Читать книгу Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil - Sandra Serrano - Страница 28

Durante la última década, en los dos países las reformas estatales estuvieron dirigidas a incrementar la capacidad de las organizaciones coercitivas estatales; como consecuencia, en Colombia se puede observar un proceso de depuración en las organizaciones del crimen organizado del paramilitarismo, y la consolidación institucional del cierre de facto de los accesos que habían sido abiertos a sectores subalternos o excluidos a través del reconocimiento de derechos. En México, a pesar del incremento en el presupuesto militar, observamos la expansión y disputa entre organizaciones criminales que compiten por recursos económicos en todo el territorio nacional, al no lograr ser controladas o coordinadas desde mandos centralizados (legales o ilegales) elevando las cifras de asesinatos y creando un clima de violencia generalizada.

En Colombia el proceso de modernización y fortalecimiento militar se inició en 1999 con los recursos del Plan Colombia, presentado en Estados Unidos como una estrategia antinarcóticos reforzada; se implementaron cambios tecnológicos de importancia en la capacidad aérea y la inteligencia técnica, y así mismo se introdujeron reformas que buscaron la profesionalización de los agentes y las transformaciones organizacionales que reestructuraron unidades y comandos (Villamizar, 2003, pp. 48-70). Después, con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su política de Seguridad Democrática, se privilegió la confrontación militar como solución a los conflictos políticos y forma de contención de los conflictos sociales. La política estatal le dio un nuevo impulso al fortalecimiento militar como política central del gobierno, profundizando las reformas iniciadas y dando mayores atribuciones a las fuerzas coercitivas estatales, con las consecuencias que ello implica en restricciones a las libertades y garantías individuales (Leal, 2006).

De manera paradójica, el gobierno de Álvaro Uribe, que impulsó la salida militar del conflicto político con la insurgencia, facilitó el proceso de impunidad de los crímenes cometidos durante la pacificación paramilitar, al promover la Ley de Justicia y Paz.[9] Además, con la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata en el 2006 del presidente Uribe, se quebraron los frenos y contrapesos diseñados en la Constitución de 1991, al permitir una concentración de poderes sin igual en cabeza del ejecutivo, dada la capacidad de ejercer poder e influencia en la renovación de las más importantes estructuras institucionales del Estado en Colombia: los miembros de las altas cortes —Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia—, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta del Banco de la República, el fiscal General de la Nación, el contralor, el procurador y la Comisión Nacional de Televisión.[10]

En México, el proceso de militarización iniciado en 1995 continuó de manera consistente en el gobierno de alternancia, pero aceleró en forma drástica al convertirse en la política central del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien había iniciado su gobierno con un gran déficit de legitimidad debido a un cuestionado proceso electoral.[11] El gasto en defensa y seguridad aumentó en los dos países de manera considerable en la última década: en México el presupuesto pasó de 43 242 millones de pesos en el 2001, a 54 020 millones de pesos en el 2006, y a 130 732 millones en el 2012. La Secretaría de Seguridad Pública fue la entidad que aumentó sus gastos de manera más considerable, pues pasó de 6350 millones en el 2001 a 40 536 millones en el 2012, lo que constituye un aumento del 147,9% (Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012). En Colombia, el gasto en defensa para el 2001 era del 4,9% respecto al pib, y en el 2009 alcanzó el 6,2% del pib, uno de los más altos de la región (Ministerio de Defensa, 2010).

Por el lado del reconocimiento de derechos, en agosto del 2012 la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante un amparo en revisión presentado sobre el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por miembros del Ejército el 20 de junio del 2009 en un retén militar en el estado de Guerrero, al abrir fuego contra un bus de pasajeros con cerca de 40 personas. El fallo de la Corte es histórico porque permitió por primera vez que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército y la Armada de México pudieran ampararse para exigir un juicio civil a sus casos (El Universal, 20 de agosto del 2012).

En junio del 2011, después de dos años de discusiones y de aprobar diversas modificaciones constitucionales, se publicó la reforma de derechos humanos en México. La reforma permite integrar los principios de respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos, haciendo coincidente la Constitución con los estándares y tratados internacionales de derechos humanos, e integrándolos a la jurisdicción interna (Carbonell y Salazar, 2011; Carmona, 2011, pp. 39-62). A pesar de que la reforma de derechos humanos fue aprobada en el 2011, en el 2012 el presidente de México Felipe Calderón vetó la Ley de Protección a Víctimas de Delito que buscaba reparar los daños ocasionados en la militarización del país. Al vetar la iniciativa (veto que contó con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia), el gobierno no asumió el reconocimiento y la reparación del daño causado a las víctimas de la “guerra contra el crimen organizado”, y se contradijeron los principios que se incorporaron con la reforma de derechos humanos. Por último, la Ley de Víctimas fue aprobada en el 2013, gracias a la eliminación del veto por parte del nuevo presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Tabla 5. Dinámicas reformistas del campo estatal 2000-2012
Recursos	Reformas en Colombia	Reformas en México
Coercitivo	2000: Plan Colombia.2000-2002: modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas.2002: Política de Seguridad Democrática.2006: Política de Consolidación Democrática.	2000: creación de la Secretaría de Seguridad Pública.2001: creación de la Agencia Federal de Inteligencia (afi) en reemplazo de la Policía Judicial Federal.2006: Estrategia Nacional de Seguridad, aumento del pie de fuerza, mayores recursos económicos, modernización de las fuerzas armadas.2008: Plan Mérida.2010: creación de la Policía Federal que reemplazó a la Policía Federal Preventiva.2012: creación de la Policía Federal Ministerial que reemplazó a la Agencia Federal de Inteligencia (afi).
Económico	2001: reforma al Sistema General de Participaciones que redujo las transferencias a los departamentos y municipios.2002: reforma laboral: reducción de costos por despidos, eliminaron la retroactividad de las cesantías, flexibilización de programas de contratación temporal y horas extras, entre otros.2003-2007: privatizaciones de empresas estatales o parte de las empresas energéticas y de telecomunicación: Telecom, Ecopetrol, isa, chec, Ecogas, entre otras.2002-2007: reducción de impuestos a los grandes capitales, creación de nuevas zonas francas.2007: nuevo recorte a las transferencias, al modificar el Sistema General de Participaciones.2011: recentralización de las regalías.2011: tratado del libre comercio con Estados Unidos.	No se hizo ninguna reforma significativa.
Político	2002: reforma electoral: se sube el umbral, se estableció una cifra repartidora, lista única y voto preferente.2005: se aprueba la reelección presidencial inmediata.	2000-2003: aumento del presupuesto del ife.
Jurídico	2005: Ley de Justicia y Paz.2011: Ley de Víctimas.	2008: reformas penales. Restricción de derechos civiles.20 11: Ley de Derechos Humanos.
Informacional	No se hizo ninguna reforma significativa.	No se hizo ninguna reforma significativa.
Fuente: Elaboración propia.

En Colombia se dio paso a la “Ley de Víctimas” por medio de la ley 1448 del 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Esta ley representa un avance en el tratamiento a las víctimas de la guerra y atiende los fallos reiterados de la Corte Constitucional (sentencia T-025 del 2004) que obligaban al gobierno nacional a diseñar estrategias para atender y reparar el daño causado a más de 3 millones de desplazados.[12] Así mismo, en sentencias posteriores (sentencia C-099/13 y sentencia C-180/14), la Corte Constitucional ha sido fundamental para exigir la regulación de los procedimientos de restitución y garantizar la reparación integral de las víctimas.

La política de militarización en los dos países, los aumentos en el presupuesto y el pie de fuerza,[13] y la mayor concentración de recursos coercitivos en las organizaciones estatales, conllevaron un aumento en las violaciones de derechos humanos, torturas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) en varias de sus sentencias ha hecho un llamado al Estado mexicano, el cual, contrario a todos los índices internacionales, mantiene el fuero militar para casos de violaciones de derechos humanos. De manera específica, la Corte idh ha señalado la fracción ii del artículo 57 del Código de Justicia Militar como violatorio de la obligación de adecuar la legislación interna a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenando reformar el Código de Justicia Militar en su conjunto (Corte idh, 2009). Por su parte, Human Rights Watch en su informe Impunidad Uniformada (2009) subrayó que en el despliegue militar de la política de seguridad del sexenio, las continuas violaciones de derechos humanos han seguido presentándose debido, entre otras causas, a que los responsables no son sancionados.

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez las Fuerzas Armadas se vieron envueltas en serios escándalos, el más grave de todos fue la práctica recurrente de ejecuciones extrajudiciales o, de manera más exacta, el homicidio en persona protegida. Durante el 2008 el problema fue expuesto por los medios de comunicación al denunciar los casos de desaparición de jóvenes en el municipio de Soacha y su posterior aparición como muertos en combate.[14] Sin embargo, ese era solo un caso de una práctica sistemática en brigadas de todo el país denunciadas por las organizaciones de derechos humanos desde años anteriores, y que se incrementaron a partir de la política de recompensas firmada por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina,[15] tal como lo confirmó el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras su visita a Colombia.[16]

En México, con la alternancia en el ejecutivo en el 2000, sin disputas en la elite política posicionada en el campo central del poder, gracias a los arreglos controlados durante la década de los noventa, los cambios y las reformas estatales importantes tuvieron que ver con la cada vez mayor autonomía de los poderes regionales respecto al poder del ejecutivo que era la cabeza del entramado de relaciones priistas. Pero además de los gobernadores, al romperse de manera definitiva los viejos mecanismos de intermediación y abrirse el mercado tanto nacional como internacional, se incrementó la competencia entre las organizaciones dedicadas al negocio del narcotráfico. La disputa en el territorio nacional se desarrolló no solo como posibilidad de siembra, cultivo y transporte (control de rutas) hacia Estado Unidos, sino que también las principales ciudades del país se convirtieron en plazas importantes de comercialización y venta de drogas, y así mismo el control territorial les permitió concentrar rentas de otras áreas de la economía legal con el cobro de cuotas al comercio y la industria, entre otras (Otero, 2005). La disputa por el control territorial a lo largo y ancho del país se fue escalonando con la aparición de nuevas organizaciones criminales resultado del fraccionamiento y la atomización de las “viejas” organizaciones creadas en los ochenta (como el Cártel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo a la cabeza) y en los noventa (Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana). Así mismo, otros agentes quisieron lograr de manera autónoma un lugar en un mercado en expansión, como es el caso de los Zetas, en un primer momento al mando del Cártel del Golfo.

La creación del ejército de los Zetas es un buen ejemplo del crecimiento de los ejércitos del crimen organizado. Luego de prestar sus servicios de protección dentro de las filas del Ejército a narcotraficantes, entre 1999 y el 2000 se inició un proceso de deserción de algunas decenas de agentes pertenecientes a las Gafes para crear un ejército privado al servicio del Cártel del Golfo, al mando de Osiel Cárdenas. Con la captura de Osiel Cárdenas en el 2003, los Zetas encontraron mayor libertad en sus actuaciones y en la apropiación de rentas que se extendió a vendedores, transportistas y prostíbulos, primero en Nuevo Laredo y después en los territorios hacia donde se fueron expandiendo. En pocos años esta organización pasó de tener un control regional a extenderse a lo largo de las costas del Golfo de México, iniciando a su vez disputas con otras organizaciones por sus territorios (Grayson y Logan, 2012; Osorno, 2012). Pero no solo los militares pasaron a engrosar las filas de las organizaciones criminales, ya que con la desmovilización de una parte del ejército guatemalteco, algunos ex kaibiles brindaron sus servicios a las diferentes organizaciones, en especial a los Zetas (Astorga, 2007, p. 266), ayudando en el control de la ruta que va desde Petén en Guatemala hasta el suroriente de Texas pasando por Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas (Benítez, 2009, p. 184).

La dinámica de crecimiento de las organizaciones criminales con la creación de ejércitos propios llevó a un proceso de reclutamiento de militares provenientes de organizaciones coercitivas estatales. Para el 2005 la propia Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) reconoció la deserción masiva de elementos del Ejército que llegaba a 100 mil agentes y cerca de 1400 Gafes, es decir agentes con entrenamiento especializado de alto nivel (Aranda, 2005; Méndez y Saldierna, 2005). De manera más específica, entre el 2000 y el 2006 desertaron 107 000 militares, y entre 1999 y el 2006 desertaron 5000 miembros de la Policía Federal Preventiva (Piñeyro, 2010, p. 182). De este modo, y al igual que en Colombia, los ejércitos de las organizaciones criminales se nutrieron de agentes que recibieron entrenamiento contrainsurgente brindado por organizaciones estatales nacionales e internacionales. En el periodo de 1981 a 1995 fueron enviados a academias militares en Estados Unidos 1488 efectivos, cifra que se incrementó de manera exponencial con el programa especial de los Gafes, pues solo en 1997 fueron entrenados más de 1000 agentes pertenecientes a dicho programa, e igual cantidad fue enviada a entrenamiento en 1998. Así mismo, la Escuela de las Américas recibió 305 en 1997 y 219 en 1998 (más que cualquier otro país latinoamericano); en 1996 la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea recibió 141 soldados, 260 en 1997 y 336 en 1998 (Isacson y Olson, 1998; Freeman y Sierra, 2005, p. 348).

De acuerdo con lo anterior, los cambios políticos vinieron acompañados por un reordenamiento en la forma de estructuración de las organizaciones criminales. Con el final de los antiguos monopolios de la década de los ochenta y los duopolios de los noventa, se inició un proceso de expansión y alta competitividad extractiva, en un proceso predatorio que pareciera no tener límites. Acoplándose a las dinámicas del nuevo ordenamiento estatal, la economía ilegal y las formas de coerción extraestatales encontraron nuevos nichos de crecimiento y obtención de rentas que precisaba el crecimiento de sus ejércitos. En un contexto de estancamiento económico,[17] la posibilidad de expansión de la economía del narcotráfico resultó ser no solo una importante fuente de empleo para jóvenes de todas las regiones, sino también una fuente de inversión, financiamiento y dinamización de la economía legal, entre otras. Sin embargo, este proceso de rearticulación de las organizaciones criminales a lo largo del territorio nacional, como todos los procesos de concentración de recursos, no estuvo exento de violencia, y el escalonamiento del conflicto entre las organizaciones ha marcado en los últimos años una disputa feroz por el control de territorios en los que las organizaciones estatales jugaron un papel fundamental.

En México aumentó la producción de metanfetaminas, y los cultivos de marihuana y adormidera (de la que se extrae la heroína) se duplicaron entre el 2006 y el 2011. Según las estimaciones del gobierno de los Estados Unidos, en el 2009 México produjo 19 500 hectáreas de amapola superando a Birmania como el segundo mayor cultivador de amapola en el mundo (u. s. Department of State, 2011; ihs Jane’s, 2012). Las organizaciones que en el 2006 eran grupos emergentes en algunas regiones del país, para el 2012 se convirtieron en multinacionales que, gracias a la fuerza del mercado global, han extendido su poder internacional por Centroamérica y Suramérica en alianzas con narcotraficantes locales que pasan a ser sus proveedores; así mismo, en Estados Unidos han organizado y extendido sus propias redes de tráfico y distribución por todo el país (Finklea et al., 2011). Las organizaciones de Sinaloa y los Zetas han extendido su radio de acción por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, comprando de manera directa la cocaína procesada y haciéndola llegar, entre otros medios, en pequeños sumergibles que parten de Perú, Ecuador y Colombia hasta llegar a costas mexicanas (Farah, 2010, pp. 155-156).

El ejercicio de la violencia es la razón de ser de cualquier organización coercitiva, necesaria cuando las actividades desarrolladas son consideradas ilegales y en teoría son perseguidas por las organizaciones estatales. Así mismo, es necesaria para respaldar con la fuerza el cumplimiento de acuerdos y contratos, eliminar competidores, disciplinar y brindar seguridad a las actividades desarrolladas. Lo que ha cambiado en el tipo de violencia desplegada en México tiene que ver con las dinámicas que se desprenden de: (1) la competencia feroz por un mercado abierto sin regulación efectiva; (2) las fracturas en las organizaciones, las disputas por la sucesión ante arrestos o asesinatos; (3) la consolidación, el cambio o la expansión territorial. Más allá del aumento (o la disminución coyuntural) en las tasas de homicidios, la violencia ha provocado una gran tensión y percepción de inseguridad, derivada de la brutalidad de las acciones: decapitaciones, desmembramientos, ahorcamientos públicos, masacres y torturas, entre otras. Unido a los elementos anteriores, la diversificación en otro conjunto de actividades (legales e ilegales) ha abierto nuevos escenarios de competencia ente organizaciones que hace aún más necesaria la regulación y la intervención política (Corcoran, 2011; O’neil, 2011; Guerrero, 2011).

El regreso del pri al gobierno federal generó expectativas de regulación en la disputa territorial entre las organizaciones del crimen organizado, asociando la tradición priista de estabilidad y eficacia, así como su capacidad para controlar, regulando, la ilegalidad e incorporarla al orden estatal. Sin embargo, las condiciones han cambiado y ahora grandes organizaciones con ejércitos propios y redes transnacionales deben ser articuladas desde lo local, hasta lo nacional e internacional. La restauración del partido mayoritario con una amplia red de gobernadores de su partido puede facilitar la estrategia de articulación en los diferentes niveles de gobierno; lo que aún está por saberse es si puede conducir a un nuevo tipo de hegemonía parecida a la colombiana. El presidente Enrique Peña Nieto ha realizado, al igual que Felipe Calderón, un aumento considerable en el presupuesto de las organizaciones de coerción, exaltando también el “modelo colombiano” como ejemplo exitoso en la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, en Colombia la política de Seguridad Democrática mostró desde el 2009 diversos signos de “agotamiento” (Granada et al., 2009) y “declive” (Valencia et al., 2009), y algunos medios de comunicación empezaron a hablar de su “crisis” (Revista Cambio, 26 de noviembre del 2009). El número de acciones de los grupos paramilitares durante el 2009 superó el número de acciones bélicas de la guerrilla de las farc (Revista Semana, 25 de noviembre del 2009). Aunque el gobierno de Uribe Vélez los consideró “bandas criminales” ligadas al negocio del narcotráfico, es innegable la relación que existe entre las viejas estructuras de los grupos paramilitares y la reorganización localizada de los “neoparamilitares” (Granada et al., 2009). El exitoso proceso de reordenamiento y depuración —ya sin la autonomía de un mando unificado— les ha permitido a los grupos extendidos a lo largo del país desarrollar actividades que ligan de manera compleja los objetivos contrainsurgentes, el mantenimiento del statu quo local y regional, con el negocio del narcotráfico y otras actividades económicas como la minería informal, la explotación maderera y la agroindustria, entre otras.[18]

La capacidad sostenida de los grupos paramilitares se hizo evidente cuando solo uno de los grupos, denominado los Urabeños, protagonizó un paro armado en enero del 2012 en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Chocó y las regiones del sur de Bolívar y Urabá, justo el día que entraba en vigencia la Ley de Tierras que busca reparar a las víctimas del conflicto armado (Revista Semana, 6 de enero del 2012). En ese sentido, la continuidad del control territorial por parte del crimen organizado permite mantener las condiciones de orden estructurado a través de su expansión en los últimos treinta años, y se une a intereses diversos de propietarios, multinacionales, empresarios y políticos que se beneficiaron del despojo por medio del paramilitarismo, y que hoy constituyen la amenaza más seria al proceso de reparación de víctimas, que durante el gobierno de Santos ya ha dejado más de 30 asesinatos y 638 campesinos reclamantes de tierra amenazados (Revista Semana, 23 de febrero del 2013).[19] Así mismo, han aparecido panfletos con amenazas directas por parte de los que se denominan el “Ejército Anti-restitución” (Verdad Abierta, 26 de julio del 2012). Las amenazas y los asesinatos han sido más numerosos en regiones donde la disputa por la tierra entre campesinos despojados, poseedores de tradición y nuevos propietarios se ha desarrollado por restitución o por adecuación para megaproyectos. El compromiso del gobierno se contradice con la desprotección a los reclamantes y la revictimización a la que están sometidos; la Corte Suprema de Justicia declaró delito de lesa humanidad el asesinato de líderes de restitución (Proceso núm. 34180, 23 de mayo del 2012) y con ello pretende evitar que más crímenes sean cometidos en una espiral de violencia, resultado de un pasado impune que hoy cobra nuevas víctimas.

En este contexto se presentaron cambios importantes en las dinámicas contenciosas tanto en México como en Colombia. En México la alternancia del ejecutivo terminó un ciclo de movilización cuyo principal repertorio de contienda había sido la “transición a la democracia”, entendida como posibilidad de alternancia real en todas las instancias del gobierno, a través de elecciones transparentes. Después del pacto elitista de la segunda mitad de los noventa, las dinámicas contenciosas transgresivas que se desarrollaban en algunas regiones del país presentaron un declive a la espera de los cambios que pudiera traer la salida del pri del ejecutivo. Sin embargo, tales cambios nunca se dieron y las comunidades locales que esperaban reformas descentralizadoras y de democracia participativa se vieron sometidas a una mayor militarización de la sociedad y a la expansión del crimen organizado, en especial durante el gobierno de Calderón (2006-2012), ante la indiferencia de los grandes partidos políticos que concentraron los recursos estatales. En Colombia, la pacificación lograda a través de la expansión de las organizaciones criminales paramilitares permitió la persecución de las acciones contenciosas al ser señaladas de subversivas, lo que llevó a un declive en la movilización que se concentró en las reivindicaciones de las víctimas del conflicto armado y su exigencia de “verdad, justicia y reparación”, y de la movilización de las organizaciones de derechos humanos y su estrategia de denuncia internacional ante las violaciones de derechos humanos en el país.

A partir del 2010 se activó un nuevo ciclo de dinámicas contenciosas contenidas y transgresivas que actualizaron viejas demandas por apertura de accesos enarbolando reivindicaciones que articulan nuevos repertorios de contienda. En un nuevo contexto económico, tanto en México como en Colombia se han movilizado comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y organizaciones sociales, en defensa de los derechos humanos y en contra de la transformación económica que se está llevando a cabo en sus territorios como consecuencia de las reformas neoconservadoras implementadas en las últimas décadas, en especial aquellas que han permitido la titulación de amplios territorios nacionales para procesos de explotación intensiva de los recursos naturales sin consulta previa a las comunidades que habitan allí.

Tabla 6. Dinámicas contenciosas en México y Colombia 2000-2012
Estado	Tipo de contienda	Agentes	Reivindicaciones y repertorios de confrontación	Estrategias de movilización contenciosa
México	Contenida	•Organizaciones sociales y campesinas regionales.•Organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales.•Organizaciones de víctimas.	Respeto por los derechos humanos.	•Tomas pacíficas.•Marchas.•Protestas.•Litigio estratégico nacional e internacional.•Informes periódicos.•Denuncias públicas nacionales e internacionales.
Transgresiva	Comunidades campesinas e indígenas.	•Respeto por los derechos humanos.•Defensa frente a la actuación de organizaciones criminales.•Democracia participativa.•Defensa de la consulta previa como mecanismo de planeación participativa.•Rechazo a la megaminería y el avance extractivista.	•Movilización armada.•Creación de guerrillas de autodefensa.•Creación de ejércitos de autodefensas.•Tomas pacíficas.
Transgresiva	•Organizaciones.•Guerrillas farc y eln.	•Reforma agraria.•Nacionalización de empresas de explotación.•Apertura de accesos políticos.•Procesos redistributivos.	•Movilización armada.•Tomas a municipios.•Enfrentamientos con ejércitos estatales y paramilitares.•Secuestros extorsivos.•Narcotráfico.
Estado	Tipo de contienda	Agentes	Reivindicaciones y repertorios de confrontación	Estrategias de movilización contenciosa
Colombia	Contenida	•Comunidades indígenas campesinas y afro-descendientes.•Organizaciones de víctimas, sociales y de de-rechos humanos (nacionales e internacionales).	•Verdad, justicia y reparación.•Defensa de los dere-chos consignados en la Constitución de 1991.•Humanización del conflicto político arma-do y respeto por el dih.•Defensa de la consulta previa como mecanismo de planeación participativa.•Rechazo a la megaminería y el avance extractivista.•Salida negociada al conflicto político armado.	•Resistencia activa a todos los actores armados.•Movilización y coordinación de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.•Litigio estratégico nacional e internacional.•Protestas.•Marchas.•Denuncias públicas nacionales e internacionales.•Informes periódicos.
Transgresivay contenida	•Sectores políticos del bipartidismo oficial.•Militares.•Ganaderos.•Empresarios.•Narcotraficantes.•Multinacionales.	•Combate militar y eliminación del enemigo político como estrategia contra la subversión y contra organizaciones sociales y campesinas con exigencias redistributivas.•No restitución de tierras a víctimas de desplazamiento.•Eliminación o recorte de derechos económicos y sociales.	•Movilización armada.•Apoyo y estructuración (financiación, equipamiento y asesoría) a las organizaciones criminales paramilitares.•Operaciones armadas en contra de la población civil.•Extorsiones.•Secuestros.•Masacres. Desplazamiento forzado masivo.•Muertes aleccionadoras.•Narcotráfico.
Fuente: Elaboración propia.

Estas transformaciones de los territorios, en especial en Colombia, no han sido producto del acomodamiento espontáneo de las sociedades a las nuevas formas de articulación económica, sino, por el contrario, son el resultado de un proceso violento de adecuación del territorio y sus pobladores a las nuevas exigencias del capital, así como la contención violenta de las exigencias colectivas por la efectiva realización de derechos. Con menor intensidad que en Colombia, en México se tejió la retícula que permitió la eliminación de las resistencias, o por lo menos su reducción y marginación, mientras las prácticas políticas heredadas del orden posrevolucionario fueron incorporadas por todos los partidos nacionales acoplados con las reformas en materia electoral. El crecimiento del crimen organizado contribuyó a criminalizar la protesta, la movilización social y la organización subalterna que no se acogiera a las formas de regulación estatal. Con el discurso justificativo de “la lucha contra las drogas”, campesinos, indígenas, y organizaciones populares fueron perseguidos y estigmatizados. De manera paradójica, a pesar de los inmensos recursos dedicados a la organización de la coerción, las organizaciones criminales han extendido sus mercados ofreciendo alternativas de empleo a campesinos y jóvenes, mientras dinamizan los mercados legales comerciales y financieros con los inmensos recursos provenientes de la economía ilegal.

En México, estas dinámicas contenciosas han dado lugar a dos estrategias fundamentales: una contenida, a través de organizaciones de derechos humanos que denuncian las consecuencias de los procesos de militarización y las violaciones de derechos y exigen sanciones y reformas para que no se repitan estos hechos, y las acciones transgresivas de comunidades locales que han recurrido, ante la indiferencia de los poderes centrales, a la formación de ejércitos de autodefensa como forma de enfrentar el crimen organizado y mantener el control territorial frente a diferentes proyectos económicos legales e ilegales que se han promovido sin contar con la opinión, planeación o consulta de las comunidades.

Con la llegada al gobierno federal de Enrique Peña Nieto (2012-2016) se ha promovido una estrategia que de nuevo actualiza el mecanismo recurrente del pacto y la cooptación elitista, llevada a cabo en la década de los noventa, al promover el famoso “Pacto por México” entre los tres grandes partidos nacionales: pri, pan y prd, mientras en las regiones el mecanismo recurrente de la violencia sigue en expansión sin que hasta el momento se presente una estrategia diferente del gobierno central para resolver o intervenir los conflictos sociales.

En Colombia, las dinámicas contenciosas se han desarrollado de manera contenida en la medida en que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han dejado clara su resistencia a la salida armada y a todos los actores armados, exigiendo a su vez una salida negociada al conflicto político armado que solo ha dejado sangre y miseria —considerando que son víctimas de la movilización armada tanto insurgente como paramilitar—. En sus acciones contenciosas contenidas han optado por estrategias de movilización que combinan la resistencia activa con el litigio estratégico, evidenciando la apropiación subalterna de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales como la consulta previa, y articulándose con redes globales e inscribiendo sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural y las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Al terminar el 2012 el gobierno nacional de Juan Manuel Santos decidió iniciar un proceso de diálogo con la guerrilla de las farc. El proceso de negociación como búsqueda de una salida negociada al conflicto armado ha sido celebrado por todas las organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas, que por años se han movilizado a favor de las iniciativas de paz. Sin embargo, la contramovilización de diversos sectores que no están dispuestos a abrir accesos a los insurgentes, que reivindican la salida militar como fin del conflicto y que llevaron también a la movilización armada a través de organizaciones criminales paramilitares, ha denunciado los diálogos como búsqueda de impunidad de los crímenes cometidos. En resumen, estamos de nuevo ante un escenario en el cual se debate la posibilidad de apertura de accesos a sectores subalternos y la salida negociada al conflicto político armado como forma de resolver los conflictos distributivos irresueltos a lo largo de la historia del Estado colombiano y que ha encontrado en el mecanismo recurrente de la violencia la mejor forma de preservar la concentración de recursos en pocas manos.