Читать книгу Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos - Luis Daniel Vázquez Valencia - Страница 6

La democracia a la mexicana se caracteriza por cinco mecanismos: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. El principal objetivo de estos mecanismos es neutralizar las formas de responsabilidad inherentes a la democracia (Vázquez, 2016, 2018a, 2018b, 2019).

El objetivo de esta sección no es desarrollar cada uno de los cinco mecanismos ni las consecuencias de su interacción.[3] Lo que nos interesa es mostrar la simulación y las consecuencias de la captura y de la simulación en un aspecto central: la impunidad. Veamos algunas de las formas de simulación estatal (Vázquez, 2019).

En una coyuntura política se simula la solución: ¿qué hace la clase política para administrar un problema en lugar de resolverlo? Antes creaba una comisión legislativa, hoy se crea una fiscalía especializada, se reforman leyes, firman promesas ante notarios, entre otros. Por ejemplo, Serrano y De Pina identifican que la gran mayoría de las demandas impulsadas y de las recomendaciones de los organismos internacionales se centran en los procesos que deberían de seguir las autoridades mexicanas para buscar a las personas desaparecidas, identificar los cuerpos hallados, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Sin embargo, prácticamente no se pone énfasis ni en los resultados, ni en el origen de la generalización de las desapariciones. Por ende, difícilmente se podrá encontrar (no solo buscar) a las personas desaparecidas y detener la desaparición de personas.

Otro ejemplo de este tipo de simulación se encuentra en el capítulo de Cecilia Bobes. La autora observa la introducción de un nuevo marco normativo para la migración que privilegia una perspectiva de derechos humanos, pero que se encuentra neutralizado por la implementación de una política migratoria sustentada en el aumento de los controles y otras medidas de seguridad que, si bien se presentan como encaminadas a incrementar la protección de los migrantes, en realidad sustentan la criminalización de la migración y tienen como objetivo principal la disminución de los flujos. Esta neutralización se explica por diversas medidas: la falta de armonización legislativa en los diferentes niveles de gobierno; la ausencia de coordinación entre las diversas instituciones y organismos; la ineficacia, ineptitud, corrupción e impunidad de muchos de los funcionarios; la subordinación de la migración a la “preservación de la soberanía y la seguridad nacional” (Ley de Migración, art. 5) y el objetivo de enmarcar la movilidad humana en el orden y la seguridad. Todo esto tiene como consecuencia la posibilidad de criminalizar la migración irregular, así como la intervención de aparatos policiales en asuntos migratorios. Podría pensarse que estas dos políticas se encuentran en tensión, pero la política de seguridad pasa por encima y desplaza cualquier posibilidad de aplicación del marco normativo sustentado en materia de derechos humanos. En ese sentido, no hay tensión, y lo que hay es más bien una decisión política de priorizar el marco de seguridad y una normatividad con perspectiva de derechos para simular esa decisión.

Pero la simulación no solo existe en coyunturas determinadas: es una práctica común. Una forma de simulación distinta se puede observar en el diseño legal de alguna institución o procedimiento estatal (“hecha la ley, hecha la trampa”); en los nombramientos de órganos autónomos a fin de neutralizar dicha autonomía por medio de la designación de incondicionales; y/o en la aplicación sesgada de procedimientos estatales. Por ejemplo, dentro de los hallazgos del capítulo de Ansolabehere, la autora observa que si bien hay casos que logran avanzar el difícil camino de la justicia en México, hasta llegar a una sentencia (lo que se debe, entre otras cosas, al accionar de las procuradurías, a la cooperación técnica y a los recursos que pueden movilizar los fiscales en estos casos), lo cierto es que en los casos en donde hubo sentencias, no se establecen cadenas de responsabilidad, a la par que los condenados son miembros de los niveles más bajos de las fuerzas de seguridad del Estado. En pocas palabras, son casos que no ponen en evidencia, por sí mismos, los mecanismos más complejos y generales de complicidad que convirtieron a la desaparición en un fenómeno generalizado. Puede intuirse que esto no es casual, sino producto de la captura y la simulación.

En sentido semejante, Serrano y De Pina identifican espacios en donde la acción estatal es inoperante. Uno de ellos es cuando el Estado mexicano tiene la suficiente capacidad para crear instituciones y leyes, pero tolera su no aplicación porque es el principal beneficiario de la multiplicidad normativa e institucional en detrimento de los intereses de las víctimas. En este caso se está frente a la captura, ya sea por la propia clase política o por una red de macrocriminalidad; y en ambos se trata de un proceso de simulación que impulsa la impunidad.

Otra forma distinta de simulación se da en los procesos que integran el actuar cotidiano de alguna institución, las conocidas instituciones informales que no solo son distintas, sino abiertamente contrarias a los objetivos de las instituciones. El ejemplo más evidente está en el sistema de justicia, tanto en la forma en que operan las procuradurías como los centros penitenciarios. Las primeras fueron creadas para investigar los crímenes y sancionar a los culpables. Los segundos para generar procesos de reinserción social. Ninguna de los dos cumple dichos objetivos. En ambos casos lo que se observa son una serie de procesos informales, de extorsiones, que movilizan, detienen o entierran las investigaciones en el caso de las procuradurías; y que permiten que el ejercicio de los derechos de las personas privadas legalmente de la libertad (como recibir visitas, tener mejor alimentación o una celda menos hacinada) se encuentre condicionado a pagos ilegales. Así, las instituciones informales generan que el principal objetivo de estas instituciones de justicia sea producir ganancias económicas para los propios operadores del sistema. Esta forma de simulación la encontramos en el texto de Serrano y De Pina. Las autoras distinguen los espacios en donde la acción del Estado es autónoma de aquellos en donde el Estado mexicano no puede hacer cumplir la ley por estar capturado. Entre las razones de esta imposibilidad mencionan precisamente la corrupción, analizada como la captura estatal desde abajo.

Se tienen al menos, cinco formas de simulación: 1) la solución en una coyuntura específica; 2) el diseño de un órgano autónomo; 3) la autonomía de un órgano por medio del nombramiento de un incondicional; 4) la aplicación sesgada de procedimientos estatales, y 5) la actividad cotidiana de un órgano gubernamental por medio del desvío de sus objetivos a través de instituciones y mecanismos informales. Estas distintas formas de simulación generan distintas problemáticas y complejidades. Por ejemplo, el ente gubernamental puede estar perfectamente capacitado, pero las formas de simulación 3, 4 y 5 tendrán como consecuencia que dichas capacidades no sean utilizadas adecuadamente. De la misma forma, puede existir el reclutamiento de servidores públicos valiosos, pero esas mismas formas de simulación 3, 4 y 5 tendrán como consecuencia que la posibilidad de acción de dicho servidor público sea limitada o, en el peor de los casos, se acople a la lógica institucional informal, o salga de dicho órgano.

Cuando se está frente a una simulación desde el diseño del órgano, por medio del nombramiento de incondicionales al frente de órganos que debieran ser autónomos, o a través de la aplicación sesgada de procedimientos estatales, también se está frente a una captura estatal que se concreta desde las más altas esferas del gobierno, ya sea por la clase política misma, o por una red de macrocriminalidad en donde la clase política está incluida. De esta forma, frente a procuradores, fiscales, jefes de policía, e incluso frente a gobernadores que ganaron sus elecciones con fondos ilegales (en especial si provienen del narcotráfico) que fueron nombrados para coadyuvar con el crimen organizado (o que forman parte de la administración de la red), lo que se tiene es una captura estatal desde las más altas esferas del gobierno. Esa captura estatal tendrá como consecuencia la simulación en la operación de las instituciones y procedimientos estatales, y colaborará para mantener las violaciones a los derechos humanos en la impunidad.

En cambio, el cuarto tipo de simulación —la actividad cotidiana de un órgano gubernamental por medio del desvío de sus objetivos a través de instituciones y mecanismos informales— supone una captura del Estado por los propios agentes estatales, pero desde abajo, desde los servidores públicos. La consecuencia es la misma, la simulación en la operación de las instituciones y los procedimientos estatales y el mantenimiento de las violaciones a los derechos humanos en la impunidad. Pero las estrategias para descapturar al Estado serían completamente distintas (Vázquez, 2019).

Hay un punto más que permite entender la relevancia de tener siempre en mente los procesos de simulación en la construcción analítica de las respuestas institucionales que se construyen actualmente en México frente a las violaciones a los derechos humanos. Ayuda a evitar la generación de grandes “elefantes blancos” que se presentan como la solución a un problema público, pero en realidad son parte del problema. De hecho, este es el principal hallazgo de Serrano y De Pina, el cual además no solo se presenta en el ámbito de la política sobre desaparición, sino que se encuentra en otras áreas donde se han implementado sistemas integrales de política pública. Cuando la propuesta comience a tomar forma de un gigante enredo burocrático, pensemos: ¡cuidado con la simulación! Probablemente lo más sencillo es simplificar y apuntalar la relevancia de que los dos o tres órganos principales de la política sean efectivos, hagan bien su trabajo, tengan resultados y generen impacto; y verificar que esto suceda antes de pensar en la necesidad de crear nuevos órganos. Por ejemplo, si las comisiones de derechos humanos, las fiscalías y las policías hicieran su trabajo, seguramente no se necesitaría de ninguna otra instancia para apuntalar una política que combata, de forma efectiva, la desaparición de personas. ¿Qué sería mejor?: ¿pensar en cómo hacer que esas tres instituciones funcionen?, ¿o crear nuevas y armar un complejo sistema integral de política pública? Claro, el punto no es, ni de cerca, sencillo: ¿cómo descapturar y hacer efectiva a una fiscalía? Y, antes de eso, ¿qué es la captura estatal?