Читать книгу Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos - Luis Daniel Vázquez Valencia - Страница 11

El ejercicio del periodismo en México, sobre todo a nivel local, vive un clima de intimidación constante. En los últimos años el tema de agresiones a periodistas ha estado presente de forma sistemática en la agenda pública de México. El objetivo de este artículo es explorar las razones por las cuales algunos estados de México cuentan con un mayor número de casos reportados de agresiones contra periodistas en el periodo 2015-2018.

La hipótesis es que en aquellos estados donde se presenta más cobertura de escándalos de corrupción se presentan también más agresiones a periodistas. Esta hipótesis sigue la línea de algunos estudios que han demostrado que existe una serie de variables políticas que tienen efecto sobre las agresiones a periodistas (Collings, 2001; Becker, 2004; Bjørnskov y Freytag 2011).

En México diversos estudios han analizado esta problemática, aunque la mayor parte de esta literatura se ha enfocado a realizar estudios de caso (Avilés, 2007; Rodelo, 2009; Salazar Gutiérrez, 2013; Del Palacio, 2015; Márquez, 2017), que, por su naturaleza, no permiten aproximarse a los factores que inciden en estas agresiones. Por este motivo, es pertinente contar con evidencia empírica que permita responder a la siguiente pregunta: ¿por qué en unos estados de México se presentan más agresiones a periodistas que en otros?

En el debate público existe una serie de ideas generalizadas acerca de las agresiones que sufren los periodistas en México. La responsabilidad de estos atentados se les atribuye principalmente al narcotráfico y al contexto de violencia, pero ¿hasta qué punto puede afirmarse que esas variables son las únicas que influyen en que la práctica periodística es cada vez más peligrosa en México?

El contexto de violencia ha sido la variable explicativa más utilizada en las agresiones a periodistas. Esta normalmente se mide a partir del número total de homicidios, es decir, a partir del homicidio general. Sin embargo, de acuerdo con un análisis realizado por Ríos (2012), la violencia contra alcaldes y periodistas se ha incrementado a la par de la violencia ocasionada por la rivalidad delincuencial, e independientemente de las tendencias en otras formas de homicidio.

Lo anterior ha llevado a pensar en otras formas de operacionalizar la violencia. Para Ríos (2012), las agresiones a periodistas no están relacionadas con el homicidio general, sino únicamente con el homicidio causado por rivalidad delincuencial. En esta misma línea, Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha reiterado en varias ocasiones que afirmar que una zona es segura o insegura para periodistas debido al número de asesinatos lleva a conclusiones erradas (Artículo 19, 2019).

Por otra parte, diversos estudios han demostrado que la represión gubernamental, la corrupción y el Estado de derecho son variables que tienen efecto sobre el número de periodistas que son asesinados en un país (Collings, 2001; Becker, 2004; Bjørnskov y Freytag, 2011). Bjørnskov y Freytag (2011) argumentan que el asesinato de periodistas es más probable en situaciones donde existe corrupción.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (cpj, 2019), 1339 periodistas han sido asesinados en el mundo desde 1992 hasta lo que va de 2019. De esos 1339 periodistas asesinados, 200 son latinoamericanos y 53 son de México. Sobre las razones documentadas de los homicidios, se tiene registro de que 90 de los 200 asesinatos de periodistas en América Latina cubrían aspectos relacionados con corrupción. Asimismo, la organización Artículo 19 ha documentado que en 2018 el 64% de los periodistas agredidos cubría aspectos relacionados con corrupción, el 20% realizaba cobertura de seguridad y justicia y el 6% cubría derechos humanos (Artículo 19, 2019).

Un ejemplo de este tipo de violencia es el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa. Espinosa se dedicaba a la cobertura de movimientos sociales y se manifestaba en contra de las agresiones hacia la prensa en el estado de Veracruz. En agosto de 2015, fue encontrado muerto en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El fotoperiodista había afirmado en una entrevista para el portal Sin Embargo que temía por su vida, ya que estaba seguro de que el gobierno de Duarte lo perseguía por su labor periodística. Asimismo, había denunciado su condición de inseguridad ante la asociación Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (De Llano, 2015).

Otro caso destacado es el de la periodista Miroslava Breach. La reportera del periódico La Jornada se dedicó a documentar la relación entre la policía estatal y el narcotráfico, así como los actos de corrupción del gobierno de César Duarte. Breach fue asesinada en la ciudad de Chihuahua, en marzo de 2017, mientras salía de su domicilio. Quien perpetró el asesinato dejó en la escena del crimen una cartulina con la leyenda: “Por lengua larga. Siguen llegados al gobernador y el gober. El 80.” (Castillo y Villalpando, 2017).

El homicidio del reportero Cecilio Pineda también denota la relación entre la cobertura de corrupción y la violencia hacia la prensa. Su asesinato tuvo lugar en marzo de 2017, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Pineda había publicado en su perfil de Facebook un video en el cual declaraba que el gobierno de Héctor Astudillo conocía el paradero del líder del grupo delictivo “Los Tequileros”, pero no hacía nada al respecto debido a que existía una relación entre las autoridades y el narcotráfico (Flores Contreras, 2017).

En este sentido, es posible que no sea únicamente el narcotráfico “quien se enoja al leer la nota” (Ríos, 2013), sino también las autoridades estatales. Siguiendo esta línea, puede pensarse que la cobertura mediática de la corrupción gubernamental es un aspecto que puede generar una reacción de agresión hacia la prensa por parte de las autoridades.