Читать книгу Las letras del horror. Tomo II: La CNI - Manuel Salazar Salvo - Страница 16

En el verano de 1979 Santiago volvió a estremecerse por los bombazos. Los peritajes de la Policía de Investigaciones y de Carabineros señalaban que los artefactos eran fabricados con trotil; la CNI sostuvo que el trotil solo lo empleaban las Fuerzas Armadas. En los tres organismos se pensaba que los autores de los atentados eran exmiembros de la DINA. Desde el estallido de una bomba el 22 de noviembre de 1978 en la casa del presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez –poco después de que decidiera acoger a proceso la petición de la justicia estadounidense para extraditar a Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios–, hasta fines de marzo de 1979, la prensa informó de la colocación de 23 artefactos explosivos, 19 de los cuales estallaron y los otros cuatro fueron desactivados. De los 19 que explotaron, ocho lo hicieron en casas particulares; otros once en locales fiscales, empresas privadas y secretarías gubernamentales; y uno en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Todas las bombas eran de baja potencia, ubicadas en lugares estratégicos para evitar heridos y con mecanismos de relojería para que explotaran por las noches. Hasta marzo de 1979 no se registraban heridos entre las víctimas de los atentados, pero sí seis muertos entre los presuntos autores: tres en una explosión en Coquimbo, dos durante un tiroteo en Santiago y uno al estallar un artefacto que se preparaba en una casa de Quinta Normal.

En el mismo período se informó de 46 detenidos como confesos fabricantes de bombas o cómplices. De esos 46, cuatro quedaron en libertad por falta de méritos y 15 fueron amnistiados. De los 27 restantes, 12 estaban siendo procesados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y solo 15 en tribunales militares por delitos a la Ley de Control de Armas.

El ministro de la Corte de Apelaciones Sergio Dunlop –que investigaba la bomba en casa del juez Bórquez cuando estalló otra en la suya– afirmó que las bombas estaban fabricadas con trotil. También el general Germán Campos, entonces prefecto de Carabineros de Santiago, aseguró que todas las bombas que estallaron en 1978 estaban fabricadas con trotil. La CNI, en cambio, fue enfática para afirmar que “no son de trotil, porque este elemento es usado solo por las Fuerzas Armadas”. Desde entonces, los medios de prensa informaron que, según fuentes de seguridad, tal o cual bomba era de polvo de aluminio o amongelatina. Pero hubo excepciones: el 14 de febrero de 1979, El Mercurio dio cuenta de una bomba que estalló en el sector de La Granja y que, según Carabineros, “estaba confeccionada con 500 gramos de trotil”.

El 14 de mayo de 1979, en un fallo de primera instancia, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Israel Bórquez, anunció su rechazo a las extradiciones de Contreras y Espinoza solicitadas por el gobierno de Estados Unidos.

Seguros de que las condiciones habían cambiado, ambos exjefes de la DINA decidieron iniciar un fulminante contraataque y el 31 de mayo acusaron constitucionalmente a los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación, Sergio Fernández, Hernán Cubillos y Gonzalo Vial, respectivamente.

Contreras y Espinoza los culpaban de haber interferido en sus defensas e influir de mal modo ante diversas instancias públicas para que no se les ayudara. Afirmaban que uno de sus abogados, Jorge Balmaceda, jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, había sido presionado por el ministro Vial para que abandonara el caso.

De acuerdo a la acusación de los exjefes de la DINA, el embajador estadounidense George Landau habría señalado a Cubillos su inquietud por la situación irregular de Balmaceda. Y este, junto a Fernández, habría acicateado a Vial para que presionara a Balmaceda. Para Contreras y Espinoza esa conducta resultaba inadmisible. Se trataba de una intervención extranjera que, con la complicidad de tres ministros, comprometía e1 honor de Chile y atentaba contra el legítimo derecho de defensa que tiene todo ciudadano.

La Junta de Gobierno se reunió y determinó que no procedía jurídicamente la acusación constitucional. El gobierno, en tanto, declaró que jamás se había pretendido intervenir en el proceso sobre las extradiciones, ni para privarlos de defensa, ni para entorpecer la acción de la justicia.

Los ministros aludidos no guardaron silencio. En una enérgica declaración emitida a últimas horas de ese mismo día refutaron los cargos que se les imputaban, manifestando que nunca han aceptado presión alguna y reiterando su adhesión a los valores de la dignidad y honor de la Patria. Y agregaron:

Resulta entre audaz y grotesco, por decir lo menos, que los referidos reclamantes se atrevan en estas circunstancias a formular semejantes declaraciones de índole moral y jurídica, con lo que queda de manifiesto que su propósito es el de intentar una burda maniobra política.

Manuel Contreras, por su parte, replicó al día siguiente:

Lo único que puedo declarar es lo siguiente: mi general Pinochet ha estimado que esta situación está totalmente superada. Yo, como militar, estoy dispuesto a cumplir, una vez más, las órdenes de mi general, pese a la actitud ignominiosa de algunos de los lacayos que actualmente lo rodean.

Pinochet reiteró su confianza a los ministros y el Ejército se cuadró con su comandante en Jefe. A las 8:30 de la mañana del jueves 7, llegó hasta el gabinete de Pinochet el cuerpo de generales a presentarle su saludo con motivo del día de la Infantería. En representación de ellos, el general René Escauriaza manifestó su adhesión el gobernante:

Queremos decirle a aquellos ilusos que aún pretenden minar la lealtad de la institución, que no confundan serenidad con temor ni silencio con desafección, pues cuando el Ejército, cuyo símbolo humano es la infantería, tiene que responder, sabe hacerlo sin titubeos²⁰.

Casi un mes antes, el 26 de abril, el canciller Cubillos había invitado a almorzar a su casa al embajador estadounidense George Landau, a quien le confidenció que en las últimas dos semanas había recibido dos amenazas de muerte de Contreras.

En un documento secreto de tres páginas desclasificado por el gobierno norteamericano en marzo de 2001, Landau había informado en abril de 1979 al Departamento de Estado: “Cubillos me dijo que había recibido dos amenazas de muerte porque había firmado el original de la orden de arresto en su contra y que estaba muy consciente que la política exterior de Chile enfrentaría serios problemas si la Corte falla en contra”.

Los chilenos presenciaban por esos días las primeras grandes batallas de una guerra al interior del régimen militar que se prolongaría más allá del fin de su existencia. Los bandos en pugna fueron identificados como “duros” y “blandos”, atribuyéndoles características y posiciones antagónicas en el manejo económico, en las relaciones exteriores, en los planes políticos, en la educación, en suma, en todos los ámbitos ideológicos y administrativos del gobierno.

El general Pinochet decidió impulsar un gran movimiento cívico-militar que robusteciera los pilares de su gestión. La tarea recayó en el mismo hombre que poco después del golpe militar de septiembre de 1973 le recomendó reemplazar sus incrustaciones de oro en la dentadura, despejar su frente y levantar la altura de su gorra: el publicista Federico Willoughby. Trabajaría codo a codo con un coronel de Ejército en Cema Chile y emplearía como verdaderas monitoras de la idea a las esposas de los oficiales y de los funcionarios de las intendencias regionales.

En los últimos meses de 1979 Willoughby había logrado fichar a 240 mil chilenos. No obstante, la sombra del corporativismo con un penetrante olor a fascismo había caído sobre el tan esperado movimiento y Pinochet ordenó congelarlo hasta una nueva orden.