Читать книгу Las letras del horror. Tomo II: La CNI - Manuel Salazar Salvo - Страница 13

A comienzos de abril de 1978 los neofascistas italianos que colaboraban con la DINA, encabezados por Stefano Delle Chiaie, decidieron abandonar Chile. Ellos habían sido confirmados como asistentes de la CNI por el general Odlanier Mena, sobre todo en tareas de análisis de inteligencia, aspecto en que el aparato represivo presentaba deficiencias. Un día impreciso de aquel mes, en condiciones bastante precarias, uno de los militantes de Acción Nacionalista Revolucionaria, Pedro Medina Murúa¹³, sacó a los italianos apresuradamente del país por el paso fronterizo de Puyehue, en Osorno.

Antes, hicieron una escrupulosa entrega a Medina de gran parte del material que les había confiado la DINA y la CNI: seis equipos de radio VHF-UHF, varios sets de fotografías aéreas de instalaciones de radar en el sector sur del territorio peruano, fotografías de bases móviles de misiles tierra-aire y un número impreciso de carpetas con antecedentes misceláneos.

Medina tomó contacto con un oficial de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y le consultó acerca del mejor destino posible para ese material. El oficial le sugirió que lo más lógico era ponerlo a disposición del general Manuel Contreras. Medina accedió de inmediato.

Poco después, en altas horas de la noche y con el mayor de los sigilos, el teniente coronel Rolf Wenderoth, entonces subdirector de la Escuela de Ingenieros, concurrió a la casa del oficial contactado por Medina e incautó todo el material abandonado por los italianos.

Oficialmente no se supo más de ellos. Tan solo el abogado Guido Poli afirmaría más tarde haber seguido teniendo contacto epistolar con Delle Chiaie.

Al promediar el otoño de 1978 Pinochet empezó a enfrentar un creciente deterioro en su gobierno. A la condena de la ONU se sumó la creciente tensión con Argentina, el impacto del caso Letelier y la ruptura de relaciones con Bolivia. Decidió entonces cambiar la imagen de su régimen otorgando un papel preponderante a los civiles, la mayoría de ellos vinculados al movimiento gremialista.

El primer ministro del Interior civil fue el abogado Sergio Fernández, el mismo que hacía poco más de tres meses había sido nombrado Contralor de la República para que aprobara la realización de una Consulta Nacional. Una de las primeras tareas de Fernández fue promulgar una Ley de Amnistía para cubrir los crímenes de la DINA, quedando al margen solo el caso Letelier.

En una entrevista concedida a la revista Qué Pasa, en tanto, el nuevo jefe de la CNI, Odlanier Mena, marcó el rumbo de sus pretensiones.

–Usted, como director del organismo máximo de inteligencia del país, debe manejar un cúmulo de información y de personal. ¿Podría ocurrir que, sin su conocimiento, alguno de sus funcionarios se “arranque con los tarros” y se extralimite en sus funciones? –preguntó la periodista.

–Absoluta y categóricamente no. La CNI está conformada como una unidad militar, con procedimientos normales de relaciones entre las personas al uso de las unidades militares. Hechos como detenciones no pueden pasar inadvertidos por el director. De eso puedo dar fe. En cualquier momento me pueden preguntar cuántos detenidos hay, en qué lugar, en qué circunstancias y por qué razones…

–¿Cuántos hay actualmente?

–Ninguno. El sábado pasado entregamos cinco a la justicia. No puede ser que alguien corra con colores propios. Esta es una organización jerarquizada, disciplinada, con valores éticos y morales propios como cualquier unidad militar. Y todos los procedimientos son absolutamente legales.

A comienzos del mes de julio, en la ciudad de La Serena, los máximos dirigentes del Frente Juvenil de Unidad Nacional, controlado por el gremialismo, llamaron a los chilenos a crear un movimiento cívico, “el pinochetismo”, el que debería transformarse, según ellos, “en una fuerza arrolladora que consolide la nueva institucionalidad democrática”.

El comandante de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Leigh, envió entonces una carta a Pinochet cuyos principales contenidos hizo trascender concediendo una entrevista al periódico italiano Il Corriere della Sera.

En ella, Leigh reveló que había solicitado a Pinochet la ejecución de cinco medidas inmediatas. Ellas eran: la normalización del país en un plazo de cinco años, la redacción de estatutos para el funcionamiento de los partidos políticos, la restauración de los registros electorales, una ley de elecciones y la preparación de una nueva Constitución.

La sola mención de un itinerario para devolver la democracia a Chile fue considerado por Pinochet y sus asesores más cercanos como un gesto de alta traición a la Patria.

Seis días después de conocerse las declaraciones del general Leigh, Pinochet ordenó la ocupación militar del Ministerio de Defensa y de los alrededores del Edificio Diego Portales. Simultáneamente, decretó la destitución de Leigh de la Junta Militar de Gobierno. De los 20 generales de la Fuerza Aérea, solo uno decidió seguir en servicio activo¹⁴.