Читать книгу Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil - Sandra Serrano - Страница 29

En este capítulo se demostró la relación que ha existido entre los conflictos sociales, las reformas estatales y la expansión del crimen organizado en las últimas décadas en México y Colombia, estableciendo que las reformas estatales respondieron a dinámicas contenciosas de diversos agentes sociales movilizados. Tanto en Colombia como en México se demostró que el reconocimiento de derechos políticos, económicos y sociales, y la posibilidad efectiva de realización (al aceptar a través de reformas estatales reivindicaciones de sectores alternativos y subalternos) encontró en la militarización estatal y paraestatal de organizaciones criminales (apoyadas por agentes reaccionarios dentro y fuera de las organizaciones estatales) un mecanismo de regulación de las dinámicas contenciosas y estabilización de un nuevo ordenamiento.

En la medida en que en Colombia las contradicciones fueron más profundas, debido al amplio reconocimiento de derechos y los diversos mecanismos de acceso que crearon las posibilidades de transformación de la sociedad desde la década de los ochenta, pero en especial con la Constitución de 1991, la respuesta fue más violenta y la expansión del crimen organizado más decisiva en su capacidad de limitación y reversa de las conquistas sociales. Dicha reacción se produjo por parte de agentes que no estuvieron dispuestos a perder sus antiguos privilegios, sumados a nuevos agentes que encontraron en la transformación económica del país una fuente de oportunidad de acumular o incrementar sus recursos de poder, los cuales terminaron por confluir en un entramado de relaciones en el cual el crimen organizado posibilitó la reorganización y estabilidad de las condiciones políticas para controlar la emergencia de sectores subalternos proclives a cambios y la efectiva distribución de recursos de poder.

Aunque en México también se presentó una reacción violenta a los cambios, esta fue de menor intensidad en tanto el reconocimiento de derechos no implicó una gran redistribución de poder y solo hasta el 2011 fue reconocida la legislación internacional de derechos humanos en el ámbito nacional. Las dinámicas contenciosas surgidas al finalizar la década de los ochenta con la aparición del fnd produjeron en principio una contención violenta, la cual se agudizó en la década de los noventa con la emergencia de la guerrilla zapatista del ezln. Como dinámica contenciosa subalterna y transgresiva, dicha movilización fue controlada a través de la militarización progresiva de la sociedad y el inicio de diálogos para la negociación. Esta dinámica contenciosa fue transformada muy rápido en la medida en que se fue actualizado el mecanismo recurrente del pacto y la cooptación, esta vez entre las elites políticas que llevaron a cabo reformas importantes de distribución de recursos de poder entre elites manteniendo un control centralizado, en tanto los conflictos sociales en las regiones fueron contenidos a través de la intervención militar de organizaciones coercitivas estatales y del crimen organizado, mientras los accesos a recursos siguieron dependiendo del centro político.

Sin disputas en la elite política posicionada en el centro político —gracias a las reformas controladas a través del mecanismo del pacto y la cooptación elitista desde la segunda mitad de la década de los noventa—,[20] los cambios introducidos con la alternancia llevaron a una mayor disociación entre las dinámicas del centro político y las dinámicas regionales y locales.

Las dinámicas del centro político tuvieron mayor redistribución de recursos de poder entre elites y equilibrios de poder entre organizaciones estatales mientras en las dinámicas regionales y locales los poderes estatales gozaron de mayor autonomía y las organizaciones criminales se expandieron facilitando el desarrollo de ciertas actividades económicas (legales e ilegales) ajustadas a las nuevas dinámicas globales, reprimiendo las acciones colectivas contenciosas de las comunidades locales.

Esta expansión desregulada de las organizaciones criminales se vio agudizada en sus expresiones violentas regionales con el incremento de la militarización de la sociedad, llevada a cabo a través de las reformas estatales del último sexenio, las cuales privilegian la coacción violenta como forma de resolución de conflictos sociales justificado en el repertorio de la “guerra contra las drogas”.

En ese sentido, la movilización reaccionaria fue más profunda en Colombia ya que buscó contener y revertir —gracias a la acción de las organizaciones criminales— los importantes procesos de apertura y reconocimiento de derechos que se habían logrado a través de las reformas estatales, produciendo un cierre de facto y creando las condiciones de un nuevo orden estructurado a partir de la guerra. Esta movilización armada reaccionaria durante los ochenta y los noventa posibilitó la creación de hegemonías regionales conservadoras y reaccionarias a la realización de derechos, además del posicionamiento en las organizaciones estatales del poder central de agentes que, en la última década, institucionalizaron el cierre de facto que se había realizado por medio de la guerra, a través de reformas que promovieron la recentralización y concentración de recursos de poder haciendo retóricos los derechos reconocidos en la Carta Constitucional.

De acuerdo con lo anterior, los procesos de militarización de la sociedad —tanto por parte de las organizaciones coercitivas estatales como por la expansión de las organizaciones criminales— limitaron y en muchos casos impidieron la implementación efectiva, el ejercicio y disfrute de los derechos reconocidos en las últimas décadas por medio de las reformas estatales tanto en Colombia como en México. A pesar de lo anterior, las movilizaciones y acciones colectivas contenciosas que buscan construir sociedades más democráticas han incorporado y extendido el repertorio de los derechos como una exigencia legítima de amplios sectores de la población.