, en las regiones o importantes ciudades en América Latina. Ello se ha traducido en acceso y gratuidad en la educación pública, erradicación de focos de miseria, progresión en la nutrición, incorporación de numerosas personas al sistema de salud, mejoría en infraestructuras, etc. El por cuánto tiempo sostendrán tales gobiernos sus políticas sociales estará sujeto a su permanencia en el poder, al incremento del producto interno bruto, a una política de distribución de ingresos, a que el motor de los países que compran sus materias primas no se estropee. Como siempre la dificultad mayor vendrá de la definición de lo prioritario y los métodos por utilizar; ambas cosas que van a sopesarse por las correlaciones y contradicciones que deban resolver.

¿Qué grado de izquierda tienen las organizaciones que así se reclaman? Quizás la respuesta radica en cómo se asumen contra el capitalismo y los valores de unas derechas que han aprisionado a su favor la política, la economía, el discurso y parte de la cultura. Es factible que un contexto las aposte frente a un mal o asunto mayor; como fuera con el nazismo en Europa, lo que ha sido con el Diktat de Estados Unidos en los países latinoamericanos, el apoyo sin ambages a la búsqueda de la paz en Colombia: ¿Posicionar de nuevo al Estado frente al mercado y mantener su énfasis en lo social deben seguir siendo dos de sus postulados principales? Sea cual fuere la réplica, lo que les compete a dichas organizaciones con relación a Colombia es adentrarla en esa modernidad postergada que menciona el filósofo Rubén Jaramillo Vélez y que se hizo aún más válida con esa reminiscencia del mudo de la hacienda y la costumbre no secular que imprimió la era Uribe Vélez. Reclámense socialistas, comunistas, revolucionarias, reformistas, de gestión, libertarias, etc., el consenso que distingue a la mayoría de estas organizaciones va desde la sumisión al escrutinio democrático y la salvaguarda de los derechos humanos en sus cinco generaciones, pasando por la instrucción y la consolidación de la masa crítica, el respeto a las diferencias, la exigencia de la honestidad, hasta la obstrucción a las dictaduras y a toda imposición por la fuerza o la violencia. Aparte de esto, es posible que sus objetivos se dilaten tal como sucede con las figuras de un caleidoscopio; pero volviendo a la cáustica pregunta de si existe en Colombia una izquierda o partidos que la personifiquen, debe responderse con un rotundo sí.

Esta investigación parte de la premisa de que hasta hace muy poco el acceso para las fuerzas de izquierda a la competición democrática por los cargos de control y los beneficios que otorga el poder político estuvo restringido, además de que no fue lo que en principio la mayoría de estas codiciaron. Desde su inicio el sistema de partidos colombiano fue concebido por dos formaciones que, si bien se han afrontado rudamente, fabricaron y rehicieron cada vez que pudieron el régimen, buscando evitar que otras colectividades ideológico-políticas les disputasen sus privilegios. Es la acción de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la que ha alterado lo que se valoraba perenne, por ejemplo, estimulando el paso de un sistema bipartidista a uno pluripartidista. Sin que los partidos Liberal y Conservador se hayan extinto, y pese a que de sus entresijos prorrumpiesen formaciones bajo otras etiquetas que no solo reforzaron los caciquismos regionales y locales, sino que facilitaron el enraizamiento, de un lado, del uribismo y, del otro, de la parapolítica, las organizaciones de la izquierda legal y reformista son parte visible del paisaje político nacional. Quiérase o no, la opinión tiene conocimiento de ellas y de sus dirigentes; además, con certeza, siendo poco probable que se las equipare con las que representan al poder en plaza. De seguro aparecen, y asimismo se reclaman, como la única oposición; en términos precisos, son las que vienen contribuyendo poco a poco a una menor usanza de dicotomías como azules versus rojos, o bipartidismo versus terceras fuerzas, por aquella tan conveniente como izquierda versus derecha. Por otra parte, y por contados que sean sus triunfos electorales, la izquierda legal y reformista ha puesto en evidencia que la lucha armada que mantienen otras organizaciones inscritas en su propio campo difícilmente triunfará. No se enjuicia aquí si la reyerta de unas farc o un Ejército de Liberación Nacional (eln) contra el Estado colombiano es inerme o injustificada; algunas causas que aducen originar su accionar no han perdido validez, además en las zonas en que su presencia es fuerte siguen atendiéndose la presencia e inversión de los gobiernos, es como si el tiempo se hubiese detenido desde hace casi cincuenta años. Pero debe admitirse que las vías parlamentarias y electorales existen para resolver o dar trámite a las contradicciones sociales y políticas, es esa la garantía que ofrece la democracia; pues de impedirlo habría entonces que hablar de autocracia, o de la dictadura de la oligarquía, espoleada por sus propias organizaciones partidistas.

Entrando en materia, a la primera parte de esta investigación se la ha denominado: “La Constitución de 1991, cigoñal de una fallida alternativa de izquierda”. Convéngase o no, la vida sociopolítica de Colombia experimentó un vuelco a raíz del proceso constitucional. Incluso organizaciones políticas que aún hoy desestiman el evento, incluyendo algunas de la izquierda, pueden sentirse transigidas toda vez que los constitucionalistas no proyectaron la participación en el régimen exclusivamente para aquellas fuerzas que suscribieron el pacto constitucional. Para nada se trata de hacer una tipología de las organizaciones armadas que, como el Movimiento 19 de Abril (m -19), el Ejército Popular de Liberación (epl) y la Corriente de Renovación Socialista (crs), abandonaron las armas, sino de describir los aspectos que pesaron en su decisión de entrar abiertamente en la escena política. Obviamente se propone una mirada respecto a la ocurrencia de un conflicto armado, que ni el enorme cambio legislativo contuvo, sobre los grupos mencionados, y claro está, se analizan los pormenores de la aparición, auge y ocaso de la Alianza Democrática m -19 (ad m -19).

La segunda parte lleva el título: “La búsqueda de la paz, factor de afinidad de las izquierdas”. Ante la casi consunción de la izquierda legal y reformista en la arena electoral, la paz emerge como el vector que posibilita su resiliencia. El cotejo de la incidencia de la Carta Constitucional a escasos años de ratificada no sería el más alentador; profundización de un modelo neoliberal contenido en esta, proliferación de microcarteles del narcotráfico (contra dos o tres una década atrás), ascenso del paramilitarismo, corrupción propagada, expansión guerrillera, violación exacerbada de los derechos humanos, y un alud de movilizaciones sociales que en suma revelaron las contrariedades y el vacío en relación con opciones de tipo político partidista que pudiesen redirigir el rumbo del país. La desilusión entre una parte de la opinión que atendía la consumación del bipartidismo histórico, el cual se regeneró una vez más, fue la consecuencia del naufragio de la ad m -19. No obstante, este experimento dio pie a la emergencia de una infinidad de grupúsculos en los que no puede ignorarse la resistencia a abandonar ciertos ideales de izquierda ni la expectación de persistir en la construcción de formas de organización superiores, como un partido, un gran movimiento social o una federación política. El crédito afable arrogado a la Constitución, la cual debía transformar las reglas del juego político en un país en el que ni esta pudo ser una garantía certificada, ya que finalmente la realidad se impuso, pero también las crisis de representatividad en que se hallaban los partidos políticos y buena parte de las instituciones del Estado, como la comúnmente llamada de paradigmas, dejaron a la izquierda legal y reformista desacoplada, sin invención. Dada la confianza que sus militantes y simpatizantes depositaran en el futuro inmediato, esta entró en un estado de latencia, pero meramente momentáneo, ya que su actividad se concentró en esa otra esfera en la que también se presenta el juego político, distinta a la de las corporaciones públicas (Congreso, Asambleas, Concejos municipales…) o a la de los partidos políticos, la de los movimientos sociales.

En efecto, al promediar los noventa algunos procesos zanganean entre la necesidad de convertirse en organizaciones con reconocimiento jurídico y el mantenimiento de la articulación a los movimientos sociales, y es esa concomitancia el cimiento de dos organizaciones que harán presencia en el ágora política entrando en el nuevo siglo. Pero la gestión en pro de la paz no las favorece únicamente, en un sentido inverso lo hace también para con una postura hostil a la manera como se realizó dicha faena; es en ese contexto que aparece un contrincante sin igual contra quien las organizaciones de izquierda estimaron urgente actuar en bloque, Álvaro Uribe Vélez. Dos fueron los desafíos que se les antepusieron: el uno, ofertarse a una opinión pública, que en cuestión de meses pasó del esmero por el entendimiento y la cordura a la exacción de una salida militar al conflicto, en tanto alternativas democráticas, sin relación, en la vanguardia o en tanto brazos políticos con estructura clandestina o armada alguna; el otro, convencerse de la urgencia de consolidar por fin el mayor proyecto partidista, orgánico y estable de su propio campo. Para mejor comprender estas dinámicas resulta indispensable hacer el análisis del movimiento social por la paz, en el marco de los diálogos entre el Gobierno Andrés Pastrana Arango y las farc. Se indaga por las incidencias de la Ley 130 de 1994, conocida también como Ley de Partidos Políticos, en el reencuentro de las fuerzas de izquierda, y se exponen aspectos que tocan a la transformación de los programas preciados del campo ideológico-político de la izquierda, y que en ocasiones son asumidos por líderes carismáticos que prosperarán como los outsiders, en oposición a los gamonales o notables regionales y locales. Se incluyen igualmente en esta segunda parte algunas reflexiones concernientes a Álvaro Uribe Vélez.

La tercera parte se intitula: “El Polo Democrático Alternativo, convergencia de múltiples facciones. Un estudio de caso”. No es para menos la reflexión respecto al pda, toda vez que es la experiencia más completa y dinámica que ha tenido la izquierda legal y reformista en los últimos veinte años. Pese a sus sucesivas crisis, cada una de ellas pareciendo ser peor que la que le antecede, el pda ha logrado superar el primer lustro de su existencia. Al ofrecer los intríngulis de tal proceso, se busca aportar al mejor conocimiento de una organización que con sus querellas internas y la diversidad de perspectivas que la conforman tiene los atributos de un partido moderno. Como siempre, es ineludible abordar aspectos que pesarían en las decisiones y dinámicas internas como la reelección de Uribe Vélez, la Reforma Política del 2003 y el conflicto armado. Así, serán precisados los temas en torno a los cuales fuerzas diversas, conocidas como “tendencias”, logran entenderse, y se examinan los principales acuerdos y desacuerdos en el marco de sus dos primeros congresos nacionales. Se analiza el tema poco estudiado de los colectivos polistas en el exterior. Se aporta en la construcción de un perfil sociológico de sus dirigentes (lo que comprende sus proposiciones políticas) y de la que puede considerarse su base partidista. Además, se evalúan las dinámicas en que se inscribe su ascenso al poder local, preponderantemente en Bogotá, los bretes para posicionarse en el resto del país y su participación en el Congreso de la República; lo que va acompañado del escrutinio del comportamiento electoral desde su emergencia en el 2005, y claro está, se describen las golondrinadas que han realizado algunos miembros de su elite. De ahí que no sobren dos preguntas: ¿Hasta qué punto la base amorfa de la izquierda se organiza en razón de los intereses y lineamientos que esa elite adopta? ¿Ha alcanzado dicha base la madurez a partir de la cual pueda asumir una suerte de labor histórica?

Las recientes crisis económicas y el desorden ambiental han renovado el interés por leer algunos precursores de la izquierda. Incluso al espectro de Marx se le ve deambular en las librerías, las disertaciones, las propuestas de algunos dirigentes y organizaciones políticas. En Colombia, sin embargo, esa búsqueda de referentes ideológicos no es tan asidua, a veces disimulada en las lecturas íntimas o en discusiones privativas de pequeñas formaciones que prefieren no ser luego tildadas de revolucionarias u obsoletas. Lo que explica por qué los referentes neomarxistas o de otras corrientes son cada vez menos perceptibles en el depósito teórico de las organizaciones de la izquierda legal y reformista, aun si de esa orfandad son también damnificadas sus pares en el mundo. Lejos queda este trabajo de suplir un tal vacío, empero tiene como tributo develar algunas de las ideas que antiguas y novedosas se presentan al servicio del pensamiento de este campo político-ideológico en el país. A ciencia cierta el intitulado de este libro generará repulsión entre ciertos grupos sociales y políticos; por fortuna se tiene la esperanza de que habrá próximos o extraños al campo de la izquierda que se esforzarán en leerlo, para disponer de mayores elementos en el momento de argumentar sea en su favor o en su contra. A los que con cizaña soplan a quienes realizamos estudios en Francia que aquí las discusiones con connotaciones de izquierda, la movilización y las huelgas son un deporte nacional, no queda sino replicarles que esas prácticas evidencian tanto un grado de modernidad y de conciencia política como la mayoría de edad de un país que acepta las oposiciones contradictorias y les da tratamiento mediante el debate abierto y democrático. Y a propósito, ¿por qué no emular en nuestro propio país algunos de esos hábitos, adaptarlos o superarlos incluso? De seguro nuestra democracia imperfecta de inmediato se revitalizaría.

1 Pizarro Leongómez, Eduardo. Colombia: ¿Renovación o colapso del sistema de partidos? p. 109. En Manuel Alcántara y Juan Ibeas (eds.), Colombia ante los retos del siglo xxi. Desarrollo, democracia y paz (pp. 99-126). España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

2 Ibid.

3 No ha habido dictaduras, pero las tasas de homicidios de los últimos cinco decenios superan las cifras de muertes que suelen adjudicárseles a las dictaduras. Las cifras del Informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no son alentadoras, en el 2014 este daba cuenta de más de doce mil muertes (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. Datos para la Vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2014). A diferencia de las cifras que expone la Policía y que se valen solo del acta de defunción o levantamiento de cadáveres, en este estudio se tienen en cuenta a quienes mueren días después de ser víctimas de una agresión o accidente.

4 Ver Torres Giraldo, Ignacio. Los inconformes. Historia de la rebeldía de las masas en Colombia. Bogotá: Margen Izquierdo, 1972, vol. 4, p. 8.