Читать книгу La revolución de la libertad - Javier Milei, Diego Giacomini - Страница 11

Según todo lo que dijimos, el derecho natural debería regir la vida de los todos seres humanos. Por consiguiente, la justicia debería consistir solamente en la defensa del derecho natural, de manera que cuanto más se circunscriba solo al derecho natural, más justicia habrá. Por el contrario, cuanto más se aleje del derecho natural, la justicia será más injusta. Como explica Rothbard: “En esencia, la ley natural es una ética profundamente ‘radical’, porque marca límites al statu quo actual, que tal vez viole gravemente la ley natural, olvidando la incesante e inflexible luz de la razón. En el ámbito de la política de la acción del Estado, la ley natural se presenta al hombre como un conjunto de normas que pueden suponer una crítica radical a la ley positiva en vigor impuesta por el Estado”.(1)

De acuerdo con nuestra visión, el derecho natural debe ser utilizado como indicador para abolir, suprimir y recortar la mayor cantidad de leyes positivas que puedan derogarse. El derecho natural debe guiar la reducción del frondoso caudal de legislación (en todos los niveles de gobierno) que hay en las democracias universales y representativas modernas. El derecho natural debe ser revolucionario, radical y debe convertirse en el punto de partida para arremeter contra el statu quo de la legislación positiva actual.

El derecho natural debe encender la mecha de los cambios radicales, arremetiendo contra todo el orden institucional actual y jurídico que emana de las constituciones liberales (ver “El fracaso de las constituciones liberales”). A partir del derecho natural hay que desarmar el monopolio estatal de la justicia y la seguridad, y también la mentirosa estafa de la división de poderes y de los frenos y contrapesos, que solo han legitimado y contribuido a la expansión del Estado y al saqueo organizado y sistemático de unos para con otros. El derecho natural debe reducir el derecho positivo hasta hacerlo coincidir con su ley y su justicia. Sin un derecho natural que arremeta y achique la legislación presente, el Estado no solo mantendrá su tamaño actual, sino que seguirá creciendo. Justamente, el derecho natural debe ir contra el derecho positivo para achicar el Estado, desempoderar la política y empoderar a la sociedad. El derecho natural debe ser la plataforma de despegue para hacer desaparecer el Estado, que es el único enemigo del ser humano, de su libertad y de su prosperidad. Pero mientras haya legislación, habrá Estado. Y si no se ataca y reduce el derecho positivo, el instrumento que expande el yugo sobre los individuos, el Estado seguirá creciendo. Más aún bajo los regímenes de democracia universal y representativa y sus dictaduras parlamentarias.

En la democracia universal representativa (ver “Democracia y socialismo”), que es un régimen de gobierno de propiedad pública en el cual todos los esquemas de incentivos están dirigidos a hacer crecer los medios políticos a expensas de los medios económicos, la legislación está condenada a crecer, porque su expansión consolida cada vez más el sistema de anticuerpos tendiente a evitar que el sistema pueda ser cambiado desde arriba y desde adentro; y así se impide que se modifique su trayectoria temporal, que nos condena a cada vez más política, más Estado y menos individuo.

La legislación, hecha por burócratas estatales de carne y hueso y basada en el derecho positivo contrario al derecho natural, es el corazón del avance del Estado por sobre el individuo. Los jueces son el cerebro. Ambos, en forma conjunta, solo producen injusticia. El poder judicial no cumple su rol. Los jueces han decidido dejar de ser el (supuesto) mecanismo para limitar las acciones del Estado. Por el contrario, los jueces han elegido convertirse en el instrumento más eficaz para dotar de legitimidad ideológica el avance del Estado. El poder judicial imprime de legitimidad todo avance inconstitucional de los burócratas del Estado, asegurándole al público que sus crecientes poderes son en realidad y de hecho constitucionales. Este resultado no puede sorprender, ya que es la consecuencia lógica del armado del propio derecho positivo y sus instituciones. El poder judicial nunca pueda ser independiente, ya que sus miembros son propuestos por el poder ejecutivo y nombrados por el poder legislativo, o sea, por los otros dos poderes, a los cuales (supuestamente) debe limitar. Esto es una severa inconsistencia, ya que implica que los burócratas que deben limitar el Estado (y proteger los derechos naturales) son también funcionarios que se benefician de su expansión. Es más, los jueces no solamente suelen tener lazos con el mismo mundo de la política al cual pertenecen los burócratas del poder legislativo y ejecutivo, sino que también viven de los medios políticos, por lo cual tienen el mismo esquema de incentivos que los miembros del poder ejecutivo y el poder legislativo, que no es sino hacer crecer el Estado y los medios políticos.

Es muy fácil de entender. El poder ejecutivo suele mandar proyectos de leyes de derecho positivo. El poder legislativo las sanciona y el poder ejecutivo las promulga. Luego, los jueces velan por su cumplimiento. Todos son funcionarios del Estado y todos viven de los medios políticos que pueden crecer y aumentar a expensas de los medios económicos. En este contexto, las leyes que crean, sancionan, promulgan y hacen cumplir son casi siempre tendientes a hacer crecer al Estado e hieren el derecho natural de los seres humanos. En este marco, el derecho positivo no será nunca inmutable, sino que siempre estará sujeto a permanente cambios, que dependerán de los intereses, voluntades y circunstancias de la casta política.

En concreto, la legislación de los burócratas suele cambiarse, modificarse y adaptarse a lo largo del tiempo, creando injustica o justica en la medida en que se aleje o solo se circunscriba al derecho natural, respectivamente. Por un lado, si el derecho positivo estuviera totalmente alineado con el derecho natural y no lo excediera, la legislación alimentaría el principio de justicia. Por el contrario, cuando la legislación excede el derecho natural, sus normas inexorablemente terminan contradiciéndolo y, por ende, generando injusticia. En un régimen de gobierno como la democracia universal representativa, de propiedad pública, estamos condenados a enfrentar esto último.

No obstante, si, a raíz del avasallamiento de los derechos naturales, hay cada vez más injusticia, los hombres y las mujeres no solo tienen el derecho sino la obligación y el deber de levantarse contra los parlamentarios, exigiéndoles que alineen el derecho positivo con el derecho natural. En este sentido, no hay que perder de vista que toda legislación que avasalle los derechos naturales del ser humano se convierte en un instrumento que alimenta la dictadura parlamentaria. El hecho de que los legisladores sean votados por el pueblo no asegura que no se caiga en una dictadura parlamentaria, ya que una dictadura no es definida por el sistema de elección del gobierno, sino por su accionar. Si los burócratas del parlamento sancionan en forma sostenida y creciente leyes que avasallen el derecho natural de las personas, estos legisladores terminarán convirtiéndose en una dictadura parlamentaria, sin importar como hayan sido elegidos previamente. Es decir, una dictadura no se define solo por cómo llegaron al cargo, sino por lo que hacen permanentemente en ese cargo. Si los legisladores, por ejemplo, viven sancionando leyes que aumentan la presión tributaria en forma creciente a lo largo de los años, en realidad no hacen otra cosa que confiscar (por la fuerza) una porción (cada vez mayor) del fruto del esfuerzo, intelecto, energía y trabajo ajeno, lo cual es lisa y llanamente una violación a la propiedad privada ajena, es decir, un atentado contra el derecho natural. Dicha confiscación persigue como objetivo esquilmar en forma creciente el producido del esfuerzo ajeno con el único objetivo de tener más financiamiento para el gasto propio: un aumento de la explotación de unos (sector privado) por otros (burócratas del Estado). Es un aumento de los medios políticos a expensas de los medios económicos. La casta política, mediante la legislación de los parlamentos, cada vez se apropia de más días de trabajo ajeno. Del otro lado, las personas trabajan cada vez más días para los burócratas del Estado y menos para sí mismas. La esclavitud es creciente. El derecho natural es cada vez más avasallado. Los legisladores elegidos por el pueblo se han convertido en dictadores que avanzan constantemente sobre los derechos naturales de los seres humanos, y el derecho positivo no ha sido otra cosa que el vehículo que se los permite.

Queda en evidencia que el derecho positivo ha desplazado y violentado el derecho natural y, como sin derecho natural no hay justicia, las normas escritas han terminado sustituyendo la justicia por la injusticia. Así, el derecho positivo consiste en una toma violenta de autoridad y dominio de parte de los burócratas del Estado, que en realidad no tienen ningún derecho a ejercer esa autoridad y esa dominación. No es más que un absurdo, una intrusión violenta que sustituye la justicia por su propio poder, regulando el comportamiento ajeno bajo un manto de usurpación y tiranía. El derecho positivo, al avasallar el derecho natural, es un crimen. El peor de los crímenes, porque se comete con la certeza de la impunidad, sin correr riesgos: los delincuentes tienen el monopolio de la violencia, la ley, la seguridad y la justicia. Escriben, sancionan, promulgan, hacen cumplir y castigan el incumplimiento de la ley, pero, sobre todo, se benefician de ella.

La historia del derecho positivo o legislación siempre tiene el mismo hilo causal y origen: ser un instrumento de dominación de unos sobre otros. El derecho positivo es inseparable del Estado. Hay Estado, entonces debe haber legislación; porque las normas escritas son las que perpetúan la dominación de los burócratas del Estado por sobre el resto de la población. El rol del derecho positivo es expandir sistemáticamente el saqueo, conservando un bando que roba y confisca de un lado, contra un bando de esclavos que es robado del otro lado. Estas leyes, como se las suelen llamar, “no son más que pactos que los políticos juzgan útil concertar entre sí con el fin de conservar su organización, de ponerse de acuerdo para despojar y dominar a los demás, y de garantizar la parte del botín a repartir. Tales leyes no pueden obligar más que los pactos que los asaltadores, bandidos y piratas establecen unos con otros a fin de perpetrar más fácilmente sus crímenes y poder compartir con la máxima tranquilidad el producto de sus robos. Así, por tanto, en lo fundamental, toda la legislación del mundo tiene por origen la voluntad de una clase de hombres empeñados en el expolio y la dominación de los otros, la manera de cómo hacer de estos últimos propiedad suya”.(2)