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Las tribulaciones de nuestro cine

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1992 se cerró con una noticia infausta para todos los comprometidos con la actividad fílmica en el Perú, que había alcanzado durante ese año un significativo incremento. Los dispositivos de racionalización tributaria dictados por el ministro de Economía, Carlos Boloña, muy poco antes de su renuncia al cargo, borraban de un plumazo las dos medidas realmente efectivas que el amplio articulado de la Ley 19327 había consagrado. Esas medidas eran el beneficio tributario y la exhibición obligatoria. El beneficio tributario permitía la devolución del total del impuesto municipal a los filmes de largometraje y el 25 por ciento de ese mismo impuesto a los cortos. Por su parte, la exhibición obligatoria exigía a las salas de cine la proyección de cortos, en todas las funciones diarias y de largos, en la medida en que se hicieran, siempre y cuando recibieran unos y otros el certificado correspondiente de la Comisión de Promoción Cinematográfica (Coproci).

Ya es un lugar común decir que la ley favoreció al corto y apoyó muy escasamente al largo. Los hechos ocurridos después de diciembre de 1992 dan la razón a esa afirmación. Los cortos han desaparecido de los cines. Los largos, en cambio, aunque no todos, están demostrando que pueden defenderse por sí solos, sin necesidad de la ley. Pero es necesario analizar las cosas con mayor detenimiento y extraer las conclusiones más claras posibles de lo que ha sido la marcha de la actividad fílmica y sus proyecciones al futuro inmediato.

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