Читать книгу De la economía digital a la sociedad del e-work decente: condiciones sociolaborales para una Industria 4.0 justa e inclusiva - Cristóbal Molina Navarrete - Страница 44

Esta Recomendación19 trata de impulsar un conjunto coherente de PAEs a través de una financiación extraordinaria vinculada al MRR. Supone la aprobación de los fondos europeos para la reactivación económica que se pondrán a disposición de los Estados miembros a partir de 2021 y de los que se beneficiará España para el desarrollo de políticas de empleo. El conjunto de políticas que se pretende activar son las siguientes:

– Una política de incentivos a la contratación temporal y a la transición en el mercado de trabajo

– Una política de formación. Deben de reforzarse, especialmente, los regímenes de ayuda a la formación dual y las prácticas remuneradas, especialmente en las Pymes y en aquellos sectores que sufren una especial escasez de capacidades. La política de formación, además, debe potenciarse con independencia de la situación del mercado laboral y con derechos asociados como el permiso retribuido de formación.

– Una política de mejora de los SPE. Se reclama a los Estados la necesidad de invertir en infraestructuras digitales y en la cualificación de su personal. Se debe alcanzar el objetivo de un SPE eficiente en sus servicios, que sirva para ofrecer un apoyo personalizado a los demandantes de empleo y que incluya acciones de asesoramiento, orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, tutorización, evaluación y validación de capacidades.

La Recomendación no pasa de largo por las acciones complementarias de elaboración de información estratégica actualizada sobre el mercado laboral y las capacidades de los trabajadores, especialmente de manera territorial, lo que incluye las escalas regional, transfronteriza y sectorial. El objetivo de esta información es servir de base a los programas de formación y cualificación, y apoyar a los SPE. Una cuestión importante es que se solicita a los Estados miembros, y para la elaboración y desarrollo de estas políticas, que apoyen la participación activa de los interlocutores sociales20, de manera que asuman el protagonismo en la anticipación de las necesidades de capital humano, especialmente mediante diagnósticos conjuntos.