Читать книгу Impuestos y cambio cultural en Bogotá, 1992-2011 - Paul Bromberg - Страница 19

Estas cifras dan fe del punto de inflexión que viviría la ciudad a partir del año 1994. La administración Mockus-Bromberg profundizó la política acerca de la tributación, acentuando la producción de ingresos propios en la ciudad, pero haciendo énfasis en la concepción de una ciudadanía que tiene el deber de tributar para poder exigir sus derechos ciudadanos. De acuerdo con el discurso que se manejó durante el gobierno, no es suficiente con generar cambios en las instituciones formales: se requiere cambiar ciertos comportamientos y justificaciones para poder generar proyectos de largo aliento.

El gobierno distrital propuso al Concejo Distrital proyectos de racionalización tributaria, sobretasa a la gasolina, valorización por beneficio local, endeudamiento, conversión en sociedad por acciones de la Empresa de Energía de Bogotá16 y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, y una propuesta sobre el estatuto presupuestal.

Acciones y resultados

El esquema tributario diseñado en la administración Castro fue mejorado y puesto en funcionamiento. Al tomar como base el sistema de autodeterminación, fue posible avanzar en acciones de desarrollo institucional, en programas de fiscalización y cobro, y en programas de cultura ciudadana (Secretaría Distrital de Hacienda, 1997, p. 95). Todos estos programas fueron financiados por medio del componente de cultura tributaria relacionado en el Plan de Desarrollo. Del mismo modo, se produjeron cambios en la normatividad de los impuestos que se tradujeron en nuevos recursos, todo desde la base de un discurso abierto sobre la relación con el contribuyente.

Se reformó la Dirección Distrital de Impuestos (DDI), organizándola según el tipo de impuestos –Subdirección de impuestos a la producción y al consumo y Subdirección de impuestos a la propiedad–. Esta reforma puso a tono a la DDI con las tendencias internacionales en cuanto a la organización de la administración tributaria. Del mismo modo, se profundizó en la profesionalización de la planta de personal, apoyándola en un esquema de selección por perfiles, según el cual se suprimieron cargos del nivel asistencial y se eliminó el cargo de auxiliar17.

Sumado a esto, se adelantó un programa de actualización informática y de adquisición de nueva tecnología, con sistemas de lectura óptica que permitieron mejorar la calidad de la información, así como concentrar esfuerzos en los campos de auditoría y control (Secretaría Distrital de Hacienda, 1997).

Finalmente, se realizó un ejercicio de divulgación de la normatividad tributaria de la ciudad enfocada a los contribuyentes y se amplió el convenio con los bancos de tal forma que se aumentaron a 700 las oficinas de recaudo.

En el área de fiscalización y cobro, entre 1994 y 1996 los recaudos aumentaron en 150 %, para el área de fiscalización, y en 526 % para el área de cobranza.

Bajo racionalización tributaria se enmarcaron tres estrategias: mejoras en los procesos de fiscalización y cobro, adopción de la sobretasa a la gasolina y optimización de los tributos existentes.

A partir de 1996, el Concejo Distrital aprobó el cobro de la sobretasa a la gasolina con destinación a temas de movilidad urbana, con tarifas de 13 % en 1996, 14 % en 1997 y 15 % a partir de 1998 (Concejo de Bogotá, 1995a). A finales de 1997, el gobierno distrital presentó un proyecto de acuerdo para elevar la sobretasa a un 20 %, que fue aprobado por influencia del alcalde electo, Enrique Peñalosa, quien propuso destinar el 10 % de esa sobretasa a su proyecto bandera, el metro, central en la estrategia de transporte público del candidato ganador. Al terminar su gobierno, en el año 2000, ese 10 % se pasó a la contrapartida para el desarrollo de Transmilenio.

La racionalización tributaria incluyó reformas a los impuestos de industria y comercio (ICA) y predial unificado (Concejo de Bogotá, 1995b), de vehículos y de rifas, juegos y espectáculos. En el caso del ICA se introdujeron las siguientes modificaciones:

■ Aumento en tarifas para algunos de los sectores de la actividad económica, que resultan en un incremento de la tarifa promedio de 5,8 a 6,5 por mil;

■ Implantación del sistema de retenciones, lo cual resultó en disminución del costo del recaudo y reducción de la evasión;

■ Eliminación de la obligación de presentar declaraciones a los pequeños contribuyentes;

■ Establecimiento de las bases presuntivas mínimas para algunos contribuyentes que permiten disminuir la evasión y elusión tributarias y simplificar su recaudo.

En el impuesto predial se simplificaron las categorías de tarifas aplicables a los predios y se aumentaron las tarifas para algunos estratos (que implicaron en promedio, un incremento en tarifas del 7 %) (Secretaría Distrital de Hacienda, 1997, p. 103).

Se fusionaron los impuestos de timbre nacional de vehículos, de circulación y de tránsito en el impuesto unificado de vehículos, al igual que los impuestos de juegos, espectáculos públicos y rifas y sorteos. Con estas fusiones se logró reducir el costo de recaudo y se facilitó el trámite al contribuyente.