Читать книгу Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos - Luis Daniel Vázquez Valencia - Страница 8

El último elemento por introducir es el contexto de violencia en México.[5] Salvo los textos de Nolan sobre justicia laboral y de Ortiz y Vázquez sobre la relación entre la impunidad y el derecho a la salud, todos los demás capítulos tienen a este contexto de violencia como componente. En este marco es que la desaparición de personas es generalizada (Ansolabehere, y Serrano y De Pina); se violentan los derechos de las personas migrantes (Bobes y Ramírez); o se agrede a los y las periodistas (Flores-Ivich y Téliz). Es importante subrayar que esta violencia no proviene solo de las bandas del crimen organizado, sino también de los agentes estatales en todos los casos, en el marco de la hegemonía de una política de seguridad que terminó de militarizar al país desde el 2007.

Pero, ¿qué significa este contexto de violencia? Si bien América Latina es la región más violenta del mundo, con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2017 (de acuerdo con el Banco Mundial), lo cierto es que México no se encuentra dentro de los peor ubicados. De hecho, en ese año tiene un promedio de 15 asesinatos por cada 100 mil habitantes, es decir, por debajo del promedio regional.

Lo llamativo para el caso mexicano es la regionalización de la violencia en determinadas entidades federativas, como se observa en la siguiente gráfica. En 2016, nueve entidades federativas se ubicaron por arriba del promedio de América Latina, y para el 2017 fueron 16 entidades. La violencia por entidad varía de un año a otro, en donde los primeros lugares pueden ser ocupados por otras entidades, como Chihuahua, o Baja California.

Pero el principal dato para hablar del contexto de violencia tiene que ver no tanto con la magnitud de los asesinatos en comparación con otros Estados, sino en comparación con el propio México a lo largo del tiempo. Lo que sí se observa en la gráfica es un claro incremento de la violencia —observada a través de los homicidios— a partir del 2007, con claros picos en 2010 y 2011, y con un nuevo punto de inflexión que hace crecer la violencia a partir del 2014.

El problema no es solo el aumento de la violencia, sino el hecho de que esta se da en un marco de negación y de simulación que lleva a la impunidad. Al realizar el mismo ejercicio que con los homicidios, se recuperan algunos indicadores de percepción del índice de Estado de derecho del World Justice Project que dan cuenta de la impunidad. Nuevamente América Latina es la región más impune, pero a diferencia de los homicidios donde México ocupaba el lugar 10 de 17 países; en impunidad ocupa el lugar 12 de 15.

Para mirar los datos específicos de lo que sucede en materia de impunidad a nivel subnacional en México, le recomendamos que vaya al capítulo de Ortiz y Vázquez, a fin de evitar duplicar la información. El aspecto que ahora nos interesa resaltar es que el problema no es solo el contexto de violencia, sino que esa violencia se desarrolla en un marco de captura estatal, de simulación y de impunidad, que son los que acrecientan las consecuencias de la violencia como un grave problema del país.

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Hasta aquí hemos desarrollado un conjunto de ideas y propuestas que es importante tener en mente en su conjunto: el hecho de que el Estado —especialmente en América Latina, África o Asia— no siguió los mismos patrones de unidad y consolidación que el Estado europeo; a partir del punto anterior, la necesidad de analizar al Estado desde una perspectiva relacional y desde una lógica fragmentada en donde el intento de generar un monopolio de la violencia es siempre desafiado; la necesidad de analizar al Estado a partir de la construcción cotidiana de las estructuras de dominación para ir del análisis empírico al normativo y no al revés; no perder de vista el aspecto normativo en la construcción estatal, ya que no solo queremos saber dónde estamos, sino hacia dónde queremos ir; la cada vez mayor participación de diversos poderes fácticos no solo en las violaciones a los derechos humanos, sino también en la captura del Estado; la simulación como acción política; y la impunidad como resultado de la captura y de la simulación.

Todos estos elementos nos llevan a reflexionar para intentar redefinir: ¿frente a qué orden estatal estamos cuando pensamos a México? Probablemente será necesario rescatar y adecuar viejos conceptos, como el neopatrimonialismo o el sultanismo; recuperar algunos no tan viejos, como la cleptocracia y la kakistocracia; y desafiarnos a partir de nuevas propuestas como la reconstrucción criminal del Estado (Salcedo y Garay, 2016), los territorios criminales, el uso parasitario del Estado, o el Estado metastásico (Vázquez, 2019); o por nuevas agendas de investigación, como la construcción de autoritarismos subnacionales (Gibson, 2012; Loza y Méndez, 2016). Probablemente el desafío de todos estos conceptos se da cuando lo que tenemos es una captura del Estado por parte de una red de macrocriminalidad en la que la propia clase política forma parte y administra; especialmente cuando las estructuras cotidianas de dominación de esa red son abiertamente violentas, como los asesinatos, las desapariciones y las extorsiones. Reiteramos la pregunta mencionada párrafos arriba: ¿a este tipo de fenómenos aún les podemos llamar orden estatal? Consideramos que no.

Lo cierto es que la captura estatal por redes de macrocriminalidad violentas como las mencionadas en el párrafo anterior, es un extremo, el peor de todos. Es relevante tener clara la totalidad de la línea, para poder saber en qué tipo de orden estatal estamos parados. Por ejemplo, desde una mirada normativa, lo que se esperaría es que la clase política juegue limpio, es decir, que no existieran mecanismos de la democracia a la mexicana como el clientelismo, la negación y la simulación. Si este tipo de mecanismos están presentes, pero simplemente sirven para administrar el conflicto y se mantienen en ese espacio gris entre lo legal y lo ilegal, lo que tenemos es un Estado que juega sucio, pero aún no se trata de un Estado criminal. Puede suceder que ya estemos frente a acciones de agentes estatales que sean abiertamente criminales, como la venta de migrantes al crimen organizado para que esas bandas los introduzcan a las redes de trata o soliciten el pago de rescates a los familiares que radican en Estados Unidos. Me parece que un ejemplo como este deja clara la diferencia entre un político que simula, y uno que delinque, y la relevancia de esa diferencia, que no es solo de grado. Finalmente, la última diferencia se da entre un agente estatal que comete acciones criminales de forma aislada, con respecto a un conjunto de agentes que conforman y administran una red de macrocriminalidad, que controlan el tráfico de drogas, la desaparición de personas, los asesinatos, y que distribuyen a conveniencia la violencia en determinadas regiones del país. Esto último es la captura estatal por redes de macrocriminalidad. No olvidemos que el Estado está fragmentado, por lo que distintas partes de ese Estado estarán situadas en diferentes partes del continuo.

Si tenemos en mente este continuo, también lograremos tener claro que cada una de las distintas facetas tiene requerimientos distintos para lograr que el Estado funcione, a la par que supone estrategias diferentes para garantizar y proteger a los derechos humanos.

Hasta aquí los antecedentes, discusiones y elementos que los coordinadores de este libro consideramos necesario que el lector tuviera. Es ahora su turno, esperemos que el texto le sea útil.

Verano del 2019

Sandra Serrano y Daniel Vázquez