Читать книгу Movimientos y emancipaciones - Raúl Zibechi - Страница 10

Me parece importante destacar cómo el Banco Mundial ha creado un conjunto de conceptos que, con algunas variables, nos acompaña hasta hoy. El primero y más importante es colocar en el centro el combate a la pobreza. La prioridad de esta política no es puesta en cuestión por las izquierdas, sino que fue asumida sin más como el eje de sus políticas sociales. El combate a la pobreza conlleva una batería de conceptos y metodologías de trabajo que también han sido asumidas de modo acrítico, como datos de la realidad, por los gobiernos progresistas instalados en la región de partir de 2000. Entre esos conceptos se deben destacar las «necesidades básicas», la «pobreza extrema» y la «exclusión», así como la «participación social» para combatir la pobreza y la «movilización» (y por tanto organización) de los pobres para hacer más efectivo tal combate, entre muchos otros. En el período de mayor insurgencia social contra el modelo, aparecen incluso conceptos como «autonomía», buscando recoger aspiraciones populares para reciclarlas como instrumentos al servicio de la gobernabilidad.

En la última fase, cuando ya es evidente que son porciones enteras de la sociedad las que se sublevan contra el modelo, las políticas focalizadas y compensatorias resultan incapaces de cumplir el objetivo central del combate a la pobreza. Se trata, como se intentó erráticamente en México y de modo mucho más consistente en Ecuador, de involucrar al conjunto del movimiento social en las políticas sociales y en la gobernabilidad. Sin embargo, la deslegitimación del modelo neoliberal y del propio Banco Mundial, creó el ambiente propicio para introducir algunas modificaciones en las políticas sociales. Las políticas focalizadas pasaron a un segundo plano y se comenzó a darle prioridad a la universalización, por lo menos en el discurso. En algunos países del Cono Sur, comenzaron a terciar otras miradas que ya no provenían de las instituciones multilaterales sino de otras agencias, algunas muy cercanas a los movimientos sociales, que durante un tiempo acompañaron las movilizaciones contra el modelo.

Una de las mayores novedades introducidas por el progresismo -además del énfasis en el territorio que veremos luego– se relaciona con la economía social o economía solidaria que llegó a convertirse en uno de los ejes de las políticas sociales. En varios países de la región (en particular Argentina, Brasil y Venezuela) se busca potenciar un sector fundado en la cooperación y la ayuda mutua que no es ni la economía privada ni la estatal. En Argentina existen 21.729 cooperativas y 7.396 mutuales matriculadas, que conforman apenas una de las tres vertientes de la economía social; las otras dos son las empresas recuperadas y «el mundo del emprendedorismo y autoempleo, sea individual o asociativo» (Arroyo, 2009: 85). En Brasil, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) ha censado 14.956 emprendimientos de economía solidaria en 2005, con 1.250.000 asociados, entre cooperativas, asociaciones y grupos informales (Ministerio do Trabalho e Emprego, 2006: 12).

Desde la implementación del «Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra» en 2003, hasta la puesta en marcha de «Argentina Trabaja. Programa de Ingreso Social con Trabajo» en 2009, el gobierno argentino, a través del apoyo a los emprendimientos productivos, busca «intervenir en los grupos vulnerables para que puedan insertarse en el mundo productivo y generar vínculos con el sector privado para formar y/o consolidar procesos productivos sustentables» (Arroyo, 2009: 90). Desde 2003 a fines de 2009, Manos a la Obra se dedicó a fortalecer emprendimientos de pequeña escala que promueven el autoempleo con el objetivo de «generar un vínculo entre el Estado, las organizaciones sociales y los ciudadanos», a través del apoyo técnico y financiero y promoviendo «alternativas de comercialización asociadas» (Ministerio de Desarrollo Social, 2009: 18). El programa trabaja con cooperativas y mutuales ya existentes y fomenta la creación de otras, pero también con fábricas recuperadas. Al igual que su par de Brasil, promovió la realización del V Congreso de Economía Social en el que participaron 3.000 representantes de emprendimientos diversos. Vale agregar que el Estado no sólo es proveedor sino uno de los principales clientes de estas iniciativas.

Mayor incidencia en los movimientos sociales tiene el programa Argentina Trabaja. Es la política social más ambiciosa que ha lanzado el gobierno argentino: crea 100 mil puestos de trabajo en cooperativas de un mínimo de 60 integrantes, que perciben 1.300 pesos mensuales (335 dólares). Se presenta como algo nuevo, ni política focalizada ni transferencias, porque su objetivo es «recuperar la dignidad del trabajo» (Ministerio de Desarrollo Social, 2010b). Los aspirantes se inscriben y luego son seleccionados si cubren una serie de requisitos (de 144 mil inscriptos, 40 mil fueron observados), el ministerio realiza visitas barriales y domiciliarias, así como entrevistas personales con los seleccionados y se les ofrece una capacitación mínima, para trabajar en cooperativas que realizarán obras públicas de mediana y baja complejidad. El trabajo se efectúa en cuadrillas a cargo de un capataz y el sueldo se podrá retirar del banco con tarjeta de débito.