Читать книгу Geopolítica, soberanía y "orden internacional" en la "nueva normalidad" - Miguel Ángel Barrios - Страница 8

La soberanía, en palabras de Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina, es multidimensional. El concepto se aplica a la Argentina, pero también a Brasil y a todos los países periféricos.

La soberanía, cuyo titular es el pueblo, constituye el derecho de un pueblo a organizar social, política, militar y económicamente su sociedad y su Estado de acuerdo con su historia, con sus valores, con sus objetivos, con sus aspiraciones, con sus experiencias.

El ejercicio efectivo, y no solo retórico, de la soberanía depende del potencial del país y de las vulnerabilidades de naturaleza política, económica, tecnológica, militar, ideológica, a las que está sujeta su sociedad.

El objetivo de los imperios siempre ha sido evitar el ejercicio de la soberanía por parte de sus “provincias” o limitar su “autonomía”. En el imperio, el ejercicio de la soberanía plena es exclusivo de las metrópolis y está prohibido a las “provincias”.

En el imperio americano, que se inauguró en 1945, Washington estableció reglas informales que deben ser obedecidas por los gobiernos de las “provincias”, formalmente nacionales, soberanos e iguales, miembros de las Naciones Unidas, bajo pena de castigo; reglas que, de hecho, limitan su soberanía. Estas reglas –que son flexibles, pues dependen de la ubicación geopolítica de la “provincia”, el momento político internacional, el momento nacional y el momento político del gobierno “provincial”– son las siguientes:

 Tener una economía de mercado capitalista, consagrada en la legislación.

 Tener una economía comercialmente abierta.

 Tener una economía abierta al capital extranjero en cualquier área o actividad.

 Tener un grado mínimo de intervención del Estado, como regulador y emprendedor.

 Dar igual trato a las compañías de capital local y a las extranjeras.

 No ejercer control sobre los medios de comunicación.

 Tener un sistema político de pluralidad de partidos y elecciones periódicas.

 Respetar los derechos humanos tradicionales (políticos y sociales).

 No restringir la acción de las ONG extranjeras.

 No celebrar acuerdos, especialmente militares, con Rusia y China, y con “provincias” en estado de rebelión.

 Apoyar las iniciativas de política internacional del imperio.

Todas las técnicas de guerra híbrida (ONG, activistas, interferencia en elecciones, “agentes” externos) en la periferia del imperio se han mejorado para implementar estas reglas y derrocar a los gobiernos que se oponen a ellas.

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En ciertos momentos, debido a circunstancias políticas, económicas o sociales, el gobierno de una “provincia” emprende iniciativas que contradicen una o más de las reglas del imperio y, por lo tanto, se convierte en una “provincia rebelde”, un Estado paria, clasificado como tal por la metrópoli.

La campaña política, económica y mediática para promover el cambio de régimen, es decir, para promover un golpe de Estado para derrocar a un gobierno que Estados Unidos (el imperio) considera “hostil”, incluye el financiamiento de grupos de oposición y sanciones económicas unilaterales, y se desarrolla en varias etapas (que se superponen) de denuncia al gobierno “hostil” por los principales medios regionales y los medios mundiales, con la ayuda de la academia.

Los mecanismos del imperio para someterse al gobierno rebelde se mueven de manera coordinada y muy similar en todos los casos, en el contexto de una operación de guerra híbrida. El imperio acusa al gobierno provincial “rebelde” de ser una dictadura cruel y un gobierno corrupto, tolerar y patrocinar el narcotráfico, oprimir a su población con violencia, no cumplir con sus compromisos internacionales, sofocar la libertad de prensa, arrestar y torturar a los opositores; matar de hambre a la población más pobre, ser una amenaza militar para el imperio y para los Estados vecinos.

Las tácticas de la estrategia de control de la “provincia rebelde” y de derrocar a su gobierno (cambio de régimen) se realizan a través de quejas de ONG, difusión de estudios altamente críticos realizados por organizaciones internacionales, organización política y financiera y promoción de grupos de oposición, campaña internacional de desinformación de medios, quejas de exmiembros del gobierno rebelde provincial y sanciones económicas unilaterales (e ilegales).

Las cuatro “provincias rebeldes” más notables en este momento son Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte. No representan una amenaza militar o económica para el imperio, pero son, sobre todo, un “mal ejemplo” para las otras “provincias”, cuando buscan seguir políticas de desarrollo autónomas soberanas y no subordinadas.

Esta estrategia de propaganda y cambio de régimen tiene como objetivo crear el “clima de opinión” para la aprobación de sanciones por parte del Consejo de Seguridad y finalmente obtener la autorización para la intervención “humanitaria”, lo que sería una obligación de la comunidad internacional.

Una forma de deponer al gobierno de una “provincia rebelde” es la formación de una fuerza multilateral de los países vecinos que se considerarían “amenazados” por el gobierno dictatorial y agresivo de aquella. Otra forma, hoy más utilizada por el imperio, es la guerra híbrida y su componente de lawfare. El objetivo de la guerra híbrida es derrocar al gobierno mediante acciones desestabilizadoras, basadas en la explotación de conflictos y tensiones de identidad, estimuladas por agentes extranjeros. Antes de comenzar una campaña de guerra híbrida, es necesario recopilar tanta información sobre las vulnerabilidades del gobierno en relación con las disparidades étnicas, religiosas, históricas, fronterizas y sociales y económicas.

Las operaciones de guerra híbrida utilizan técnicas de ciberespacio para movilizar a sectores de la población a través de ONG y promover manifestaciones contra el gobierno, para lo cual la creación de una “narrativa” es esencial. Con este propósito se utilizan noticias falsas y perfiles automáticos (bot) para crear cibercascadas.