Читать книгу La epidemia de COVID-19 en las residencias para personas mayores - M. Enriqueta Fernández Izquierdo - Страница 29

Estamos en una situación muy especial. Un país con una población envejecida y ante un fenómeno reciente, sin precedentes: la pandemia, que al igual que las guerras, se convierte en un destructor de la salud pública, afecta a la integridad física de las personas, mata, afecta a la salud mental y destruye la economía. Y aunque el impacto de la pandemia está siendo más evidente y notable en la sanidad y la economía, el deterioro de los Derechos Humanos y el aumento de las desigualdades son consecuencias de la misma pandemia, ha dicho Michelle Bachelet.

También sabemos que estamos en un país triste, asediado y desigual, ante una situación inesperada, inédita y compleja que ha producido un drama de enormes proporciones y no es menos baladí, la contestación social y la crispación política generada. Vivimos con miedo, riesgo e incertidumbre en un escenario impresionante e imprevisible en su dimensión, por lo que es necesario actual con suficiente humildad, tanto en proponer soluciones, como en criticarlas. Además, lo único que hemos podido aprender del curso la pandemia, a más de la generosidad y valentía de muchos colectivos que prestan servicios esenciales a la población, es que la acción colectiva es lo único que puede mejorar las cosas.

En el informe del MOMO, sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España del 21 de diciembre de 2020, donde se estudia la mortalidad por todas las causas y que se obtiene diariamente de 3929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia y que publica el Centro Nacional de Epidemiologia (ISCIII), corresponde al 93% de la población española y donde se incluyen todas las provincias, se observa unos excesos de mortalidad desde el comienzo de la pandemia en 2020, con más de 72.000 muertes en exceso, comparado con el mismo periodo del año 2019. Hay dos periodos de exceso de mortalidad, el primero desde el 10 de marzo al 9 de mayo, y el segundo desde el 20 de julio al 21 de diciembre de 2020, y en todos ellos son las poblaciones de más de 65 años y sobre todos los mayores de 75 años los más afectado por el señalado exceso de mortalidad, siendo en el primer periodo y sobre en los mayores de 75 años en los que se produjo un exceso de mortalidad del 77%.

Debemos de saber que el Ministerio de Sanidad hizo público un informe encargado a un grupo de expertos con un trabajo especializado sobre los aspectos éticos ante la situación de la pandemia, con fecha del 3 de abril de 2020. En el mismo se rechaza cualquier forma de discriminación en atención a los pacientes por su condición de edad o discapacidad. Esta cuestión no es aceptada por todos y a la luz de lo ocurrido desde entonces estas afirmaciones pueden estar en entredicho, más cuando se desconocen realmente si han faltado medidas de prevención y planificación necesarias. Existe, pues, duda de si pudiesen haberse vulnerado derechos reconocidos en la Constitución Española, a pesar de haberse intentado proteger el derecho a la salud, a recibir servicios sanitarios, a la conservación de la vida y a la integridad física.

La pregunta esencial a debatir es si la pandemia conculcó estos derechos, y sobre todo si esto ha ocurrido en las personas mayores, en general, y en particular las que están en las residencias de la tercera edad, aunque es importante admitir que Ad impossibilia nemo tenetur (nadie está obligado a realizar lo imposible).

Fernández Marugán, en el informe del Defensor del Pueblo: Actuaciones ante la Pandemia Covid 19, de 2020, dice que hay que revitalizar las políticas igualitarias, en referencia al estado del bienestar, en términos de igualdad de oportunidades. En este sentido, Hay algunas preguntas en el aire, tales como que ha realizado y cuál ha sido el compromiso del Consejo Interterritorial al respecto de los servicios sociales y la dependencia, en un país que tiene una vicepresidencia del Gobierno, para los asuntos sociales o cuál es el procedimiento de formación de los trabajadores que acompañan y cuidan a los mayores, sobre todo a los que están institucionalizados.

Podemos afirmar que en estos escenarios, las residencias de mayores, donde se han producido el mayor número de muertes, donde han sido más injustas, donde podríamos hablar de mortalidad evitable es preciso que se precisa más personal, mejor formado y más profesionalizado, también una mayor coordinación y refuerzo de la asistencia sanitaria real en las residencias, una mayor capacidad inspectora por parte de las administraciones públicas en el ámbito del mundo residencial, ya que ha sido evidente una escasez de medios y profesionales en muchos centros residenciales para personas mayores, como el Defensor del Pueblo ha reconocido, al haber faltado medios básicos o ser muy insuficientes, ausencia de una asistencia sanitaria suficiente en las residencias, caos en los procedimientos y protocolos en la derivación a los centros sanitarios más especializados, falta de profesionales o escasez de los mismos, tanto por las bajas producidas por la pandemia y las cuarentenas, como en el déficit de formación de los profesionales.

Además sabemos quiénes han sido los más afectados, los más vulnerables, los más desatendidos, los que más han muerto. Los mayores. Si todo ello ha ocurrido y parece constatable, sí que ha existido discriminación sanitaria por la edad.