Читать книгу Desde la universidad a la sociedad - Patricio Donoso Ibáñez, Ignacio Sánchez Díaz - Страница 69

Nueva institucionalidad en educación superior

El marco normativo y la institucionalidad de la educación superior requieren de una renovación. Si bien en 2006 se incorporó la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el marco jurídico vigente continúa siendo prácticamente el mismo de los últimos treinta años.

En este período, este nivel educativo se expandió de manera significativa en cobertura, programas, instituciones y estudiantes. La desregulación y fragmentación actual han generado dificultades para la coordinación entre instituciones, el mundo laboral y entre las instituciones con el Estado. El mayor problema es que no es un sistema articulado, con capacidades limitadas del Estado para gestionar políticas públicas y fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

Desde la UC se presentan propuestas para actualizar la institucionalidad de la educación superior, considerando la autonomía universitaria y el carácter mixto de su provisión. Se plantea la creación de un Consejo de Educación Superior integrado por rectores representantes del CRUCh y de otras agrupaciones de instituciones de la educación superior, autoridades del Mineduc, del Consejo Nacional de Educación, Conicyt, Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y la CNA. Esta instancia permitiría la formulación y seguimiento de políticas públicas del sector, así como la coordinación del sistema en los procesos de admisión, transferencia de créditos, marco de calificaciones y armonización curricular, entre otros. Segundo, se plantea la creación de entidades de agrupación de rectores, para promover el diálogo entre todas las instituciones de este ámbito, y entre estas con el Gobierno. Junto al CRUCh, se propone el fortalecimiento de una Conferencia de Rectores de Universidades Privadas y formalizar la presencia de un Consejo de Rectores de IP-CFT.

El marco jurídico vigente continúa siendo prácticamente el mismo de los últimos treinta años.

Tercero, es importante la puesta en marcha de una Subsecretaría de Educación Superior, dedicada a dirigir el sector y la gestión pública del Gobierno. Para ello debe contar con una estructura y presupuesto acorde con su tarea. Cuarto, la creación de una Superintendencia de Educación Superior, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, velar por la transparencia, entrega de información, resolver reclamos de estudiantes e instruir procesos legales.

Además, es importante actualizar la legislación. Se deben tipificar las sanciones a las instituciones, incluyendo las causales de pérdida del reconocimiento oficial. Urge también ordenar la estructura de títulos y grados. Asimismo, se deben establecer derechos y deberes de estudiantes, académicos y Funcionarios, estimulando su participación en la comunidad universitaria, respetando la completa autonomía de cada institución. Por último, es necesario avanzar en la nueva Agencia de Acreditación, para velar por la calidad del sistema.

Estas iniciativas están orientadas a actualizar la institucionalidad de la educación superior, para entregar una educación y generación de nuevo conocimiento de calidad, en beneficio de los jóvenes y de la sociedad de nuestro país.

Publicado en el diario La Segunda el 24 de septiembre de 2014.