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Tribuna

30 de agosto de 2011

Después de la vorágine de reacciones y opiniones controvertidas que ha suscitado la reforma constitucional a propósito de la nueva redacción proyectada del artículo 135 del texto constitucional, y aparte de que estamos de acuerdo con el fondo pero no con la forma adoptada entre premuras innecesarias y dictados impositivos, algunos políticos prefieren seguir emponzoñando el debate, prodigando explicaciones absurdas e insensatas.

De repente todos hemos aprendido lo que es el déficit y el endeudamiento, lo que es un saldo estructural, lo que es déficit cero y déficit crónico, lo que es progresividad fiscal, amén de legalidad tributaria. Nunca debemos claudicar en nuestra capacidad innata de asombrarnos. Quizás lo más rocambolesco es la frase que profirió un diputado socialista aduciendo que la regla del déficit es una idea neoliberal. Parece que en la diatriba o verborrea diarreica de ideas que algunos usan como munición demagógica todo vale, también la ignorancia más bisoña.

Pero volvamos a la reforma, neoliberal para algunos, y al equilibrio presupuestario. Limitar el déficit es necesario, racional, eficiente. La premura, la urgencia irracional, solo responde a una consonante, acallar la locura de los mercados que escrutan y desnudan las debilidades de España, las cuentas públicas y la nula ortodoxia y rigor de las administraciones, todas. Nos han querido hacer creer que la sensatez, esto es, la estabilidad presupuestaria, ha de cobijarse constitucionalmente. Es tan absurdo como falaz. Se regulará solo fragmentadamente. El núcleo, lo medular, se regulará ulteriormente, cuando las urnas arrojen un veredicto de Gobierno diferente al actual. Que no nos deslumbre la heterodoxia mediática de que los dos principales partidos han, al final de la legislatura, acordado un pacto político a expensas del resto. Hemos abierto una espita cerrada con siete llaves. La Constitución no es algo sagrado, pero conviene respetarla. Abrir la caja de Pandora es algo demasiado frívolo cuando no había necesidad jurídica y sí otras herramientas más eficaces y que darán cuerpo y contenido al redactado constitucional. Las prisas y el atropellamiento justificativo lejano de la transparencia y la verdad más objetiva no son necesarias. Los sindicatos buscan su hueco de protestas y presencias toda vez su debilidad y frágil credibilidad.

Austeridad, rigor, eficiencia y sensatez no necesitan artimañas, máxime sabiendo que no entrará en vigor hasta 2020. ¿Es necesario que se sacralice constitucionalmente una regla de gasto para garantizar la estabilidad presupuestaria? Principios inmutables elevados a sancta santórum, pero ¿y qué será de las leyes de estabilidad más ajustadas a la realidad de los tiempos y a las fluctuaciones de la economía? Se proclama un techo, el 0,40 % (0,26 y 0,14%) respecto del PIB, y se deja la letra pequeña para una ley orgánica. El artículo 109 de la Constitución germana forzó este equilibrio presupuestario en 2009 exigiendo que a partir de 2016 el déficit estructural del estado no supere el 0,35 % del PIB. Se prevén excepciones, como catástrofes o situaciones de recesión grave. Idéntico postulado se exigirá para los länder. La mímesis ha sido alta en España, salvo en los plazos y Moody's lo tiene ya en cuenta.

Ahora bien, al margen del debate político y jurídico de tal propósito y oportunidad, ¿qué sucede si el límite constitucional se incumple y se viola esa estabilidad? Podemos preguntárselo entre otros a Francia que lo ha incumplido respecto al pacto de estabilidad y el 3% que establece el Tratado de la Unión. No sucederá nada, es política.

La finalidad es positiva, limitar el gasto, prohibiendo que las Administraciones, recte, los Gobiernos –estatal, autonómico, local– gasten más de lo que ingresan. Pero hay que prever ciclos, flexibilidades, bandas amplias que permitan la eficiencia del gasto público, servicios públicos y sociales de calidad, que se racionalice el nivel de gasto y que se prevea esa financiación para lo cual la progresividad es una pieza esencial dentro de todo substrato fiscal e impositivo. Pero no olvidemos los vaivenes de los ciclos, a mayor ingreso mayor tendencia al gasto, a mayor superávit tendencia al derroche. Una economía en crecimiento genera mayor ingreso fiscal, pero su caída genera una debacle como la actual. El déficit crónico es la antesala perfecta para debilitar la acción del Estado y la irrupción total de la iniciativa privada. ¿Estamos dispuestos a eso?