Читать книгу De la economía digital a la sociedad del e-work decente: condiciones sociolaborales para una Industria 4.0 justa e inclusiva - Cristóbal Molina Navarrete - Страница 48

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia24 se presenta como una necesidad de planificación e inversión para hacer frente a los efectos que en la economía española ha tenido la pandemia. Entre las reformas que contempla el Plan se encuentra, y como bien dice el profesor Rojo, aparece, como ya hemos comentado y viene siendo habitual en las sucesivas normas a lo largo de los años, la expresión “mágica” de la “modernización de las políticas públicas en el ámbito laboral” que veremos seguidamente como se plantea. En lo que a nuestro objeto de estudio se refiere, el Plan fija como uno de sus objetivos la transformación digital en el Empleo: “orientada a mejorar el servicio que se da a los ciudadanos y empresas en todos los ámbitos relacionados con el empleo, en particular en: (i) prestaciones y reactivación del empleo, (ii) mejora de los sistemas de información que dan soporte al sistema de prestaciones por desempleo y a las políticas de reactivación del empleo, (iii) digitalización de los servicios públicos de empleo”.

Las 102 medidas de reforma contenidas en el Plan se traducen en diferentes acciones para reforzar y modernizar los principales ámbitos que condicionan la estructura y la trayectoria económica de nuestro país. Parece que el documento recoge, después de mucho tiempo, un cambio de mentalidad para la intervención en el mercado de trabajo que esperemos no se quede solamente en el papel, que ya sabemos que aguanta todo. Las intenciones se plasman en los siguientes objetivos “cambiar la demografía empresarial, promoviendo el emprendimiento y aumentando el tamaño y eficiencia de las empresas en los diferentes sectores productivos”, “reforzar el capital humano, mediante la reforma de la educación, la formación profesional y las políticas activas de empleo, transferencia tecnológica al conjunto de la economía”, “apostar por la ciencia y la innovación, modernizando y reforzando el sistema de investigación, desplegando grandes proyectos tractores”, “modernizar el marco normativo del mercado laboral, con el fin de adaptarlo a la realidad del siglo XXI y apostar por un marco de flexibilidad y seguridad que garantice la eficiencia económica y la calidad del empleo”. Todas estas cuestiones, puestas sobre la mesa durante décadas, requieren de una actuación firme y contundente para que, de una vez, nuestro mercado de trabajo pueda despegar.

Los apartados del documento se dividen en “componentes” que no vienen a ser nada más que áreas de intervención. Después de un análisis de los mismos, cabe una crítica en cuanto a su estructura puesto que en algunos casos resulta reiterativa y dispersa la forma de agrupación.

Haciendo un resumen de los componentes que nos interesan al objeto de nuestro trabajo, podemos apreciar estas cuestiones:

– Componente 11: Modernización de las administraciones públicas. Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Se presentan seis iniciativas para la transformación digital de la administración, entre las que se incluye el Servicio Público de Empleo.

– Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El objetivo de este componente es situar a España como un país puntero en Inteligencia Artificial, promoviendo la creación de empleo cualificado.

– Componente 19: Plan de competencias digitales. Para la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral (upskilling y reskilling), tanto de las personas desempleadas como empleadas.

– Componente 20: Plan estratégico de impulso a la formación profesional. Establece como prioridad potenciar los niveles de cualificación de la población y llegar a un adecuado equilibrio entre los niveles de formación de la ciudadanía y las necesidades de cualificación del capital humano en el mercado laboral. Se pretende poner especial énfasis en la formación de competencias emergentes de rápida evolución. Esta intervención es fundamental y necesaria para alinear los mecanismos de formación profesional y de formación para el empleo a las nuevas demandas y tendencias globales.

– Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Las principales acciones que programa se centran en el impulso a las políticas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía. La digitalización del SEPE será una importante reforma que contribuirá a la modernización y eficiencia de los servicios de empleo. Una modernización de los sistemas de casación (matching) de oferta y demanda, de las bonificaciones y las políticas activas de empleo, que renueve la digitalización de los sistemas de gestión para poder aplicar la inteligencia artificial para casar oferta y demanda y garantizar un itinerario personalizado de formación, reciclaje y empleabilidad para los trabajadores. La modernización de las políticas activas de empleo (PAE) “a través de la inversión en gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo”. Como ya hemos visto, existe una conexión referencial vital entre este componente y el componente 11 donde se recoge la modernización del SEPE.

El componente 23, el de más interés para nuestras reflexiones, fija como objetivo, entre otros, “aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo”, con justificación en los desequilibrios que arrastra el mercado laboral español desde hace décadas y que “lastran los aumentos de la productividad, aumentan la precariedad y profundizan en las brechas sociales, territoriales y de género”. Esta definición de objetivos se realiza con base en los retos que se han de abordar y que se concretan en el diseño de “un conjunto de políticas públicas que permitan avanzar en un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, preparado para las nuevas demandas y oportunidades globales, como la transición digital y ecológica”. La inversión estimada es de 2 363 millones de euros para cubrir las recomendaciones que se realizan desde la UE a nuestro país, entre ellas:

– Garantizar que los servicios de empleo y servicios sociales sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo

– Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones de mandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.

– Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y desarrollo de las cualificaciones.

– Mejorar el acceso al aprendizaje digital

– Centrar la inversión en la transición ecológica y digital y, particularmente, en el fomento de la investigación e innovación

La inversión programada y recogida en el apartado de enumeración de las reformas e inversiones no destina financiación a la modernización de las políticas activas de empleo pero la redirige al componente 11. Y resulta llamativo que no se dote de fondos al “establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de los trabajadores en transición”, cuando estas actuaciones están muy vinculadas a las políticas de formación. Esto puede entenderse contradictorio, a mi juicio, cuando se expresa que “la modernización de las políticas activas de empleo, el desarrollo de los sistemas de formación continua de trabajadores, la acreditación de competencias en el ámbito laboral y el Plan Nacional de Competencias Digitales serán claves para dotar a la sociedad española de los instrumentos para adaptarse a los retos a los que se enfrenta el mercado de trabajo en el siglo XXI”.

De las inversiones que sí se recogen destacamos las siguientes:

– La adquisición de nuevas competencias para la transformación, digital, verde y productiva (434 500 000, un 18,37% del presupuesto de este componente)

– Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo (105 500 000, un 4,46% del presupuesto)

Igualmente, en el documento se hace, como no podría ser de otra manera, una referencia a la financiación europea en el sentido de su intervención a nivel territorial porque no podemos olvidar que las políticas de empleo tienen un marcado componente territorial que las dota de sentido y que incide directamente en su eficacia. Así que tanto “el FSE como el FEDER servirán para reforzar en los territorios cubiertos las inversiones y reformas en los ámbitos de (…) las políticas activas de empleo”.