Читать книгу Las letras del horror. Tomo II: La CNI - Manuel Salazar Salvo - Страница 9

En julio de 1977, diez meses después del asesinato de Orlando Letelier en Washington, el FBI detuvo a algunos cubanos anticastristas que reconocieron a Juan Williams Rose –una de las identidades falsas de Michael Townley– como el sujeto rubio que había participado en el atentado.

Ese mismo mes el general Pinochet comunicó a Contreras su decisión de terminar con la DINA.

El 12 de agosto de 1977 se anunció oficialmente la disolución del organismo represivo y su reemplazo por la Central Nacional de Informaciones, CNI. La noticia se hizo pública durante la permanencia en el país de Terence Todman, asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, quien en un gesto de apoyo a la defensa de los derechos humanos visitó la sede de la Vicaría de la Solidaridad.

Ese mes se registraron muy pocas detenciones. Desde hacía varias semanas los arrestos e interrogatorios los venían practicando los integrantes de la Brigada de Asaltos de la Policía de Investigaciones.

Por medio del Decreto Ley N°1.876, del 13 de agosto de 1977 se derogó el Decreto Ley N°521 que había dado creación legal a la DINA. El Decreto Ley N°1.878, que ese mismo día creó a la CNI, le entregó el personal y el patrimonio de la DINA y justificó su existencia por “la conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias las atribuciones de un organismo creado en situación de conflicto ya superada”.

La CNI quedó constituida de un modo muy similar a la DINA en cuanto a su definición, características, funciones y objetivos. Las diferencias más importantes fueron su subordinación jerárquica, pues pasó a depender del Ministerio del Interior y no de la Junta de Gobierno, como era en el caso de la DINA; y una nueva función genérica de “mantener la institucionalidad vigente”. Según el artículo primero del decreto de creación, la CNI fue definida como un “organismo militar especializado de carácter técnico profesional”. Para ello podía “reunir y procesar todas las informaciones a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas” y se le facultó para “la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales, y mantención de la institucionalidad constituida”.

A la CNI se le entregaron atribuciones para arrestar, en virtud de una orden judicial, para allanamientos a locales habitados o deshabitados en que se presumiera la existencia clandestina de armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, etc., o la comisión del delito de organización de milicias privadas⁶.

Tras la muerte legal de la DINA, Contreras quedó nominalmente al frente de la CNI, pero bajo la intervención del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, el general Héctor Orozco.

Por esos días Pinochet fue invitado por el gobierno del presidente Jimmy Carter para asistir el 5 de septiembre junto a todos los gobernantes del continente, a la firma del tratado que devolvería a Panamá la soberanía sobre la zona del canal que une a los océanos Pacífico y Atlántico. Contreras le pidió que lo autorizara a designar a los mejores oficiales de la DINA para que lo acompañaran a Washington. Sería –le dijo– como un gesto de reconocimiento al trabajo que habían efectuado. Pinochet aceptó y el propio Contreras gestionó las visas para él y 54 de sus hombres. El trámite se lo solicitó como un favor especial al delegado del FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer, quien no dudó en otorgárselas. El agente federal norteamericano consideró que era una oportunidad única para tener las fotografías de los más sobresalientes cuadros de la DINA. En uno de los pasaportes que ya se tramitaban en el consulado estaba el de un tal Morales Alarcón, el propio Contreras. Todos los documentos con sus respectivas fotografías fueron copiados. Los permisos para porte de armas solo fueron 13.

Durante las últimas semanas de septiembre y en el mes de octubre Contreras se mantuvo cerca de los agentes civiles de la DINA. Los oficiales de carrera empezaron a volver a las filas de sus respectivas instituciones. En los primeros días de la primavera estalló una serie de bombazos en El Mercurio, en el Citibank y en la antigua residencia de Pinochet. Muchos periodistas y el personal de la embajada de EE.UU. estaban convencidos de que los responsables pertenecían a la DINA.

El 22 de octubre, en extrañas circunstancias, se suicidó de un balazo en la cabeza el jefe de Protocolo de la Cancillería, Guillermo Osorio, quien era considerado un testigo clave por haber firmado los pasaportes que fueron utilizados por algunos de los implicados en el asesinato de Orlando Letelier. La muerte del funcionario diplomático ahondó aún más las sospechas sobre la DINA.

En noviembre de 1977 Pinochet convocó a su despacho al coronel Contreras.

–Dime, Mamo, ¿dónde quieres que te destine? Elige lo que quieras –ofreció el general.

–Mi decisión está tomada, general: el Comando de Ingenieros –replicó.

Pinochet le pidió a Contreras que asumiera como consejero especial en materias de seguridad nacional y que actuara como delegado suyo en el manejo de las delicadas relaciones con Argentina, tarea que entusiasmó sobremanera al exjefe de la DINA⁷.

En las horas siguientes el coronel Manuel Contreras fue ascendido a general junto a otros siete coroneles y destinado al Comando de Ingenieros. Pocos días después una delegación de oficiales del arma de Ingeniería, al mando del director de la Escuela de Tejas Verdes, coronel Julio Bravo Valdés, llegó hasta las instalaciones del Comando en calle Santo Domingo, en Santiago.

–Soy un oficial disciplinado. Si mi general Pinochet tomó la decisión de terminar con la DINA, por algo será. Él es el comandante del Ejército. Yo ahora dedicaré todos mis esfuerzos a conseguir que la mayor cantidad de oficiales del arma de Ingenieros ingrese a la Academia de Guerra y llegue a los altos mandos de nuestra institución. Ese es ahora mi desafío y quiero pedirles a ustedes que me ayuden a conseguirlo –les dijo Contreras.

No obstante, la complacencia del general tuvo un vuelco inesperado cuando se enteró de que Pinochet había nombrado como director de la CNI a uno de sus principales enemigos, el general (r) Odlanier Mena, a quien Contreras creía haber vencido para siempre hacía dos años. Todas las informaciones que tenía indicaban que el elegido para ese cargo sería el general (r) Fernando Paredes. La designación de Mena lo indujo a pensar que estaba siendo marginado del principal anillo de influencias que rodeaba al comandante en jefe. Presintió también el peligro, el inesperado riesgo de que algunos de sus hombres fueran entregados a la justicia estadounidense. Desconfiaba profundamente de algunos de los asesores más asiduos al piso 22 del Edificio Diego Portales, donde tenía su despacho Pinochet, a quienes consideraba demasiado sumisos a los intereses de Washington.

Mena había sido un aventajado miembro de la inteligencia militar durante nueve años, antes de que en 1973 lo designaran comandante del Regimiento Rancagua, con asiento en Arica. Ahora Pinochet lo reintegraba al Ejército y lo traía de regreso de Uruguay, donde estaba como embajador.

El nuevo director de la CNI llegó a comienzos de diciembre de 1977 al cuartel central de calle Belgrado 11 con un grupo de ayudantes de su total confianza. En las siguientes tres semanas fueron eliminados cerca de mil agentes, la mayoría civiles, a través de renuncias voluntarias o despidos. Decenas de miembros de lo que había sido la DINA debieron abandonar sus puestos.

Los removidos estaban en una lista que se distribuyó en todos los accesos y puestos de guardia de la CNI. La orden era perentoria: los incluidos no podían ingresar a ninguna oficina ni cuartel de la institución.

A la jefatura de Inteligencia Interior accedió primero el coronel Juan Jara Cornejo, que luego ocupó la Dirección de Operaciones, dejando su puesto al coronel (r) Daniel Concha.

Una tarde de enero de 1978 Concha apareció en el cuartel central acompañado de Andrés Terrisse Castro, ingeniero electrónico dedicado a la computación y asesor del mayor Ítalo Seccatore Gómez en L5, la Unidad de Computación de la CNI. Estaban haciendo una encuesta sobre los métodos de trabajo de la DINA. Mena transformó a L5 en un centro de apoyo a la dirección y lo trasladó al primer piso de un edificio ubicado en Vicuña Mackenna 69. Terrisse diseñó un sistema que permitía archivar, procesar la información y centralizar el trabajo de las brigadas.

Como unidad operativa piloto se eligió a la brigada Caupolicán, a cargo de los partidos de izquierda, al mando del capitán Manuel José Provis Carrasco (“Francisco Valenzuela”) y recién instalada en el Cuartel Borgoño, un vetusto edificio que había pertenecido al Servicio Nacional de Salud, ubicado en el comienzo de lo que es hoy la comuna de Independencia.

La exmirista Luz Arce, colaboradora de la DINA, cuenta en su libro:

Tuve acceso a parte del trabajo de Andrés Terrisse. Además del desarrollo y del sistema que comenzó a probarse en Caupolicán, existía otro denominado “LIDES”, nemotécnico con el cual hacían referencia al “Listado de Desaparecidos” […] También se comenzó a ingresar la información del archivo de microfichas de la subdirección de la CNI. Es un trabajo que realizó el personal de digitadores de L5 […] En una oportunidad le dije a Andrés Terrisse que la información de los detenidos de la DINA la había manejado el suboficial Manuel Lucero Lobos. Dijo no saber nada al respecto⁸.

El 7 de diciembre de 1977 la comisión de las Naciones Unidas que investigaba la situación de los derechos humanos en Chile resolvió en contra del gobierno de Pinochet. Una semana después, el 14 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución “con preocupación especial e indignación” por el “incumplimiento de promesas del gobierno chileno de que mejoraría la situación de los derechos humanos”. Noventa y seis países votaron en contra del gobierno de Pinochet, 26 se abstuvieron y solo 14 se pronunciaron a favor.

Pinochet decidió convocar a un plebiscito –que luego llamaría Consulta Nacional– para el 4 de enero, argumentando que el pueblo chileno debía manifestarse frente a la condena de las ONU. Al día siguiente de la convocatoria, la Fuerza Aérea condenó el acto señalando que era “propio de regímenes personalistas” y que violaba los estatutos de la Junta, sobrepasando los propios límites que se había fijado el jefe de Estado.

El almirante José Toribio Merino, por su parte, lo consideró improcedente tanto en el fondo como en la forma. La Armada agregó que Pinochet “con su actuar, ha vulnerado y atropellado las atribuciones de la Honorable Junta de Gobierno y la ha marginado de la más importante de las decisiones políticas de los últimos años”, insistiendo en su completo desacuerdo con la realización del plebiscito, al igual que todos los almirantes.

Héctor Humeres, el Contralor de la República, también coincidió con la ilegalidad de la consulta. Lo mismo que los expresidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Gabriel González Videla.

El 27 de diciembre Pinochet informó que convocaría a la consulta a través de un decreto supremo –el DL 1308– sin necesidad de pedir la firma a los miembros de la Junta Militar de Gobierno. Al día siguiente, el Contralor insistió públicamente en que la consulta no tenía sustentación jurídica, recomendando que se tramitara mediante un decreto ley que requería la firma de todos los miembros de la Junta. Humeres afirmó ante los periodistas que la Contraloría rechazaba en la forma y en el fondo la consulta.

Pinochet ordenó entonces que se diera curso a la jubilación de Héctor Humeres y nombró, en cosa de horas, mediante el decreto supremo 1295, a un nuevo contralor que le otorgara validez legal a la consulta: el elegido fue el abogado puntarenense Sergio Fernández, recomendado por Mónica Madariaga.

Los primeros días de 1978 se caracterizaron por una dura represión en contra de quienes se atrevieron a llamar a votar No. Sin las mínimas garantías que requiere un proceso plebiscitario, el 4 de enero el Sí obtuvo el 75 por ciento de los sufragios.

El 14 de enero, acusados de participar en reuniones políticas, fueron relegados a distintas localidades apartadas del país 12 integrantes del Partido Demócrata Cristiano que habían osado manifestarse públicamente a favor del No: ellos eran Tomás Reyes, Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Ignacio Balbontín, Juan Manuel Sepúlveda, Samuel Astorga, Guillermo Yunge, Hernán Mery, Georgina Aceituno, Elías Sánchez, Juan Claudio Reyes y Enrique Hernández.