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Manuel Contreras había previsto el fin de la DINA, su retiro y el de sus hombres. Pensando en ello creó una sociedad de responsabilidad limitada –Pedro Diet y otros– destinada a dotar de casas a todo el personal que conformaba el estado mayor del organismo de inteligencia. También, en sociedad con Vianel Valdivieso –Víctor Víctor, como le decían en la DINA– formó la empresa CONAS, dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y mantenimiento.

Otras empresas bajo el control de Contreras al iniciarse los años 80 eran Conapala, una compraventa de automóviles; Enelectro, de artículos electrodomésticos; Impromet, en el rubro de la metalurgia; y su empresa regalona: Servicios de Asesorías Integrales Alfa Omega Ltda.

El general decidió instalarse en el tercer piso de Santa Lucía 270, en unas oficinas que arrendó a su amigo y exagente DINA Eduardo Romero Olmedo, que justo las había rematado poco tiempo antes.

Romero era dirigente de los camioneros durante la Unidad Popular, época en que se hizo muy amigo de Contreras.

En mayo de 1980 se descubrió una gigantesca evasión tributaria, superior a 250 millones de pesos –unos 20 millones de dólares– que involucró a la empresa Union Trading Co. Ltda., propiedad de Romero, y ubicada un piso más abajo de las dependencias que ocupaba Contreras.

Entre mayo y agosto, tanto la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones, Bridec, como los medios de prensa, recogieron múltiples antecedentes que indicaban la presencia de un grupo económico con vínculos y negocios insospechados.

Los principales socios de Romero, con dilatada trayectoria en el mundo empresarial, eran el colombiano nacionalizado estadounidense Jorge Bendek Bendek; su cuñado, Jorge Masihy Duery, y Manuel López Jiménez, un hombre que también había trabajado en la DINA, en el departamento encargado de falsificar cédulas de identidad y pasaportes²¹.

“No nos van a amedrentar y les aseguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a detener, caiga quien caiga, porque es necesario investigar a fondo los alcances del fraude”, dijo el general Ernesto Baeza, director de Investigaciones, al contar en esos días a los periodistas que tanto los agentes de la Bridec como sus familiares habían sido amenazados.

En uno de los muchos nexos del escándalo, un nombre llamó la atención de los investigadores: Álvaro Miguel Barría Duque, que aparecía como el principal proveedor de cobre para exportación de Union Trading. Entre mayo de 1979 y marzo de 1980 Barría había cobrado IVA por 245 millones de pesos, cheques de Tesorería que él mismo había cambiado en la sucursal Avenida Matta del Banco Español-Chile.

¿Que había de extraño? Álvaro Miguel Barría Duque había sido detenido por agentes de la DINA desde su domicilio el 15 de agosto de 1974 y visto por última vez en la casona de calle Londres. Era un detenido desaparecido.

Otra de las personas que aparecían cobrando cheques de IVA era Bonifacio Catacora Zarzuri, nombre falso del exsargento Juan de la Cruz Cepeda Baraona.

Romero, López y Cepeda fueron a dar al Anexo Cárcel de Capuchinos, vigilados muy de cerca por el teniente primero de gendarmería Orlando Manzo Durán. Ese gendarme, adscrito a la DINA, había estado entre 1974 y 1977 a cargo del campo de prisioneros de Cuatro Álamos, y el 2 de octubre de 1978 había declarado ante el ministro en visita Servando Jordán, que investigaba algunos casos de detenidos desaparecidos, entre ellos el de Barría Duque.

El abogado Jorge Villalobos Bolt, exfiscal de la DINA, asumió la defensa de Romero Olmedo.

Dos de los principales involucrados alcanzaron a huir de Chile antes de que los detectives los ubicaran para detenerlos. Se trataba de Jorge Masihy, cuñado de Romero, y Jorge Bendek Bendek.

Ese fraude, como muchos otros procesos, abandonó las páginas de los diarios y de las revistas, pasando bruscamente al olvido.

El miércoles 5 de septiembre de 1990, diez años después de lo relatado, en una operación conjunta del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual de Carabineros, OS-7, y del Servicio de Aduanas, se descubrió una red internacional de tráfico de drogas, dependiente del Cartel de Medellín, que operaba enviando cocaína desde Santiago a Miami.

La conexión surgió cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Pudahuel tres chilenos y un colombiano portando 61 kilos de cocaína, avaluada en el mercado negro en 1.200 millones de pesos, unos tres millones de dólares.

Cinco días después el OS-7 informó que los detenidos en Pudahuel eran Jaime García Ruiz, 49 años, colombiano; y los chilenos Fernando Cortese Stevenson, 43 años; Francisco Canales de la Cerda Fuentes, 31 años; y, Miguel Ángel Candia Morales, 53 años. En los días siguientes, los agentes antinarcóticos habían arrestado a Óscar Barker Cárdenas, 43 años, chileno; Guillermo Franjola Orellana, 43 años, chileno; Carlos Guevera Bonilla, 38 años, chileno, Florencio Fuentealba Aguayo, 56 años, chileno, y Jorge Bendek Bendek, 62 años, ingeniero químico, colombiano nacionalizado estadounidense.

El colombiano Bendek, el mismo que había sido socio de Romero Olmedo en el fraude al IVA detectado en 1980, era el jefe de la operación en Chile y trabajaba junto a un cubano-estadounidense, entrando y saliendo de Chile desde 1988.

Su lugarteniente, Florencio Fuentealba Aguayo, tenía también un pasado interesante. El miércoles 12 de septiembre de 1990, el diario La Tercera de la Hora escribió sobre él:

La “ficha” de Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo –uno de los nueve detenidos por el grandioso descubrimiento de cocaína– comenzó a nutrirse en junio del año 1970, cuando sustrajo armas de regimiento, donde servía con el grado de capitán.

En esa oportunidad, Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo, acompañado de su primo, Luciano Cruz Aguayo, fallecido en extrañas circunstancias hace algunos años atrás, se dirigió a la población La Bandera, donde pretendieron instalar un foco armado de resistencia extremista de izquierda. Después del 11 de septiembre estuvo enrolado en organismos de seguridad.

En la actualidad a Fuentealba Aguayo se le conoce como fuente laboral una oficina exportadora de figuras en lapislázuli, de escaso movimiento, pero con una numerosa planta de personal.

Hace pocos meses estuvo conectado a un empresario español que pretendió instalar máquinas tragamonedas en Santiago, a lo que se opusieron la Municipalidad y la Intendencia, fallo que confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese empresario residió antes en Colombia.

En 1981, poco antes de que Alfa Omega entrara en su fase terminal, Contreras había logrado reunir junto a él a los generales en retiro Galvarino Mandujano y Pablo Schaffauser Acuña, ambos del arma de Ingenieros; Agustín Toro Dávila, de Infantería, y al coronel Ramón Larraín.

Entre sus principales clientes estaban la discoteca Eve, la planta de Vicuña Mackenna de IRT y numerosas financieras pequeñas. Para satisfacer sus compromisos comerciales, tenía a diez analistas de seguridad, todos exoficiales de Ejército.

Una de sus ventajas era ofrecer servicios de seguridad casi exactamente iguales a los que exigía la comandancia de la Guarnición Militar de Santiago.

En uno de aquellos días Contreras, con algunos tragos en el cuerpo, después de concluir una comida de camaradería con sus colaboradores de Alfa Omega, se emocionó al recordar los funerales del generalísimo Francisco Franco en 1975, a los cuales asistió acompañando a Pinochet. Narró que miles de falangistas luciendo sus camisas azules saludaron con el brazo en alto el entierro del gobernante español en el Valle de los Caídos, mientras entonaban el “Cara al Sol”, himno de la Falange que fundara José Antonio Primo de Rivera.

Contreras, con lágrimas en los ojos, comentó:

–¡Esa es la mística que necesitamos en Chile!

–¡Tómese el gobierno, mi general, nosotros lo apoyamos! –lo instó uno de sus asesores.

–¡Sí, mi general! ¡Usted sabe que hay muchos que estarán junto a usted! –se entusiasmó otro.

El general pareció reflexionar algunos segundos. Luego, respondió:

–No; mi lealtad hacia mi general Pinochet es irrestricta, pero les aseguro que voy a quitar de circulación a esos cabrones de los gremialistas.

¹ Entre ellos Jaime Guzmán Errázuriz, Gonzalo Vial, Emilio Sanfuentes, Francisco Bulnes Ripamonti, Hermógenes Pérez de Arce, Francisco Orrego Vicuña, Ricardo Rivadeneira, Orlando Sáenz, Cristián Zegers Ariztía, Ricardo Claro Valdés, Hernán Cubillos Sallato y Roberto Kelly.

² Ver Eugenio Ahumada y otros: Chile. La Memoria Prohibida; Tomo II. Santiago de Chile: Pehuén Ediciones, 1989.

³ Proceso rol N°21.485 del Segundo Juzgado del Crimen de La Granja, iniciado el 24 de mayo de 1977. Ver también Marcelo Miranda: “El Vía Crucis de un torturado”, El Periodista, 3 de diciembre de 2004.

⁴ En ese lugar se ubica hoy la piscina Antilén.

⁵ Andrea Lagos A.: “A 25 años del encuentro de Chacarillas. La noche en que nació el Pinochetismo”, Siete+7; 28 de junio de 2002. Ver también “El descenso de Chacarillas”, diario La Tercera, 30 de junio de 2002.

⁶ Las leyes N°18.314 y 18.315, del 17 de mayo de 1984, que tipificaron las conductas terroristas, facultaron a la CNI y a otras fuerzas de orden para detener previa orden del Ministerio del Interior, de los intendentes regionales, de los gobernadores provinciales o de los comandantes de guarnición, sin necesidad de una orden judicial. También se le autorizó a detener en sus propias dependencias.

⁷ A comienzos de enero de 1978 Pinochet decidió encomendarle al general Manuel Contreras una misión delicada y confidencial. El exjefe de la DINA debía viajar a Argentina y convencer al general Jorge Rafael Videla para una reunión con Pinochet. Contreras tuvo éxito y el 19 de enero ambos jefes de Estado se reunieron en el aeropuerto Plumerillo de Mendoza.

⁸ Ver Luz Arce Sandoval: “Confesiones de una agente DINA-CNI”. Declaración de Luz Arce ante la Comisión Rettig: Revista Página Abierta, Santiago de Chile, 18 de marzo de 1991.

⁹ Ver Ernesto Carmona. Morir es la noticia. Santiago de Chile: Ernesto Carmona Editor, 1998. También: El Combatiente, Periódico Oficial de la Comisión Militar del MIR, N°11, noviembre-diciembre de 1989.

¹⁰ La Segunda, viernes 20 de enero de 1978.

¹¹ “Dónde Están”. Boletín 4, enero-abril 1984; Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

¹² Michael Townley planificó un asalto a una central eléctrica en Concepción desde donde el gobierno de la UP interceptaba con un oscilador las emisiones piratas de Canal 5 de Televisión, dependiente de Canal 13 de Santiago, que dirigía el sacerdote Raúl Hasbún. En el asalto, efectuado por un comando de Patria y Libertad el 20 de marzo de 1972, encabezado por Juan Manuel Sessa y Carlos Vial, resultó muerto por asfixia el obrero José Tomás Henríquez, a quien los atacantes amarraron, le pusieron tela adhesiva en la boca y le aplicaron cloroformo. Townley y sus secuaces escaparon de la justicia viajando a Argentina.

¹³ Hijo del coronel Pedro Medina Arriaza y sobrino de Jorge Medina Arriaza, uno de los implicados en el secuestro del general René Schneider.

¹⁴ Ver Verónica Valdivia Ortiz de Zárate: El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980. Santiago de Chile: Lom ediciones, septiembre de 2003.

¹⁵ Ver Manuel Salazar: Las letras del horror. Tomo I La DINA. Santiago de Chile: Lom ediciones, 2011.

¹⁶ Ver Manuel Salazar: Contreras. La historia de un intocable. Santiago de Chile: Grijalbo-Mondadori, 1995.

¹⁷ Ver Claudio Orrego y Patricia Verdugo: Una herida abierta. Santiago de Chile: Editorial Aconcagua, marzo de 1980.

¹⁸ Ver Ernesto Videla: “Historia secreta del conflicto Chile-Argentina”, serie publicada por el diario La Segunda en seis fascículos entre el viernes 23 de julio de 2004 y el viernes 27 de agosto del mismo año.

¹⁹ Carta de Herrera Jiménez al director de la DINE fechada el 9 de noviembre de 1990.

²⁰ Blanca Arthur: “Las granadas de Contreras”, revista Ercilla, Santiago de Chile, 13 de junio de 1979.

²¹ El periodista Gabriel Figueroa publicó un completo cuadro de las empresas a las que, de una u otra forma, estaba vinculado Romero. Entre ellas aparecían: Sociedad de Turismo Costa Brava Ltda.; Caroicar y Cía. Ltda.; Sociedad Minera Pucalán Ltda.; Sociedad de Buses Flecha Verde Ltda.; Romero y Cia. Ltda.; Romero Bendex Ltda.; Masihy Alfaro y Ortega Ltda.; Romero y Diez Ltda.; Transportes Internacionales Santiago Ltda.; Metalúrgica Lamifor Ltda.; Union Trading Ltda.; Comercial Fundación Ltda.; Agrícola y Forestal La Cascada Ltda.; Compañía Nacional Metalera Ltda.; Cofema Ltda.; Minera y Mercantil Ramayana; Comercial Hual Ltda.; Somalco M.R.; Turismo Alfa Tour; Tisal Tour; Fundicol Ltda., y Comercial y Minera World. Romero aparecía, además, conectado a una red de negocios en el exterior, donde figuraban la agencia aduanera Elissalde y Poblete, y las sociedades panameñas Marbat S.A. y Ketol S.A. También había intentado conseguir la representación para Chile de las tarjetas de viaje Big Travel Club Inc., de Miami, Florida, empresa presidida por el cubano norteamericano Ray Velásquez. Entre las personas ligadas a estas sociedades –aparte de Romero, Bendek, Masihy y López Jiménez– destacaban: José Navarrete González, Miriam Bannura Babul, Abraham Jarur Puery, Manuel Ortega Pizarro, Osvaldo Huerta Pino, Alfredo Alfaro Motles, Nayo Rojas Abud, Héctor Palacios Green, Miguel Navarrete Cáceres, Carmela Hernáez Aute, Cornelio Albornoz Allende, Julio Solar Solar y Jorge Díaz Utrera. Ver revistas Hoy 151, 158 y 161, entre junio y agosto de 1980.