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Y LA ADMINISTRACIÓN, ¿CÓMO AFRONTA ESTA PROBLEMÁTICA?

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No sé muy bien por qué, pero desde siempre el agricultor disfruta de una protección y permisividad a la hora de exponer sus pensamientos que difícilmente se pueden encontrar en otras profesiones. Podría ser porque se considera que es gente sabia con un conocimiento adquirido a base de observar la naturaleza durante milenios. También podría ser porque se piense que son personas poco leídas o poco actualizadas… La verdad es que yo conozco a agricultores que corresponden a una u otra de esas categorías, igual que conozco a personas de ambos tipos que no tienen ninguna relación con el campo.

En todo caso, haré uso de este privilegio diciendo lo que pienso y siento con la esperanza de que, si alguna vez se juzgan estas palabras, siempre podré alegar en mi defensa: «Señorías, es que vengo del campo».

Como no podía ser de otra manera, las administraciones de todo el mundo, con sus correspondientes ministerios, promueven la agricultura sostenible. Europa la incentiva mediante ayudas económicas, con cantidades variables según los países donde se apliquen. Justo es decir que los agricultores convencionales también reciben un subsidio, pero de menor cuantía que los ecológicos. Algunas voces afirman que las próximas actualizaciones de las políticas agrarias favorecerán claramente una agricultura más sostenible.

Hago un paréntesis para comentar este modelo subsidiario europeo, tanto para agricultores ecológicos como para agricultores convencionales. Estas ayudas económicas, reguladas en Europa por la Política Agrícola Común (PAC)9, han distorsionado, en negativo según mi opinión —recuerda que soy payés y puedo decir lo que quiera—, todo el sector. Este subsidio se otorga por superficie y no por producción; por lo tanto, premia la propiedad de la tierra por encima de las buenas prácticas productivas. Y lo hace hasta límites inmorales, puesto que grandes fortunas reciben ayudas por valor de varios millones de euros solo por ser propietarios de tierras agrícolas. Cada vez más explotaciones sobreviven gracias a estas ayudas, un hecho que crea una enorme dependencia. Si de repente desapareciera esta inyección económica al sector, desaparecería también un gran número de explotaciones. Estas ayudas pueden desconectar al agricultor de la realidad, y minarle la motivación de ganar eficiencia productiva. En la mayoría de los casos, dedica todos los esfuerzos a complacer a la Administración, siguiendo las condiciones que esta impone para beneficiarse de ese dinero, a pesar de ir en contra incluso de la misma naturaleza en muchas ocasiones. Un sistema cuestionable, puesto que en los países donde no se utiliza, como Australia, la agricultura avanza a un ritmo mucho más rápido que en Europa.

Volviendo a la agricultura ecológica, con el doble objetivo de ayudar al consumidor a identificar los alimentos producidos bajo estos criterios y también de definir quién es apto para recibir la subvención específica por trabajar con este sistema, se han creado unos sellos de certificación. Estos sellos se pueden emplear en los productos cultivados según una normativa que es muy explícita especialmente en lo que se refiere a los inputs permitidos y prohibidos.

En la finca familiar nosotros recibimos subvenciones para cultivar sin emplear productos químicos, y sobre todo durante los primeros años de conversión nos han sido de gran ayuda para salir adelante, pero cobraríamos lo mismo si labráramos, aplicáramos productos químicos permitidos o degradáramos el suelo realizando un pastoreo agresivo, todo ello certificado ecológicamente. ¿Y si se concedieran las ayudas en función del carbono atmosférico capturado, del contenido nutricional de los productos o de la venta de proximidad?

Gobiernos de muchos países destinan recursos a la investigación, al desarrollo y a la transferencia de conocimientos a los diferentes agentes agrícolas. Los resultados son evidentes y, con mayor o menor rapidez según la región, el sector se va dirigiendo hacia la agricultura sostenible. Pero ¿qué prácticas promueve la administración? Pues habitualmente las que siguen encajando en el paquete tecnológico ofrecido por las multinacionales agroquímicas. La agricultura que se esfuerza por solucionar los síntomas sin poner el foco en las causas. La que se basa solo en un cambio de inputs, los productos químicos por los permitidos según las normativas ecológicas. La que deja de lado el ‘ibuprofeno’ para ofrecer un extracto de plantas que casualmente elabora la misma compañía que fabrica ese medicamento, en lugar de averiguar por qué razón tienes dolor de cabeza. Si descubres las causas reales de ese dolor, probablemente lo podrás solucionar y dejarás de ser un cliente potencial para quien convierte el dolor de cabeza en un negocio.

¿Cómo promueve la Administración este sistema de trabajo? Pues con demasiada frecuencia lo hace instruyendo y formando a los futuros responsables de la actividad agrícola según las tesis derivadas de la famosa Revolución Verde, un periodo histórico del cual hablaremos más adelante. O dedicando parte de los recursos de los centros de investigación oficiales al estudio y difusión de prácticas y productos pensados solo para mitigar los síntomas. He leído muchos estudios financiados con dinero público sobre productos fitosanitarios, semillas, estrategias de abono mineral…, pero prácticamente ninguno sobre el efecto de la microbiología del suelo en los cultivos, y los que he encontrado estaban patrocinados por la industria agroquímica. La Administración también mantiene, al menos dentro de la Unión Europea, un sistema de subvenciones que aniquila la imaginación y la productividad de la gente. Y elabora normativas con el foco puesto en los productos fitosanitarios permitidos o prohibidos, clasificación que puede depender de la cantidad de dinero invertido por cada multinacional más que de los resultados de las investigaciones dedicadas a revelar el grado de seguridad de cada producto para la salud humana. He sido testigo de cómo miembros de las instituciones públicas se esforzaban en convencer a algunos agricultores de que no cayeran en los tentáculos de la agricultura regenerativa alegando su carencia de rigor científico y rentabilidad, sin ni siquiera conocerla.

Hay que ser justos y no generalizar. Existen trabajadores públicos que dedican parte de su vida a comprender y difundir una agricultura que busca regenerar el suelo. Escribo estas palabras con reconocimiento hacia estas personas y con la esperanza que este colectivo se convierta en una amplia mayoría, porque el sector agrario necesita una Administración comprometida con la defensa de unos valores diferentes y difícilmente alcanzables sin su apoyo.

Arraigados en la tierra

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