Читать книгу Tierras bravas - Isaac León Frías - Страница 36

En relación con el corto, se llegó a un acuerdo entre productores y exhibidores: un pequeño sobreprecio a dividirse entre los dos permitiría el reimpulso de los cortos, hoy fuera de circulación, previo paso por una pequeña comisión formada por las dos partes. Sin embargo, intervinieron los distribuidores argumentando que el sobreprecio afectaría la frecuentación de las salas. Argumentación muy discutible, por cierto, considerando que periódicamente hay aumento de precio a las entradas y el porcentaje del público no ha disminuido por ello. Los distribuidores han formulado una propuesta francamente inaceptable, proponiendo un desglose de las entradas, con un precio mayor para los que tengan interés en el corto y un precio menor para los que ingresen a la sala después de su proyección. Esta propuesta no es sino una maniobra para impedir una salida posible al bloqueo que afecta actualmente al corto.

De cualquier forma, no se vislumbra una solución clara para el impasse creado y difícilmente la ley podrá proteger el desarrollo del corto, tal como ocurrió con las facilidades proteccionistas de la Ley 19327, impensables en la lógica económica que predomina hoy. Es lamentable que esto ocurra justo cuando el corto se perfilaba más interesante que nunca y se consolidaba la obra de un autor de filmes de ficción, sin precedentes en el corto peruano, Aldo Salvini.

En el largo, las posibilidades de hacer un cine sin ningún apoyo legal son factibles, ya lo hemos dicho. Pero si el Estado no valora la importancia del cine como un hecho cultural y ubica las manifestaciones cinematográficas en el ámbito de apoyo y fomento que le es propio, la producción estará a expensas de las reglas de lo que se ha dado en llamar el capitalismo salvaje. Y ahí cualquier cosa puede pasar. Parece que esta no fuera la hora de retomar términos como los de identidad o identidades nacionales, afirmación de nuestras imágenes y su difusión en el extranjero. A pesar de que esto no parece ser tan importante como las necesidades económicas, mal podríamos aspirar a un proceso de desarrollo económico y social si no va aparejado con un desarrollo de las expresiones culturales y comunicativas que se edifican sobre el ejercicio de la libertad de expresión y creación. ¿Cómo podría el Estado garantizar esas libertades si se despreocupa por completo de las posibilidades que el cine ofrece? ¿Cómo hacerlas efectivas si se deja la actividad fílmica a merced de las reglas que impone el oligopolio de la distribución? Por eso, si el Estado es consecuente con su defensa teórica del ejercicio de las libertades, debe crear las condiciones mínimas para que ellas puedan ser ejercidas y eso, en materia de cine, pasa por una legislación, no de signo proteccionista, pero sí que cree los mecanismos efectivos que aseguren, al menos, la igualdad de condiciones de exhibición del material peruano frente al extranjero.