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Aclaraciones conceptuales Sobre Estado, acumulación y dominación política

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La hipótesis propuesta pone en el centro de la indagación la relación Entre estado y acumulación de capital. Y el planteamiento conceptual de Zavaleta Mercado, del cual partimos para formular la pregunta, lejos de cualquier derivación posmarxista —como la que podría desarrollarse partiendo del tópico de la totalización contingente de la sociedad—, presenta similitudes notables con el enfoque de Joachim Hirsch.

Como señalamos en otro lugar, Hirsch inserta “la relación entre Estado y acumulación en la problemática de la producción de la separación entre economía y política (Hirsch, 1996, 2017). Desde una perspectiva tal, la separación entre Estado y acumulación es una condición necesaria para la reproducción del capital pero que debe ser ella misma (re)producida. Por lo tanto, su particularización como momentos diferenciados de la reproducción de la relación de capital es problematizada y no presupuesta. Ello implica que las preguntas por las características de la acumulación y por la relación que guardan con la dominación política se inscriben en una perspectiva de totalidad y adquieren su significado en el marco de los diferentes modos históricos de producción de la separación entre economía y política. Es por ello que para Joachim Hirsch la noción de “modo de acumulación” solo es adecuadamente comprendida a través de su relación con la de “estructura hegemónica” (Hirsch, 1996). Para Hirsch la objetividad del proceso de acumulación no es otra cosa que el producto del carácter fetichista de las relaciones capitalistas, pero la tendencia a la crisis inherente a la acumulación de capital es el resultado y el terreno de la acción de individuos, grupos y clases. En ese terreno tales acciones pueden ser significadas —por el observador— como estrategias. El proceso entero se presenta —y se impone— a los individuos como un “proceso sin sujeto”, “pero su movimiento no es sino el despliegue de relaciones antagónicas, aunque mayormente inconscientes, que puede derivar o no en su configuración como enfrentamiento abierto entre clases” (Piva, 2017, p. 21).

Desde una perspectiva como la aquí adoptada, entonces, la producción de la separación entre Estado y acumulación es un modo siempre histórico, por lo tanto nunca asegurado y con características específicas, de reproducir la dominación del capital sobre el trabajo, de impedir que ese movimiento contradictorio y tendiente a la crisis se transforme en enfrentamiento de clases. Se desarrolla por medio del establecimiento, por un lado, de modos determinados de funcionamiento de la competencia —medio específico de coacción sobre el trabajo y los capitales individuales— y de organización del despotismo patronal en el lugar de trabajo. En una sociedad fundada en el trabajo asalariado, ello requiere la preservación de la producción y de la circulación como espacio “económico” autónomo. Su contrapartida es, por otro lado, la configuración de una forma de Estado que articule la dominación política y que centralice el monopolio de la violencia sobre un territorio.

Asumir que ese proceso de separación no está asegurado y que su articulación da cuenta tanto de las características como de los límites de la subordinación del trabajo en un tiempo y espacio determinados, implica excluir, a su vez, toda presunción de correspondencia entre Estado y acumulación. La cuestión de esa adecuación entre Estado y acumulación y de los modos de alcanzarla es para Hirsch un aspecto central de la construcción de una hegemonía.

Lo dicho implica que no existen espacios preconstituidos de la acumulación y del Estado. La subordinación del trabajo en su forma asalariada exige la (re)producción de la separación Estado-acumulación, y es a través de ella que esos espacios se constituyen. Una concepción de este tipo, lejos de arrojarnos fuera del marxismo, nos permite retornar a —y proseguir desde— la crítica (inconclusa) de Marx a las nociones fetichizadas del Estado y de la economía. Las aporías de los análisis “economicistas” o “politicistas”, como los que han dominado los debates sobre modo de acumulación y dominación política en Argentina y en gran medida en América Latina (Kejsefman, 2020), tienen su origen en aceptar como dada esa separación. El problema de la dominación política, tal como aquí la consideramos, se sitúa en ese marco, en el de los modos históricos de producción de la separación Estado-acumulación.

Existe, sin embargo, una diferencia entre el enfoque aquí propuesto y los de Hirsch y Zavaleta Mercado., si bien todos apuntan al concepto de hegemonía como un mediador entre Estado y sociedad en cualquier época del capitalismo, algo que comparten con Poulantzas (1986a, 1986b, 2005). Desde esa perspectiva, toda crisis de dominación es vista como crisis de hegemonía y, si bien la relación de correspondencia entre economía y política no está asegurada, toda relación de correspondencia supone hegemonía. Frente a este tipo de planteamientos hemos propuesto un concepto de hegemonía como “forma histórica de la lucha de clases” (Piva, 2009); dicho concepto intenta,

en primer lugar, recuperar su carácter histórico, es decir, como categoría producida para explicar el desenvolvimiento de la lucha de clases en determinados espacios y períodos históricos […]. En segundo lugar, busca señalar la estrecha relación del concepto de hegemonía con el de acumulación de capital y, por lo tanto, el nexo entre crisis orgánica y potencialidad hegemónica de las clases subalternas. La potencialidad hegemónica de la burguesía depende de la capacidad de presentar su propia expansión como expansión del “conjunto de las energías nacionales (Gramsci, 1998). Es decir, de presentar las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del conjunto social. Existe, por lo tanto, un vínculo entre la capacidad hegemónica de la clase dominante y la reproducción ampliada del capital. En tanto la reproducción ampliada de la relación de capital es, al mismo tiempo, “reproducción ampliada” del conjunto de las relaciones entre las clases y fracciones de clase, es condición de posibilidad de la universalización de los intereses de la clase dominante (Piva, 2009, p. 111).

Esto depende, sin embargo, de determinadas condiciones de la acumulación que permitan compatibilizar la reproducción ampliada del capital con la satisfacción de demandas y el otorgamiento de concesiones a la clase obrera. En su teorización por Gramsci, ello habría ocurrido con el pasaje a la gran industria y a la fase imperialista. En tercer lugar, y aquí se vuelve a coincidir con los razonamientos de Hirsch y Zavaleta, el concepto propuesto postula un vínculo indisociable entre hegemonía y Estado. La potencialidad hegemónica del conjunto de la clase capitalista y de sus diversas fracciones solo se realiza en “formas de Estado” determinadas. Por lo tanto, “en el núcleo de la construcción de una hegemonía se halla la estabilización de mecanismos de internalización de la contradicción capital/trabajo mediante la captura estatal de los procesos de lucha, su internalización en mecanismos rutinizados que permitan traducir el antagonismo obrero en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones” (Piva, 2012a, p. 46). En este sentido, se propone “hegemonía” como una categoría de mediación entre la “forma-Estado”, como forma potencialmente inscrita en el concepto de capital, y su actualización en “formas de Estado” histórico-concretas.

Pero la dominación hegemónica supuso, además, como condición de su desarrollo, ciertos grados de autonomía de los Estados nación para regular la acumulación de capital. Dicho de otro modo, la constitución del espacio nacional de valor como espacio dominante de la producción y realización de valor posibilitó el desarrollo de estrategias de construcción/reproducción de la dominación política basadas en la incorporación política de la clase obrera. El proceso de internacionalización del capital desarrollado desde los años setenta —a diferencia de las fases anteriores de la internacionalización de capital desde fines del siglo XIX—erosionó los fundamentos de la dominación hegemónica: debilitó la capacidad de los Estados nación para regular la acumulación e indujo su transformación en Estados nacionales en competencia por la territorialización de capital productivo (Hirsch, 1996). Ello, a su vez, impulsó la conversión de segmentos enteros de las actividades económicas nacionales en fases de procesos de producción y realización de valor internacionalizados y, consecuentemente, la heterogeneización de las estructuras productivas nacionales, incluidas las del centro capitalista, tema sobre el que volveremos más adelante. La pregunta que surge, entonces, es si no nos encontramos frente a una crisis de la hegemonía como modo histórico de la dominación de clase y a la construcción de modos poshegemónicos de dominación política (Piva, 2020a). Sostendremos la hipótesis de que el neoliberalismo supone un primer modo poshegemónico de dominación y que su crisis plantea formas posneoliberales pero igualmente poshegemónicas.

Sobre desarrollo desigual y combinado, heterogeneidad estructural y dependencia

El concepto de “desarrollo desigual y combinado” fue originalmente planteado por Trotsky (2007) para dar cuenta de las particularidades del desarrollo capitalista ruso y del proceso revolucionario de 1917. A través de este concepto, Trotsky rompe con la noción de fases necesarias de desarrollo capitalista y articula una explicación del carácter específico del Estado zarista y del modo de dominación política en la Rusia prerrevolucionaria. Sin embargo, no lo hace recurriendo a un modelo de explicación nacional centrado, sino a partir de un análisis del desarrollo capitalista como fenómeno mundial. Sin duda, Trotsky nos dejó un buen punto de partida, aunque faltan en su planteamiento la precisión de los conceptos desarrollados y los mecanismos causales que conecten los fenómenos analizados.

La imprecisión del concepto y, al mismo tiempo, su potencia para dar cuenta de una variedad de fenómenos provocaron que fuera interpretado y desarrollado de formas diversas. Fue expuesto como ley general por Novack (1977) y desarrollado para dar cuenta de la dinámica del capitalismo de posguerra (Mandel, 1979). También ha sido retomado en múltiples análisis del desarrollo capitalista en América Latina (Vitale, 1992; Nun, 1969; Quijano, 2014). Más recientemente, Rosenberg (2006) y Callinicos (2007) lo utilizaron y desarrollaron para construir un enfoque marxista de la dimensión geopolítica en las relaciones internacionales. Su conceptualización por Rosenberg como una abstracción general que daría cuenta de la multiplicidad e interactividad como dimensiones transhistóricas del desarrollo de las sociedades reavivó el debate sobre el nivel de abstracción y el alcance histórico del concepto (Callinicos y Rosenberg, 2008; Anievas, 2009; Davidson, 2009). Con un interés más cercano al nuestro, Morton (2010) articuló los conceptos de desarrollo desigual y combinado y revolución pasiva para explicar los procesos de transición al capitalismo y formación del Estado en México en el período abierto por la Revolución mexicana. Reviste especial interés su definición del período de formación de los Estados latinoamericanos desde fines del siglo XIX como de desarrollo desigual y combinado y revolución pasiva del capital a nivel mundial. En línea con las propuestas de Mandel (1979), Lowy (1997) y Davidson (2009), aquí consideraremos el desarrollo desigual y combinado como proceso específico de la expansión mundial del capital en su fase imperialista.

Comencemos por la definición de Trotsky. La ley del desarrollo desigual es, según él, “la ley más general del proceso histórico” (Trotsky, 2007, p. 31). Y

De esta ley universal del desarrollo desigual de la cultura se sigue otra que, a falta de nombre más adecuado, calificaremos de ley del desarrollo combinado, aludiendo a la aproximación de las distintas etapas del camino y a la confusión de distintas fases, a la amalgama de formas arcaicas y modernas (p. 31).

De esta cita surgen varios problemas e interrogantes; aquí nos concentraremos en cuatro. Primero, el alcance histórico de la ley de desarrollo combinado. En la medida que “se deriva” de la ley de desarrollo desigual, podría ser universal, igual que aquella. Pero el contexto parece referir a los “países atrasados”, interpretación que resulta fortalecida por una referencia posterior: “La solución de los problemas que incumben a una clase por obra de otra, es una de las combinaciones a que aludíamos, propias de los países atrasados” (Trotsky, 2007, p. 33). Esta cita liga de un modo bastante claro desarrollo combinado, atraso y revolución permanente, de manera que se invita a pensarlo como un producto de la expansión imperialista desde fines del siglo XIX. A este conjunto de determinaciones, para reforzar tal hipótesis interpretativa, se suma la gran industria:

Pero donde se revela de un modo más indiscutible la ley del desarrollo combinado es en la historia y el carácter de la industria rusa. […] Si la evolución económica general de Rusia saltó sobre los períodos del artesanado gremial y de la manufactura, algunas ramas de su industria pasaron por alto toda una serie de etapas técnico-industriales que en occidente llenaron varias décadas (Trotsky, 2007, p. 33).

En una interpretación como esta, el desarrollo combinado ruso debe ubicarse temporalmente desde la reforma campesina de 1861 (Trotsky, 2007, p. 33), como parte de un proceso de expansión y formación de un mercado mundial capitalista que culminaría con el pasaje a la fase imperialista, período al que pertenecen también las unificaciones italiana y alemana así como la formación de la mayoría de los Estados latinoamericanos. Todo el desarrollo anterior, que reconstruye en pocos párrafos la historia de Rusia desde el siglo XVI, sería la historia de su atraso —base del desarrollo combinado posterior—, solo significable como tal a luz del desarrollo desigual del capitalismo europeo. Si bien esta es la interpretación que seguimos, no es posible ignorar que la imprecisión del texto impide determinar claramente los límites del desarrollo desigual y del combinado. No es propósito de esta breve discusión realizar una exégesis del texto de Trotsky, sino definir un concepto que permita entender el vínculo entre la expansión capitalista y la especificidad de la heterogeneidad estructural en América Latina.

El segundo interrogante suscitado por la definición de Trotsky de desarrollo combinado es precisamente el significado del término combinado. Apelar para su definición a términos como “aproximación”, “confusión” y “amalgama” no nos da más que intuiciones. Pero la acumulación de términos y el contexto de su inserción permiten asociarla con conceptos como el de “efecto de fusión” (Germani, 1977), pensado para representar realidades sociales caracterizadas por la coexistencia de “lo tradicional” y “lo moderno”, o la apelación de Durkheim al término combinación para dar cuenta de la constitución de una realidad sui generis, la sociedad, no reducible a los individuos —de cuya combinación surge— y con una naturaleza y leyes propias (Durkheim, 1963). Es decir, el desarrollo combinado daría lugar a una realidad sui generis, caracterizada por una dinámica específica, no reducible a la suma de sus elementos —las fases del desarrollo— ni representable como producto de relaciones o interacciones entre fenómenos exteriores entre sí, como a las que refiere el concepto estructuralista de articulación de modos de producción.

Un tercer interrogante tiene que ver con los elementos de la combinación. Una serie de autores (Morton, 2010; Anievas, 2009) consideran que el desarrollo combinado en efecto combina modos de producción. Sin embargo, Trotsky no se refiere a modos de producción si no a fases de desarrollo. Y la diferencia es importante porque Trotsky trata, no indistintamente, pero sí como casos de combinación, la coexistencia de formas de explotación diversas: agricultura feudal - industria capitalista, de distintas fases del desarrollo del proceso capitalista de trabajo: manufactura - gran industria y de distintas fases técnicas de la gran industria.1

Por último, la ruptura con una concepción evolucionista del desarrollo parece chocar con la idea de combinación de fases y con la persistencia de términos como “avanzado” y “atrasado” o “arcaico” y “moderno”, para dar cuenta de los elementos de la combinación. Sin embargo, la articulación de la ley del desarrollo desigual y la ley del desarrollo combinado permite aproximar una hipótesis interpretativa de suma utilidad para pensar la modalidad de heterogeneidad estructural que produce el desarrollo desigual y combinado. Aquí la dimensión central y que permite conectar ambas leyes es la de competencia. Algo que destaca Anievas (2009) pero que aplica indistintamente al desarrollo desigual y al combinado. Existe, sin embargo, una importante diferencia. El desarrollo desigual instituye la diferenciación entre atraso y desarrollo, debido al papel que cumple en la competencia la productividad del trabajo. El mayor desarrollo de las fuerzas productivas significa mayor poder en la lucha entre capitales y en la lucha entre Estados. Es bajo la presión de ese “látigo” que los países “atrasados” son impulsados a asimilar los avances de los más “desarrollados”. Pero, más allá de ciertos grados de desarrollo de las fuerzas productivas, las diferencias de productividad se vuelven cualitativas. Ese es el punto del pasaje de la simple desigualdad a la combinación: el capital extranjero lleva a la Rusia predominantemente agrícola la gran industria y con ello introduce una fractura, un verdadero cisma, en la formación social rusa, que produce una dinámica nueva, original. No se trata, sin embargo, de un fenómeno local. En la misma medida que el capital se mundializa, que por primera vez en la historia el comercio mundial deja de ser su supuesto para ser su resultado, instituye una asimetría cualitativa entre atraso y desarrollo y entre centro y periferia.

El desarrollo desigual y combinado, por lo tanto, es el producto de la expansión del capital en el período de la gran industria. La expansión del capital desde entonces tiende a producir una modalidad particular de heterogeneidad estructural en la periferia capitalista. Por un lado, la competencia mundial obliga a la asimilación de las formas de producción y de las tecnologías más productivas. Por otro lado, la brecha tecnológica, los volúmenes mínimos de capital exigidos por la concentración del capital industrial y la ausencia de las condiciones sociales que son supuesto y resultado de esos desarrollos en gran escala producen una fractura entre “desarrollo” y “atraso”, dentro de las formaciones sociales periféricas, y entre centro y periferia, que son la causa de desequilibrios específicos de la acumulación. Esta es la base de relaciones de dependencia de difícil reversión. La dependencia tecnológica, el atraso relativo de la mayor parte de la producción y el papel del capital de origen extranjero o transnacional en el desarrollo son reforzados por la especialización en la exportación de productos del trabajo simple o por la inserción en fases de cadenas globales de valor que exigen trabajo relativamente simple. En particular, aunque no podemos desarrollarlo acá, la acción de la ley del valor a escala mundial en condiciones de desarrollo desigual y combinado implica una asignación de tiempos de trabajo que tiende a perpetuar esta especialización y la fractura estructural. Sin embargo, a diferencia de las teorías de la dependencia que afirmaban la imposibilidad de superar la dinámica de desarrollo dependiente sin rupturas con el capitalismo, la ley del desarrollo desigual y combinado permite explicar pasajes de posiciones periféricas a semiperiféricas o incluso centrales, mediante la posibilidad de catch up, aunque los vuelve altamente improbables en la mayoría de los casos.

El caso argentino desde 1955: heterogeneidad estructural, restricción externa al crecimiento y crisis de dominación recurrentes

La hegemonía imposible (1955-1975)

Reorganización del capitalismo mundial, desarrollo desigual y combinado e industrialización dependiente

La articulación de una forma de Estado define, junto con la separación Estado-acumulación en la que se inscribe, un adentro y un afuera y, por lo tanto, una diferenciación y un modo de relación entre mercado nacional y mercado mundial. Pero dicha operación se desenvuelve en los marcos de procesos de reestructuración capitalista que redefinen la relación entre economía y política a escala global. Es decir, que reconfiguran —fracturando/unificando— el espacio de acumulación a escala mundial y el sistema internacional de Estados (Holloway, 1993; Harvey, 2006; Astarita, 2004).

El punto de partida para el análisis de las complejidades y especificidades de la relación Estado-acumulación en Argentina entre 1955 y 1975 debe ser la reorganización mundial del capitalismo poscrisis de la década del treinta y en particular durante la segunda posguerra.

La crisis del treinta dio lugar a una fractura del mercado mundial en torno a las diferentes esferas de influencia de las potencias imperialistas y a una fuerte reducción del comercio internacional (Hobsbawm, 2006). Las políticas de industrialización vía sustitución de importaciones en América Latina durante esa década fueron la respuesta a la crisis de su inserción exportadora previa y parte de un proceso mundial de recentramiento de los procesos de acumulación sobre sus mercados nacionales, contrapartida de la crisis del mercado mundial.

La segunda posguerra, por su parte, fue escenario de una reconstrucción del espacio mundial de acumulación como espacio de flujos de inversiones, de capital financiero y de intercambio comercial. Sin embargo, dicha reconstrucción se desarrolló sobre la base de configuraciones de los circuitos de producción y realización de mercancías predominantemente nacional centradas. Al mismo tiempo, los grados mínimos de homogeneidad requeridos por los flujos mundiales de dinero y mercancías se consiguieron a través de cierto nivel de coordinación de las políticas estatales (tipos de cambio, aranceles, etc.) que dieron un lugar crecientemente relevante a organismos multiestatales (FMI, GATT, Banco Mundial, etcétera). Estas políticas estatales se caracterizaron por un mayor grado de intervención/regulación sobre los procesos de acumulación. De este modo, el espacio mundial —paradójicamente— se reconstruyó sobre una relativa autonomía de los espacios nacionales de valor y de un mayor margen de acción de los Estados nacionales para definir condiciones de acumulación y para captar y redistribuir cuotas de excedente (Astarita, 2004). Dicha reconstrucción del espacio mundial fue el resultado de una respuesta capitalista global al ciclo de revoluciones iniciado por la Revolución rusa (Negri, 2014).

La cuestión de la hegemonía, es decir, de la interiorización del antagonismo obrero en una lógica reformista de concesiones, debe comprenderse como parte de esa respuesta. La relativa autonomización de los Estados y de las dinámicas de acumulación nacionales era condición para la construcción de hegemonía. En particular, como condición de posibilidad de la adecuación de los modos de diferenciación/relación entre Estado y acumulación a las variaciones nacionales de las relaciones de fuerzas. Sin embargo, la lógica hegemónica de la dominación presionaba por la obtención de aumentos de productividad que volvieran compatibles los incrementos simultáneos del empleo y el salario real con, al menos, el sostenimiento de las ganancias. Y esa presión se trasladaba a la periferia a través de las brechas de productividad con el mercado mundial y su impacto en los tipos de cambio. Del mismo modo, la separación relativa de los espacios nacionales de valor y el mayor margen de maniobra de los Estados nacionales permitieron que capitales de bajo grado de concentración y productividad relativas a escala mundial pudieran reproducirse. Pero ese mismo contexto impulsó, sobre todo desde fines de los años cincuenta, la expansión de la inversión extranjera directa —IED— y la emergencia de capitales multinacionales (Hobsbawm, 2006; Palloix, 1973; Mandel, 1979). Varios países de América Latina fueron importantes receptores de IED y las empresas multinacionales se insertaron en los esquemas de industrialización por sustitución de importaciones, orientando el grueso de su producción hacia los mercados internos, aunque gradualmente esto empezaría a modificarse desde los años sesenta. De esta manera, sobre la base de los modos específicos de la mundialización del capital, en la posguerra tendieron a producirse procesos de desarrollo desigual y combinado.

Heterogeneidad estructural y ciclos stop and go

Es un tópico de la literatura sobre Argentina en el período el hecho de que la industrialización mediante sustitución de importaciones tendió a producir una estructura dual a cuya especificidad correspondió una dinámica particular.2

Diamand (1972) introdujo el concepto de “estructura productiva desequilibrada” —EPD—. Una EPD está compuesta por dos sectores: un sector primario orientado a la exportación que trabaja con productividades cercanas a las internacionales, y un sector industrial orientado al mercado interno y dependiente de la importación de bienes de capital que trabaja con productividades considerablemente inferiores (Diamand, 1972). Al mismo tiempo, Braun y Joy (1981) desarrollaban su clásico modelo basado en dos sectores: primario exportador e industrial importador orientado al mercado interno. Ambos modelos fueron la base de la explicación de la dinámica de stop and go propia de la economía argentina desde los años cuarenta. Durante la fase de crecimiento, el aumento de la demanda importadora de insumos intermedios y bienes de capital del sector industrial se conjugaba con la reducción de saldos exportables debida al crecimiento de los salarios, ya que los bienes exportables eran bienes de consumo obrero. En un contexto de tendencia a pobres aumentos o cuasi estancamiento de la producción agropecuaria, la dinámica de crecimiento generaba déficit comercial y finalmente una crisis de balanza de pagos. Llegado este punto se sucedían la devaluación de la moneda, la recesión con fuerte retracción industrial, la reducción consiguiente de las importaciones, la caída del salario real y el aumento del desempleo que, junto con una recuperación de las exportaciones, recomponían las condiciones para un nuevo período de crecimiento.

Sin embargo, a fines de los años sesenta, en el preciso momento en el que se modelaban las condiciones del ciclo stop and go, ocurrían cambios que alteraban el ciclo tradicional. En la etapa 1964-1975, los ciclos se moderaron y la dinámica se complejizó. El fuerte ingreso de IED y el aumento del recurso al endeudamiento externo mejoraron la cuenta capital, mientras que una incipiente reorientación exportadora del gran capital industrial y, fundamentalmente, la mejora en los términos de intercambio, aliviaron la balanza comercial. A ello se sumó la contención salarial que redujo la presión sobre ganancias y saldos exportables (Basualdo, 2006). La moderación del ciclo dio lugar a un crecimiento continuo con desaceleraciones de ritmo pero que, en lugar de a las recesiones cortas, condujo a una gran crisis en 1975. Tanto la moderación del ciclo como el estallido de la crisis de tal año responden parcialmente a condiciones mundiales generadas por el agotamiento y la crisis del capitalismo central de posguerra. Por lo tanto, la crisis de 1975 no fue una más del ciclo stop and go, sino que fue el capítulo local de un proceso de crisis y reestructuración a escala mundial que redefiniría las relaciones Estado-acumulación y mercado nacional - mercado mundial.

Fractura estructural y bloqueo hegemónico

Los modelos de ciclo stop and go fueron el punto de partida de dos de los principales análisis de la dinámica económico-política de la Argentina en aquel período: los trabajos de Portantiero (1973 y 1977) y O’Donnell (1977). Ambos estudios señalaron el particular ciclo económico-político que originó la introducción y el creciente predominio del “capital extranjero” en la industria, en el contexto de la “estructura dual” que caracterizó la sustitución de importaciones en Argentina. Portantiero (1973) señaló la incapacidad del capital extranjero industrial y del capital nacional a él asociado para traducir su predominio económico en hegemonía política. Planteó la existencia de un “empate hegemónico” fundado en la capacidad de veto político de las fracciones económicamente subordinadas del capital nacional aliadas a la clase obrera. O’Donnell (1977), por su parte, articuló de manera mucho más estrecha la dinámica de stop and go de la “estructura productiva desequilibrada” argentina del período con el ciclo político: el vaivén del ciclo económico era la base del comportamiento “pendular” de la gran burguesía urbana, dominada por el capital extranjero, entre la “alianza defensiva” —burguesía industrial nacional y clase obrera— y la burguesía agraria pampeana. Portantiero (1977) recuperó estos análisis para reconstruir —con respecto a su trabajo de 1973— y desarrollar los fundamentos sociales del “empate hegemónico”. Ambos estudios pusieron en el centro de la explicación la existencia de un “bloqueo” o “imposibilidad hegemónica”, traducido en las nociones de “empate hegemónico” o “péndulo político”. Más allá de matices y precisiones posibles, transcurridas cuatro décadas de su publicación, son todavía un punto de partida indispensable para comprender aquel período.

Ambos trabajos, sin embargo, presentan dos límites que nos interesa destacar aquí. En primer lugar, las clases y las fracciones de clase con sus respectivos intereses son definidos al nivel de la “estructura económica”. Esto supone que el proceso de formación/ supresión de clase que se desarrolla en torno a la lucha/resistencia por subordinar el trabajo y a través de la (re)configuración de la separación Estado-acumulación es reemplazado por una operación de traducción política —exitosa o fallida— de intereses y relaciones económicas de fuerza. El politicismo de ambos trabajos, patente en el lugar cada vez más predominante que adquieren en la narración las articulaciones de alianzas políticas y la acción —tendiente a la impotencia— del Estado, esconde, como sucede siempre con el politicismo, tal trasfondo economicista. En segundo lugar, por un lado, ambos parten de una definición estrecha de clase obrera —a la que en los hechos reducen a la clase obrera industrial— y, por otro lado, transforman mecánicamente la fragmentación del capital por la competencia en una clasificación de fracciones de la burguesía. El resultado de ambos procedimientos es un pluralismo sui generis que termina acercando por momentos sus análisis a los de la ciencia política stándar, concentrada en la capacidad de presión de diferentes grupos sobre el Estado y en la formación de coaliciones políticas.

Lo dicho no significa que no exista ninguna relación entre el proceso de dualización estructural, producto de la modalidad de acumulación de la ISI —industrialización por sustitución de importaciones—, y el proceso de formación de clases. La acumulación tiene efectos estructurantes sobre las relaciones de clase en la medida que esta determina ciertas capacidades estructurales para la acción colectiva, las cuales actúan como límite o condición de posibilidad de procesos relativamente contingentes de (des)articulación de los enfrentamientos sociales como enfrentamientos de clases. Desde esta perspectiva, la modalidad de dualización estructural predominante de 1955 a 1975 —entre sector industrial y sector agroexportador— tendió a incrementar el peso de la clase obrera industrial y a moderar la heterogeneidad de la fuerza laboral en su conjunto. Aunque en el período 1964-1975 se inicia una tendencia a la dualización de la fuerza de trabajo industrial, asociada a la tendencia a la dualización de la industria entre un sector moderno, dominado por el capital extranjero, y un sector industrial de menor concentración y productividad, dominado por el capital nacional, se trata de un proceso incipiente (Piva, 2020b). En este sentido, los efectos de la dualidad estructural sobre la estructura de clases de 1955 a 1975 tendieron a potenciar las capacidades estructurales para la acción colectiva de la clase obrera.

Pero estas solo fueron condiciones estructurales favorables para un proceso de formación de clase que, aunque hunde sus raíces en las primeras décadas del siglo XX, tuvo en el peronismo un momento crucial, el de la constitución heterónoma de la clase obrera como sujeto político (Torre, 1989). La integración política de la clase obrera, a través de sus sindicatos, en un bloque político policlasista articulado en torno al desarrollo industrial orientado al mercado interno fue el núcleo de un proyecto hegemónico (Jessop, 2019) que encontró límites y condiciones de posibilidad en el proceso de la ISI. Pero lo mismo puede decirse del proyecto basado en la expansión del capital extranjero, que cobró forma a través del desarrollismo frondizista desde 1958 y de la primera etapa de la “revolución argentina”, especialmente entre 1967 y 1969. Lo que queremos señalar es que, más que de la traducción política de intereses definidos en una estructura económica preexistente, se trataba de la constitución a través de mecanismos de representación —de procesos de organización de una voluntad colectiva— de proyectos hegemónicos, es decir, de estrategias que tendían, por su orientación objetiva más que por su orientación consciente, a la producción de determinados modos de separación/relación entre economía y política, esto es, entre Estado y acumulación, cuyo núcleo era la integración/subordinación de la clase obrera.

Sin embargo, estos proyectos se articulaban en torno a las contradicciones de una estructura heterogénea y presentaban, por lo tanto, diversos grados de potencialidad hegemónica. El proyecto agroexportador ya estaba muerto para 1955, debido a que era incapaz de integrar los sindicatos al Estado. El “bloque peronista” era portador de una estrategia de incorporación política de las demandas obreras a través de una lógica de expansión simultánea de la producción, el salario y el empleo, pero a costa de una reproducción desequilibrada que ponía límites temporales estrechos a su continuidad. Alcanzado ese límite, solo era posible reimpulsar el proceso de acumulación sobre la base de una reestructuración productiva que era bloqueada por la clase obrera. Este es el mismo límite que enfrentaban las distintas variantes de desarrollismo promotoras del capital extranjero como actor dinamizador de la acumulación. Las condiciones regionales y mundiales de la acumulación de capital viabilizaban el proyecto inicial de la “revolución argentina” (aumento mundial de la IED, incremento de los flujos globales de capital financiero, mejora de los términos de intercambio); y los resultados obtenidos por la dictadura brasileña desde 1964 constituyen un indicio de ello. Pero la reestructuración productiva que ese proyecto suponía requería una derrota de la clase obrera sindicalmente organizada que el “cordobazo” mostró improbable.

No nos encontramos, por lo tanto, como planteaba Portantiero (1973), frente a una “asincronía” entre la contradicción principal definida objetivamente (desde el punto de vista del observador) —la contradicción entre capital extranjero y proletariado industrial— y la constitución de los conflictos al nivel de las fuerzas sociales, sino frente a un desfase o relación de no correspondencia entre Estado y acumulación, que era producto de la imposibilidad hegemónica de los proyectos capitalistas en disputa. El populismo no era más que la confesión de esta imposibilidad; así, frente a la incapacidad para internalizar el antagonismo obrero en un dispositivo estatal con cierta estabilidad (al modo de los Estados europeos de posguerra), solo podía ofrecer el desplazamiento de la contradicción capital/trabajo en el tiempo —del cual un promedio de inflación del 25 % anual era su principal manifestación (Basualdo, 2006)— y su desplazamiento sincrónico hacia a la oposición pueblo/oligarquía. De esta manera postergaba la resolución de la (in)subordinación del trabajo y desplazaba “espacialmente” el conflicto, para alejarlo del centro del sistema, lo que reducía su impacto sistémico inmediato. Los intentos de salir del populismo derivaron una y otra vez en una agudización del conflicto social, que tendió peligrosamente, sobre todo después del “cordobazo”, a asumir la forma de lucha frontal de clases. Bajo estas condiciones, el problema no era la escasa autonomía del Estado para ordenar las relaciones sociales (Portantiero, 1977), sino que la escasa autonomía del Estado era la manifestación de la incapacidad hegemónica de los diversos proyectos de subordinación del trabajo. La dinámica desequilibrada de crecimiento de una estructura heterogénea, caracterizada por el desarrollo combinado y dependiente, limitaba la potencialidad hegemónica de los proyectos de Estado en disputa. Como señalamos antes, 1975 representó el final del juego. La condensación de contradicciones locales y mundiales representó el cambio completo de las coordenadas sobre las cuales desplegar los intentos de reconstitución del Estado y la acumulación.

Del neoliberalismo al neopopulismo (1989-2015)

Internacionalización productiva del capital, Estado nacional de competencia y poshegemonía

El período 1976-1989 puede caracterizarse como de transición. Con el golpe militar de 1976 comenzó un proceso de ofensiva capitalista y de intentos de reestructuración que atravesó dos fases: una primera entre 1976 y 1981, de avances profundos, si bien parciales, en la ofensiva y reestructuración; y una segunda, entre 1981 y la hiperinflación de 1989, caracterizada por el éxito de las resistencias que limitaron o bloquearon su avance. Y al igual que en 1975, “la crisis hiperinflacionaria condensó las contradicciones propias del proceso de reestructuración local con tendencias a la crisis en toda la periferia y el este europeo que señalaban la reconfiguración del orden capitalista mundial” (Piva, 2017, p. 32).

En el centro de esa reconfiguración se encuentra un profundo proceso de internacionalización del capital, iniciado a fines de los años sesenta, pero que se desarrolló plenamente desde mediados de los setenta. El capital es global desde sus orígenes, en tanto y en cuanto la existencia de comercio mundial fue una de sus condiciones, y la mundialización del capital, es decir, la transformación del comercio mundial en mercado mundial capitalista y del mundo en espacio de valorización del capital, ocurrió —como ya señalamos— entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero la actual fase de internacionalización, a diferencia de las precedentes que afectaron fundamentalmente el comercio y las finanzas, se caracteriza por la internacionalización de los procesos productivos, especialmente los industriales. Ello ha conducido, a su vez, a una interconexión comercial y financiera mucho más profunda que en cualquier fase previa (Palloix, 1978; Fröbel et al., 1981; Gereffi, 2001). Eso explica, además, el grado de extensión y profundización de la subsunción real de la producción mundial al capital (Astarita, 2004). La condición de ese proceso, a la que hicimos mención antes, fue el aumento del flujo internacional de comercio e inversiones de posguerra y uno de sus principales resultados: las empresas multinacionales. Pero desde fines de los años sesenta se desarrolló una estrategia de deslocalización productiva sobre el terreno de la crisis de acumulación en el centro, y como respuesta al desafío obrero en las metrópolis que, para fines de los setenta, empezaba a mostrar los perfiles de una nueva división internacional del trabajo (Fröbel et al., 1981) y durante las décadas de 1980 y 1990 expandía y consolidaba cadenas globales de valor (Gereffi, 2001).

Pero aun más importantes para la discusión de este apartado son las transformaciones en los Estados nación y, sobre todo, en la capacidad de integración política que ello ha implicado. La internacionalización productiva del capital tendió a dislocar la relación entre Estado nación y capital. El proceso de deslocalización productiva transnacionalizó aquella fase del ciclo de reproducción del capital en la que el capital está sometido a mayores restricciones de movilidad (rotación del capital fijo). A su vez, la inversión productiva impulsa transformaciones espaciales tanto en términos infraestructurales como del establecimiento de vínculos regulares intra e interregionales. Debido a ello, la territorialización del capital productivo tiene efectos de larga duración y de relativa irreversibilidad que la diferencian de la territorialización del capital dinero en mercados financieros nacionales. Como resultado, en esta fase, el movimiento completo del capital adquirió una posición de cierta exterioridad respecto de cada uno de los Estados nacionales. De modo que los Estados nacionales quedaron sometidos a una presión exterior por desarrollar estrategias de fijación de los capitales y resultaron debilitadas las capacidades estatales de regulación nacional de la acumulación. Esto es lo que algunos autores han denominado Estado nacional de competencia (Hirsch, 1996). El látigo de la competencia y la presión por aumentos de productividad adquirieron formas distintas que en la posguerra, y que resultaron en mayores restricciones a los márgenes de acción de los Estados nación. Esto fue particularmente agudo en la periferia, donde el debilitamiento de la autonomía relativa de los espacios nacionales de valor significó una fuerte presión por la reestructuración capitalista. El resultado de la transformación de los Estados en Estados nacionales competitivos fue el llamado ahuecamiento o vaciamiento del Estado (hollowing) (Jessop, 1993). En América Latina, y en Argentina en particular, el término vaciamiento apareció usualmente asociado a achicamiento o debilitamiento del Estado. Pero en Jessop su sentido se vincula a un ahuecamiento político del Estado, a un vaciamiento de los mecanismos de integración estatal de la clase obrera que caracterizaron a los Estados de bienestar keynesiano de Europa occidental. En América Latina y en Argentina, eso significó la erosión de los fundamentos sociales de los Estados populistas.

Es en este punto donde se inserta el neoliberalismo. Debemos, entonces, subrayar la hipótesis que estamos proponiendo: el proceso más profundo que atraviesa toda una época del capitalismo es la internacionalización productiva del capital, y el neoliberalismo ocupa un lugar secundario respecto de aquel. El neoliberalismo fue una estrategia de restauración del poder de clase (Harvey, 2007) y, por lo tanto, una modalidad específica de dominación política. La disciplina monetaria y la apertura comercial transformaron la extensión e intensificación de la competencia en un modo duradero de subordinación política de los trabajadores. Brindó, de este modo, una solución a los problemas que la internacionalización del capital creaba a la dominación política. A través de la coerción de la competencia, el neoliberalismo impuso la aceptación de los límites que la internacionalización del capital pone a la integración política de las demandas populares. Como estrategia de ofensiva contra el trabajo, el neoliberalismo usó la competencia para desorganizar a la clase trabajadora, desmovilizar al movimiento obrero e individualizar los comportamientos sociales. A través de su resultado, la redefinición de la relación entre Estado y acumulación transformó la desmovilización y la individualización en fundamentos estables de un modo de dominación política. Se trató de una solución poshegemónica a la erosión de los fundamentos de la integración política de la clase obrera, es decir, de la construcción de hegemonía. Por ello, la crisis del neoliberalismo, evidenciada en América Latina a comienzos del siglo XXI y en los países centrales con la crisis de 2008, no da lugar a la reconstrucción de modalidades hegemónicas de dominio.

En la medida que la competencia resulta insuficiente, adquieren nuevamente relevancia los mecanismos políticos de subordinación, pero estos solo pueden dar lugar a formas de integración parcial que deben ir acompañadas de la neutralización/exclusión de amplios sectores de la población. Sin embargo, esto significa que los problemas de totalización política de las sociedades se universalizan. Desde mediados de los años setenta, diversos estudios señalaron que la fractura estructural generada por el desarrollo desigual y combinado de la periferia comenzaba a evidenciarse en los países centrales, aunque con particularidades: mercados de trabajo segmentados (Reich et al., 1973); debates en torno al rol y el futuro del trabajo asalariado (Castel, 1997); el impacto de la inmigración en la composición de clase (Moulier-Boutang, 2006); la formulación de la categoría de precariado (Standing, 2013); pero a esta fractura por abajo se agregó una fractura por arriba entre las fracciones internacionalizadas de la burguesía, cuyo espacio de acumulación es cada vez más el espacio mundial, y las fracciones cuya reproducción esté ligada a los espacios nacionales (Hirsch y Wissel, 2011). Sin embargo, la generalización de los fenómenos de combinación no supone igualación de las modalidades de heterogeneidad estructural entre el centro y la periferia latinoamericana. Nuevamente, el caso argentino puede ofrecer algunas pistas sobre dicha especificidad.

Internacionalización de la economía argentina, profundización de la heterogeneidad estructural y cambios en la restricción externa

La internacionalización del capital fue el centro de un conjunto de transformaciones que modificaron sustancialmente el modo de operación de la restricción externa al crecimiento en Argentina desde 1976. La reestructuración del capitalismo argentino a partir de ese momento ha profundizado la heterogeneidad estructural del conjunto de la estructura económica y en particular de la industria. Por lo tanto, el saldo importador neto de la industria siguió siendo la determinación profunda de la tendencia a la crisis externa en el mediano plazo, pero han variado tanto su desarrollo durante las fases expansivas como la dinámica de las fases recesivas.

En primer lugar, la internacionalización del capital abolió las condiciones mundiales de la acumulación que durante la posguerra posibilitaron la autonomía relativa de los espacios nacionales de valor. Ello tuvo dos efectos importantes: se redujeron los márgenes potenciales para la brecha entre productividad promedio de la industria local y productividad promedio de la industria global, y, con ello, las crisis se transformaron en mecanismos de presión objetiva por la reestructuración. Si en el mecanismo de stop and go tradicional bastaba la devaluación y recesión posterior para relanzar la acumulación, desde 1975 la devaluación sin reestructuración tiende a producir procesos de espiralización de devaluación e inflación. Ello explica procesos como los que llevaron a la crisis hiperinflacionaria en 1989 o la larga fase de estancamiento y tendencia a la crisis abierta en 2012. La excepción a la salida de la crisis de 2001 confirma la regla: se explica por la reestructuración capitalista de la primera mitad de los noventa, relativamente reciente en ese momento, y por el relajamiento de la restricción externa debida a la mejora de los términos de intercambio.

En segundo lugar, la reestructuración productiva del agro y de la industria, particularmente durante los noventa, modificó los clivajes de la heterogeneidad estructural, pero su efecto fue tanto la complejización como el agravamiento de las tendencias al desequilibrio, en cinco aspectos: 1) la reestructuración del agro dio lugar a grandes aumentos de los rendimientos del sector, por lo tanto, la producción agrícola ya no supone un límite absoluto al crecimiento; 2) la oposición entre sector industrial, mercado internista, y sector agroexportador dejó su lugar a la división entre un sector exportador de commodities con predominio del gran capital industrial y un sector industrial mayoritariamente orientado al mercado interno; 3) la tendencia al aumento de las cantidades de bienes importados resultó agravada por la industrialización del proceso de producción en el agro; 4) la especialización en la exportación de commodities expuestas a volatilidad de precios y fenómenos de sobreproducción incrementó la fragilidad comercial del proceso de acumulación y volvió más variable el ciclo económico, y 5) el perfil de especialización exportadora profundizó la dependencia tecnológica.

Por último, la integración del mercado financiero local y del mercado financiero mundial, desde la reforma financiera de 1977, y el aumento de los flujos de IED mundial otorgaron un rol cada vez más importante a los flujos internacionales de capital en el ciclo económico. Ello ha tenido como resultado: 1) el aumento de la fuga de capitales (que impacta negativamente en la cuenta capital), del pago de intereses y de la remisión de utilidades al exterior (que impactan negativamente en la cuenta corriente); 2) el ingreso de IED, de flujos de capital especulativo y el recurso al endeudamiento externo, que permiten financiar los desequilibrios durante los períodos expansivos pero agudizan las crisis de balanza de pagos debido a la salida de capitales especulativos, la reducción abrupta de la IED y la interrupción también abrupta del crédito externo, y 3) el sometimiento del ciclo expansivo local a la volatilidad de los mercados financieros internacionales y a los cambios, muchas veces también bruscos, de las decisiones de inversión de empresas cuyas estrategias de acumulación son internacionalizadas. Ello ha tenido el efecto de aumentar la variabilidad de los ciclos.

Estas transformaciones en la dinámica de los ciclos económicos tuvo una consecuencia de enorme importancia para nuestro problema: la “estructura dual” del capitalismo argentino de posguerra tendió a posibilitar mejoras en los niveles de empleo, salario, distribución del ingreso y movilidad social en las fases expansivas, al tiempo que el ciclo stop and go impedía su continuidad más allá de cortos períodos; la “estructura dual” del capitalismo argentino posterior a 1976 pone límites restrictivos a la mejora de esos indicadores (pisos altos de empleo informal, desempleo y pobreza, límites estrechos al aumento del salario real) durante las fases expansivas y tiende a crear fenómenos de empobrecimiento masivo (absoluto y relativo) de obreros y sectores populares durante las fases de crisis.

De la disciplina del mercado a la indisciplina popular

Decíamos antes que entre 1976 y 1989 se desarrolló una larga fase transicional caracterizada por intentos de avanzar en la reestructuración del capital con resultados parciales. Sin embargo, esas dos fechas señalan también la derrota en dos pasos de la clase obrera, que permitió imponer el neoliberalismo en Argentina: el genocidio producido por la dictadura militar y la hiperinflación. Si el primero aniquiló las posiciones ofensivas de la clase obrera, la segunda desorganizó sus posiciones defensivas. Pero aquí nos interesa destacar en qué medida las transformaciones enunciadas en los dos apartados anteriores jugaron un papel determinante en la salida política a la crisis hiperinflacionaria y en los límites a la estabilización política posterior.

En las condiciones del capitalismo de posguerra, la capacidad de veto de la alianza defensiva daba lugar a crisis caracterizadas por la devaluación, la recesión y un nuevo despegue. Pero en las nuevas condiciones creadas por la internacionalización productiva del capital, el bloqueo de la clase obrera a la reestructuración da lugar a la profundización de la crisis. En 1989 ello significó el fracaso de la estrategia defensiva liderada por el movimiento obrero; el bloqueo a la reestructuración equivalía a la defensa de la separación relativa del espacio nacional de valor respecto de la acción de la ley del valor a escala mundial. En la medida que lo que estaba en juego desde 1975 era la abolición de las condiciones de esa separación, el éxito en el bloqueo solo podía traducirse en un espiral de devaluación e inflación. La hiperinflación, un proceso acelerado de crisis del dinero, significó —en una sociedad cuyas relaciones se establecen por medio del intercambio— la disolución de las relaciones sociales. La contracara del fracaso estratégico y consiguiente desorganización política de la alianza defensiva fue la unidad del conjunto del capital en torno al programa neoliberal que en la misma medida que progresaba el proceso de crisis ganaba potencialidad hegemónica (Piva, 2012b; Bonnet, 2008). La articulación de esa estrategia de redefinición de la relación entre Estado y acumulación corrió por cuenta del peronismo, que encontró, también, de ese modo la salida a su propia crisis. El bloque político peronista, en descomposición desde 1975, se rearticuló como portador de un proyecto neoliberal de Estado; es más, el peronismo se transformó en un aparato de mediación política, cuya reproducción dependía de su vínculo con el Estado, que era capaz de interiorizar el conjunto de las contradicciones sociales y de funcionar como partido del orden. Poseía para ello tres condiciones: la incorporación de los sindicatos en el bloque político, un extendido aparato de control territorial y una vasta base de apoyo social fundada en la adhesión popular a la identidad peronista.

Sin embargo, la confusión entre interés particular del capital e interés general de la sociedad no podía durar demasiado. El núcleo de la estrategia neoliberal era la desorganización y desmovilización obrera como condición de una ofensiva contra los salarios y las condiciones de trabajo. La dominación política neoliberal se articuló, por lo tanto, a través de un consenso negativo, construido en torno al miedo al caos hiperinflacionario y sobre la base de la fragmentación estructural de la clase obrera, producto de la heterogeneización de la industria, y del rápido crecimiento de la informalidad laboral y el desempleo, que debilitaron las capacidades estructurales para la acción colectiva de los trabajadores. La apertura comercial, el tipo de cambio fijo, la desregulación de los mercados y las privatizaciones configuraron un dispositivo de disciplinamiento, vía mercado, que transformaba la presión competitiva sobre el Estado para atraer y fijar capitales en coerción de la competencia sobre personas y empresas.

La crisis de la convertibilidad fue la crisis de ese dispositivo. El proceso de movilización social que se inició entre 1996 y 1997 (irrupción de los cortes de ruta y los movimientos de desocupados, movilización de las clases medias, creciente fractura del movimiento sindical) tendió a la generalización y nacionalización, a diferencia de las resistencias durante el primer gobierno menemista que podían ser aisladas y neutralizadas. Desde fines de 1998, cuando los desequilibrios generados durante la fase expansiva del ciclo se combinaron con el estallido de sucesivas crisis en toda la periferia, se abrió una fase depresiva que se extendería hasta fines de 2002. El eje de la crisis fue la contradicción entre las necesidades de valorización del capital, que empujaban en el marco del dispositivo neoliberal a un ajuste deflacionario, y las necesidades de legitimación, en un contexto de movilización por un conjunto de demandas políticamente improcesables. El problema de fondo, y que eclosionó en la insurrección popular de diciembre de 2001, fue el fracaso tendencial de los mecanismos de desmovilización e individualización vía mercado. Fue nuevamente el peronismo el que pudo articular una estrategia de recomposición del Estado y la acumulación, esta vez como portador de un proyecto de Estado neopopulista.

Pero la reconstitución neopopulista de la dominación política a partir de 2003 puso de manifiesto los límites que enfrentaban los procesos de incorporación política de demandas populares. A poco de andar el gobierno enfrentó las contradicciones entre los límites que imponía el modo de acumulación y la estrategia de reconstrucción del consenso. El primero se basaba en la exportación de commodities industriales y agroindustriales —sometidas a fuertes oscilaciones de precios—, una industria heterogénea y dependiente de las importaciones, con los sectores más dinámicos del capital transnacionalizados tanto en su propiedad como en sus estrategias de acumulación, un comportamiento inversor reticente y, su contracara, la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior. La estrategia de reconstrucción del consenso se basaba en la satisfacción gradual, selectiva, y en la resignificación de las demandas formuladas en el proceso de movilización de 2001 y 2002. Su núcleo era la integración de sindicatos y movimientos sociales en mecanismos rutinizados de negociación colectiva y su participación en el aparato estatal.

Un proceso de acumulación capital extensivo permitió la rápida caída del desempleo y fue la base de una política de aumento de los salarios reales, mientras que la mejora de los términos de intercambio permitió sostener superávit de cuenta corriente y superávit fiscal. Pero pronto las presiones inflacionarias señalaron la existencia de un desfase entre Estado y acumulación. Frente a la contradicción entre acumulación y legitimación se desplegó una modalidad neopopulista de desplazamiento del antagonismo capital/trabajo hacia el futuro (inflación) y de desplazamiento espacial hacia formas no clasistas de confrontación social (pueblo - grupos económicos; pueblo - medios de comunicación, etc.). A su vez, la disputa por el excedente, a medida que se reducía el superávit fiscal, llevó a conflictos con fracciones de la clase dominante, mientras la estrategia neopopulista desataba procesos de movilización en la clase media, de cultura política antiperonista.

Más allá de 2007 se ponía de manifiesto el núcleo duro de los resultados de la reestructuración de los años noventa: la reducción del empleo informal y la pobreza se detenían en los niveles promedio de aquella década. Los efectos de un desarrollo capitalista productor de heterogeneidad estructural imponían límites a la continuidad del proceso de incorporación política. Finalmente, entre 2010 y 2011, la propia autonomía ilusorio-objetiva del Estado se ponía en cuestión ante la reemergencia de la restricción externa al crecimiento y el inicio en 2012 de una larga fase de estancamiento económico y presión por la reestructuración. En ese marco, la capacidad de bloqueo del ajuste y la reestructuración de un movimiento obrero y popular fortalecido solo produjo maxidevaluaciones que impulsaron nuevos saltos de los pisos anuales de inflación.

La cuestión del estado en el pensamiento social crítico latinoamericano

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