Читать книгу Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil - Sandra Serrano - Страница 26

A partir de la década de los ochenta inició un proceso de cambios en la trayectoria histórica del orden estatal en Colombia y México. En ambos casos había una exigencia de reformas democráticas por el agotamiento del modelo estructurado a lo largo del siglo xx, el cual concentraba en forma vertical y jerarquizada los recursos estatales en el pri, como partido hegemónico en México, y en el bipartidismo oficial en Colombia. La emergencia de movilizaciones y conflictos sociales como acciones colectivas contenciosas[1] fue en aumento creciente durante la década, pero si bien todos los agentes movilizados coincidían en promover reformas estatales profundas, la dirección de dicho cambio en buena medida tenía reivindicaciones opuestas y contradictorias: por un lado estaban las demandas de diversos sectores políticos y sociales que exigían reconocimiento efectivo de los derechos políticos y económicos, y por otro lado la presión internacional y de agentes económicos nacionales para promover procesos de concentración privada de recursos económicos a través de la desregulación económica estatal y la privatización de empresas públicas, entre otras.

En México, al iniciar la década, los empresarios se posicionaron como agentes decisivos en la dinámica contenciosa llevada a cabo contra el gobierno a través de estrategias como la “fuga de capitales”, presionando por reformas que transfirieran a privados recursos económicos estatales en un movimiento neoconservador. Por otro lado, organizaciones sociales y políticas por fuera del pri, sobre todo a mediados de la década, protagonizaron dinámicas contenciosas centradas en reivindicaciones por apertura real de accesos a recursos políticos, en las que la competencia electoral se desarrollara con transparencia y garantías en los resultados.

Tabla 1. Dinámicas contenciosas en México y Colombia 1980-1990
Estado	Tipo de contienda	Agentes	Reivindicaciones y repertorios de confrontación	Estrategias de movilización contenciosa
México	Contenida	•Empresarios.•Sector de la elite política.	•Desconcentración de recursos económicos estatales.	•Cese de inversiones.•“Fuga de capitales”.•Lobby internacional.•o Posicionamiento en organizaciones estatales dedicadas a la planeación de políticas económi-cas “tecnócratas”.
Contenida	•Elites políticas por fuera del partido hegemónico.•Organizaciones sociales.•Intelectuales.•Sectores universitarios.	•Ampliación de accesos a la representación política.•Elecciones transparentes y efectivas.•Alternancia en todas las instancias de gobierno.	•Creación de nuevos partidos políticos.•Protestas.•Marchas.•Tomas pacíficas.
Colombia	Transgresiva y contenida	•Sectores políticos y sociales subalternos.•Sectores del bipartidismo.•Guerrillas.•Académicos e intelectuales.	•Ampliación de los accesos de representación política.•Democracia participativa.•Descentralización política y fiscal.•Fin del clientelismo y la corrupción.	•Creación de nuevas organizaciones y movimientos políticos de sectores subalternos.•Protestas.•Marchas.
Transgresiva y contenida	•Sectores políticos del bipartidismo oficial.•Militares.•Ganaderos.•Terratenientes.•Narcotraficantes.	•Cierre de accesos a nuevos agentes políticos subalternos.•Combate militar y eliminación del enemigo político como estrategia contra la subversión.	•Apoyo y estructuración (financiación, equipamiento, asesoría) a organizaciones criminales paramilitares.
Fuente: Elaboración propia.

En Colombia, las dinámicas contenciosas reivindicaron la apertura de espacios para la negociación política del conflicto armado, después de un gobierno profundamente ilegítimo por la arbitrariedad y la violencia en la política de seguridad implementada; así mismo, como demanda central se exigía la apertura de accesos que permitiera la entrada en la competencia por recursos políticos a sectores subalternos ajenos al bipartidismo oficial, la implementación de mecanismos descentralizadores políticos y fiscales que acercaran la toma de decisiones y la ejecución de los recursos a los ciudadanos. Sin embargo, ante la posibilidad de incorporar sectores subalternos y llevar a cabo negociaciones con los grupos insurgentes, se puso en marcha una dinámica contenciosa transgresiva en la que el crimen organizado empezó a tener un papel emergente pero relevante como reacción a los cambios políticos.

Como respuesta a las dinámicas contenciosas, en Colombia se implementaron reformas que buscaron ampliar accesos de manera importante rompiendo con la dinámica gradualista que había operado a lo largo de la historia. En cuatro años se abrió la puerta a la negociación política del conflicto, a la incorporación de nuevos partidos de oposición y a la descentralización política y fiscal, transformando los mecanismos de control que había estructurado el bipartidismo oficial a lo largo de la historia y ofreciendo potencialmente la democratización de escenarios locales de poder (Ramírez, i., 1991; Santana, 1996).

En México, los cambios reformistas durante la década de 1980 estuvieron asociados en especial con la privatización y la desregulación económica en un movimiento neoconservador como forma de enfrentar una aguda crisis en la cual se hallaba sumido el país. Desde el arribo de Miguel de la Madrid al gobierno, poco a poco se empezó a desvanecer el orden posrevolucionario con el enorme poder centralizado en su disciplina partidista y la obediencia automática a las disposiciones presidenciales (Bizberg, 2003; Loaeza, 2010). Los acuerdos de mediación iniciaron una fase de agotamiento en especial ante la acción colectiva contenciosa de los empresarios, quienes reclamaron nuevas formas de articulación del poder. El posicionamiento privilegiado en el campo estatal de agentes con una visión ortodoxa de la economía, llamados “tecnócratas”, empezó a darle un viraje a la trayectoria histórica en el manejo de la política económica, al favorecer la apropiación privada de los recursos económicos estatales; con ello se cerraron posibilidades de distribución más amplia de recursos económicos, al reducir el presupuesto estatal invertido en gasto social y subsidios (Cárdenas, 2003; Del Ángel-Mobarak et al., 2005).

Tabla 2. Dinámicas reformistas del campo estatal 1980-1990
Recursos	Reformas en Colombia	Reformas en México
Coercitivo	1982:•Eliminación del Estatuto de Seguridad.•Creación de la Comisión de Paz.•Cese al fuego y diálogos de paz.	1985:•Eliminación de la Dirección Federal de Seguridad (dfs).•Creación de la Dirección General de Investigaciones y Seguridad Nacional.•Creación de la Subsecretaría para la Investigación y el Combate al Narcotráfico.
Económico	•1982: Plan Nacional de Rehabilitación.•1983: inicio del proceso de descentralización fiscal.	1982:•Reducción del gasto público, eliminación de subsidios, eliminación de puestos de trabajo, reducción de aranceles.•Reforma al artículo 115 para la descentralización fiscal.•Creación de los comités de planeación para el desarrollo de los estados (Coplades).•Privatización de empresas estatales y venta de la participación en empresas semiprivadas.•1986: Ingreso al gatt.
Político	•1983: creación de la Secretaría de Integración Popular (sip).•1984: firma del “Acuerdo de La Uribe”.•1986: elección popular de los alcaldes y descentralización política.	•1982: establecimiento de la representación proporcional para la elección de regidores en todos los ayuntamientos.1987:•Creación del Tribunal Contencioso Electoral.•Formalización de apoyo económico a los partidos, la financiación pública sería establecida en forma proporcional al número de votos obtenidos, acceso a medios de comunicación.•Reforma al artículo 54 por medio del cual se garantiza la repartición de escaños en la Cámara Baja a todos los partidos de acuerdo con el principio de representación proporcional. Se estableció que el partido mayoritario obtendría el 51% de los escaños en el Congreso aunque no alcanzara dicha votación para garantizar una fuerza mayoritaria.
Jurídico	•No se hizo ninguna reforma significativa.	No se hizo ninguna reforma significativa.
Informacional	•1984/1987: se introdujo la figura de la carrera administrativa y se incorporaron de manera obligatoria de dicha carrera todos los empleados públicos de nivel nacional.•1986: se establecieron las bases de la descentralización administrativa en los municipios.	No se hizo ninguna reforma significativa.
Fuente: Elaboración propia.

En México, la reforma política que permitió el voto proporcional en ayuntamientos incrementó la competencia, y con ello se incrementaron los conflictos al ser cuestionados los procedimientos y resultados electorales, que dejaron en el ambiente una sensación de fraude, ilegitimidad y desconfianza en la burocracia estatal encargada de organizar, controlar y verificar los procedimientos. Las elecciones presidenciales de 1988 fueron el punto de auge de la dinámica contenciosa, cuando se hizo evidente el fraude en las elecciones que por primera vez habían presentado una competencia real en la elección del presidente de la República. El surgimiento del Frente Democrático Nacional logró movilizar una buena parte del electorado en oposición a los cambios económicos que se estaban desarrollando, presentándose como un proyecto alternativo —aunque fue el resultado de la escisión del pri— y abriendo un escenario de pluralismo político a escala nacional (Garrido, 1993). El incremento de la dinámica contenciosa por la movilización en contra de los resultados electorales tuvo como respuesta estatal la represión violenta a los opositores políticos.

Después de 1988, con la emergencia de la fuerza de oposición de izquierda aglutinada en torno al Frente Nacional Democrático —luego el prd— se promovió una estrategia de persecución y, ad portas de las nuevas elecciones, el recurso de la violencia y la impunidad fueron una constante de los primeros años del gobierno salinista (1988-1994) (Human Rights Watch, 1992). Las complejas estrategias y alianzas entre diversos agentes marcaron el panorama de transformación en el ordenamiento posrevolucionario; en el nuevo escenario se combinaron intereses que llevaron a resultados también disímiles en los que confluían esfuerzos reformistas para crear instituciones modernizantes que garantizaran el pluralismo político y, a su vez, la profundización del neoconservadurismo económico y la persecución férrea —y violenta— a los opositores políticos (Molinar, 1989, p. 286).

Estos cambios transformaron de manera decisiva las relaciones con la ilegalidad. Diversos estudios han demostrado el papel regulador que cumplieron las organizaciones estatales respecto al mercado de drogas de uso ilícito durante el siglo xx. México fue desde inicios del siglo xx productor de marihuana y opio, y el estable orden estatal posrevolucionario supo regular de manera selectiva tanto la legalidad como la ilegalidad; en las regiones productoras y de tráfico las organizaciones estatales cumplieron labores de protección y distribuyeron los beneficios de las actividades ilegales. Este papel organizador se dio no solo por la distribución de las ganancias recibidas a través de la corrupción, sino también en la medida en que administraron de manera selectiva la función coactiva —a través de capturas, enfrentamientos, allanamientos o decomisos— a “empresarios” de la ilegalidad, los cuales eran reemplazados muy rápido cuando entraban en conflicto con el poder político o cuando era necesario mostrar algún resultado en la lucha contra el narcotráfico (Walker iii, 1989; Astorga, 2005; Serrano, 2007, pp. 258-267; Enciso, 2010; Palacios y Serrano, 2010, pp. 116-117). Las reformas que llevaron a transferir recursos estatales a manos privadas conllevaron una pérdida en la capacidad de las organizaciones estatales para tomar decisiones de manera unilateral, pues desde ese momento cada vez más agentes fueron decisivos. Las relaciones de interdependencias fueron cambiando en la medida en que el viejo ordenamiento no pudo seguir manteniendo las relaciones de subordinación de agentes e intereses políticos y económicos (legales e ilegales), los cuales empezaron a tener mayor autonomía. Lo anterior se manifestó en la capacidad de los empresarios de imponer decisiones gubernamentales, en la escisión del pri y en la pérdida de control y coordinación del negocio del narcotráfico, que empezó un proceso de expansión con una autonomía aún incipiente pero creciente.

En Colombia, el cambio reformista drástico encontró una respuesta violenta inmediata que llevó al surgimiento de organizaciones criminales del paramilitarismo[2] contemporáneo, y que llevó también a un cierre de facto de los accesos que habían sido abiertos a la oposición política. La amalgama de intereses diversos de elites regionales, sectores más conservadores de las elites políticas, militares, empresarios nacionales e internacionales, terratenientes y narcotraficantes, confluyó en su reacción a los cambios políticos que permitieron abrir los accesos y demandar procesos redistributivos en términos económicos, abriendo con ello una puerta a la legitimación de la violencia del crimen organizado (Uprimny y Vargas, 1990; Behar y Ardila, 2012).

La respuesta de coaliciones de derecha regionales a los intentos de apertura y a la salida negociada del conflicto político armado encontró en los narcotraficantes aliados estratégicos (Cubides, 2004, pp. 379-408). Como lo afirma Mauricio Romero, fue determinante la coincidencia entre los narcotraficantes y los diversos sectores militares, económicos y políticos para profundizar la polarización, movidos por el convencimiento de la necesidad de realizar una “limpieza política para pacificar”, en lugar de una “política para reconciliar” (Romero, 2003, p. 67). Es importante mencionar que esta misma polarización llevó a atacar a sectores políticos y agentes estatales que se opusieron a la connivencia con organizaciones criminales, razón por la cual también fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados, como en los casos paradigmáticos de La Rochela[3] y el asesinato de Luis Carlos Galán.[4] En esa medida, de manera temprana en la década de los ochenta, el narcotráfico ha tenido efectos y ha estado ligado de manera importante tanto con la economía como con la política y las dinámicas sociales. Así pues, la consolidación del narcotráfico fue posible en la medida en que fue asumido por sectores estatales como un mal menor, frente a la amenaza que representaban para el establecimiento la insurgencia y los sectores de izquierda —sindicatos, partidos y organizaciones políticas legales— (Guerrero, 1999, p. 231).

A pesar de que se rompió la trayectoria histórica que estableció el pacto y la cooptación como mecanismo recurrente para enfrentar las dinámicas contenciosas dentro de las formas corporativas priistas, en México el cambio no produjo un crecimiento de la violencia política asociada con el crimen organizado tan alto como en Colombia, lo cual se explica en parte porque las organizaciones estatales de coerción cumplieron una labor represiva fundamental, y porque a pesar de los cambios, el partido mayoritario aún conservó los recursos de poder decisivos que le permitió —por medio de las alianzas con el Partido Acción Nacional (pan)— procesar reformas controladas y ambiguas. En Colombia, la ampliación de accesos a los recursos políticos se tradujo en violencia. Las reformas no estuvieron acompañadas por diversos sectores económicos (legales e ilegales), políticos y militares que se coaligaron y cerraron de facto accesos que habían sido abiertos al permitir y promover el asesinato sistemático de líderes sociales y los cuadros dirigentes de la izquierda, además del exterminio de la Unión Patriótica. En ese sentido se dio una continuidad en el mecanismo recurrente de la violencia como forma de contención a las dinámicas contenciosas y de reacción al cambio social.

Con todo, tanto en Colombia como en México las reformas implementadas en la década fueron inestables, precarias e insuficientes, y no lograron constituir un orden estable ya que la dirección del cambio se mantuvo en disputa. En este episodio podemos identificar los nuevos agentes que entraron a romper las dinámicas de la trayectoria histórica y formar parte importante de los cambios aunque este no tuviese una dirección precisa debido al conflicto prevaleciente en dos sentidos: por un lado, la posibilidad de apertura a mayores accesos a recursos políticos y, por otro lado, la desconcentración/apropiación privada de recursos económicos estatales. Ambos procesos fueron los ejes del cambio en la trayectoria histórica de las transformaciones estatales y el nodo de conflictos apenas se establecieron durante esta década.