Читать книгу El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia - Gerardo Barbosa Castillo - Страница 17

El 9 de noviembre del 2017 se anunció la conformación de la CEV con el objetivo de aproximarse a la “verdad no judicial sobre los hechos más atroces ocurridos durante el conflicto armado colombiano” (El Tiempo, 09/11/2017). El órgano encargado de su elección fue el Comité de Escogencia, integrado por José Francisco Acuña Vizcaya, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego García Sayán, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Claudia Vacca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, Álvaro Gil Robles, designado por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, quienes también hicieron parte del proceso de selección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, organismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Para llevar a cabo el proceso de escogencia, se tuvo en cuenta la equidad de género, la diversidad étnica y cultural, y la transparencia y participación ciudadana, según lo dispuesto por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Acto Legislativo n.º 1 de 2017 y el Decreto 588 de 2017.

Dentro de los primeros 34 preseleccionados se encontraban, por ejemplo, el integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, Federico Andreu, el director de esa entidad, Gustavo Gallón, y el historiador Mauricio Archila, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). La publicación de la lista de los preseleccionados de la Comisión produjo una conmoción política y mediática. El ex presidente Álvaro Uribe se pronunció, afirmando que la candidatura de Archila era una apología al terrorismo, acusación desafortunada que causó revuelo en redes sociales y en colegas y alumnos del historiador que rechazaron semejante señalamiento (El Espectador, 11/11/2017).

Realizadas las entrevistas, el proceso de deliberación por parte de los integrantes del Comité de Escogencia llevó a la selección final. Se eligieron “once comisionados de la verdad –acompañados por un equipo interdisciplinario– que estarán en nueve regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores que de manera voluntaria aportarán información sobre los hechos más graves del conflicto” (El Espectador, 29/11/2018b):

- Francisco de Roux, S. J. Trabaja con las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente del Magdalena Medio, donde dirigió el Programa de Desarrollo y Paz. Es filósofo de la Universidad Javeriana y magíster en economía de la Universidad de los Andes.

- Saúl Franco Agudelo. Conoce las comisiones de la verdad de Sudáfrica, El Salvador y Guatemala. Es médico cirujano de la Universidad de Antioquia y magíster en medicina social, estudios adelantados en México.

- Lucía Victoria González Duque. Trabaja en la resolución de conflictos sociales y armados en Medellín, en el contexto de milicias urbanas y narcotráfico.

- Carlos Martín Beristaín. Trabaja en Colombia desde 1994 con distintas organizaciones sociales, iglesias, comunidades y víctimas.

- Alejandra Miller. Ex secretaria de gobierno del Departamento del Cauca. Economista y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Desde 1998 ha conjugado su trabajo como docente con el activismo en el movimiento social de mujeres.

- Alfredo Molano. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Francia. Ha publicado numerosos libros sobre el conflicto en los territorios. Columnista de El Espectador.

- Carlos Guillermo Ospina. Militar retirado, abogado y administrador de empresas. Lidera desde 2013 la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.

- Marta Cecilia Ruiz. Periodista. Especialista en cubrimiento de la guerra en Colombia, las políticas de seguridad, las violaciones de derechos humanos, la parapolítica, el proceso de justicia y paz y las ejecuciones extrajudiciales.

- María Ángela Salazar. Afrocolombiana. Coordinadora y vocera voluntaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia y en la Corporación Viva la Ciudadanía.

- María Patricia Tobón Yagarí. Indígena con experiencia en la defensa de los derechos humanos. Abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

- Alejandro Valencia Villa. Abogado y defensor de derechos humanos desde 1989. Fue asesor de recuperación de la memoria histórica “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”. A su vez, fue asesor de la Comisión de la Verdad del Ecuador y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.

Para la selección de los once candidatos se tuvieron en cuenta, según la presidenta del Comité de Escogencia, Claudia Vacca, cinco perfiles considerados necesarios para lograr un eficaz funcionamiento de la Comisión de la Verdad: (1) académicos, (2) defensores de derechos humanos, (3) comunicadores y profesionales en arte y cultura, (4) expertos en trabajos de memoria histórica y (5) representantes de las víctimas (El Espectador, 09/11/2017).

A partir del 8 de mayo de 2017 empezaron a correr los seis meses que la Corte Constitucional otorgó a la CEV para dar inicio formal a su trabajo, al declarar exequible la creación de esa institución. Durante este tiempo, los comisionados seleccionados se dedicaron a la creación del reglamento interno y a la metodología de trabajo para cumplir con su mandato. Dentro de sus principales actividades preliminares se destacan reuniones con víctimas, organizaciones sociales, excombatientes, grupos étnicos, entre otros (El Espectador, 06/05/2018). Según lo ha manifestado por diferentes medios de comunicación el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, el propósito es hacer presencia institucional en diez macrorregiones y 26 lugares. Además, se consideró también la creación de comisiones móviles por diferentes zonas del país.

A pesar de los avances alcanzados entre mayo y noviembre de 2017, las polémicas por diferentes actuaciones de la Comisión no han dejado de aparecer. Entre ellas, la controversia surgida por la solicitud que realizó la CEV al Ministerio de Defensa sobre la entrega de archivos de inteligencia, informes y bases de datos, algunos de carácter reservado, desde 1953 hasta la fecha, los cuales servirían como insumo para esclarecer graves hechos del conflicto armado (El Espectador, 12/07/2018). Al respecto, debe tenerse en cuenta que según “lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, no son oponibles las reservas en materia de acceso a la información pública frente a las violaciones de los derechos humanos o infracciones al DIH”. Así, “en cumplimiento de su mandato, la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna” (Decreto 588, 2017, p. 11).

Sin embargo, los militares retirados asociados en Acore sentaron su voz de protesta al considerar que la información solicitada no podría ser pública por su grado de sensibilidad, en especial la exigida en el punto 29 de la solicitud, donde la Comisión pidió el registro de inteligencia sobre personas y organizaciones, así como hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares (Agencia EFE, 11/07/2018).

Ante este hecho se pronunció María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, recordando que la Comisión no puede atribuir responsabilidades individuales y que existe una prohibición expresa para ello. José Obdulio Espejo, uno de los críticos de la solicitud del padre De Roux, manifestó que este hecho mostraba un sesgo entre los comisionados a la hora de reconstruir la verdad del conflicto (El Espectador, 12/07/2018). Ante la controversia, el presidente de la Comisión decidió retirar el punto solicitado.

Luego de esta decisión, Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia, consideró que “la Comisión tiene plenos poderes para acceder a todo tipo de información, incluso a la que compromete la seguridad nacional”. Por tanto, manifestó que “a pesar de ser un mecanismo extrajudicial, las autoridades no pueden oponerse a la entrega de toda la documentación que solicite y no solo la que pueda hacer referencia a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH” (El Espectador, 12/07/2018).

Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al Ministerio de Defensa facilitar el conocimiento sobre hechos que aporten al conocimiento de la verdad y restringir lo que atente contra la seguridad nacional. Luis Carlos Villegas, el entonces ministro de Defensa, y Francisco de Roux definieron el tipo de material que iba a ser recibido por la Comisión.

Citando el Decreto 588 de 2017, el padre De Roux manifestó que tienen “la facultad de llegar a toda la información, que incluye información reservada, la de inteligencia que se requiere para alcanzar el conocimiento de la verdad”. Además de las Fuerzas Militares, la Unidad de Víctimas, la Procuraduría y la Fiscalía hacen parte de las entidades a las cuales les han realizado este tipo de solicitudes, teniendo en cuenta, según lo señaló en ElPais.com, la privacidad absoluta de todo y “el diálogo entre las instituciones del Estado, respetando el lugar de cada una” (El País, 22/07/2018).

De esta forma, la Agencia Nacional de Tierras puso a disposición 35.000 cajas de expedientes, los cuales servirán para que los comisionados dispongan de un acervo de documentación sobre la relación entre las tierras y el conflicto armado. La metodología pensada para los diferentes procesos de acceso a la información está orientada a la transparencia en la información, la apropiación pública de la documentación, de los testimonios, de las diversas fuentes para el conocimiento de lo ocurrido (El Espectador, 01/08/2018). Al respecto, la comisionada Alejandra Miller afirmó: “[Q]ue esto no sea solamente la tarea de construir un informe –que es lo que vamos a hacer al final del mandato–, sino que el proceso mismo contribuya a que nos apropiemos de la verdad como un bien público, para que se entienda qué significa la verdad, cuál es el aporte de esa verdad a la construcción de la paz” (El Espectador, 09/09/2018).

Sin embargo, y pese a estar consignado en el Decreto 588, el pasado 18 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública por la propuesta del representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez, en búsqueda de restringir documentación reservada a entidades como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ante este hecho, el presidente de la Comisión se pronunció, y aseguró que “este proyecto de acto legislativo viola el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer la verdad”, y que si esa posibilidad se vuelve constitucional, se rompería el Acuerdo de Paz, con la imposibilidad de llegar a la verdad (El Espectador, 18/10/2018).

Cada uno de estos escenarios lleva a concluir que lo relacionado con comisiones, que a lo largo de la historia reciente de Colombia han buscado identificar y describir las causas y el desarrollo del conflicto armado, han enfrentado diversidad de retos e inconvenientes, particularmente en lo relacionado con el acceso a ciertas fuentes de información. Además, otro tipo de circunstancias generan particularidades que, en principio, dificultan el proceso, como la transición presidencial, marcada por diferencias de fondo frente al proceso de paz. Ese múltiple escenario de complejidades en la aplicación de la justicia transicional y, en particular, del desarrollo de comisiones de verdad ha sido estudiado en perspectiva comparada y muestra que lo que se vive en Colombia en ese sentido no es del todo inédito y es de esperarse que se enfrente un camino de dificultades para el logro de una paz estable y duradera (Van der Merwe, Baxter, Chapman, 2009).