Читать книгу El presupuesto participativo - Alberto León Gutiérrez Tamayo - Страница 23

Finalmente, la última categoría reúne dos textos que indagan cómo desde el PP se promueve la Política Pública de Economía Social y Solidaria. Aunque este no es un tema recurrente en la literatura sobre PP en Medellín, se requería de una clasificación aparte debido a la singularidad de la temática. De este modo, se encuentran dos documentos: el artículo “Retos de la Alcaldía de Medellín para la aplicación de la Política Pública de Economía Social y Solidaria” de Alzate, Arboleda y Salgado (2016) y el libro Política Pública de Economía Solidaria en el contexto de Planeación Local y Presupuesto Participativo de Medellín, 2008-2015: evaluación de su efectividad de Alzate, Zabala, Salgado, Peralta y Pareja (2015).

El primero expone la política pública de economía social y solidaria, aplicada en los planes de desarrollo de 2008-2011 y 2012-2015, como un medio para solucionar las problemáticas relacionadas con el desarrollo económico inequitativo y excluyente en los sectores sociales más desfavorecidos y en condición de vulnerabilidad. De la mano de la aplicación de dicha política se sitúa la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las Unidades Productivas Asociativas (UPA), las cuales son financiadas por medio del PP. Los resultados de la investigación muestran que la Alcaldía de Medellín tiene como reto proporcionar las condiciones necesarias para el surgimiento de iniciativas como las UPA y también lograr su fortalecimiento y consolidación en el mercado.

De la misma manera, el segundo texto plantea que las iniciativas de economía solidaria, específicamente las UPA, son financiadas por el PP, pero en la conclusión, los autores señalan que los beneficiarios del programa se encuentran distanciados de los procesos participativos. Lo anterior se debe a un cambio “en el proceso mismo de inversión de las UPA, al pasar de procesos de álgido debate y necesidades latentes de crear de manera muy rápida Organizaciones Solidarias, solicitadas por la comunidad, a procesos de escogencia por convocatoria pública” (Alzate et al., 2015, p. 189).