Читать книгу Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo. Tomo II - Sergio González Rey - Страница 66

Para desarrollar este literal es imperativo entender la figura del interés del acreedor, el cual está definido por la doctrina como un “elemento funcional” de la relación obligacional⁶⁵, y en esta medida es la función práctico-social del negocio jurídico celebrado. De ahí que el interés del acreedor no se repute solamente de una etapa del iter contractual, sino que deba permanecer a lo largo de toda la relación jurídica, de tal suerte que la extinción del interés del acreedor se configure en un presupuesto de terminación del contrato celebrado.

Es relevante entonces acentuar que la jurisprudencia ha manifestado que el estatuto de contratación estatal reconoce tres modalidades de terminación unilateral; la primera, consagrada en los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993^[66], bajo las causales de nulidad absoluta; la segunda como consecuencia de la declaratoria de caducidad administrativa del artículo 18 de la Ley 80 de 1993; y la última, denominada terminación unilateral propiamente dicha, regulada en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993^[67].

Ahora bien, de conformidad con la primera modalidad, su finalidad se enmarca en dar por terminada la relación obligacional de manera anticipada una vez que se haya percatado de que existe una causal de nulidad que invalida el contrato celebrado, que como lo manifestamos en una ocasión anterior:

Materialmente la terminación unilateral consagrada en los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 en definitiva, no priva al contratista de un derecho y no le impone a esta una obligación, toda vez que el contrato estatal nació a la vida jurídica viciado de nulidad, o sea no tiene carácter sancionatorio⁶⁸, sino que impone la verificación objetiva de la violación de la norma constitucional o legal, porque en últimas la Administración no declara la nulidad del contrato habida cuenta de que es una tarea que le compete exclusivamente al juez del contrato⁶⁹, o sea, no es una situación posible para la Administración, sino que se constituye en un genuino deber, una obligación legal. Es por ello que cuando se configura la causal de nulidad la Administración está obligada a terminar anticipada y de manera unilateral el contrato⁷⁰.

Por su parte, la segunda modalidad se reputa consecuencia de la declaratoria de caducidad, la cual está conformada por dos supuestos: el primero, que ocasiona precisamente la aniquilación del vínculo contractual, y el segundo, que impone una sanción al contratista incumplido consistente en la inhabilidad para celebrar contratos durante cinco años (art. 8.º, lit. c, Ley 80 de 1993).

Por último, el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 configura la tercera modalidad denominada por el Consejo de Estado terminación unilateral propiamente dicha, la cual es una herramienta cuyo fin último es “el cabal cumplimiento de los cometidos estatales y, en ese sentido, impedir que se frustre la realización del objeto contractual”⁷¹, el cual claramente no reviste la naturaleza de una sanción, como en el caso de una declaratoria de caducidad.

Hechas estas salvedades, debemos precisar que la autonomía de la voluntad en el ejercicio de la terminación unilateral se ve restringida en mayor o menor medida si nos encontramos frente a un contrato estatal propiamente dicho o un contrato estatal especial, puesto que el uso de cláusulas excepcionales en las cuales se enmarca la terminación unilateral del contrato se encuentra restringida a la tipología contractual.

Finalmente, resulta interesante poner de presente que pese a que tradicionalmente la figura de la terminación unilateral del contrato se ha entendido como restrictiva a las potestades exorbitantes de la Administración, lo cierto es que cada vez menos es acogida esta acepción, pues en la actualidad en la esfera del derecho privado existen múltiples formas de terminar el contrato de manera unilateral, a saber: pacto de retroventa⁷², arras retractatorias⁷³ y derecho de retracto⁷⁴, casos en los cuales, ante el incumplimiento de una de las partes la contraparte puede abstenerse de cumplir pagos mediante depósito judicial o como en el caso de las garantías mobiliarias en las que se le permite ejecutar la garantía incluso sin intervención judicial⁷⁵, lo cual no es otra cosa que una potestad de una de las partes frente a una sujeción de la otra. Frente a los contratos privados, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha admitido la posibilidad de hacer uso de la terminación unilateral, como quiera que:

[...] En estrictez, la terminación unilateral presupone la existencia, validez y eficacia del contrato, en nada contradice su noción, fuerza normativa, ni encarna condición potestativa [...]. En general, ante la ausencia de prohibición normativa expresa, es ineluctable concluir la validez de estas cláusulas, por obedecer a la libertad contractual de las partes, facultadas para celebrar el acto dispositivo y disponer su terminación, aún sin declaración judicial, previendo el derecho a aniquilarlo, lo cual no significa ni puede conducir en forma alguna a tomar justicia por mano propia, por cuanto toda controversia respecto de su eficacia o ejercicio, corresponde definirla a los jueces⁷⁶.