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La Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña

Fruto de las intensas reuniones efectuadas por los miembros presentes en la Comisión Preparatoria, se acordó que la futura Asamblea tendría que ser una reunión de representantes de partidos catalanes, de grupos, de organizaciones legales e ilegales, y de otras organizaciones y personalidades que en Cataluña mantuvieran una actividad antifranquista o pudieran eventualmente desarrollarla, y reconocieran además la opresión a que estaba sometida la personalidad nacional de Cataluña, sin otra exigencia para participar que una actitud dialogante.

«Ella preconiza la salida no violenta de la dictadura hacia un régimen democrático. Cada vez estará más en la conciencia de todos la necesidad de mantener principios sin ningún tipo de colaboración directa o indirecta con el régimen. Esto implica que, con una gran ponderación, pero con gran firmeza, nos negamos a cualquier maniobra que represente la continuación de la dictadura.»185

Así pues, con estos principios básicos de relación entre diversas organizaciones de diferente índole, la Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña se constituyó con representantes de las siguientes organizaciones: CCFPC, Taula Rodona Democrática, CC.OO., Grupos Cristianos en Defensa de los Derechos Humanos, Asamblea Permanente de Montserrat y Comunidades Cristianas de Base.

Desde el principio se acordó entre todos los miembros el crear los medios materiales y políticos para el comienzo de ese diálogo basado en la convergencia, y no sobre la confrontación de ideas y fines políticos, con el objetivo de asumir bajo una acción unitaria la posibilidad de poder articular la oposición contra el régimen, llegando a la conclusión de convocar una asamblea representativa de toda entidad que se moviera en Cataluña con un sentido democrático y antifascista. Algunas de esas organizaciones que finalmente formaron parte de la Asamblea de Cataluña fueron la Federación Socialista de Cataluña (FSC-PSOE) y el sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Francisco Parras, dirigente socialista que formó parte de la integración, explica su visión sobre aquellos momentos:

«La primera vez que la Federación Socialista (FSC-PSOE) y la UGT empezaron a hablar de constituir una plataforma unitaria, que luego se llamó A.C., fue a finales de 1970 a través de los dirigentes del PSUC: Josép Solé Barberà, Pere Ardiaca y Francesc Nogueró en la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, calle Fontanella n.º 14, de la que todos éramos socios. Nos invitaron a que interviniéramos en la constitución de la misma como FSC-PSOE y UGT. La reacción y el compromiso de la organización socialista fue aceptar la invitación y el compromiso de intervenir en la constitución de la Asamblea.»186

Por otro lado, los objetivos básicos de la Comisión Preparatoria se centraron en tres ideas: la definición de los objetivos y los postulados políticos de la Asamblea cuando se reuniese; la extensión geográfica por todo el país de sectores y grupos que se irían sumando a la iniciativa de constituir la Asamblea y, finalmente la preparación de las condiciones formales y materiales para celebrar la I Sesión de la Asamblea de Cataluña187.

Sin duda se era consciente de que ante estas propuestas estaba el obstáculo de la falta de experiencia de libertad democrática después de más de 32 años de represión y confrontación y que se crearían serias dificultades para solucionar los problemas reales del país, haciendo partícipe en lo posible a todo el pueblo de Cataluña, al menos en la teoría; no obstante, este era el camino que había que recorrer, aunque fuera impensable que a comienzos de los años setenta cualquier evolución hacia la libertad democrática fuese factible. Por eso, en plena clandestinidad, las actuaciones políticas se dirigieron no solo a través de los partidos sino también mediante organizaciones sociales, algunas de carácter legal, como colegios profesionales, asociaciones culturales o confesionales que reclamaban la defensa de los derechos humanos y las libertades sociales y políticas.

El primer trabajo de la Comisión Preparatoria consistió en encontrar puntos de convergencia entre las diversas organizaciones en los que se obviaran los intereses partidistas buscándose un objetivo global de carácter unitario que impulsara la lucha democrática lo más rápido posible y con la máxima participación y consenso, pues el tiempo era esencial.

Al comienzo de la década de los setenta, la situación política en España era anacrónica y, como poco después se vería, entraba en su fase terminal después de tres décadas bajo un régimen dictatorial. La Iglesia cada vez se iba distanciando más del régimen, como lo demuestran las declaraciones del cardenal Tarancón el 2 de abril de 1969, cuando afirmaba que la única postura inaceptable en aquellos días era el inmovilismo.

Sin duda había que tener en cuenta que durante mucho tiempo el Movimiento Católico y la Acción Católica habían sido términos equivalentes fundados por los católicos y dirigidos desde la Iglesia para la defensa de sus posiciones en un contexto de Estado secular y liberal alentado desde León XIII y sus sucesores. La base de este movimiento católico seguía bajo la directriz jerárquica que se hizo más insostenible cuando emergieron los regímenes fascistas que impedían la existencia de organizaciones profesionales y políticas rivales.

Así pues, aunque en la primera época del franquismo la Iglesia tuvo una intensa colaboración con el régimen, sobre todo con el nombramiento de Alberto Martín Artajo, afín al movimiento católico, en la cartera de Exteriores (1945-57); con posterioridad, el impacto del Concilio Vaticano II, el taranconismo y la Asamblea Conjunta, cambiaron la dirección de estas organizaciones católicas, realizándose entre septiembre de 1966 y octubre de 1968 diversas dimisiones, relevos de dirigentes y consiliarios de los movimientos que generaron una crisis en la Acción Católica Española (ACE) que derivó en un conflicto político por el reconocimiento jurídico de los Movimientos Especializados en el marco del Concordato y en los proyectos de Ley de Asociación y de Prensa que redefinieron el status jurídico de la ACE, (HOAC, JOC).

Este cambio de actitud condujo irremediablemente a un enfrentamiento con el régimen por la participación y presencia de militantes en acciones de oposición crítica y denuncia social, y una evolución del modelo general-parroquial al especializado por ambientes. Las estadísticas de militancia en la organización son reveladoras de su situación; en 1955 estaban registrados 595.758 militantes, mientras que en 1960 llegaban solo a 354.549 militantes y en 1966 a 107.832 inscritos. En 1971, la situación influyó hasta el punto de que el Papa Pablo VI, a través del nuncio Dadaglio, cambiara la presidencia de la Conferencia Episcopal a favor del cardenal Tarancón188.

Desde el exterior, los mensajes dirigidos al gobierno por distintos organismos europeos sobre la exigencia de aperturismo, democracia social y sindical rompían la estrategia de este en su empeño de acercamiento a Europa y a sus instituciones. Efectivamente, el 23 de abril de 1969, el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el sindicalismo español era demoledor, exigiendo que todos los cargos sindicales debieran de ser electivos, que la autonomía hubiera de ser completa y que debiera existir la igualdad efectiva de las asociaciones de trabajadores y empresarios.

Por otro lado, los funcionarios sindicales debían estar sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos y estos garantizarían la libertad de expresión y reunión que otorgaría la libertad a todas las corrientes sindicales dentro de una unidad libremente aceptada. Finalmente, la Organización Sindical no debía estar sujeta a dirección o control de ningún movimiento político189. Por tanto, la evolución ideológica seguía bajo formas que no se alejaban del autoritarismo de antaño, con pocos cambios en un régimen que se empeñaba por mantener en sus manos el aparato del poder y cuya estrategia iba encaminada por un lado al mantenimiento a raya de las aspiraciones populares y su forma organizada, y por el otro a la superación propia de la lucha interna de camarillas que dividían y acrecentaban la corrupción entre las clases dirigentes que no permitía una respuesta clara a problemas tan importantes como el caso Matesa.

Un ejemplo de control, censura, y falta de libertad de expresión se demuestra en las candidaturas presentadas en 1971 a la elección de Procuradores en Cortes de Joan Barenys Oriol, abogado de cuarenta años, y de Xavier Casassas Miralles, empleado de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona. Ambos candidatos presentaron una declaración el 22 de septiembre de 1971 rechazando la censura ejercida sobre el medio millar de palabras que solo podían presentar al público.

Se censuraron párrafos como: «El marco legal es muy restrictivo», «La población catalana, la autóctona y la inmigrada es mayor de edad y tiene derecho a discutir libremente», «Clara afirmación de la personalidad catalana- nuestra voluntad de luchar para ayudar a la clase trabajadora a tener su propia organización», «Que nuestra incorporación a Europa solo puede realizarse democratizando las instituciones y respetando rigurosamente la Convención Europea de los derechos del hombre».

Por otro lado, a Casassas, la censura le suprimió frases como: «Una de mis primeras experiencias es la Barcelona paralizada por la huelga de tranvías de 1951», «Debate político sobre Cataluña, la Democracia y el papel de la clase trabajadora en la sociedad», «Actualmente los impuestos los pagan primordialmente los asalariados, los pequeños industriales y los comerciantes»190.

Cabe decir que, a pesar de los esfuerzos inmovilistas del régimen, la desmoralización y la presión ejercida por los sectores marginados del poder fueron creando deserciones en la línea autoritaria hacia la zona de soluciones democráticas, especialmente en la iglesia jerárquica, en el funcionariado, aunque en escasa proporción y en pequeños sectores del Ejército y de las fuerzas de seguridad. También dentro de la propia Policía Armada había discrepancias sobre el futuro del régimen, especialmente cuando se criticaba la auto represión dentro del cuerpo; tómese como ejemplo el caso ocurrido en abril de 1971, cuando la Comisión de Policías Armados de Barcelona distribuyó unos folletos en los que se exigía la solidaridad con sus propios compañeros represaliados, argumentando que enfrentarse al pueblo era una indignidad ya que también ellos eran hijos del pueblo. Uno de sus párrafos era contundente: «¡Basta de hacerles el juego a esa pandilla de ladrones y asesinos! Hasta nuestros oficiales se negaron a entrar en SEAT porque decían que allí no se alteraba el orden público. ¡Tuvieron que llegar el canalla de Creix y el gobernador Pelayo Ros para obligarnos! ¡No podemos tener el pueblo como enemigo, no podemos enfrentarnos con él!»191.

185. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 143. Análisis político (julio de 1971), elaborado en enero de 1973.

186. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 114. También ver PARRAS, Francisco, en entrevista realizada en el 5/2006.

187. REVENTÓS, Joan, «Els socialistes en els origens de la Assemblea», L’Avenç, n.º 43, Barcelona,1981, p. 38

188. Tele/eXpres, 2-04-1969. Para ampliar la información ver MARTÍN SANTA OLALLA, Pablo, La Iglesia que se enfrentó a Franco, Madrid, Dilex, 2005. En MONTERO GARCÍA, Feliciano, La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializada. Los años sesenta, Madrid, UNED, colección Aula abierta 36156, 2000.

189. Tele/eXpres, 23-04-1969.

190. FRC, AJR, «Barenys. J; Cassasas X», Carpeta 68, 1-1-1971.

191. FRC, AJR, «Comisión de policías armados de Barcelona», Carpeta 92, 23-10-1971.