Читать книгу Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil - Sandra Serrano - Страница 27

La década de los noventa inició tanto en México como en Colombia con una dinámica contenciosa cuya principal reivindicación era la exigencia de reformas políticas que permitieran el acceso a sectores subalternos en la democracia representativa y sentara las bases de la democracia participativa; estas demandas se constituyeron en el repertorio de confrontación de los agentes movilizados, los cuales señalaban que, a pesar de las reformas en la década de los ochenta, persistía la monopolización de los recursos estatales del bipartidismo oficial en Colombia y del partido hegemónico en México.

Tabla 3. Dinámicas contenciosas en México y Colombia 1990-1999
Estado	Tipo de contienda	Agentes	Reivindicaciones y repertorios de confrontación	Estrategias de movilización contenciosa
México	Contenida	•Elites políticas por fuera del partido hegemónico.•Organizaciones sociales.•Intelectuales.•Sectores universitarios.	•Ampliación de accesos a la representación política.•Elecciones transparentes y efectivas.•Alternancia en todas las instancias del gobierno.	•Tomas pacíficas.•Marchas.•Protestas.
Transgresiva	•Comunidades indígenas chiapanecas.•Sectores universitarios.	•Democracia participativa.•Elecciones transparentes y efectivas.•Autonomía indígena.•Alternancia efectiva.	•Movilización armada.•Creación de guerrillas de autodefensa.•Tomas pacíficas.
Transgresiva	•Elites políticas regionales.•Organizaciones criminales.	•Persecución a la subversión y a las organizaciones sociales.•Oposición a la autonomía de las comunidades indígenas.	•Movilización armada regional, localizada en especial en los estados del centro y sur del país.
Transgresiva	•Organizaciones.•Guerrillas farc y eln.	•Reforma agraria.•Nacionalización de empresas de explotación.•Apertura de accesos políticos.•Procesos redistributivos.	•Movilización armada.•Tomas a municipios.•Enfrentamientos con ejércitos estatales y paramilitares.•Secuestros extorsivos.•Narcotráfico.
Estado	Tipo de contienda	Agentes	Reivindicaciones y repertorios de confrontación	Estrategias de movilización contenciosa
Colombia	Contenida	•Sectores políticos y sociales subalternos.•Reinsertados.•Comunidades indígenas.•Organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos.	•Aplicación de los accesos conquistados por medio de la Constitución de 1991.•Humanización del conflicto político armado.•Salida negociada al conflicto político armado.	•Creación de organizaciones sociales y movimientos políticos de sectores subalternos.•Protestas y marchas pacíficas.
Transgresivay contenida	•Sectores políticos del bipartidismo oficial.•Militares.•Ganaderos.•Terratenientes.•Narcotraficantes.	•Combate militar y eliminación del enemigo político como estrategia contra la subversión y contra organizaciones sociales y campesinas con exigencias redistributivas.•Cierre de accesos a recursos políticos.•Eliminación o recorte de derechos económicos y sociales.	•Movilización armada por medio de la creación de grupos Convivir.•Apoyo y estructuración (financiación, equipamiento y asesoría) a organizaciones criminales paramilitares.•Operaciones armadas en contra de la población civil.•Extorsiones.•Secuestros.•Masacres.•Desplazamiento forzado masivo.•Muertes. aleccionadoras.•Narcotráfico.
Fuente: Elaboración propia.

En México, a las reivindicaciones por parte de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (prd) se sumaron nuevos agentes de comunidades indígenas que, por medio de una movilización armada, se inscribieron en el repertorio de confrontación que exigía democracia efectiva y participativa, pero además reivindicaron la autonomía como posibilidad de gobierno de las comunidades indígenas. En Colombia, la Constitución de 1991 representó la respuesta estatal más incluyente de toda su trayectoria histórica a las movilizaciones sociales. Sin embargo, los sectores reacios a las aperturas de sectores subalternos que ya habían hecho su carta de presentación en la década de los ochenta, durante los noventa lograron formar una amplia coalición de intereses de agentes nacionales e internacionales (multinacionales) que apoyaron la movilización armada del crimen organizado paramilitar en las regiones. Por otro lado, las acciones de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln), con su movilización armada, llevaron a un escalonamiento y degradación del conflicto político armado. En medio del fuego cruzado de todos los actores armados, la dinámica contenciosa contenida de organizaciones sociales, campesinas, comunidades indígenas y sectores políticos subalternos, defendieron las conquistas sociales incorporadas en la Constitución de 1991 exigiendo su implementación, pero sobre todo la acción colectiva reivindicó la humanización del conflicto armado, el respeto por los derechos humanos y la salida negociada del conflicto armado.

Por medio de la Constitución de 1991, en Colombia se realizaron reformas políticas que ampliaron las formas de representación electoral,[5] profundizaron la descentralización política y fiscal, e incluyeron elementos de democracia participativa[6] y reconocimiento de derechos políticos, económicos y sociales. Estas reformas brindaron una oportunidad de redistribución de recursos políticos sin precedentes y apertura a expresiones políticas subalternas en el campo central del poder. De manera contradictoria, con la ampliación y el reconocimiento de derechos, se dio paso a procesos de desregulación del comercio internacional con la denominada “apertura económica”, que aceleró un proceso lento iniciado en 1974 (Garay, 1991). Así mismo, las políticas llevadas a cabo en 1990 buscaron desregular el mercado financiero y laboral. Gracias a la ley 49 de 1990 y los decretos 2156 y 2171 de 1992 se dio paso a la privatización de empresas estatales en las áreas de puertos, ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones y seguridad social. Por último, la precarización de las condiciones laborales se profundizó con la creación de zonas francas laborales, la creación de cooperativas de trabajo asociado y por medio de la ley 550 de 1999 fueron suprimidas convenciones colectivas de trabajo facilitando el despido masivo de trabajadores tanto en el sector privado como estatal.

En México las reformas democráticas fueron mucho más graduales y controladas por la elite tradicional de los partidos nacionales pri y pan, dirigidas en especial a perfeccionar las organizaciones y los mecanismos electorales, y a incorporar al prd de manera paulatina a lo largo de la década, expresión de la disidencia priista de izquierda que hasta mediados de la década de los noventa fue combatida con violencia en sus bases locales y regionales. La creación en 1989 del Instituto Federal Electoral (ife) se convirtió en el pilar de la transformación más importante de sucesivos y constantes procesos de cambio en torno a las dinámicas electorales; podríamos decir que el ife cerró un ciclo de reformas iniciadas en 1977 atravesando toda la década de los ochenta, y además abrió un nuevo ciclo de reformas político-electorales durante los noventa que permitió el reacomodamiento de las elites y la distribución intraelite de privilegios concentrados antes en el partido hegemónico (Becerra et al., 2000; Elizondo y Nacif, 2002; Aziz Nassif, 2003; Luken y Muñoz, 2003; Merino, 2003).

Por otro lado, se llevaron a cabo drásticas reformas económicas que profundizaron las medidas neoconservadoras iniciadas en la década de los ochenta. Dichas transformaciones correspondieron a un modelo económico orientado al mercado externo cuyo resultado más importante fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (tlcan) en 1994, y las privatizaciones de empresas estatales como Teléfonos de México, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, además de compañías siderúrgicas y mineras y complejos industriales, entre otras, dejando en manos privadas 21 ramas de la actividad económica (Clavijo y Valdivieso, 2000; Cárdenas, 2003). Si el crecimiento económico de la década de los sesenta fue considerado por los analistas como el surgimiento del “milagro mexicano”, podemos decir que durante la década de los noventa, gracias a las privatizaciones, se les hizo “el milagro” a algunos empresarios mexicanos que ingresaron muy rápido el ranking de la revista Forbes como los más ricos del mundo (Alba, 2005, pp. 190-191).

Tabla 4. Dinámicas reformistas del campo estatal 1900-2000
Recursos	Reformas en Colombia	Reformas en México
Coercitivo	1990: firma de Acuerdos paz con las guerrillas del M-19, epl y Quintín Lame.1993: autorización de los servicios de vigilancia y seguridad privada.	1990: creación del primer Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafe); acuerdos con la dea para acciones en territorio mexicano.1994: modernización de las Fuerzas Armadas y creación de Gafes en todas las zonas militares del país, y en la Armada y la Fuerza Aérea. Colaboración militar con Estados Unidos, entrenamiento de militares en inteligencia y contrainsurgencia.1999: creación de la Policía Federal Preventiva (pfp).
Económico	1990: apertura económica. Desregulación financiera y flexibilización laboral.1991: creación del Fondo Nacional de Regalías.1991: profundización de la descentralización fiscal con el aumento de transferencias a los departamentos y municipios.1991: independencia del Banco de la República.1992-1993: privatización de la seguridad social; creación de empresas administradoras de riesgos profesionales, fondos de pensiones y cesantías privados, y empresas promotoras de salud.1990-1992: privatización de empresas estatales: puertos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, etc.1999: creación de zonas francas laborales, cooperativas de trabajo asociado, supresión de convenciones colectivas de trabajo, despido masivo de trabajadores estatales.	1990: renegociación de la deuda externa.1990: Ley de instituciones de crédito, privatización de la banca.1991: desregulación financiera.1989-1993: privatización de importantes empresas estatales como Teléfonos de México, Aeroméxico, Compañías Siderúrgicas y Mineras, entre otras.1991: tratado de libre comercio con Chile.1992: reforma al artículo 27, ampliación del mercado de tierras y fin del reparto agrario.1993: Ley de Inversiones Extranjeras.1994: tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos.1995: tratados de libre comercio con Colombia, Venezuela, Costa Rica y Bolivia.1996-1997: descentralización fiscal en salud y educación.1998: tratado con Nicaragua.
Recursos	Reformas en Colombia	Reformas en México
Político	1991: reforma electoral: disminución del umbral, implementación del tarjetón, sistema proporcional de hark, listas cerradas y bloqueadas.1991: disminución al mínimo de requerimientos para formar movimientos y organizaciones políticas.1991: financiación pública de movimientos y partidos políticos.1991: creación de partidos políticos ad-m19 y Esperanza, Paz y Libertad.1994: Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana.	1989: creación del Instituto Federal Electoral (ife).1990: creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se cerró la posibilidad de crear asociaciones políticas nacionales.1994: se cambio la composición del ife para dar mayor independencia, todos los partidos con igual representación, se introdujo la figura de los consejeros ciudadanos y la posibilidad de observación electoral de nacionales y extranjeros.1996: reforma electoral: aumentó los recursos económicos para los partidos, estableció límites para la formación de organizaciones políticas. Elección directa del gobierno del D. F.; los consejeros ciudadanos pasaron a ocupar el Consejo General del ife.
Jurídico	1991: nueva Constitución Política.Declaración de un Estado social de derecho; declaración de un Estado pluriétnico y multicultural; declaración de una democracia participativa; creación de la Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Creación de mecanismos para la protección de derechos como la acción de tutela, acciones populares y de cumplimiento.Creación de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura.	1990: creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cdnh).1994/1996: se le permitió a la Corte Suprema de Justicia ejercer control de constitucionalidad a todas las leyes federales o estatales. Facultades discrecionales para tomar juicios de amparo y se extendió su periodo a 15 años.1997: el Tribunal Electoral pasó a ser parte del Poder Judicial de la Federación encargado de vigilar todas las elecciones estatales y federales.
Informacional	1991: profundización descentralización administrativa.	No se hizo ninguna reforma significativa
Fuente: Elaboración propia.

En Colombia, una gran oportunidad de transformación se abrió con las reformas democráticas inusitadas que promovió la Constitución de 1991. En un contexto de acuerdos de paz, los cambios favorecieron la incorporación de agentes subalternos, proscritos y en rebeldía, los cuales empezaron a dinamizar nuevos procesos políticos tanto en lo local como en el campo central del poder. Así mismo, se reconocieron multiplicidad de derechos económicos y sociales —como la diversidad étnica, cultural e incluso jurídica— e individuales, y se declaró la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento a la libre expresión de la individualidad, con todo lo que ello implica en términos de respeto por la diversidad y el ejercicio de libertades.

Pese a lo anterior, la reacción violenta a la apertura de accesos políticos llevada a cabo a través de las organizaciones criminales del paramilitarismo —con participación o colaboración de las organizaciones coercitivas estatales— llevó a un cierre de facto de los accesos que habían sido abiertos, evidente en el exterminio de movimientos y organizaciones políticas subalternas, persecución a las dinámicas contenciosas contenidas que buscaban hacer uso de los nuevos dispositivos constitucionales en materia de derechos y participación política. Pero además del cierre de facto de la apertura democrática a sectores subalternos, la reacción conservadora que había iniciado en el década de los ochenta logró durante los noventa incorporar una amalgama de intereses más amplia en sus dinámicas contenciosas transgresivas y posicionarse mejor dentro de las organizaciones estatales. En ese sentido, la expansión en la movilización armada de las organizaciones criminales del paramilitarismo —promovida a través de una amplia coalición de intereses políticos, militares y económicos (nacionales e internacionales), y amparada y promovida incluso en reformas legales (con la autorización para la creación de las Convivir)— logró un gran control territorial por medio de estrategias como el desplazamiento masivo forzado y las masacres, que permitieron conservar y consolidar fuertes hegemonías regionales y a su vez facilitar la “acumulación por despojo” (Harvey, 2003), además de la adecuación territorial y social para nuevos procesos económicos (mineros, agroindustriales, hidroenergéticos y coqueros) en los cuales se estaba insertando el país. La reforma estatal que permitió la creación de grupos de “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada” gracias a la ley 61 de 1993,[7] llamadas después Convivir, se convirtió en una pieza legal fundamental para la expansión del paramilitarismo y escalonamiento de la guerra en Colombia.[8] Las Convivir tenían la posibilidad de intercambiar información y realizar acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas, lo que permitió una rápida expansión paramilitar, pues, como lo admitieron los mismos jefes paramilitares en sus declaraciones ante los jueces de Justicia y Paz, “todas las Convivir eran nuestras” (Revista Semana, 14 de abril del 2007).

En México, como respuesta al levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), se fortalecieron las fuerzas armadas, y además del aumento en recursos —logísticos, de armamento y transporte, entre otros—, se estableció el Comando Conjunto de las tres fuerzas (marina, aérea y militar) y se empezaron a crear las condiciones y los operativos conjuntos para acciones contraguerrilleras y antinarcóticos (Piñeyro, 2000, 2003). En 1994 se creó la Compañía de Fuerzas Especiales del I Cuerpo del Ejército, aunque en 1990 se había creado como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), y fue durante el gobierno de Zedillo cuando se fortaleció su capacidad operativa y se extendió la figura de fuerzas especiales tanto a la Armada como a la Fuerza Aérea, alcanzando un cubrimiento de todas las zonas militares a lo largo de la década (Benítez, 2005, p. 326). Así mismo, se profundizaron las relaciones para la colaboración militar de Estados Unidos a través del suministro de armamento, equipo aéreo, capacitación y entrenamiento de militares mexicanos en Estados Unidos en contrainsurgencia e inteligencia militar (Rodríguez, 1995, 1998).

Las dinámicas contenciosas encontraron una respuesta violenta de las organizaciones estatales. La militarización progresiva les permitió a las organizaciones estatales acumular mayores recursos coercitivos, pero también a terceros autorizados por agentes estatales, lo que contribuyó de manera decisiva a la expansión del crimen organizado. Aunque grupos paramilitares como Los Halcones y la Brigada Blanca, entre otros, ya habían sido utilizados en la década de los setenta para combatir las guerrillas, a partir del levantamiento zapatista se formaron nuevos grupos paramilitares, específicamente en Chiapas, que buscaron no solo llevar a cabo acciones contrainsurgentes —al detener una posible expansión de la guerrilla— sino también defender el poder de los gamonales priistas y los intereses económicos en el Estado (Barreda, 2000). Fue así como surgieron los grupos paramilitares Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (mira), Alianza San Bartolomé de los Llanos, Los Chinchulines y Máscara Roja. Otros grupos más, localizados y efímeros, también actuaron en los diferentes municipios, como el Tomás Munzer de los municipios de Ocosingo y Chenalhó, en la zona del mismo nombre, entre muchos otros (Hidalgo y Castro, 1998; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 1999, 2005; López, 2003; Cruz, 2008).

¿Cómo puede explicarse el crecimiento exponencial de organizaciones criminales, mientras se desarrollaban tareas conjuntas entre las diferentes fuerzas coercitivas estatales y se establecían retenes y cercos militares por todo el país? Las propias investigaciones de la Procuraduría General de la República (pgr) han permitido determinar de manera oficial cómo miembros de la elite de las fuerzas especiales de los Gafes y de la Policía Federal Preventiva (pfp) operaban brindando servicio y protección a Osiel Cárdenas, jefe del Cártel del Golfo (Astorga, 2007, pp. 150-151). En 1996 un grupo de esos militares entrenados fueron enviados a Tamaulipas, a las bases de interceptación terrestre de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (feads), y a partir de allí los informes de la pgr han podido establecer el trabajo de protección que dichos militares prestaron al Cártel del Golfo, y cómo, más adelante, 40 de esos militares desertaron de las fuerzas élite para organizar un ejército propio que sirvió de manera directa a las estructuras del crimen organizado, de donde nació, más adelante, la organización de los Zetas (Astorga, 2007, pp. 163-164). Mientras en la década de los años ochenta Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana fueron centros de tráfico y distribución de drogas, durante los noventa otros centros se expandieron por todo el país y con mayor autonomía (incluso coercitiva) con la formación de ejércitos propios.

Mientras en las regiones de México se dio un proceso de militarización y expansión del crimen organizado, en el centro político las reformas fueron controladas y muy graduales. Las pausadas reformas —no sin conflictos y resistencias— fueron abriendo accesos a recursos que antes estaban monopolizados por la rígida estructura organizativa del partido mayoritario; las disputas electorales fueron el eje central de las reformas continuas hasta permitir, en especial en la segunda mitad del decenio, la distribución de recursos de poder entre las grandes organizaciones partidistas de carácter nacional, culminando con la alternancia del ejecutivo. Del mismo modo, la redistribución de recursos de poder también involucró a las elites jurídicas que ganaron mayor autonomía, y algunas medidas descentralistas permitieron el inicio de cambios en la relación del poder central con los poderes subnacionales.

En ese sentido, mientras se permitió la apropiación privada de recursos económicos estatales, las organizaciones coercitivas aumentaron su capacidad —lo que les permitió controlar la emergencia de poderes subalternos que exigían mayores transformaciones en el orden estatal—, justificadas en las expectativas generadas por las reformas políticas. En Colombia, el mecanismo recurrente de la violencia continuó siendo la forma por excelencia de resolver los conflictos sociales y reaccionar frente a reformas distributivas de ampliación de accesos. A través de la actuación de las organizaciones criminales paramilitares en connivencia con las organizaciones estatales de coerción, se contribuyó a la reproducción simbólica de un orden en el que las reivindicaciones redistributivas fueron consideradas indeseables y subversivas, y así mismo se incentivaron las prácticas de odio y exclusión en una comunidad política dividida en sus antagonismos.

En México, el mecanismo recurrente del pacto y la cooptación que había logrado incorporar de manera subordinada amplias capas de la población en el orden priista, para la década de los noventa se actualizó en forma elitista, ya que las nuevas reformas redistribuyeron recursos en las elites del centro político mientras en las regiones las poblaciones que exigían apertura de accesos fueron expuestas a una respuesta violenta y a la creciente presencia de organizaciones criminales. A pesar de los cambios, se continuó reproduciendo un orden vertical y centralista en la toma decisiones y en el manejo de los recursos estatales. En los dos casos, la militarización por parte de las organizaciones estatales de coerción y del crimen organizado, tanto en Colombia como en México, llevó a un cierre de facto a sectores subalternos, a procesos de expropiación y concentración de recursos económicos en pocas manos, a la eliminación y marginación de las resistencias y opositores del orden estatal.