Читать книгу Nuestro desafío ambiental - Nicolás Wild Botero - Страница 26

La Constitución de 1991 se creó, en parte, para cambiar esta mentalidad extractiva y colonial con artículos que protegen al medio ambiente, promueven el desarrollo sostenible y declaran que los indígenas tienen derecho a tener sus tierras, mantener sus idiomas y educación; pero la ausencia del Estado impide que estos mismos sean protegidos. Al no haber hospitales, escuelas y Fuerza Pública en varias regiones del país, los acaparadores de tierras se aprovechan de esta situación para quemar y talar los bosques. Rodrigo Botero, argumenta que para frenar la deforestación hay que revisar quiénes son los grandes tomadores de decisiones y no enfocarnos en ver ejercicios innocuos donde no están los tomadores de decisiones sobre los procesos de deforestación en la región Amazónica. Si el Estado se enfoca en atrapar a los que están deforestando y no a los autores intelectuales del crimen entonces nunca van a dar con la raíz del problema, sólo el síntoma.

Los grupos armados también se aprovechan del ausentismo estatal extrayendo oro y otras piedras preciosas por medio de minas ilegales. Las estadísticas dadas por un estudio apoyado por el Banco de la República, estiman que el área cubierta por títulos mineros aumentó setecientos por ciento desde 2001-2014¹³. Esta bonanza se le debe al alto crecimiento de los precios internacionales del oro. A pesar del alto crecimiento en los títulos de oro, el sector minero sigue siendo dominado por la minería ilegal y artesanal. Desde 2010-2017 un censo de minas demostró que el ochenta y siete por ciento de las minas de oro eran ilegales y sólo el tres por ciento tenían licencias ambientales.

Para entender qué está haciendo el Gobierno para combatir la minería ilegal entrevisté a la exministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez. La ministra explica que el Gobierno creó el Plan Nacional de Desarrollo que acompaña a los pequeños mineros para formalizar su trabajo. El Ministerio de Minas y Energía así tiene previsto a partir de 2020 tener 27.000 mineros en proceso de formalización. El mercurio es ilegal y es utilizado por los mineros al margen de la ley para extraer el oro, por lo cual formalizar a estos mismos es esencial para prevenir que este químico termine en los humedales. Una de las alternativas que el Gobierno les está dando a los mineros son los programas de beneficiaderos o entables para que ellos aprendan a utilizar esta tecnología para extraer el oro. Sin embargo, cuando el oro ilegal que ahora llega al mercado ya no encuentra clientes legales, el único cliente que les queda son los grupos armados que lo utilizan para financiar sus estructuras ilegales.

Por eso el Gobierno quiere pasar un proyecto de ley para fortalecer las medidas y herramientas que tienen las autoridades para combatir la extracción ilícita de minerales. Así mismo, el presidente Iván Duque estableció la campaña Artemisa como una estrategia ambiental, en donde el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría se coordinan para combatir la deforestación y la minería ilegal.

No obstante, el profesor Germán Andrade discrepa del argumento de que sólo las minas ilegales contaminan:

Las mafias y mercados internacionales de productos mineros como el oro entran y destruyen el territorio sin ninguna contemplación. Esas minerías se mezclan. No es que aquí esté una y allá esta la otra. Eso es parte del error. Eso es una mezcla complicada porque el oro es un producto legal que se produce en todo tipo de minerías en Colombia: en la empresarial legal, en la informal y en la criminal. Pero una vez que el granito de oro llega a la Avenida Jiménez de Bogotá entonces ya es legal y no hay trazabilidad.

Tal vez por eso es que debe existir un mayor control sobre la manera en la que se extrae el oro. Siempre y cuando haya una demanda por el oro y no exista la presencia estatal sobre grandes porciones del país, habrá poco control sobre la extracción de este recurso, lo que generará graves consecuencias socioeconómicas y ambientales.