Читать книгу México obeso - Antonio López Espinoza - Страница 15

El 31 de octubre de 2013 el gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (Moreno, 2014). Esta iniciativa es una más de las que se han implementado desde el gobierno para intentar frenar lo que ya es un grave problema que afecta la salud de un alto porcentaje de la población, así como las finanzas del Estado y la economía del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo, lo cual puede ser perjudicial para la salud. Se dice que cuando una persona tiene un índice de masa corporal (IMC)¹ igual o superior a 25 tiene sobrepeso, mientras que si este indicador supera el nivel de 30, entonces la persona es obesa.

En 2008 un total de mil 400 millones de personas en el planeta tenían sobrepeso, de los cuales más de 200 millones de hombres y casi 300 millones de mujeres padecían obesidad. Adicionalmente, en 2010 la misma organización calculaba una suma de alrededor de 40 millones de menores de cinco años con sobrepeso. Es este sentido, la obesidad se ha convertido en un grave problema a nivel mundial (OMS, 2012, 2014).

Los datos anteriores permiten situar el sobrepeso y la obesidad como una pandemia, pues estos van más allá de una cuestión estética, al ser causantes de buena parte de las enfermedades “modernas” que afectan a la humanidad. Según la OMS (2012), esta pandemia es responsable de 44% de la diabetes tipo II que se presenta en todo el planeta, 23% de las cardiopatías isquémicas y entre 7 y 41% de los diferentes tipos de cáncer; cada año mueren alrededor de 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de la obesidad.

Cabe señalar que México es uno de los países que actualmente sufre más por esta situación. En el año 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), 48.6 millones de adultos mayores de 20 años tenían sobrepeso, lo que representa 71.3% del total de habitantes. A su vez, 32.4% presentaba obesidad; de esta cifra predominaba el sexo femenino con 37.5%, mientras que el masculino contaba con 26.8% (Gutiérrez et al., 2012). Se calcula que en 2010 murieron 83 mil personas en el país debido a la obesidad, motivo por el cual esta enfermedad se convierte en la segunda causa de mortalidad (Rivera-Dommarco et al., 2013).

En lo que respecta a la obesidad infantil, la Ensanut 2012 declaró que 9.7% de los niños menores de cinco años tenía sobrepeso, situación que se repitió en 5.7 millones de niños entre 5 y 11 años, es decir, 34.4% de la población total en ese rango de edad. Finalmente, también 35% de los jóvenes entre 12 y 19 años padecía sobrepeso u obesidad, lo que representa más de seis millones de personas.

En resumen, en 2012 el sobrepeso y la obesidad afectaron a más de 60 millones de mexicanos, esto es más de la mitad de la población de este país. Una cifra realmente alarmante que muestra con claridad que el exceso de peso dejó de ser desde hace mucho tiempo un asunto de elección individual, para convertirse en un grave problema de salud pública que impacta en la estabilidad física y emocional de las personas, en la productividad de los trabajadores, en la economía del país y en las finanzas del Estado (Rtveladze et al., 2013). Ante ello, preguntas obligadas son: ¿quiénes son los responsables del crecimiento tan desorbitante de este problema?, ¿somos los consumidores los que no hacemos adecuadas elecciones al momento de decidir qué comer y cuánto ejercicio físico hacer o son aquellos que nos proveen de los alimentos?, ¿cuál ha sido la responsabilidad del Estado en esta situación?

Tales preguntas intentarán ser respondidas en el presente capítulo, en el cual se argumenta que el crecimiento desmedido del sobrepeso y la obesidad en México durante los más recientes 25 años, es producto de una tendencia mundial, pero sobre todo de diversas políticas públicas que han motivado una industria alimentaria que genera grandes beneficios privados, además de elevados y graves costos públicos, mismos que no podrán revertirse si el Estado no implementa medidas que, más allá de responsabilizar al consumidor de su estado nutricional, realmente impliquen un cambio de orientación en la política alimentaria.