Читать книгу México obeso - Antonio López Espinoza - Страница 23

En el combate a la obesidad, la función activa del Estado ha sido totalmente errática, actuando en favor de las empresas productoras de comida con alto contenido calórico y bajo contenido nutricional y en contra del consumidor. Así, en estos años de apertura comercial, la industria de alimentos procesados ha crecido de manera importante. En 2012 su producción ascendió a 87 mil 790 millones de dólares, con una tasa promedio anual (TMCA) de 7.8% entre 2007 y 2012, contribuyendo con 22% del producto interno bruto (PIB) manufacturero y 7% del PIB nacional (Inegi, 2014). Se estima que su producción crecerá a una TMCA de 6.3% en el periodo 2011-2020 (ProMéxico, 2012).

En lo que respecta al consumo, este fue de 121 mil 712 millones de dólares en 2011 y se espera crezca a una TMCA de 6.1% (ProMéxico, 2012), que aunque es inferior a la proyección del consumo mundial (TMCA de 8.1%), sigue siendo dinámico, sobre todo si se considera que el crecimiento del PIB en México no ha superado el 4% anual en los años más recientes (1.06% en 2013).

Por otro lado, la inversión extranjera directa en esta industria ascendió a 21 mil 722 millones de dólares entre 2002 y 2011; 99% de esta provino de Holanda, Estados Unidos y Suiza, con Danone, Nutreco, Kraft, Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Tyson y Mars como los principales inversionistas extranjetos. Los principales inversionistas mexicanos son Bimbo, Embotelladora Arca, Lala, Bachoco, Femsa, Gruma y Sigma. Cabe señalar que existe un constante proceso de concentración industrial en cada vez menos empresas, muchas de ellas de capital extranjero.

Uno de los factores que mayor influencia han tenido en el crecimiento económico en México de varias de las más grandes empresas alimentarias, los intermediarios minoristas y las cadenas de comida rápida, ha sido la política económica favorable a sus intereses, pues durante varios años fueron considerables las transferencias económicas y los privilegios fiscales a embotelladoras, fábricas de jugos y empresas cuyo giro era la elaboración de alimentos poco nutritivos.

En contraparte, estos subsidios tuvieron un efecto distorsionante en la alimentación de los mexicanos (en particular, aquellos de menores ingresos) y un impacto negativo en su nutrición, pues el incremento en el consumo se orientó principalmente a las llamadas comidas chatarra.⁶ Según Carla García (2011: 172), haciendo uso de estadísticas de la Secretaría de Salud, en México se gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de este tipo de comida, por apenas 10 mil millones para comprar alimentos básicos. De igual forma, se estima que en 2012 los mexicanos adquirían 29.3% menos frutas y verduras que en 1988, 26.7% menos leche y 18.8% menos carne, mientras que aumentaron en 6.3% la compra de hidratos de carbono refinados y en 37.2% la adquisición de bebidas azucaradas (Secretaría de Salud, 2013). Por ello, durante estos años los mexicanos se convirtieron en los mayores consumidores de refrescos azucarados en el mundo, con 163 litros anuales por persona (55 litros más que en los Estados Unidos [Oxfam México, 2012]), además de que el consumo de azúcar per cápita se incrementó a entre 42 y 50 kilogramos (García Chávez, 2011) más del doble del promedio mundial.

Se puede decir entonces que la política económica del gobierno desde la década de 1980, ha sido en beneficio de los grandes consorcios de la alimentación, mientras que el sobrepeso y la obesidad se disparan a niveles alarmantes, perjudicando a los consumidores (especialmente las familias de menores ingresos que ven una gran merma económica por la morbilidad o mortalidad asociadas a estos males), a las finanzas públicas y a la economía del país.