Читать книгу Investigación sobre equipos informáticos y su prueba en el proceso penal - Isidoro Espín López - Страница 10

Para que una norma sea compatible con la preeminencia del derecho, esta debe asegurar la eliminación de cualquier riesgo de arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, que, por otra parte, también se configura como un principio constitucional, al garantizar el art. 9.3 CE la interdicción de tal arbitrariedad. Para ello, la ley ha de establecer unas reglas claras y detalladas, exigencia que se acentúa aún más cuando nos encontramos ante las TIC27 por su especial y compleja naturaleza. Por tanto, el legislador habrá de ser muy cauteloso a la hora de incluir las correspondientes reglas en abstracto, ante la posibilidad de lagunas que puedan vulnerar el principio de la preeminencia del derecho, impidiendo de este modo que por los poderes públicos se puedan llevar a cabo actuaciones arbitrarias.

En este sentido, de acuerdo con lo apuntado por LÓPEZ-BARAJAS PEREA, «la ley debe habilitar y definir en abstracto los supuestos en que cabe el sacrificio del derecho fundamental en pro del mayor interés social en la persecución de una determinada actuación delictiva, y debe regular también las garantías concretas que permitan a la persona investigada ejercer una efectiva defensa, debiendo precisar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención, no pudiendo la limitación de un derecho crear el riesgo de abusar de dicha limitación»28. Esta, por tanto, es la forma de asegura que la norma respete la primacía del derecho y de los derechos.

En general, la LO 13/2015 cumple el requisito de una regulación en la que se comprendan todas las cuestiones que venían siendo reclamadas jurisprudencialmente para poder contar con una legislación en la que se respete la preeminencia del derecho. No obstante, existen algunos aspectos criticables que serán detalladamente estudiados.