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El Servicio Profesional Docente: los ejes de discusión y debate

Gloria Del Castillo Alemán

La discusión de esta primera mesa con la cual abrió el seminario-debate tuvo el propósito de discutir y hacer visible en la agenda política y de políticas educativas de qué forma se imbrican aspectos técnicos y políticos en la reforma educativa 2013, en la cual la Ley General del Servicio Profesional Docente ocupa un lugar central y estratégico, derivado de que la apuesta gubernamental radica en detonar cambios en la calidad, mediante una ruta aparentemente técnica: la profesionalización docente.

Para valorar y visualizar los alcances y límites de la reforma de 2013, se sugirió tener en cuenta dos grandes preguntas relacionadas con la reforma de 1992: qué ha cambiado desde entonces en términos de cobertura, calidad, equidad y pertinencia educativas y, por qué después de poco más de veinte años de reformas persisten problemas de antaño, como los relativos a la baja eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la débil pertinencia en la formación continua del magisterio en servicio y los magros resultados en términos de logro educativo. Tener en mente ambas interrogantes sirvió, en buena medida, para recuperar la discusión de hoy a la luz de por lo menos dos aspectos que nos permiten comprender la imbricación entre lo técnico y lo político. Estos dos aspectos son 1) la lógica bajo la cual se ha construido y ha cambiado el sistema educativo mexicano, a fin de visualizar de qué manera se ha priorizado lo político (gobernabilidad) frente a lo técnico (políticas efectivas) en coyunturas de cambio; y 2) qué aspectos intervienen en el origen más estructural de la no resolución de problemas asociados con la baja calidad o magros resultados en términos de logro educativo. De ahí que el título de esta mesa de discusión haya buscado recuperar y comunicar la tensión entre lo técnico y lo político que generan la naturaleza de los cambios propuestos por la reforma educativa 2013.

La dimensión técnica está dada a partir de la búsqueda de la eficacia (mejor logro educativo) a través del diseño de un servicio profesional docente (de carrera), cuya intención es regular el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes, directores y supervisores escolares; en tanto que lo político se hace patente desde el momento en que la autoridad educativa manifiesta la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en asuntos educativos, a través de un pacto político entre las principales fuerzas partidarias del país (PRI, PAN, PRD) y no mediante un acuerdo político con la representación sindical, como sucedió en 1992. Al respecto podemos decir que está parte del sello político de la reforma. El otro componente político central radica en la tensión que se genera, en la medida en que la reforma trastoca derechos político-laborales adquiridos por el magisterio desde hace casi siete décadas. Así, la reforma en cuestión tiene sobre todo un cariz político y laboral, como premisa para cambios de orden educativo.

En esta mesa de discusión se partió de la idea de que lo que detonó la reforma de 2013 tiene un fondo político-laboral que entra en tensión con su dimensión técnica; esto es, el cambio aparentemente técnico vía un servicio profesional docente está acompañado de un trasfondo político, difícil de desconocer y, en consecuencia, obviar. Dicho trasfondo radica en derechos políticos adquiridos que, de manera simultánea, han sido, durante décadas, componentes centrales de la gobernabilidad del sistema educativo e incluso del sistema político mexicano.

Hasta el momento podemos identificar diversas respuestas del porqué en el sistema educativo mexicano persisten problemas de baja calidad. Desde la perspectiva gubernamental, el origen de esta situación guarda un estrecho vínculo con los rasgos que caracterizan la relación entre la autoridad educativa (es decir, la SEP) y la representación sindical. Implícitamente, se reconoce una pérdida de autoridad y autonomía en la toma de decisiones por parte de esta secretaría. De aquí el énfasis inicial de la reforma en la necesidad apremiante de recuperar la rectoría del Estado en el ámbito de la educación. Esta postura, en principio, dio pie a pensar en la posibilidad de una nueva gobernabilidad,[1] sin embargo, al paso de los meses, lo que vemos es que priva una gobernabilidad cuyos componentes continúan siendo el centralismo, el control (como fin) y la desconfianza.

Dicho de otra manera, desde la perspectiva gubernamental, la falta de incidencia en los problemas de baja calidad asociados al magisterio en servicio derivan de un nudo político difícil de desatar. Me refiero al poder de veto que hasta hoy tienen las representaciones sindicales en decisiones estratégicas como el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes, directores y supervisores escolares, en detrimento de cambios y reformas técnico-estratégicas como la que hoy están en juego.

Así pues, el gran reto para un gobierno que comienza es cómo desatar el nudo sin poner en riesgo la gobernabilidad del sistema educativo (incluso del país).[2] La relevancia estratégica de esta preocupación, radica en que las reformas de las últimas dos décadas se han distinguido principalmente por su orientación hacia la gobernabilidad del sistema educativo, en menoscabo de la calidad educativa.[3] Entonces, consideramos indispensable detonar un debate en el que uno de sus propósitos ha sido incluir en la agenda de discusión los alcances e implicaciones de la reforma de 2013 para repensar la gobernabilidad del sistema educativo, y así vislumbrar, en el mediano plazo, resultados asociados a la calidad y no solamente en la cobertura y expansión del sistema educativo mexicano.

La mesa 1 se organizó en torno a tres ejes de reflexión: un primer eje abordó los aspectos técnicos de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, bajo la mirada de los retos que esta reforma implica para la construcción y diseño de un servicio profesional de carrera. En este caso, la intención fue aislar analíticamente y llamar la atención sobre el papel técnico del servicio profesional docente, a la luz de la formación del magisterio en servicio, es decir, si éste efectivamente favorece la calidad y la equidad educativas, en el que la evaluación se torna una herramienta estratégica para orientar el aseguramiento de lo que se quiere y se espera de esta reforma en particular. Para los fines de esta mesa, resultó indispensable preguntarnos sobre los aportes en términos de calidad y equidad de un servicio profesional docente como el que recientemente se aprobó en México;[4] cuáles tendrían que ser algunas de sus características para asegurar su aporte; qué habría que priorizar en la evaluación de docentes y directivos para impactar en un mejor logro educativo; qué hacer con el actual sistema de incentivos, la carrera magisterial, que no sólo cumple con un aspecto técnico (nivelar el salario de los profesores), sino que también es parte de la estructura que ha favorecido la gobernabilidad en el subsistema de educación básica.

Aquí destacan las reflexiones de María del Carmen Pardo (Colmex), como experta en el análisis de la importancia y aportes de un servicio profesional de carrera en busca de profesionalización en la gestión pública, y las de Claudia Santizo (UAM-C), especialista en el estudio del subsistema de educación básica, desde una perspectiva de políticas públicas y gestión.

Un segundo eje de reflexión fue sobre lo que llamaríamos el “asomo de una nueva relación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y entre la SEP y el magisterio”, y en ese caso subyacen varias interrogantes centrales: ¿qué tensiones se generan entre la idea de un sistema de incentivos y la relación laboral entre el magisterio y el Estado?, ¿cuáles serían los nuevos contenidos de la gobernabilidad del sistema educativo mexicano?, ¿qué tan efectivo resultará articular la rectoría del Estado y el control magisterial?, ¿qué tan factible es lograr simultáneamente logros técnicos y políticos? Bajo este eje de discusión, tuvimos los aportes y reflexión de Alberto Arnaut (Colmex), experto en el sistema educativo mexicano, cuya producción académica se centra en el estudio de la profesión docente y las relaciones entre la autoridad educativa y el SNTE.

Un tercer eje de discusión giró en torno a los aspectos de implementación de las reformas: desafíos del cambio. Aquí las preguntas planteadas fueron: ¿qué lecciones podemos recuperar de otras experiencias similares en América Latina?, ¿cómo se han resuelto las tensiones técnicas (eficacia) y políticas (cambio en los regímenes laborales?, ¿para qué han servido los sistemas de incentivos al magisterio?, ¿en dónde podemos ubicar sus aportes? En función de las lecciones que nos han dejado la política de formación continua y carrera magisterial en sus veinte años de existencia, ¿qué se espera del servicio profesional docente como el que se ha propuesto?, ¿estamos ante la emergencia de un nuevo escenario político, dado por el binomio certidumbre técnica-incertidumbre laboral? Si es así, ¿qué implica y qué esperamos del nuevo servicio profesional docente?, ¿es posible pensar en la transición en la que impere la gobernanza para la calidad en lugar de la gobernabilidad para la expansión?

Desde este eje de reflexión, destacan los aportes y lecciones que nos han dejado las reformas educativas en otras latitudes, desde la mirada de Inés Aguerrondo (IIPE), experta en la construcción y análisis de reformas de políticas educativas en América Latina. La discusión y diálogo llevó a considerar un conjunto de aspectos que dan cuenta de los desafíos políticos y de la política educativa que la gestión del sistema educativo mexicano tiene por delante en el corto y mediano plazos:

 –La efectividad del SPD, a la manera de un servicio civil de carrera, está en función no sólo de su puesta en marcha, si no de la revisión de algunos de sus contenidos relacionados con la intención de premiar el mérito profesional y no la respuesta al control gubernamental. En este sentido, queda pendiente en la agenda de discusión cómo hacer compatible lo laboral y lo profesional, en beneficio de un cambio sustantivo en la calidad educativa, ¿es posible y factible generar cambios en las condiciones de los docentes sin que ello implique tensiones, movilizaciones y resistencias? O mejor dicho, ¿de qué forma la movilización política no pone en riesgo la reforma misma?

 –Encontramos coincidencias en la necesidad de un cambio de la envergadura de la reforma de 2013, en el sentido de que se busca fracturar la vieja lógica discrecional en los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, a favor de la objetividad e imparcialidad en los procesos, con lo cual se incrementan las posibilidades de ascenso vía el reconocimiento. También hay grandes coincidencias en que la manera en cómo se ha diseñado e implementado el cambio no asegura resultados e impactos en la calidad, en este sentido, permanece hasta 2015 el Programa Carrera Magisterial.

 –Queda pendiente la discusión y debate en torno a los nuevos contenidos de la gobernabilidad ante la persistente lógica del centralismo y el control y, en consecuencia, sigue vigente la pregunta: ¿hasta cuándo privará la lógica política sobre la educativa y no a la inversa? Todavía se vislumbra lejos la construcción de una nueva gobernabilidad del sistema educativo mexicano en el que prive la colaboración y la confianza, y el control sea un medio, no un fin en sí mismo.

Notas de “El Servicio Profesional Docente...”

[1]Gloria del Castillo (2013). “El desempeño docente y el logro educativo en el centro de las políticas: ¿hacia una gobernabilidad para la calidad en ?”,Rodolfo Ramírez (coord.), La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos, México, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, pp. 57-76.

[2]Gloria del Castillo y Alicia Azuma (2009). La reforma y las políticas educativas. Impacto en la supervisión escolar, México, Flacso México; Gloria del Castillo y Alicia Azuma (2011). Gobernanza local y educación. La supervisión escolar, México, Flacso México.

[3]Del Castillo y Azuma (2009). La reforma y las políticas educativas...

[4]La aprobación se refiere a las reformas y adiciones al artículo 3° constitucional el día 26 de febrero. A finales de agosto de 2013, se esperaba la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente por parte del Congreso.