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CONCLUSIONES

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Cuarenta años después de promulgada la Constitución española, el balance es enormemente positivo. España es una democracia plena, con un sistema institucional sólido y estable y una sociedad moderna, cohesionada y próspera. Pero con aspectos amenazantes para la estabilidad del sistema del 78 provenientes de esta vertiente institucional: el ser de las Españas o el encaje de las otras formas de ser español siendo también andaluz, vasco, catalán o gallego por un lado,120 el ineficiente funcionamiento administrativo de la justicia y también en lo que se refiere a su organización y gobierno como poder independiente, sin olvidarnos de los problemas que encuentra el tribunal de garantías —Tribunal Constitucional— para renovarse de forma lógica y racional. Por último, señalamos que la corrupción es en verdad el gran problema que acecha al normal funcionamiento de las instituciones.

Si la democracia es el gran punto del balance, impacto y significación de estas cuatro décadas de hegemonía del sistema del 78, y la estabilidad institucional, con amenazas severas como las señaladas, su desarrollo más inmediato, el progreso económico y social colectivo es el gran avance de este período.

En concreto fue en el período 1985-1991 cuando España «pareció convertirse en una de las economías y de las sociedades más dinámicas de Europa». El PIB crecía a una media del 4,5 por ciento anual, llegaron hasta sesenta billones de dólares en inversión extranjera, «la red de autopistas y autovías cuadruplicó su extensión en siete años; el parque de automóviles pasó de 9,2 millones en 1985 a casi catorce millones en 1994». En 1992 se inauguraba el AVE entre Madrid y Sevilla, y de los 43 millones de turistas de 1985 se pasó a 52 millones en 1990.121

Las libertades, los derechos, la cohesión social, la secularización de la sociedad española a través de la fórmula de la aconfesionalidad, la extensión de los valores del respeto, la tolerancia, la sintonía, en algunas momentos, entre sociedad y clase política o el avance realmente con alcance histórico de la mujer y del feminismo nos dan la idea del gran salto social en términos de nivelación y de modernidad que ha alcanzado España cuarenta años después de ponerse en marcha la Constitución de 1978.

Ese avance histórico de la mujer en términos de igualdad real pudo verse en España desde los primeros años de la democracia, cuando en los años ochenta eran más mujeres las matriculadas en las universidades del país, mientras la tasa de ocupación femenina se duplicaba —en 2008 las mujeres ya eran la mitad de la fuerza laboral— y el número de empresarias crecía un 37 por ciento entre 2000 y 2007, y en el año 2000 el 64 por ciento de la judicatura eran mujeres juezas, y ya había en el ejército 12.205 mujeres de un total de 119.698 efectivos.122

Al amparo de la Constitución de 1978, España ha conquistado grandes logros y avances en el seno de esa dinámica de cambio del pragmatismo reformista y moderado que inspiró la elaboración y el contenido de la Carta Magna.

Antonio Domínguez Ortiz lo dejó dicho con las siguientes palabras: «la Transición, una de las más originales e interesantes etapas de nuestra historia, ha suscitado estudios numerosos, muchos testimonios de admiración y se la ha considerado como modelo a imitar por los países que quieren realizar de modo pacífico el difícil paso de una situación dictatorial a otra de normalidad democrática. No todas la imitaciones han sido felices; España se benefició de unas circunstancias internacionales favorables y de un deseo muy extendido de evitar los errores y tragedias del pasado, porque “de los escarmentados salen los avisados”».123

Por su parte, Juan Pablo Fusi afirma que el cambio es «profundo, una transformación radical, una ruptura histórica […] nada menos que una refundación de España como nación».124

Un pragmatismo que no hemos de olvidar, que fue capaz de incluir y desarrollar en el texto los cuatro grandes valores constitucionales —la democracia como sistema de valores además de como sistema de Gobierno, como gustaba decir a José Luis López Aranguren— que deberán preservarse en cualquier reforma parcial o global que se aborde en el futuro más próximo. Estamos hablando de la libertad125 (artículo 9), la justicia (título VI), la igualdad (de todos los españoles ante la ley, la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, etc.) y el pluralismo político, que, como bien recuerda Javier Paredes, se introdujo a propuesta de los comunistas, y que, a la postre, «reseña una peculiaridad de este texto, como es que la Constitución de 1978, a la que se ha llamado Constitución del consenso, ordena la convivencia como posibilidad de disentir».126

Consenso, dicho sea de paso, que fue una fórmula utilizada gracias a la ambivalencia por la que se optó desde el primer momento. Santos Juliá lo recalca de la siguiente forma: «el consenso fue posible gracias a una buscada ambigüedad en las fórmulas aprobadas para evitar el triunfo de una posición y la derrota de la contraria: una Constitución abierta se llamó al resultado».127

Buenos ejemplos de ello son la aconfesionalidad del Estado, la exitosa política exterior, la lucha antiterrorista o la convergencia social que ha alcanzado España en estas cuatro décadas.

Pero persisten grandes problemas y amenazas también, tales como el separatismo, la corrupción, el deficiente funcionamiento de la justicia y del poder judicial, la desigualdad social generada durante la reciente crisis económica o la incapacidad de renovar las estructuras del sistema institucional a través de grandes acuerdos sociales y políticos.

En todo caso, nuestro país hoy es una potencia media que debe renovar pactos y estructuras y afrontar amenazas como las señaladas anteriormente para contribuir al impulso que demanda la gran democracia y el gran sistema institucional operativo hoy en el mundo occidental: la UE.

En suma, las condiciones en las que se encuentra España hoy para continuar su historia son, en comparación con el pasado más reciente, las necesarias para afrontar el futuro con optimismo y confianza.

Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978

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