Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 15

La propiedad agrícola en la zona central de Chile fue resultado, al igual que en el Norte Chico, de cientos de años de configuración y reconfiguración. En el periodo 1826-1881 se puede observar desde la cuenca de Santiago hasta el espacio de Ñuble-Biobío una evolución bastante singular de la propiedad agrícola en la que factores políticos, económicos, jurídicos y sociales confluyeron en su mantención y transformación. Carmagnani, Góngora y Bengoa han sostenido que la propiedad fue el baluarte a partir del cual el Estado mantuvo su poder, en un primer momento a través de los grupos dirigentes locales, que desde la segunda mitad del siglo fueron desplazados por la elite capitalina, proyectando y sustentando esta última su poder político y económico. Por cierto, no se puede pasar por alto dicha observación, pero tampoco cabe dejar de lado que la estructura de la propiedad indirectamente aseguró un grado de estabilidad tal, que permitió un continuum en el desarrollo político gubernativo.

La propiedad agraria en Chile central recibió diferentes nombres, dependiendo de su estructura y tamaño: hacienda, fundo, chacra y quinta. A pesar de los diversos tamaños, se produjo tempranamente, y como consecuencia de la evolución colonial, un claro predominio de la gran propiedad en el valle longitudinal. Esto, en líneas generales, se mantuvo sin mayores variaciones hasta mediados del siglo XIX. Posteriormente, al compás de los diferentes impulsos externos e internos, se fue generalizando la subdivisión, la cual, si bien no fue homogénea en todo el territorio, muestra los cambios que se estaban produciendo en la sociedad chilena, en una doble dimensión política y económica.

Existe un amplio consenso entre los historiadores en que la gran propiedad fue la preponderante durante el siglo XIX en la zona central. Se ha puesto énfasis en que la vigencia de los mayorazgos hasta la década de 1850 favoreció tal fenómeno, pero, dado el limitado número de estos, es innegable que tuvieron especial importancia otros factores que, como la distancia de los predios a los puertos o a los mercados, el sistema de crédito y la falta de reales incentivos económicos, influyeron en la mantención de la gran propiedad. Además de la exvinculación de los mayorazgos, que permitió la división de varios predios en las zonas norte y central del país —proceso que, como lo subrayaron Borde y Góngora, fue marginal⁶⁶—, la fragmentación del agro fue acelerada por la aplicación de las normas sucesorias, primero según el viejo derecho castellano y, después de 1857, con la vigencia del Código Civil, cuyas disposiciones no diferían demasiado de las anteriores, pero que en materia de propiedad raíz estaban apoyadas en un sistema de inscripción que le dieron solidez y publicidad al dominio inmueble. También facilitaron el cambio de la propiedad raíz las regulaciones sobre hipotecas y el desarrollo de sistemas crediticios que se fueron haciendo cada vez más formales, con la participación de bancos. Para Borde y Góngora, una parte de la explicación del proceso de fragmentación puede encontrarse en el aflojamiento de las estructuras familiares y en la pérdida de valor simbólico del patrimonio territorial⁶⁷.

Es probable que lo más determinante en la división predial fuera la apertura de los mercados de California, primero, y de Australia, a continuación, que le dio un sorprendente impulso al cultivo cerealista y a la industria molinera. Con ser breve ese periodo, la apertura del mercado europeo aseguró un nuevo auge al cultivo del trigo. Se debe tener presente que, en forma contemporánea, el desarrollo minero y el de la industria de la fundición, unidos al crecimiento de Santiago y Valparaíso, aceleraron el aumento de una demanda interna capaz de compensar los vaivenes de la externa. Todo esto significó un cambio manifiesto en la agricultura chilena, dirigido a modernizar las técnicas en los cultivos. El veloz incremento del valor de la tierra aconsejó muy a menudo la venta de partes de un predio, lo que, además de facilitar la administración del retazo restante, permitió la capitalización del agricultor. El aumento del precio de las propiedades agrícolas estimuló en la zona central hacia 1840 el cierre de las mismas con alambradas, cercos de zarzamora y zanjas profundas, sistema este último que se mantuvo en boga hasta el siglo XX en Chiloé⁶⁸.

Es necesario recalcar que el tamaño de la propiedad en Chile central fue bastante más variado que el sugerido por la historiografía. Esto se explica por la necesidad de considerar las características de la tierra, en particular la naturaleza del suelo, si este es de rulo o es de riego, las posibilidades de regadío y la situación latitudinal y longitudinal de la propiedad. Parece evidente, por ejemplo, que un predio con un sector bajo riego y con otro con reales aptitudes para ser regado debía ser más posible de dividir que otro de secano e impedido, por las limitaciones técnicas de la época, de ser puesto bajo riego. Las notorias diferencias entre las grandes y las pequeñas propiedades del valle central ofrecen, pues, una fisonomía histórica marcada por múltiples variables.

Desde muy temprano es posible documentar la existencia de la mediana y pequeña propiedad en las zonas costeras. Desde Pichilemu hasta aproximadamente Chanco no fue un fenómeno aislado la presencia de terrenos que fluctuaban entre las 10 y las 100 hectáreas. Lo contrario ocurrió en la precordillera y en la alta cordillera andina, en donde, por obvias razones topográficas y climáticas, la gran propiedad fue preponderante. La familia Urrutia, oriunda de Concepción, pero con vinculaciones en Maule, poseía hacia 1830, por herencia colonial, amplios terrenos frente a Longaví y Parral, que en promedio sobrepasaban las 59 mil 797 cuadras y que solo entrado el decenio de 1840 comenzaron a dividirse⁶⁹. A la gran hacienda Longaví, con todo, se le estimó una renta de seis mil pesos anuales, en tanto que a la chacra Bellavista, de Antonio Hermida, de 700 cuadras en Ñuñoa, inmediata a Santiago, se le calculó una renta de siete mil pesos al año⁷⁰. La chacra de Francisco Fontecilla, de 140 cuadras en Ñuñoa, quedó en el catastro de 1833 con tres mil pesos de renta estimada, al igual que la extensa hacienda Chacabuco —“cuadras, se ignora”—, de Antonio Aránguiz, en la parroquia de Colina⁷¹.

Considerando el valle longitudinal como punto central de nuestro análisis, hacia 1830 el tamaño y dominio de la propiedad agrícola, con pequeñas variaciones, fue casi la misma que se presentó a fines del régimen monárquico. La elite decimonónica fue la gran propietaria de la tierra de los valles centrales de Chile en el siglo XIX. El catastro de 1833 y el rol de contribuyentes de 1854 muestran un predominio nominal de las familias de la elite en las propiedades de las provincias de Valparaíso, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Curicó, Talca y Maule. Una lectura de ellos demuestra el protagonismo de los apellidos de familias del siglo XVIII y prueba que las propiedades situadas en la provincia de Santiago eran las que presentaban los mayores ingresos. Así, en esta existían, según aquel padrón, 78 haciendas de gran tamaño; en la de Curicó, cinco; en Colchagua, 22, y conjuntamente en las meridionales de Talca y Maule, cuatro⁷². Las cinco más importantes propiedades rurales del país, según el catastro de 1833, con una renta que superaba los 10 mil pesos anuales, estaban próximas a la capital: Compañía, de Juan de Dios Correa, en Codegua, con 16 mil pesos de renta; Bucalemu, de María Ballesteros de Balmaceda, en San Pedro, con 14 mil pesos de renta; Viluco, de José Toribio Larraín, en Maipo, con 14 mil pesos de renta, y la Dehesa, del Estado, en Ñuñoa, también con 14 mil pesos de renta⁷³. En la antigua provincia de Maule, entre los ríos Maule y Ñuble e Itata, abundaron las propiedades rurales de gran extensión, como Cucha-Cucha, de la familia Urrejola, de dos mil 900 cuadras⁷⁴; Ranguelmo, en Coelemu, de mil 300 cuadras, adquirida en 1834 por José Francisco Urrejola; el fundo Rafael, del mismo, también en Coelemu, de más de mil 300 cuadras; las haciendas Zemita y Virgüin, ambas de Juan Francisco Rivas, la primera de las cuales tenía 15 mil cuadras⁷⁵; la hacienda Cañas, de mil 900 cuadras, vendida en 1847 por Manuel María Eguiguren a Nicolás Tirapegui⁷⁶, y Roble Huacho, en el departamento de San Carlos, con 10 mil 500 cuadras en terrenos de montaña, de Juan Bautista Méndez Urrejola⁷⁷.

Según las estimaciones de Simon Collier, hacia la década de 1850 en Chile central existían mil haciendas, de las cuales 200 eran propiedades selectas, ocupando tres cuartas partes de la tierra agrícola⁷⁸. Las propiedades cercanas a Santiago fueron las más atractivas y, por consiguiente, las menos proclives a la división antes de 1850. Estos inmuebles gozaban de un conjunto de ventajas: estaban inmediatos al principal centro de consumo, la capital; estaban próximos a Valparaíso, puerta de salida a los mercados externos, y estaban cercanos al Norte Chico minero, con su floreciente demanda de productos. Todo esto aseguraba altos ingresos a las familias propietarias.

Por cierto que esos factores no eran los únicos que explicaban la falta de incentivo para la subdivisión de los bienes raíces. A ellos, según se ha indicado, se deben agregar regulaciones jurídicas como los mayorazgos, que si bien eran solo 28, el conjunto de sus propiedades originó una imagen de estabilidad general de la tierra. A lo anterior se suma el nacimiento de prácticas crediticias institucionalizadas, particularmente desde la fundación de la Caja de Créditos Hipotecarios. Esta empezó desde 1855 a otorgar préstamos con una tasa que fluctuó entre el seis y el 10 por ciento anual, lo que les permitió a los terratenientes extender durante un tiempo la indivisión de sus propiedades. Así, a la muerte del propietario y a la iniciación del proceso de partición de sus bienes, uno de los herederos podía quedarse con el inmueble agrícola obteniendo un préstamo y pagando con él a los restantes herederos el valor de las cuotas que les correspondían en el fundo.

Mario Góngora y más tarde José Bengoa, transitando por una línea similar, han propuesto que no solo la unidad territorial sirvió en beneficio de las prácticas económicas de los hacendados, sino que también le permitió al Estado fortalecer la unidad del territorio cuando este necesitaba hacer realidad su dominio sobre él⁷⁹.

Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005, p. 38.

Muchas crónicas de viajeros extranjeros y chilenos acusan tempranamente el carácter de la propiedad en el valle central. Schmidtmeyer, Graham y, más tarde, Verniory y Orrego Luco dan a entender que la gran propiedad se mantuvo en Chile casi como esta existió en Europa durante la etapa medieval, originando una gran inequidad y frenando el avance social⁸⁰. Desde otro punto de vista, los mismos viajeros en sus memorias acusan la baja productividad de las haciendas, exceptuando las chacras, que abastecían a la casa patronal y a los villorrios cercanos⁸¹.

Desde la segunda mitad del siglo se observan cambios en el dominio de la propiedad. Por ejemplo, se acostumbró a dar en arrendamiento una parte o la totalidad de la propiedad agraria a un familiar o a una persona de confianza. Esto se hacía mediante contratos notariales de arriendo en que se estipulaban entre las partes los montos del alquiler, el plazo del arrendamiento y el uso que se le daría a la tierra. Cuando se ocupaban la casa patronal y los almacenes, el costo aumentaba ostensiblemente. Bauer determinó que generalmente las propietarias mujeres arrendaban sus bienes cuando enviudaban o bien lo hacían algunos varones que, sin mayor vocación por el agro, decidían establecerse en Santiago o pasar largas temporadas en Europa junto a su familia. Los casos más notables en esta línea son Concepción Gandarillas, Dolores Olivares y Carmen Núñez, todas con propiedades en la provincia de Santiago.

Pero, sin duda, el cambio más notable se vinculó a la subdivisión de la propiedad, proceso cuyo lento desenvolvimiento tuvo su punto culminante solo en el siglo XX. Para la etapa decimonónica, la subdivisión de la propiedad se generó en el propio sector de los terratenientes, producto de las necesidades de reinversión de capital y de mayor liquidez. Las consecuencias no se hicieron esperar. Por ejemplo, la vieja hacienda Longaví, otrora la mayor propiedad de la Compañía de Jesús, estaba en el siglo XIX, como se ha indicado, íntegramente en manos de la familia Urrutia Mendiburu. Tras largos pleitos se logró dividir sus 60 mil cuadras en siete hijuelas, cada una de las cuales quedó de aproximadamente seis mil 500 cuadras en promedio⁸². Esta última situación se produjo antes de 1851, con ocasión del juicio de partición de bienes de la comunidad Urrutia Manzano⁸³. Entre los ríos Maule e Itata había alrededor de mil 540 propiedades en 1820; en el transcurso de la década de 1850, y si confiamos en la información dada por Vicente Pérez Rosales, el número aumentó a cuatro mil 397 predios de menor tamaño⁸⁴.

Las demandas en favor de la división de la propiedad continuaron en el transcurso de la segunda mitad del siglo. En el afán de enfrentar este y otros problemas, los principales agricultores se reunieron el año 1875 en el primer Congreso Libre de Agricultores, poniendo en debate, entre otras cuestiones, la relativa a la propiedad rústica indivisa⁸⁵.