Читать книгу Globalización y Región - Paola Ruiz Aycardi - Страница 10

En el presente capítulo, el énfasis analítico recae en la estructura de oportunidad política (EOP), referida a los recursos externos a los grupos, es decir, tanto las oportunidades como las amenazas que facilitan o limitan su configuración y accionar. La EOP se define como “las dimensiones existentes –aunque no necesariamente formales, permanentes ni nacionales– del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre las gentes” (Tarrow, 2012, p. 279)5. Así pues, la EOP da cuenta de cuándo se activan los agentes sociales que normalmente carecen de oportunidades políticas. La acción colectiva prolifera cuando la gente tiene acceso a espacios necesarios para escapar de su pasividad habitual y encuentra la oportunidad de usarlos, y también aumenta cuando los ciudadanos se ven amenazados por costes que no pueden soportar o ultrajan su sentido de la justicia (Tarrow, 2012).

Siguiendo a Tarrow (2012), la apertura está fuertemente relacionada con las oportunidades: todas aquellas dimensiones consistentes del entorno político que fomentan la acción colectiva entre la gente, mientras que el cierre se refiere a las amenazas, aquellos factores que desincentivan la acción, tales como la represión o la capacidad de las autoridades de presentarse como un bloque sólido frente a los opositores. La relación entre protesta y oportunidad política es curvilínea: ni el acceso total ni su ausencia fomentan el grado máximo de acción colectiva y, por tanto, la protesta es esencialmente más probable en sistemas caracterizados por una mezcla de oportunidades y amenazas (Eisinger, 1973).

En la tabla 1: Oportunidad política, amenaza política y sus impactos sobre la contienda, se muestra cómo los posibles cambios en el entorno político generan posibles interacciones entre los actores políticos.

Tabla 1: Oportunidad política, amenaza política y sus impactos sobre la contienda

Categoría	Oportunidad creciente	Amenaza creciente
Apertura del régimen	Régimen comenzando incrementalmente a abrirse.	Régimen cerrándose.
Coherencia de la élite	Divisiones creciendo dentro de la élite.	Aumento de la solidaridad de la élite.
Estabilidad de las alineaciones políticas	Aumento de la inestabilidad.	Aumento de la estabilidad.
Disponibilidad de aliados	Nuevos aliados en el régimen disponibles para los desafiantes.	Desaparición de aliados potenciales o pérdida de poder.
Represión/facilitación	Aumento de la facilitación, declive de la represión.	Decrece la facilitación, aumenta la represión.
Paso al cambio	Aceleración de cualquiera de las anteriores.	Desaceleración en cualquiera de las anteriores.

Fuente: Tilly, 2008, p. 92.

Para la década de los noventa, en América Latina y el Caribe se observa un maridaje particular que propició la movilización social de manera masiva. Por una parte, la oportunidad generada por el afianzamiento de la democracia en la región ofreció mayores garantías para la protesta y, por otra parte, la amenaza provocada por la implementación de las medidas neoliberales derivadas del proceso de globalización, hicieron que los ciudadanos se movilizaran en contra de dichas medidas, en lo que Almeida (2003) denomina una acción colectiva defensiva en contra de la implementación de políticas que empeorarían la situación de diversos grupos sociales. Puntualmente se destacan dos amenazas concretas producidas por la globalización: una ambiental, ligada al declive de las condiciones ecológicas, y otra de tipo económico asociada a la promulgación de políticas de austeridad y la reducción del tamaño del Estado, ambas amenazas con impactos negativos sobre los derechos de los ciudadanos (Almeida y Cordero, 2015).

Siguiendo con este orden de ideas, Almeida (2007) expresa que mientras entre los años cuarenta y los sesenta presenciamos una época de oro del Estado desarrollista latinoamericano, en la que el Estado estableció, amplió y se hizo cargo de grandes empresas gubernamentales, asumió el manejo de muchos de los servicios e industrias estratégicas tales como la minería, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y los ferrocarriles, entre otros, y se comprometió ampliamente con el gasto social en el desarrollo de programas de seguridad social, pensiones, salud y educación pública y vivienda subvencionada, solo para citar algunos ejemplos6, cuando se vio obligado a comenzar a reducir o desmontar por completo estos programas a partir de los ochenta, principalmente por la crisis de la deuda, los sectores populares sintieron que se les vulneraban y desmantelaban derechos básicos de ciudadanía social (Walton y Seddon, 2008; Eckstein, 2005).

De esta manera, a finales de los setenta e inicios de los ochenta, encontramos protestas en contra de la austeridad económica en América Latina en países del Cono Sur como Argentina, Chile y Brasil; países andinos como Bolivia y Perú, centroamericanos como Costa Rica, y caribeños como Jamaica (Walton, 2001). Posteriormente se dio paso a un declive de la movilización durante la década de los ochenta e inicios de los noventa debido principalmente a los antes mencionados procesos de transición democrática acaecidos en la región, pero desde los noventa y hasta la actualidad esta tendencia se revierte y reaparece con bastante ímpetu la protesta masiva en contra de distintas políticas neoliberales, movilizaciones que encuentran un común denominador en la amenaza que dichas políticas constituyen, pues su implementación significa inevitablemente el empeoramiento de la situación de múltiples grupos (Goldstone y Tilly, 2012).