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Introducción

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Es un consenso que la evaluación del desempeño de docentes y de escuelas debe ser realizada. Las diferencias surgen en el cómo, con qué propósitos y quién evaluará. Éstas son preguntas de fondo, ya que definen el modelo de escuela y las características de los docentes que se espera tener en el sistema educativo. Asimismo, una respuesta a estas preguntas definirá el estilo de gobernar en el sector educativo básico, es decir, establecerá la relación entre ámbitos de gobierno, diversas organizaciones y la sociedad; esta última a través de las comunidades escolares. Por lo anterior, un sistema de evaluación del desempeño como el que propone la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) no es un mecanismo meramente normativo o técnico, sino que definirá “la gobernanza o bien la distribución de la autoridad […], normalizará prácticas idóneas de dirección […] y fomentará la colaboración entre gobierno y diversas instancias de la sociedad” (Aguilar, 2006).

En un estudio sobre sistemas de evaluación en Europa y América Latina, Murillo et al. (2006) señalan que en diversos países se plantea la necesidad de construir sistemas de carrera docente, con el objetivo de ofrecer desarrollo profesional, mejorar el desempeño y crear condiciones de trabajo que ofrezcan satisfacción laboral a los docentes. Sin embargo, estos autores comentan que persiste una tendencia a entender el servicio de carrera como un aspecto administrativo con propósitos de control y sanción únicamente.

En ese sentido, señalan que para establecer un sistema de evaluación debe haber un amplio debate y aceptación, principalmente por parte de los docentes; esto porque se “evalúa el desempeño docente con el profesor, no contra él” (Murillo et al., 2006: 34). Para ello consideran que se deben incluir procedimientos de autoevaluación y de participación en el proceso y, añaden, la condición de que la evaluación sea parte de políticas y estrategias de largo alcance (Murillo et al., 2006).

Reforma educativa ¿Qué estamos transformando?

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