Читать книгу Nuestro desafío ambiental - Nicolás Wild Botero - Страница 28

La solución en ese sentido aparenta ser obvia: el Estado tiene que hacer presencia en las zonas donde antes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se encontraban, pero al haber una ausencia estatal ya hay grupos armados que se han aprovechado de la situación para llenar ese vacío, como lo explica el expresidente Juan Manuel Santos:

En muchas zonas del país, por ejemplo, en el Chocó, toda la dinámica de reparar a las víctimas, de devolverle a los campesinos la tierra que les fue quitada con las armas, ese proceso de restitución de tierras ha generado la reacción de quienes se apoderaron ilegalmente de esas tierras. Estos terratenientes, con vínculos muy cercanos a los paramilitares les quedó muy fácil volver a reagrupar a algunos de ellos para poder defenderse de ese proceso de restitución de tierras. Es decir, los terratenientes están defendiendo una tierra que adquirieron ilegalmente.

Para frenar el asesinato de las víctimas del conflicto armado el mandatario explica que el Estado debe ocupar esos territorios no sólo con la Fuerza Pública, sino con desarrollo social e infraestructura. El exmandatario exclama que el gobierno de Iván Duque ha sido incapaz de llenar el vacío que dejó las FARC-EP, permitiendo que los grupos armados entren a estas zonas y asesinen a aquellos que buscan recuperar sus tierras, porque muchos de esos territorios son corredores del narcotráfico. Esa falla en el sistema está permitiendo que el narcotráfico asesine a las víctimas del conflicto armado, construyan minas ilegales y talen la selva con impunidad.

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado con el Proceso de Paz es cómo puede darle un substituto al campesino que antes cultivaba la coca y que ahora tiene que cultivar productos alimenticios. «Los campesinos, en múltiples zonas de Colombia, no tienen un producto agrícola que sea tan rentable como la coca. Por lo tanto, si la coca es más rentable y los otros productos no, no hay manera de compensar las ganancias y se continúan desarrollando las actividades del narcotráfico», declara Manuel José Cepeda. Según el jurista, los esfuerzos por crear una sustitución de cultivos ilicitos «han avanzado a sus ritmos, algunos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero siguen siendo insuficientes, porque no van al ritmo necesario para que muchos campesinos opten de manera sostenible por un cultivo distinto o por una actividad diferente».

Sin embargo, el problema del deterioro ambiental no se frena con ponerle fin al narcotrafico o a la cultivación de coca, el mismo fin de la guerra permitió que las víctimas del conflicto armado regresaran a sus tierras, talando la selva que había crecido ahí. La doctora Brigitte Baptiste cuenta la historia de cómo las áreas montañosas de Santander donde la naturaleza había florecido en las tierras de los desplazados, cinco años después los campesinos habían talado esa selva.

El expresidente Santos no obstante defiende el manejo ambiental que le dio su gobierno:

(I) Incrementamos las áreas protegidas de cerca de doce o trece millones de hectáreas a cuarenta y tres millones de hectáreas; (II) delimitamos los treinta y siete páramos para protegerlos de la minería y de la explotación porque estos son unos ecosistemas demasiado importantes en la producción de agua y tenemos que protegerlos a toda costa; (III) hicimos una labor que duró como cinco años con muchos de los gremios para delimitar la frontera agrícola para evitar que se siguiera deforestando nuestra selva amazónica y nuestros bosques naturales.

Con base en esas explicaciones se podría decir que no hay una clara conclusión que determine qué se puede o no hacer para identificar los beneficios o el daño que el Acuerdo de Paz le ha generado al medio ambiente. No obstante, está claro que debe haber una mayor presencia estatal sobre el territorio para prevenir los asesinatos de las víctimas del conflicto armado, los líderes ambientales y los indígenas.