Читать книгу Las letras del horror. Tomo II: La CNI - Manuel Salazar Salvo - Страница 14

El 1 de agosto el fiscal estadounidense Eugene Propper acusó a ocho personas ante un juez federal por el asesinato de Orlando Letelier. Cinco eran cubanos y tres, chilenos. Una semana más tarde, el 10 de agosto de 1978, un incesante repiquetear de cacerolas se escuchó en las poblaciones mineras de Chuquicamata. Aquella célebre forma de protesta que había impuesto la oposición al gobierno de la Unidad Popular, retornaba para manifestarse en contra de la dictadura militar. Pinochet decretó el Estado de Sitio y relegó a diez dirigentes de la División Chuquicamata a la localidad de Chonchi, en los confines de Chiloé.

El 16 de agosto se concluyó la redacción del anteproyecto de reforma constitucional. En sus páginas nada se mencionó sobre el proceso de transición a la democracia. Casi un mes más tarde, el 11 de septiembre, durante la celebración de un aniversario más del golpe militar, Pinochet informó que el anteproyecto de reforma constitucional sería estudiado por el Consejo de Estado. Luego sería examinado por la Junta de Gobierno para enseguida ser plebiscitado. Si llegaba a promulgarse, se iniciaría una transición de seis años. En ese período se instalaría un Parlamento enteramente designado por la Junta de Gobierno. En ningún caso, agregó, habría elecciones antes de 1985. Catorce meses antes, en el discurso de Chacarillas, Pinochet se había comprometido a realizar elecciones libres en 1985.

A fines de septiembre del 78 Pinochet anunció la creación de un nuevo rango en el Ejército, el de teniente general, otorgándoselo a los generales Herman Brady, César Benavides y Carlos Forestier, que habían cumplido ya 41 años de servicio.

Simultáneamente envió al general Sergio Covarrubias, hasta entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, a la jefatura de la Quinta División en Punta Arenas, nombrando en su reemplazo al general René Escauriaza. Otro cambio importante en el Ejército fue la remoción del general Héctor Orozco desde la jefatura de la Dirección de Inteligencia.

El 18 de octubre del 78 el ministro del Interior Sergio Fernández anunció nuevas facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y la proscripción de siete confederaciones y federaciones de trabajadores que agrupaban a más de 150 mil obreros y empleados.

En los primeros días de noviembre los servicios de inteligencia argentinos detuvieron a varios exagentes de la DINA que operaban en el país trasandino, acusándolos de espionaje. Entre ellos figuraban algunos hombres que habían tenido una relevante participación en los preparativos para asesinar al general Carlos Prats y en la desaparición de numerosos chilenos. Los arrestados eran Enrique Arancibia Clavel, Mario Igualt Pérez, Nicolás Díaz Pacheco, Germán Vogel Blaya, Jaime Patricio Arrau y Eduardo Segundo Quilodrán, todos chilenos, además de los argentinos Eladio Vicuña y Humberto Zanelli¹⁵.

En Santiago, mientras, las investigaciones realizadas por obispos y vicarios sobre las violaciones a los derechos humanos durante la existencia de la DINA llevó a la Conferencia Episcopal a emitir una severa declaración el 9 de noviembre de 1978. En ella, los obispos expresaron que “las personas detenidas desaparecidas deben, a nuestro parecer, darse por detenidas por los servicios de seguridad del gobierno”. Y agregaron: “Hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido”.

Entretanto, los continuos atropellos cometidos en contra de los derechos laborales, decidió a la central sindical estadounidense AFL-CIO a presentar una moción ante la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, para declarar un boicot en contra del gobierno de Pinochet. Similar actitud se tomó en contra del régimen de Anastasio Somoza, en Nicaragua, y de Fidel Castro, en Cuba.