Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 25

El sector privado y su papel en la superación de los conflictos armados y la construcción de una paz estable han recibido atención de organizaciones nacionales e internacionales desde hace por lo menos veinte años⁵. Considerada el caso-problema de la región andina en los años ochenta y noventa, Colombia recientemente ha empezado a describirse como una economía boyante y parte de los países de ingreso medio más prometedores de la economía global. Su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2018 refleja ese progreso. Durante muchos años, la economía colombiana ha crecido por encima del promedio latinoamericano (véase la figura 1). Hasta antes de la crisis de la covid-19, la inversión extranjera estaba en auge, así como los sectores del turismo y el comercio.

FIGURA 1 CRECIMIENTO PIB ANUAL (EN PORCENTAJE), COLOMBIA, LATINOAMÍRICA Y EL CARIBE (1990-2018)

Fuente: Banco Mundial⁸.

La situación de hoy contrasta con la de los años ochenta y noventa, cuando el país era considerado un país problema, debido a la violencia relacionada con el narcotráfico y el conflicto armado que irradiaban más allá de las fronteras nacionales. Con más de nueve millones de víctimas registradas⁶, el conflicto armado colombiano ha sido uno de los más sangrientos del mundo. El conflicto afectó la actividad económica de múltiples maneras, incluyendo la producción de las industrias, la limitación de las inversiones y el aumento del riesgo país. Además, el Estado colombiano invirtió hasta el 3,4% del PIB en gasto militar⁷.

El sector privado se ha visto afectado en términos de inversiones perdidas, así como oportunidades limitadas para la innovación, dificultades para la distribución de la producción y presión de los actores armados por medio de secuestros y extorsión. Una encuesta de 2008 mostró que el sector agrícola y extractivo ha sido más golpeado por secuestros, homicidios, robo, extorsiones y ataques a la infraestructura. Los costos relacionados con el conflicto han afectado más a algunos sectores o regiones. De igual forma, las regiones del Norte y Occidente del país han sido más golpeadas que, por ejemplo, el centro más urbano. Desde 1992, el Gobierno nacional ha logrado apoyo empresarial por medio del pago de impuestos para bonos de guerra o de paz⁹, lo cual contrasta con otros países en guerra o en transición, en los cuales los sectores privados han estado menos dispuestos a apoyar estas tareas¹⁰.

En ocasiones, actores empresariales participaron en –o se beneficiaron de– la formación de grupos paramilitares que buscaron contrarrestar la presión de la guerrilla¹¹. Por otro lado, muchas empresas han desarrollado proyectos para construir paz en sus entornos inmediatos de operación, o por medio del apoyo a los gobiernos en tareas como la reinserción de combatientes o la atención a víctimas o la negociación con grupos armados¹². Estas acciones aportaron una capacidad y una experticia importantes a partir de las cuales los empresarios fueron incluidos en las negociaciones con las FARC-EP (por medio de consultas, de vínculos cercanos con los delegados y por medio de la producción de documentos de análisis como el elaborado por el Departamento Nacional de Planeación en 2016 [véase DNP, 2016]). Sin embargo, en contraste con otros momentos en el pasado reciente, la actividad empresarial en torno a la construcción de paz ha disminuido en los últimos cinco años, durante los cuales la polarización política del país ha aumentado los costos reputacionales para las empresas que declaran abiertamente su apoyo a “la paz” y cuando, a la luz de la significativa reducción en la intensidad de la violencia en la mayor parte de las regiones colombianas, muchas empresas ven con menos urgencia que antes la necesidad de realizar inversiones en temas de conflicto armado y construcción de paz¹³.

En el contexto de la implementación del acuerdo entre Gobierno y FARC-EP se diseñaron diversos incentivos tributarios para que las empresas trasladaran sus facilidades a zonas afectadas por el conflicto. Ejemplos incluyen el esquema de “Obras por Impuestos” y las exenciones para empresas en Zomac. El primero busca generar lazos con el sector privado para promover la inversión y progreso en los territorios que más han sufrido el conflicto. En el marco de este programa, las empresas con ingresos brutos de más de mil millones de pesos pueden ejecutar obras de interés social en los 344 municipios priorizados por pertenecer al grupo de las Zomac, a cambio de la exención de hasta el 50% en el impuesto de renta¹⁴. Particularmente, los empresarios pueden ejecutar obras de alcantarillado, energía, educación pública, suministros de agua potable, infraestructura vial y salud pública¹⁵. Según el segundo programa, el incentivo consiste en que las empresas que invierten en Zomac obtienen una tarifa progresiva del impuesto de renta, durante un periodo de diez años a partir de 2017, que varía dependiendo del tamaño de la empresa. Este tipo de incentivos son un buen “termómetro” para medir la disposición de los empresarios a continuar y profundizar su apoyo a la construcción de paz.

Las siguientes secciones abordan las preguntas planteadas al inicio, relacionadas con la manera como las empresas han abordado el momento de transición que vive Colombia, qué temores y qué oportunidades perciben y cuál ha sido el desempeño de los incentivos que se han desarrollado para atraerlos a las tareas de la construcción de paz en el territorio.