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El papel “regulador” del Estado en el combate a la obesidad

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Cuando hablamos de problemas de salud pública, en particular de problemas relacionados con la alimentación (obesidad, desnutrición, hambre), no podemos ignorar la participación activa y pasiva del Estado. La función pasiva de este radica en el apoyo a la población por medio de programas dirigidos principalmente a los sectores vulnerables. Por su parte, la función activa se presenta porque al considerar el sector productivo y empresarial como una rama que va de la mano con los procesos gubernamentales, se permite el desarrollo de empresas mexicanas y la entrada de empresas extranjeras al territorio mexicano, que pueden impactar positiva o negativamente en estos fenómenos.

Desafortunadamente, el papel jugado por el Estado en el combate a la obesidad se ha concentrado en su función pasiva, mientras que la activa ha sido benéfica solo para unos cuantos actores, y altamente perjudicial para el resto de la sociedad. Barquera, Rivera y Gasca (2001) refieren que desde 1910 el Estado se encuentra en crisis frente a las problemáticas sociales, económicas, ambientales y políticas que sufre México. Desde los problemas agrarios y el interés del Estado por mantener su legitimidad dentro del territorio, se optó por desarrollar programas que subsanaran, por un lado, la transformación que se pensaba hacer a gran escala en el sector agrícola y, por otro, paliar los ánimos de campesinos y productores que comenzarían a ver pérdidas ante la irremediable transformación de los mercados locales. Por tal razón se comenzaron a otorgar pequeños subsidios a campesinos y apoyos alimentarios a las comunidades que sentían los efectos de las transformaciones económicas.

Fue así que el Estado comenzó a probar diferentes programas que intentaron subsanar el gran hoyo negro que se abría en el sector productivo y alimentario. Se inició con el sistemas de subsidio a los consumidores (programas de desayuno escolar, Compañía Nacional de Subsistencias Populares [Conasupo]), para después continuar con subsidios a los productores; el problema fue que los mismos, en su mayoría, eran aprovechados por los grandes productores (Hewitt, 1999).

No obstante, las transformaciones más evidentes se dan a partir de la década de 1980, cuando la apertura económica y comercial permite la llegada al territorio nacional de un mayor número de empresas extranjeras, además de que el Estado vio necesario apoyar con grandes subsidios a las principales empresas nacionales para que respondieran a la competencia en el mercado interno y fueran capaces de incursionar en los mercados de exportación. Tal como se mencionó previamente, ello impactó considerablemente en los aspectos alimentarios de México, pues mientras no se lograba erradicar la hambruna y desnutrición en algunas partes del país, la obesidad aparecía cada vez más como un problema nacional.

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